Sentencia CL-171-15 — Registro 5679
Resumen
segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido directo, ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que previo a efectuar el análisis del cargo que sustenta el recurso de casación que le da acceso a este Supremo Tribunal, resulta conveniente recordar la naturaleza y alcance de la violación invocada. Dice la doctrina, como bien lo señala el Censor en su motivo, que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente, más no se trate de demostrar la infracción directa a revés de las pruebas, es decir, que siempre ocurre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el tribunal
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.-"
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 303, parráfo segundo (Decreto)
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los un dia del mes de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, en virtud de un despido directo, ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de abril de dos mil catorce, por la señora ELIZABETH ALMENDAREZ PEREZ, mayor de edad, soltera, abogada, hondureña y con domicilio en el Municipio de Villanueva, departamento de Cortés, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director Ejecutivo y representante legal, señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA, mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha tres de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de enero de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL de REINTEGRO promovida ante este Despacho de Justicia por ELIZABETH ALMENDAREZ PEREZ en contra del “REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través del Director General el señor JORGE ARTURO REINA GARCIA. SEGUNDO: CONDENA al “REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)” a reintegrar a la demandante ELIZABETH ALMENDAREZ PEREZ a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones y a pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo y a reconocerle todas las conquistas y derechos otorgados a los demás empleados en ausencia de la demandante. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la institución demandada el 20 de agosto de 2001, en el puesto de Oficial Civil Departamental de Cortés, con sede en la ciudad de San Pedro Sula; que mediante acuerdo No.021-2014, la demandante fue cancelada del cargo que desempeñaba en la institución, siendo notificada y efectivo el mismo a partir del día 17 de enero de 2014, sin expresar con precisión la causa o motivo que llevó a la institución demandada a dar por terminada la relación de trabajo con la demandante, tal como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo; invocando la institución como causal, “el haber actuado como representante legal (Abogada) de los ciudadanos DENIS ANTONIO CRUZ FLORES Y CRISTIAN ANTONIO CRUZ FLORES en el expediente No. DEN-197-IG-2013 que contiene las resoluciones No. 0501-2013-01445 Y 0501-2013-01446...” en consecuencia como bien se podrá observar, en el defectuoso documento de despido no se precisa uno de los elementos torales que debe contener dicho documento de terminación laboral y este corresponde a la fecha en que se cometió la supuesta falta; que al demandado le venció el término fatal de un mes que le daba la ley según lo establecido en el artículo 863 del Código del Trabajo, para proceder al despido en virtud de que a partir del 27 de septiembre del 2013, fecha en que la demandante compareció ante el Oficial Civil Departamental de San Pedro Sula, Cortés, solicitando rectificación del acta de nacimiento, de los señores Cristian Antonio Cruz Flores y Denis Antonio Cruz Flores, y después de que fueron publicados los avisos referente a la Rectificación del Acta de Nacimiento que presentó la demandante, al efecto de garantizar el ejercicio del derecho de oposición; a partir de ese momento la demandada contaba únicamente con un mes para proceder al despido o acuerdo de cancelación, sin embargo, al llevar a cabo ese injusto e ilegal despido en fecha 17 de enero del 2014, se divisa palpablemente que a la demandada le transcurrieron más de 4 meses para proceder a dicha cancelación, lo que convierte la misma no solo en injusta sino además ilegal; la demandada pretendiendo sorprender al tribunal y para interrumpir la prescripción, en una línea de la nota de despido expresa que del hecho ocurrido hasta ahora tiene conocimiento el directorio de la institución, en virtud de haberse enterado en esta sesión del informe No. 01-IG-2014 rendido por la Inspectoria General del Registro Nacional de las Personas, el día 08 de enero del 2014, hecho que no es verdad, pues el día 09 de diciembre del 2013, le fue entregada al licenciado Jorge Fernando Martínez Gaborel, en su calidad de sub-inspector los expedientes 0501-2013-01445 y 0501-2013-01446 de rectificación del año 2013 los cuales son requeridos por la Inspectoría General por motivo de investigación, hecho que también, puso en conocimiento de este caso al demandado.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada por despido de su cargo como Oficial Civil Departamental del Departamento de Cortés, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés por el Registro Nacional de las Personas y sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida por dicha empleada en el desempeño de sus funciones consistente en haber actuado como representante legal de los ciudadanos Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores, en el Expediente No. DEN-197-IG-2013 que contiene las resoluciones No.0501-2013-01445 y 0501-2013-01446 de rectificaciones de las actas de nacimiento de dichos ciudadanos, por lo que ejerció actos de procuración, que están prohibidos por ley para todo empleado profesional del Derecho que labore para el Registro Nacional de las Personas, según lo establecido en el artículo 30 numeral 12 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, hecho que es aceptado por la demandante en el acta de descargo que se le levantó para tales efectos y siendo constatado por la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas; hecho ocurrido y del cual hasta el viernes 10 de enero del 2014 tuvo conocimiento el Directorio de la Institución, en virtud de haberse enterado en esta sesión del Informe No. 01-IG-2014 rendido por la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas en fecha 8 de enero