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Sentencia CL-181-14 — Registro 5354

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el incidente de tacha de testigos opuesta en primera instancia por la demandante, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidos dias del mes de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, por el Abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de enero del año dos mil trece, por el señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo, en ese entonces el señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, en cuanto a la pretensión del reintegro, salarios dejados de percibir, bonificación y demás derechos.- SEGUNDO ABSOLVER al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, en cuanto a la pretensión del reintegro, salarios dejados de percibir, bonificación y demás derechos.- TERCERO Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, en cuanto a la pretensión de salario adeudado, décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones proporcionales, en consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, a pagar a favor del señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR lo siguiente: salario adeudado (septiembre) Lps. 78,869.00; décimo tercer mes Lps. 66,454.48; décimo cuarto mes Lps 20,447.53; vacaciones proporcionales Lps. 17,394.41, haciendo un total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 183,165.42).- CUARTO CON LUGAR la tacha tache de testigos.- QUINTO: SIN COSTAS.”.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 22 de febrero del 2010 fue contratado de forma indefinida por el INJUMPEP para prestar sus servicios como Jefe de División de Finanzas; en fecha 20 de septiembre del 2012 mediante nota se le notificó la terminación de su contrato invocando que no desvaneció los cargos imputados al haber autorizado transferencia que valida una inversión de bonos del Estado, que no había sido aprobada por el Comité de Inversiones, por haber participado en la sesión celebrada por el Comité Ejecutivo de Inversiones según acta número 027-2012 de fecha 20 de agosto del año 2012, donde se aprobó la propuesta de inversión presentada por LAFISE VALORES DE HONDURAS CASA DE VALORES S.A., del bono GDHRO3 2010 número 240752 por el valor de L.50.000.000.00 pagaderos a un plazo de 684 días con fecha de vencimiento el 7 de julio del año 2014 y el bono GDHRO3 2010 número 240753 con las mismas características y condiciones del bono antes descrito, emitido por la Secretaría de Finanzas a favor de la UNAH. Como resultado de la evaluación realizada por pleno del Comité se determinaron los siguientes criterios: a) El Licenciado Carlos Zúniga presentó los cálculos que previamente había realizado y consigna: ANALISIS DE INVERSION EN MERCADO SECUNDARIO en la cual reflejaba cálculos de rendimiento de los bonos equivalente a una tasa efectiva de 11.50% anualizado equivalente a un rendimiento del 12.27% a 684 días, así mismo presentó la oferta enviada por LAFISE VALORES DE HONDURAS CASA DE VALORES S.A., la cual refleja un rendimiento ofertado de 12.27%; b) El ingeniero Bendezu manifestó que con la información proveída por Carlos Zúniga no era demostrable un rendimiento ofertado del 12.27% ya que al verificar los cálculos detallados en la hora de ANALISIS DE INVERSION EN MERCADO SECUNDARIO presentada por él, habían intereses corridos que al pagarlos resultarían una tasa del 10.81% por lo que manifestó que para tomar una decisión debía de recibirse cálculos por parte de la División de Finanzas que demostrarían que la tasa de rendimiento era del 12.27% aclarando que aún una tasa del 12.50% era baja para este bono; c) El licenciado Marco Avilés, basado en los cálculos realizados por el lng. Bendezu pidió que la División de Finanzas determinara formalmente cual era la tasa de rendimiento real de los bonos y que si la tasa de rendimiento era 12.27% estaba de acuerdo con realizar la inversión; d) El Licenciado Mario Córdova expresa que se le pida explicaciones a LAFISE para quedar claros con ese cálculo. Ese mismo día, vía correo electrónico, así como nota de esa misma fecha dirigida al Licenciado Andrés Torres, Director Ejecutivo del INJUMPEP manifestó: por este medio le agradecemos la oportunidad que nos brinda INJUPEMP de presentarles ofertas de compra en mercado secundario de bonos que a continuación se detallan rendimiento ofertado 12.27%, las condiciones expuestas en el acta 027-2012 fueron cumplidas en consecuencia la oferta de inversión aprobada a LAFISE VALORES DE HONDURAS CASA DE VALORES S.A., fue por mayoría, estando de acuerdo Mario Córdova, Marco Avilez y su persona, en tal razón lo expuesto en la nota de despido carece de fundamento por haber sido aprobado por la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo de Inversiones fue ratificada y convalidada mediante autorización del contrato con LAFISE VALORES DE HONDURAS CASA DE VALORES, por el Director Ejecutivo Licenciado ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ. Cabe mencionar que la inversión realizada no perjudicó al INJUPEMP, ya que fue la de mayor rendimiento con mejor plazo de 684 días porque las demás fueron inferiores.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que rechaza los extremos de la demanda aceptando únicamente el hecho del despido y la causa del despido, alegando en apoyo a su defensa lo siguiente: el desempeño del cargo de Jefe de la División de Finanzas está sujeto a realizar funciones vinculantes, unas propias del cargo y otras reguladas por disposiciones contenidas en reglamentos especiales emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como entidad facultada por ley para supervisar las operaciones financieras del Instituto, es así que el Reglamento para la inversión de los fondos públicos de pensiones por parte de los institutos de previsión aprobados por la Comisión referida se establece que el jefe de la División de Finanzas obligatoriamente debe integrar el Comité Ejecutivo de Inversiones del Instituto en el cual desempeña el cargo de Secretario, de tal manera que el jefe de la División de Finanzas no está facultado para realizar una operación de inversión que requiera una decisión de aprobación del Comité de Inversiones, y en el caso del demandante concretó una operación de inversión que requería de la aprobación del Comité de Inversiones la cual nunca fue otorgada, incurriendo en falta grave; en la audiencia de descargo el demandante no desvaneció los cargos en su contra, por lo que se procedió al despido sin responsabilidad para el patrono; sigue agregando la parte demandada que la COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS, en el ejercicio de sus funciones, al examinar con posterioridad la inversión realizada por el demandante sin contar con la aprobación del Comité de Inversiones manifestó que incumplió lo establecido en el artículo 6 párrafo quinto del Reglamento para la inversión de los fondos públicos de pensiones por parte del INJUPEMP, determinando que dicho incumplimiento representa una pérdida por costo de oportunidad de 3,968,746.00 al no considerar otras opciones de inversión ofertadas en el mercado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absuelve al demandado en cuanto a la pretensión del reintegro, salarios dejados de percibir, bonificación y demás derechos, declarando con lugar la demanda en cuanto al pago de salario adeudado y derechos adquiridos, condena al demandado al pago de esos conceptos, con lugar la tacha de testigos, sin costas. Criterio: que analizada toda la prueba propuesta y practicada en el presente fallo, la inversión mencionada fue aprobada por el Comité en aquellos términos, en una clara violación a un reglamento establecido por el órgano supervisor de las instituciones de previsión, como ser la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que el demandante estaba en la obligación de cumplir ineludiblemente; encuadrando la actitud del demandante en una causa típica de despido y sin responsabilidad para el patrono.- Es importante mencionar que dentro de la decisión de aprobar o no la inversión mencionada, se mocionó por parte de la observadora propuso la revisar relación verificación del cálculo de la tasa de rendimiento, propuesta que no fue tomada en cuenta y persistieron en aprobar la inversión.- Que el alegato de la parte demandante, consiste en que en otras ocasiones no se ha cumplido con el Reglamento de Inversiones, y aún así se ha aprobado la misma, alegato que es irrelevante para la juzgadora, ya que una vez puesto en conocimiento un litigio ante los órganos jurisdiccionales, éste debe de someterse al principio de legalidad.- Forma parte de la pretensión del actor los conceptos de: pago de salarios, decimotercer mes causado, decimocuarto mes causado y proporcional, vacaciones proporcionales, derechos que la parte demandada en audiencia de reconocimiento judicial celebrada el día 15 de octubre del 2013, reconoció le adeudaba a la parte actora, por cuanto procede el otorgamiento de esos conceptos.- En cuanto a la tacha de testigos, se probó en autos que el señor ANIBAL SANDINO BENDEZU, es objeto de parentesco con el representante legal de una de las partes del proceso (INJUPMEP), debiendo de declarar con lugar el incidente de tacha.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha cuatro de marzo del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: Que el patrono ha probado en juiciosa justificación el despido del demandante, pues dejó demostrado fehacientemente que el demandante incumplió en su actuación de sus funciones que están vinculados a disposiciones reguladas por el reglamento para la inversión de fondos públicos de pensiones y muy especialmente el artículo 10 de este ordenamiento legal, el cual establece que para la validez de una decisión de inversión debe contarse con la mayoría de votos que integran la comisión.- 5.- Que mediante auto de fecha nueve de mayo del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO actuando en su condición de Apoderado del señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo con sede en Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO actuando en su condición de Apoderado del señor CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y un motivo de nulidad, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veintiocho de julio del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada NORALISIS AMADOR, en su condición de apoderada de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II.- Que el abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1 CASAR la sentencia recurrida, en consecuencia: I. DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo, promovida por el trabajador CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR de generales expresados, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Director Ejecutivo Andrés Abelino Torres Rodríguez; II CONDENAR al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), por medio de su representante legal, a lo siguiente: 1. REINTEGRAR al trabajador CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR, a su cargo de trabajo “JEFE DE LA DIVISIÓN DE FINANZAS”. II. Al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento que cumpla con la reinstalación, más el pago de todos los derechos y beneficios recibidos por los demás trabajadores en su ausencia. III. CON COSTAS.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el incidente de tacha de testigos opuesta en primera instancia por la demandante, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que el Impetrante alega de forma subsidiaria la nulidad absoluta de actuaciones de conformidad a lo siguiente: “Honorable Tribunal Supremo: No obstante que en el desarrollo de los motivos invocados en la formalización de este recurso, se ha dejado establecido la procedencia del recurso en vista que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del trabajo, del Departamento de Francisco Morazán, el día martes cuatro (4) de marzo del año dos mil catorce (2014), en el juicio ordinario laboral para reintegro de su trabajo, promovido por el trabajador CARLOS HUMBERTO ZUNIGA AGUILAR contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), ha incurrido en las violaciones invocadas, en este acto y en aras de la sanidad y unidad del proceso laboral, propongo como subsidiario el cargo de nulidad de la sentencia recurrida y, ya señalada de manera precisa, por ser violatoria de normas procesales que, por ser de orden público y de cumplimiento obligatorio, son sancionadas con nulidad. En algunos casos la Corte Suprema de Justicia ha decretado nulidades de oficio, alegados por el recurrente en forma subsidiaria, sin dejar de reconocer la improcedencia de la casación por error “in Procedendo”. - En el caso de autos, la Corte de Apelaciones del Trabajo, del Departamento de Francisco Morazán, ha incurrido en el quebrantamiento de normas sustanciales de índole laboral.- No está demás señalar que violentó el principio del debido proceso (Art.90 de la Constitución de la República), que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. La parte resolutiva de la sentencia recurrida, en lo conducente dice: “...y en aplicación de los Artículos 90, 134, 135, 303, de la Constitución de la República; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 112, 116, 120, 126, 664, 665, 666 letra b), 672, 686, 699 párrafo segundo; 760 y 858 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los artículos 22, 183, 184, 185, 191, 200, 690, 705, 706, numeral 2, y 707 del Código Procesal Civil. La pretensión del trabajador Carlos Humberto Zuniga Aguilar es el reintegro a su trabajo en el cargo de Jefe de la División de Finanzas en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).- El ad-quem confirma el fallo de primera instancia que declaro sin lugar la demanda y absolvió a la parte demandada, fundamentado la parte resolutiva del fallo, en las disposiciones: artículos 116, 120 y 126 del Código del Trabajo, error que conlleva la nulidad del fallo. Los artículos 116 (preaviso), 120 (auxilio de cesantía) y 126 (indemnización) son aplicables sólo en el caso laboral en que el trabajador demandante, pretenda el pago de indemnizaciones laborales, pero se repite, en la actual litis, el trabajador Carlos Humberto Zuniga Aguilar, pretende el reintegro a su trabajo, pretensión regulada por el artículo 113 del código de trabajo en su párrafo tercero letra b). En consecuencia: Por una parte, la sentencia recurrida, viola el debido proceso: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Y por otra viola normas procesales de orden público de cumplimiento obligatorio, así: El fallo recurrido se fundamenta entre otros artículos: 22 (carácter supletorio) y 200 del Código Procesal Civil, y no obstante la sentencia omite el mandato del mencionado artículo 200 que en su número 1 ordena que la sentencia contendría “los fundamentos de derecho que se base la parte dispositiva del fallo y el mandato contenido en la letra c) del mismo artículo 200 que en lo conducente dice: “... dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. PRECEDENTES: En sentencia de fecha 22 de octubre de 1989, expediente No. 523-85, MARCIO JOSÉ AGUIRRE MEJÍA, contra el Centro de Desarrollo Industrial la Corte Suprema de Justicia, anuló el fallo por “haber omitido el Tribunal las Citas de las Leyes en que fundó la exoneración del pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios por estimar que la demandada actúo de buna fe, esto impide al recurrente atacar el fallo. (Archivo de la Corte Suprema de Justicia). En sentencia de fecha 24 de junio de 1987, expediente No. 1150-86, GILBERTO ORELLANA BORJAS, contra la Tabacalera Hondureña S.A., la Honorable Corte Suprema de Justicia, anuló la sentencia porque el sentenciador omitió consignar las disposiciones legales de carácter laboral en que fundamento la condena del pago de prestaciones sociales, también impide al recurrente atacar el fallo. (Archivo de la Corte Suprema de Justicia). En casos que el sentenciador de segunda instancia omita consignar las disposiciones legales de carácter laboral ¿Qué oportunidad tiene el recurrente de casación expresar como motivo de casación, “interpretación errónea”?.- La respuesta nos la da, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 21 de abril de 1989, expediente número 1443-88, demanda laboral promovida por DOLORES FLORENCIA TABLAS, contra el Instituto Tegucigalpa (Archivo de la Corte Suprema de Justicia), cuando dice: “El recurrente alega interpretación errónea del Artículo 114 letra f) del Código de Trabajo, pero resulta que el mencionado Artículo no fue aplicado por la Corte de Apelaciones respectiva, por consiguiente no pudo haber sido interpretado erróneamente”. En el presente caso, ante la omisión en la Sentencia recurrida de las disposiciones legales de carácter laboral en que fundamenta la confirmación dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio laboral ordinario para reintegro a su trabajo promovido por Carlos Humberto Zuniga Aguilar contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). PIDO: A la Honorable Corte Suprema de Justicia estime la nulidad subsidiaria invocada porque dicha omisión afecta en mayor grado los derechos del recurrente en la formalización de los motivos de casación establecidos en el Artículo 765 del código del Trabajo.”.- VI. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; estudiado el caso in examine, si bien la normativa citada en el escrito de nulidad (artículos 116, 120 y 126 del Código de Trabajo) se encuentra incorporada en la parte dispositiva de la sentencia, sin embargo, dichos artículos no se desarrollaron en la motivación del fallo impugnado, sino que los que corresponden a la cuestión debatida, donde el juzgador de grado se fundamentó en el artículo 112 del Código de Trabajo, entre otros y si bien se han incorporado en la parte resolutiva de la sentencia otras disposiciones que no son relevantes con la motivación y fundamentación del fallo, esto se debe más a un lapsus calami que no le merma el verdadero fundamento de la decisión del ad quem; por otra parte, la sentencia impugnada al ser confirmatoria de la de primera instancia hace suyos los fundamentos jurídicos del a quo, siempre vinculados al litigio planteado, no siendo pertinente la mención del artículo 113 del Código de Trabajo al considerarse improcedente la demanda de reintegro incoada; por lo que este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, en razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VII. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- VIII.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito y además, procede desestimar la solicitud de nulidad de la sentencia formulada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 181-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL