Sentencia CL-174-15 — Registro 5513
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones por despido encausado, salarios dejados de percibir, reajuste al salario mínimo, reajuste por incrementos al salario base
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el recurso referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada al reformar la de primera instancia, esta contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, declarando sin lugar el reclamo para la devolución de las sumas totales deducidas de su salario desde la fecha de ingreso como cuota de partido político; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no pedir la casación total de la misma. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV.- Conviene recordarle el Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- V.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil catorce (2014), la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, como Coordinadora de Sala, RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO y REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, designada como Ponente, en la fecha indicada dictan el siguiente AUTO:
SON PARTES: La empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (CORIMSA), representada en juicio por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición de recurrente; siendo recurrido el BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., representado en juicio por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO.
OBJETO DEL PROCESO: DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE HACER Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil cuatro (2004), ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de Representante Legal de la Empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (CORIMSA), contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES.
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO: Con fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el juicio contentivo de la DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION DE HACER Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veinte (20) de octubre del año dos mil cuatro (2004), ante el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de Representante Judicial de la Empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (CORIMSA), contra el BANCO DE LOS TRABAJADORES, dictó sentencia CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha dieciséis (16) de febrero del dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el cual falló de la siguiente manera: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria de pago de daños y perjuicios y el cumplimiento de una obligación de hacer interpuesta por el Abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (CORIMSA), en contra del BANCO DE LOS TRABAJADORES, por medio de su representante legal el señor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía Agrícola, hondureño y de este domicilio, sólo en lo que respecta al cumplimiento de la obligación de hacer exigida.- EXIME en consecuencia a la demandada al pago de los daños y perjuicios exigidos y CONDENA a la demandada Banco de los Trabajadores a proceder a cancelar los gravámenes de hipoteca y prendas que constituyó a su favor la demandante CORPORACIÓN DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. de C.V. (CORIMSA) y que fueron objeto de esta demanda… SIN COSTAS por considerar que la demandada tuvo motivos racionales para litigar”.
SEGUNDO: El Representante Procesal de la empresa CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A de C.V. (CORIMSA), Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, presentó en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil trece (2013), escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.
TERCERO: Mediante auto de fecha veintiocho (28) de mayo del dos mil trece (2013), la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tuvo por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el recurso de Casación por parte del Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO, en su condición ya indicada y acordó concederle a la parte contraria el término de diez (10) días hábiles, para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo.
CUARTO: El Representante Procesal del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), presentó escrito de contestación sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por presentado en tiempo y forma el escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de Casación por parte del Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, en su condición ya indicada, ordenando la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente.
QUINTO: Recibidas las actuaciones en este Tribunal, los Abogados EDGARDO ORELLANA OSORIO y NICOLAS GARCIA ZORTO, ambos en su condición ya indicada, presentaron sendos escritos de personamiento en fechas seis (06) y siete (07) de agosto del dos mil trece (2013) respectivamente, y una vez visto el informe rendido por la Secretaria de esta Corte Suprema de Justicia, se les tuvo por personados en tiempo.
SEXTO: Que la parte recurrente plantea en su motivo único su recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. SUB MODO. Falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, propiamente de los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c), 206 Numerales 1 y 2, y 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil. Precepto autorizante Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil. Esta falla de la sentencia de segunda instancia se explica así: El artículo 200 Numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil literalmente nos dice: “Las sentencias serán siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva del fallo. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)…,b)…,c) En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. El artículo 206 Numerales 1 y 2 del mismo Código prescribe lo siguiente: “Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. El artículo 207 Numeral 1 del referido Código expresamente señala: “Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho”. Lo resaltado es nuestro. Desarrollamos este motivo único de casación de la siguiente manera: PRIMERO. En el SEGUNDO de los fundamentos de derecho, la sentencia recurrida estima que la institución bancaria demandada “…..ha incurrido en mora con respecto a la obligación de hacer, la que consiste en la entrega de la correspondiente acta de liberación de los gravámenes hipotecario y prendario, por lo que de conformidad con la ley debe pagar los daños y perjuicios causados con dicha negativa, pero la cuantía real de esos daños y perjuicios sólo pueden ser reclamados si prueba en juicio que efectivamente le fueron ocasionados, lo cual no sucedió así. En ese particular aspecto la Empresa Demandante pretendió acreditar tales daños y perjuicios con varias notas consistentes en ofertas hechas por otras empresas dedicadas al mismo rubro de la mencionada Empresa, pero no son notas a las que se les pueda dar un verdadero valor probatorio, por el carácter mismo de tales, aparte de ello fueron rebatidas en juicio, ya que el señor Guillermo Salvador García, en su condición de Gerente General de la Empresa Mercantil Salvador García y Asociados, S. de R.L. envió una nota datada el 29 de Julio del año 2005, al Gerente General del Banco de los Trabajadores, S.A., mediante la cual aclaró que las notas referentes a las ofertas para la compra de maquinaria que firmó con fechas 01 de febrero del año 2000 y 20 de Febrero del año 2001, las suscribió a petición de un amigo suyo la Empresa Mercantil denominada CORPORACIÓN DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (CORIMSA), consecuentemente nunca tuvo intención alguna de comprar la máquina que se describió en la susodicha nota, circunstancia que les resta valor probatorio a las restantes notas de ese tipo, y que es en las que se trató de sustentar la pretensión de los daños y perjuicios que alega la empresa demandante, sin existir ninguna otra prueba tendiente a demostrarlos;……”. Lo resaltado es nuestro. En principio, este fundamento de derecho numero SEGUNDO, sostenido por la Corte recurrida para fundamentar su sentencia definitiva, no cumple de una manera estricta con lo prescrito por los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c) y 206 Numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, ya que en ninguna parte del fundamento de derecho citado y reproducido, la Corte sentenciadora “hace una expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Por otro lado, tampoco cumple el fallo recurrido en casación con lo dispuesto por el artículo 207 Numeral 1 del referido Código ya que si bien señala razonamientos fácticos equivocados además de inciertos, no hace uso de razonamientos jurídicos, con lo que concluye con errores en la apreciación y valoración de las pruebas, así como en la aplicación e interpretación del derecho. Con lo que se expone a continuación como motivo de casación, no se pretende una revisión de los hechos, ni la interpretación ni valoración de la prueba, sino el señalar los errores cometidos en la sentencia que se recurre, relativo a la forma y contenido de la misma. Así vemos que en este fundamento SEGUNDO, en la sentencia recurrida, no se especifica por qué no se les pueda dar un verdadero valor probatorio a las notas presentadas como elementos probatorios, ni tampoco aclara en que consiste el “CARÁCTER MISMO DE TALES NOTAS”, dejando una situación de incertidumbre o falta de claridad, pues siempre quedará sin entenderse a que se refiere “el carácter mismo de tales notas”. Este razonamiento fáctico de la sentencia no tiene una relación de causa a efecto con la conclusión a que se arriba al final de la misma. Al quitarle valor probatorio a una de las cinco notas por un medio de prueba proporcionado por la parte demandada, no significa que automáticamente se les quite valor a las demás, pues por la parte demandada no se presentó ninguna otra prueba que demeritara la vigencia y eficacia probatoria de las restantes notas. ¿En que se fundamentó el tribunal para concederle valor probatorio a la nota supuestamente enviada por el Señor Guillermo Salvador García y no concederle valor probatorio alguno a las cinco notas proporcionadas de nuestra parte? Todas eran notas, tanto las cinco proporcionadas por la parte demandante como la una presentada por la parte demandada. No pretendemos discutir sobre la interpretación y valoración de la prueba, sino señalar la incongruencia del razonamiento fáctico empleado con la apreciación y valoración de las pruebas, así como con la aplicación e interpretación del derecho. No debe el tribunal de segunda instancia mediante un proceso de ósmosis extensiva, quitarle valor probatorio al resto de las notas sólo porque supuestamente le probaron la falta de valor a una de ellas, por otra nota proporcionada por la parte demandada, la que bien podría obedecer al interés del suscriptor de la misma de quedar bien con la institución bancaria para futuros préstamos y beneficios. La sentencia de primera instancia recurrida en apelación, en ninguno de sus considerandos o motivaciones sostiene que no hay condena al pago de daños y perjuicios, por considerar que las notas de ofertas de compra de maquinarias adolezcan de valor probatorio alguno, mismas notas éstas a las que la sentencia de segunda instancia –-a contrario de la de primera, no les concede ningún valor probatorio. De aquí cabe preguntarse, ¿Cómo puede la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil- sosteniendo unos fundamentos de derecho que no los consideró el juez a quo-, estimar que la sentencia de primera instancia está dictada arreglada a derecho, si no hay uniformidad en cuanto a las motivaciones o fundamentos de las sentencias definitivas de ambos tribunales? El simple hecho de la mora de la parte demandada –reconocida en la sentencia recurrida, produce la obligación de pagar daños y perjuicios, cuya existencia es fácilmente deducible como uno de los efectos de la mora, y si bien la cuantía real pueda resultar no totalmente definida a criterio de la Corte recurrida, la ley siempre ha permitido su posterior liquidación, una vez firme la sentencia que declare lugar al pago de daños y perjuicios. SEGUNDO. En el CUARTO de los fundamentos de derecho de la sentencia que se recurre en casación se expresa lo siguiente: “CUARTO: Que es por las razones de hecho y de derecho anteriormente mencionadas, que no son de recibo los agravios esgrimidos por el recurrente, al haberse demostrado que la sentencia dictada por el A-Quo, en cuanto desestima el reclamo de los daños y perjuicios, se encuentra arreglada a derecho”. En relación a lo manifestado en este fundamento de derecho, creemos oportuno señalar que en el considerando que correlativamente podríamos enumerar como el Quinto de la sentencia de primera instancia –-referente a las pruebas que apreciaría el juez a quo, en ninguno de sus extremos considera que no se haya probado los daños y perjuicios causados, tal como lo pretende la sentencia que ahora se recurre, al estimar como fundamento de derecho lo señalado en el cuarto de ellos, en el que se refiere a lo señalado en otros fundamentos, y específicamente y aunque no lo enumera, al fundamento segundo. La sentencia de primera instancia en el considerando numeral Sexto correlativamente, estima como causal o motivación para no condenar al Banco de los Trabajadores al pago de los daños y perjuicios reclamados, no el hecho de que no se haya probado la existencia de los mismos como pretende la sentencia de segunda instancia, sino en el elemento del tiempo, el momento en que se presentó la solicitud de firma del acta de cancelación de los gravámenes, estimando que en ese momento la institución bancaria no estaba en mora, resultando más que obvio, que la motivación sostenida por el Juez en el considerando sexto citado, no sirve de soporte suficiente para justificar la parte de la sentencia por la que absuelve al Banco de los Trabajadores de la obligación de pagar daños y perjuicios, porque de cualquier manera que se vea, siempre estuvo en mora de cumplir con su obligación de liberar los gravámenes a favor de CORIMSA una vez satisfechos sus créditos. En relación a este fundamento CUARTO de la sentencia que se recurre en casación, es notoria su incongruencia con lo señalado en los considerandos QUINTO y SEXTO de la sentencia de primera instancia, razón por la que podemos concluir que no hay uniformidad en cuanto a las motivaciones o fundamentos de las sentencias definitivas de ambos tribunales, como para que se afirme que la sentencia de primera instancia está dictada arreglada a derecho. “LA SENTENCIA RECURRIDA POR UNA PARTE, NO CONTIENE NINGUNA NORMA JURÍDICA DE FONDO O DERECHO SUSTANTIVO APLICABLE AL CASO CONCRETO, Y POR OTRA, NO HAY CONGRUENCIA ENTRE LOS RAZONAMIENTOS FÁCTICOS Y LOS JURÍDICOS EMPLEADOS EN LA MISMA”.
II. FUNDAMENTACION JURÍDICA.
Aplicando lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 10 de la Convención de Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1, 129, 169, 170, 190, 191, 193 literal b), 197, 199, 211, 212.4.6, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723 y 724 del Código Procesal Civil, con especial énfasis en:
1.- El recurrente comparece ante la Corte Suprema de Justicia, en uso de su derecho, interponiendo recurso de Casación en contra de la sentencia de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. Denuncia un motivo de casación, de conformidad a lo que establecen los Artículos 716, 719 numerales 1) y 2) del Código Procesal Civil.
2.- MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN: Sucintamente el Casacionista establece en este único Motivo lo que denomina: “SUB MODO. Falta de aplicación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia, propiamente de los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c), 206 Numerales 1 y 2, y 207 Numeral 1 del Código Procesal Civil”, enmarcando con ello el ámbito de validez de su recurrencia. Continua el impetrante en exposición de su recurrencia argumentando en dos numerales a exponer lo que a su parecer son infracciones susceptibles a tutela casacional conforme a la causal establecida, punto mismo que se encuentra íntegramente desarrollado en los antecedente de hecho de la presente resolución, en esencia establecen, PRIMERO: “... En principio, este fundamento de derecho número SEGUNDO, sostenido por la Corte recurrida para fundamentar su sentencia definitiva, no cumple de una manera estricta con lo prescrito por los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c) y 206 Numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil, ya que en ninguna parte del fundamento de derecho citado y reproducido, la Corte sentenciadora “hace una expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”. Por otro lado, tampoco cumple el fallo recurrido en casación con lo dispuesto por el artículo 207 Numeral 1 del referido Código ya que si bien señala razonamientos fácticos equivocados además de inciertos, no hace uso de razonamientos jurídicos, con lo que concluye con errores en la apreciación y valoración de las pruebas, así como en la aplicación e interpretación del derecho. Asegura que en este fundamento SEGUNDO no se especifica por qué no se les pueda dar un verdadero valor probatorio a las notas presentadas como elementos probatorios, ni tampoco aclara en que consiste el “CARÁCTER MISMO DE TALES NOTAS”, dejando una situación de incertidumbre o falta de claridad, pues siempre quedará sin entenderse a que se refiere “el carácter mismo de tales notas”. Continua esbozando que este razonamiento fáctico de la sentencia no tiene una relación de causa a efecto con la conclusión a que se arriba al final de la misma. Al quitarle valor probatorio a una de las cinco notas por un medio de prueba proporcionado por la parte demandada, no significa que automáticamente se les quite valor a las demás. Afirma que: No pretendemos discutir sobre la interpretación y valoración de la prueba, sino señalar la incongruencia del razonamiento fáctico empleado con la apreciación y valoración de las pruebas, así como con la aplicación e interpretación del derecho. Por otro lado continua impetrando que la sentencia de primera instancia en ninguno de sus considerandos o motivaciones sostiene que no hay condena al pago de daños y perjuicios, por considerar que las notas de ofertas de compra de maquinarias adolezcan de valor probatorio alguno, mismas notas éstas a las que la sentencia de segunda instancia –-a contrario de la de primera, no les concede ningún valor probatorio. Continúa argumentando que como SEGUNDO PUNTO que sustenta en este único motivo casacional, cuando establece: En relación a lo manifestado en el Cuarto fundamento de derecho, el considerando que correlativamente podría enumerarse como el Quinto de la sentencia de primera instancia –-referente a las pruebas que apreciaría el juez a quo, en ninguno de sus extremos considera que no se haya probado los daños y perjuicios causados, tal como lo pretende la sentencia que ahora se recurre. La sentencia de primera instancia en el considerando Sexto correlativamente estima como causal o motivación para no condenar al Banco de los Trabajadores al pago de los daños y perjuicios reclamados, no el hecho de que no se haya probado la existencia de los mismos como pretende la sentencia de segunda instancia, sino en el elemento del tiempo, el momento en que se presentó la solicitud de firma del acta de cancelación de los gravámenes, estimando que en ese momento la institución bancaria no estaba en mora. Finalmente afirma que en relación a este fundamento CUARTO de la sentencia es notoria su incongruencia con lo señalado en los considerandos QUINTO y SEXTO de la sentencia de primera instancia, razón por la que podemos concluir que no hay uniformidad en cuanto a las motivaciones o fundamentos de las sentencias definitivas de ambos tribunales, cómo para que se afirme que la sentencia de primera instancia está dictada arreglada a derecho.
2.1.- PRECEPTO AUTORIZANTE Fundamenta este motivo en el Artículo setecientos diecinueve (719), causal 1, inciso “c” del Código Procesal Civil.
2.2.- El recurrente comparece ante esta Jurisdicción invocando únicamente la causal casacional por aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Este único motivo casacional se divide en dos acápites, el primero: error al no valorar la prueba documental, al restar valor a notas acompañadas que cuantifican la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, lo que aunque no lo reconozca el impetrante, esta solicitando valoración probatoria, lo cual es improcedente en esta jurisdicción, según lo establece el articulo 720 del Código Procesal Civil.
2.3.- Ante la motivación sobre el primer acápite, se desprenden dos puntos a resaltar: 1) Al establecer que el segundo fundamento de derecho en ninguna parte del mismo “hace una expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”, el casacionista omite establecer cuál seria a su criterio la norma aplicable y cuál es el daño que dicho silencio le ocasiona. Se promovió un recurso que tiene como causal la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Lo impetrado en este punto no presenta claridad si la infracción denunciada es por falta de forma o por carencia de contenido. Esta carencia afecta la comprensión de esta Sala de lo Civil ya que si no se puntualiza la infracción, no puede haber conocimiento cierto sobre la tutela adecuada, ya que con el sólo hecho de denunciar una supuesta inobservancia en el SEGUNDO fundamento, no es suficiente argumento para determinar la denuncia de un derecho lesionado, que oportuno es aclarar cual no siempre tendrá que ir articulado, ya que puede contener tanto fundamentación jurídica como motivación conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 del Código Procesal Civil, elementos novedosos que dan al juzgador mayor amplitud en su función jurisdiccional en relación a la tasa legal o interpretativa en atención a las reglas de la sana critica, conocimiento y criterio humano. Cabe destacar que el Censor establece que la sentencia impetrada inobserva estrictamente el tenor de lo dispuesto en los artículos 200 Numerales 1 y 2 literal c) y 206 Numerales 1 y 2 del Código Procesal Civil. Estos artículos son amplios en su contexto, por lo cual es deber del impugnante establecer concretamente que alcance de la norma considera infringida, no dejando a criterio especulativo de la Sala de lo Civil determinarlos. Artículos 7 numeral 1), 13, 690, 704, 720, 721 numeral 2) inciso a) del Código Procesal Civil.
2.4.- En cuanto al argumento que se desprende del segundo acápite donde expresa “…en que el segundo fundamento de derecho no se hace una expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso y que el fallo no cumple con lo dispuesto por lo que establece el artículo 207 Numeral 1 del referido Código ya que los razonamientos fácticos son equivocados e inciertos, que no hace uso de razonamientos jurídicos, con lo que concluye con errores en la apreciación y valoración de las pruebas, así como en la aplicación e interpretación del derecho...” el recurrente abandona su causa casacional que como se repite, es el articulo 719 numeral 1 inciso c, y solicita el estudio de razonamientos fácticos equivocados, inciertos y carentes de razonamiento jurídico, errores en la aplicación e interpretación del derecho lo que conllevaría un estudio sobre la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas, lo que es propio para la causal no invocada establecida en el numeral 2) del Artículo 719 del citado Código. De igual manera el recurso sobrepasa los limites jurisdiccionales de conocimiento al considerar que la Corte Sentenciadora ha cometido errores en la apreciación y valoración de la prueba, siendo improcedente al tenor de lo que establece el articulo 720 del Código Procesal Civil, aún cuando el casacionista insiste que no pretende una revisión de hechos ni valoración de prueba. Esta Motivación obligaría a esta Corte Suprema de Justicia extralimitar su alcance de conocimiento al tener que pronunciarse sobre el fondo de la sentencia recurrida, abriendo de esta manera una causal casacional no invocada, razón por la cual, ante la suma de todo el contenido del recurso nos encontramos con denuncia contentiva a infracciones materiales y procesales. Cabe señalar que se recuerda que el Tribunal sólo esta facultado para decidir en relación a los pronunciamientos que sean recurridos. La única causal invocada no cuenta con el alcance legal que motiva el recurso.
3.- Del escrito que es contentivo del recurso interpuesto, se hace evidente la inobservancia de los requisitos fundamentales exigidos por ley para su admisibilidad. En el presente caso existe carencia de las exigencias que sustentan el rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación como Recurso Extraordinario. No está demás proceder a recordar lo siguiente: 1. El Código Procesal Civil establece que el fin de la casación es la protección del ordenamiento jurídico, procurando promover la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. 2. Para lograr dicho fin es indispensable crear el preciso vínculo por parte del recurrente estableciendo la relación rectora entre el motivo con la causal invocada a fin de concretar la infracción denunciada. Artículos 704 y 721 numeral 2) del Código Procesal Civil.
4.- El presente recurso de casación presenta irregularidades insubsanables que se encuentran expresamente señaladas en el artículo 723 en sus numerales 1) y 2) en cuanto al incumplimiento de las exigencias establecidas en el Código Procesal Civil y en la ambigüedad en la causa a pedir, lo que imposibilita lograr su conocimiento por parte de este Alto Tribunal por falta de claridad e inobservancia estructural de fondo. Así lo preceptúan los Artículos 704, 719, 720, 721 numeral 2) y 723 numerales 1) y 2) todos del Código Procesal Civil.
III. PARTE DISPOSITIVA.
Esta Sala de lo Civil, aplicando Justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS emite AUTO IRRECURRIBLE y RESUELVE: 1.- DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN en su único motivo que ha sido interpuesto en contra de la sentencia definitiva proferida por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, en fecha veinte (20) de marzo del año dos mil trece (2013), por el Abogado EDGARDO ORELLANA OSORIO en la Demanda Ordinaria para el Pago de Daños y Perjuicios y el Cumplimiento de una Demanda de Hacer, promovida por la sociedad CORPORACION DE INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A de C.V. (CORIMSA) en contra del BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. 2.- DECLARA FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA, dictada por la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán, e identificada en esta Sala bajo el Expediente S.C.155-2013. 3.- CONDENA A COSTAS AL RECURRENTE. Y MANDA: Que con la certificación de este AUTO se remitan las actuaciones a la Corte Apelaciones de su procedencia, para los efectos consecuentes.- Magistrada Ponente: REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ. NOTIFÍQUESE.
EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA.
Magistrada Coordinadora
RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO.
Magistrado
REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ.
Magistrada