del año 2014, extremos estos que facultan al patrono a dar por terminado su contrato de trabajo, sin ninguna responsabilidad para el mismo, con lo que se comprueba en este acaso, que dicha empleada no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Institución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento, el Código de Trabajo al haber cometido las faltas graves mencionadas, por haber violentado las obligaciones y prohibiciones establecidas en la normativa relacionada anteriormente y que le incumben en razón de su cargo que ha venido desempeñando, haberse extralimitando en sus funciones al ejercer actos de procuración como apoderada legal de los personas antes mencionadas, además no acató ni cumplió órdenes que de modo particular le impartió el Patrono o su Representante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de enero de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Elizabeth Almendarez Pérez, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo y a pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo y a reconocerle todas las conquistas y derechos otorgados a los demás empleados en ausencia de la demandante, sin costas; bajo el criterio que la demandante ejerció actos de procuración, violando con ello el contrato de trabajo, y las disposiciones reglamentarias que rigen internamente a la institución, no obstante, la juzgadora no puede pasar desapercibido el hecho que el RNP el 2 de diciembre del año 2013 por una falta igual a la cometida por la demandante, sancionó al Oficial Civil Seccional de Tela, Atlántida, Miguel Ángel Zelaya Villafranca no con el despido sino con la suspensión de su cargo por el termino de 8 días sin goce de sueldo, en virtud de la falta cometida al haber realizado actos de Procuración (ver folios 130 al 133); y en una anterior oportunidad, el 9 de mayo del año 2011, el RNP, a igual falta cometida por el señor Edson Roberto Laboriel Álvarez, aplicó como sanción la suspensión de 8 días sin goce de sueldo (ver folios 136 al 140); el derecho del trabajo se presenta en varias manifestaciones, siendo una de ellas el derecho que tiene todo trabajador a conservar su empleo, salvo que exista una causa justa para privarle de él; en el presente caso, si bien, la demandante cometió una falta, la juzgadora considera que la sanción máxima del despido fue desproporcional a los sucesos relatados, primero porque no fue acreditado que fuera reincidente en dicha o cualquier falta, y segundo lugar porque el RNP al despedir a la demandante lo hizo en forma discriminatoria al aplicar distintas sanciones por iguales faltas cometidas por otros empleados, llevándose la demandante la peor parte debido al despido sufrido, por lo que la juzgadora concluye que el despido de la demandante fue injusto, en consecuencia se declara con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el despido de la señora Elizabeth Almendarez Pérez, obedece a que ejerció actos de procuración siendo profesional del derecho que labora para el RNP; falta que también cometieron los empleados Miguel Ángel Zelaya Villafranca y Edson Roberto Laboriel Álvarez, quienes fueron sancionados por sus superiores con una suspensión de su cargo por ocho días sin goce de sueldo, según la prueba documental que obra a folios 127 al 140 de la primera pieza de autos; se ha acreditado en autos que la falta cometida por la demandante debió ser sancionada con una suspensión de su cargo por ocho días sin goce de sueldo, y no por el despido, que es la sanción máxima establecida, por lo que no hay proporcionalidad en las sanciones impuestas a los señores Miguel Ángel Zelaya Villafranca y Edson Roberto Laboriel Álvarez y la demandante, por lo que este Tribunal de Alzada estima que la motivación y resolución dictada por el a-quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria.- 5. Mediante auto de fecha diez de abril de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de junio de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, estructura de la siguiente manera su primer y único motivo: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 112 Letra L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3) del Código del Trabajo; normas sustantivas que no se aplicaron y que se debió hacer, en virtud de que su aplicación resulta de la aplicación de leyes secundarias relacionadas con los artículos 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2) , 118 numerales 9) y 13) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 30 numeral 12) del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. PRECEPTO AUTORIZANTE… Este motivo de casación está comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplico las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no está fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por el artículo 112 letra L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2) del Código Del Trabajo como Ley sustantiva de orden Nacional, y los artículos 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 118 numerales 9) y 13) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y el artículo 30 numerales 1) y 12) del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas como normas secundarias, no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio: 1.- Que la demandante fue destituida del cargo, por el demandado o sea por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), sin responsabilidad para la Institución a partir del 17 de enero del 2014, a través del acuerdo número 021-2014 emitido en fecha 10 de enero del año 2014. 2.- Que el Acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley Laboral tal como lo dispone el artículo 112 incisos i), j) y L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2) del Código del Trabajo; 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 118 numerales 9) y 13) de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la existencia de la acción de despido directo, la doctrina y la Jurisprudencia Laboral establece que es obligación del Patrono Probar la justa causa del Despido , y así lo recoge el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, y es así que el patrono debe probar la causa que invoco y señalo concretamente en el Acuerdo de destitución, en el caso que nos ocupa el patrono probó la causa legal y justa en su acción en virtud de haberla invocado en el acuerdo de destitución en forma concreta ; en el acuerdo de destitución se indican los motivos que mi representada tuvo para destituir a la demandante y que están plenamente probados en juicio; existen precedentes en los mismos términos dictados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. Al no aplicarse por la Corte Acusada las Normas Sustantivas de Orden Nacional por infracción directa, invocadas y contenidas en los artículos 112 incisos L) , relacionado con el artículos 97 numerales 1), 2) todos del Código del Trabajo como normas sustantivas de Orden Nacional; 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2), 118 numerales 9) y 13) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 30 numeral 12) del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas como normas secundarias que dieron pie para el despido de su cargo de la demandante, normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada , es evidente la violación alegada en el presente y único motivo.- Todo el articulado mencionado anteriormente debió aplicarse, especialmente los artículos 112 letra L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3) como normas sustantivas de orden nacional, que para el presente caso es de aplicación irrestricta y que está relacionado a los demás artículos como normas secundarias, cuando se estable en dichas normas sustantivas de orden nacional que debieron ser aplicadas, al tenor de lo que establece una norma secundaria como lo es el artículo 30 numeral 12 del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas que literalmente dice:”Artículo 30.- Sin perjuicio de lo establecido en la Ley del RNP y en éste Reglamento queda prohibido a los Oficiales Civiles, lo siguiente: 1...12. Realizar actos de Procuración de cualquier clase...”.- El anterior artículo no fue aplicado en la Sentencia recurrida y que está relacionado con todo el articulado mencionado en el presente motivo, y que está plenamente probado en juicio que la demandante cometió la falta grave al ejercer actos de procuración, tipificado en una norma secundaria, que deriva en la aplicación de las normas sustantivas de orden nacional como ser los artículos 112 letra L), 97 numerales 1), 2), 3) del Código del Trabajo, ya que el artículo 112 letra L) se refiere a que es causa justa que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte:”Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo a los artículos 97 y 98...”, y el artículo 97 en sus numerales 1), 2) y 3), establece: 1) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del Reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido; 2) Ejecutar por si mismos su trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos; y, 3) Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio.- Las anteriores obligaciones no fueron cumplidas por la demandante, ya que cometió la falta grave tal como lo establecen los artículos mencionados y que no se le aplicaron, de ejercer actos de procuración, lo que está plenamente probado en el juicio al ejercer actos de procuración, y que aún así la Corte recurrida no aplicó las normas sustantivas de orden nacional antes mencionadas, así lo recoge toda la prueba presentada, mediante la cual quedó plenamente probado de que la demandante cometió la falta grave por la cual se le destituyó de su cargo.- Es aceptado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en su Sentencia recurrida, que la demandante cometió la falta grave que se le imputa, al confirmar la Sentencia de primera instancia, que establece de que la demandante cometió la falta grave en el desempeño de su cargo al ejercer actos de procuración, pero que Declara con lugar la Demanda porque mi representado les aplicó otra sanción a otros empleados que cometieron la misma falta, situación que no compartimos, ya que éste caso no tiene nada que ver con los anteriores, mi representado tiene la libertad de cancelar o no a un empleado cuando corneta faltas graves dentro de las atribuciones que la ley le confiere, ya que el Patrono en el caso que nos ocupa según lo establece el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, tiene la atribución entre otras, la de sancionar y cancelar al personal de la Institución cuando cometa falta grave en el desempeño de sus funciones, tal como está plenamente probado en el caso que nos ocupa.- Mi representado al haber sancionado a las otras dos personas con suspensión de su trabajo por ocho (08) días sin goce de salario, sus razones tuvo, pero en apego a la ley, a la demandante se le aplicó la sanción correspondiente por la falta grave que cometió en el desempeño de sus funciones, tal como está acreditado y que ella misma lo declara en su demanda planteada. En consecuencia de lo anteriormente expuesto es evidente que procede se case la sentencia en el presente y único motivo.”.- III. Que previo a efectuar el análisis del cargo que sustenta el recurso de casación que le da acceso a este Supremo Tribunal, resulta conveniente recordar la naturaleza y alcance de la violación invocada. Dice la doctrina, como bien lo señala el Censor en su motivo, que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente, más no se trate de demostrar la infracción directa a revés de las pruebas, es decir, que siempre ocurre sin consideración a la apreciación probatoria verificada por el tribunal.- IV. Que analizado el cargo invocado por el Impetrante, resulta ser que en el sub-júdice lo referente a la justificación y legalidad o no del despido, fue objeto de la controversia, por ende sometido a la prueba en el proceso, por lo que fácilmente se puede deducir que no era la infracción directa la vía apropiada para el ataque al fallo impugnado. Además, se puede apreciar que en el desarrollo del cargo el Impetrante realiza alegatos propios de instancia, violando con ello el artículo 770 que dispone que el recurrente deberá plantear sucintamente su recurso, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia, amén de hacer referencia a otras disposiciones legales que no fueron señaladas en la formulación del mismo, tal es el caso del articulo 113 interpretado del Código del Trabajo.- V. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 64, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados y 320 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA:
- DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 171-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL