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Sentencia CL-161-14 — Registro 5042

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia decreto nulidad absoluta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad quem es contradictorio, confuso y omiso, ya que declarando ha lugar al recurso de apelación, por un lado decreta la nulidad absoluta de ciertas actuaciones de la primera instancia y simultáneamente revoca el fallo del a quo, sin emitir los pronunciamientos correspondientes a si se declara con o sin lugar la demanda, se condena o absuelve de responsabilidad económica a la demandada, tampoco queda claro si dicha resolución tiene el carácter o condición de definitiva, por lo que tampoco procedía admitir el recurso de casación como si fuese una decisión que haga imposible la continuación del proceso, lo cual constituye una violación al debido proceso y por ende al derecho a la defensa, lo cual acarrea su nulidad, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- La facultad de anular actuaciones procesales realizadas en una instancia por parte de un órgano jurisdiccional superior, no puede tener el alcance de inmiscuirse en lo que corresponde a las funciones propias de cada Juez o Tribunal en el desarrollo del proceso que corresponda, salvo la facultad excepcional de anular las resoluciones que conoce vía recurso en la que deberá justificar y fundamentar dicha decisión para que el inferior proceda a enmendar lo actuado conforme a derecho.- VII.- En adición, se debe recordar que las resoluciones que se emiten dentro de las audiencias, deben ser notificadas oralmente a las partes en estrados, conforme lo dispuesto en el artículo 719 numeral 2) del Código del Trabajo, por lo cual no cabe ordenar notificaciones de las mismas por tabla de avisos u otro medio, tal como se aprecia de lo actuado por los juzgadores de primera y segunda instancia. Sobre este particular, es de acotar lo resuelto por la Sala Constitucional de este Tribunal, quien ha dejado establecido: “Que las notificaciones son actos jurídicos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y a otras personas a quienes se refieran o puedan perjudicar una resolución judicial. El objetivo de practicar tales notificaciones es para que la resolución produzca los efectos que le son propios, garantizando a las partes el derecho a recurrir si considera que aquella resolución le es adversa a sus intereses; para ello es necesario que las notificaciones se realicen de acuerdo a los presupuestos señalados en la ley, por lo que el acto jurídico procesal de la notificación, es imprescindible para juzgar rectamente como paso previo y necesario para dotar de seguridad jurídica y ordenar adecuadamente los actos procesales que conforman el Proceso Debido a que todos tienen derecho, a fin de que no se produzca la indefensión de ninguna de las partes.”, por lo que presupone que en este tipo de notificaciones se deban realizar en audiencia pública, previa y debidamente convocadas las partes o sus representantes procesales, para garantizar su asistencia al acto, ya que sin ese requisito no podría configurarse ese tipo de notificación como acto de comunicación y afectaría el derecho de las partes. (Sentencia del 12 de agosto del 2014, expediente No. AL 394-13).- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 719, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 193, 197 numeral 2), 211, 212 y 214 numeral 2) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la resolución proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 17 de marzo de 2014, visible a folios 11 al 15 del expediente de segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de agosto del dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS, S.A. en relación a la demanda ordinaria Laboral, para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía; en fecha quince de enero del dos mil trece, por la señora ESTHER LEE WHITTAKER RANKIN, mayor de edad, soltera, Estudiante, hondureña y del domicilio de Roatán, Islas de la Bahía, contra la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL S.A por medio de sus Gerentes DAVID KING, mayor de edad, nacional del Reino Unido de la Gran Bretaña, y DAVID ANTONIO MOLINA, mayor de edad, casado, hondureño, del domicilio de Roatán, Islas de la Bahía.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que: “FALLA : Primero: Declarar HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte demandante Abogado Cleave C Bodden contra el auto de fecha cinco de febrero y contra la sentencia definitiva de fecha seis de febrero ambos del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en la demanda laboral para pago de prestaciones laborales promovida por la señora Ester Whittaker Lee contra la Empresa EMPRESA DIAMONDS INTERNACIONAL S.A. representada por los señores DAVID KING/ o DAVID ANTONIO MOLINA.- Segundo: Decretar Nulidad Absoluta de actuaciones EN LA FORMA SIGUIENTE: A partir del folio veintidós (22) de la pieza principal y subsiguientes, excluyendo el Poder Especial para Pleitos otorgados por la demandada a los Abogados Jorge Alberto Herrera Flores y Julio Pohl Garcia Prieto que obra a los folios 27 y 28 y el escrito de Poder que la demandante otorgo al Abogado Cleave C Bodden ( folios 36 y 37) de la pieza principal; son nulos también el contenido de los folios 3l,32,33,34,35,38 y 39 respecto a la notificación del auto de fecha 30 de enero del 2014.”; que el a quo en la parte resolutiva de su sentencia “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LEGALES Y PAGO DE SALARlOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, PROMOVIDO POR LA SEÑORA ESTHER LEE WHITTAKER RANKIN, DE GENERALES EXPRESADAS EN EL PREÁMBULO DE ESTA SENTENCIA, EN CONTRA DE LA EMPRESA DIAMONDS INTERNACIONALS.A., ATRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR DAVID JAMES KING TAMBIÉN DE GENERALES EXPRESADAS.- 2) CONDENA A LA SOCIEDAD DIAMONDS INTERNACIONAL S.A., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR DAVID JAMES KING, A PAGAR A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE SUS DERECHOS IRRENUNCIABLES POR LA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (LPS. 44,591.5) LOS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: A) VACAC1ONES= 15 DÍAS= LPS. 7,676.10; B) VACACIONES PROPORCIONALES= 39 DÍAS= LPS. 1,110.48; C) DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL 343 DÍAS= LPS. 12,536.05; D) CATORCEAVO MES PROPORClONAL= 163 DÍAS= LPS. 5,956.60; Y E) REAJUSTE DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MES LPS. 16,484.67; F) BONIFICACIÓN LPS.827.60.- SIN COSTAS.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que comenzó a laborar para la demandada en fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, desempeñando el cargo de Dependienta, devengando al momento del despido un salario mensual de L.13,158.90; posteriormente la demandada en fecha trece de diciembre de dos mil doce, le informó mediante su Gerente Administrativo la decisión de dar por terminada su relación de trabajo, por lo que en varias oportunidades buscó a la demandada para que le pagaran sus derechos laborales quien se negó, por lo que interpuso acción administrativa gubernativa ante la oficina Regional del Trabajo, procediendo esta a citar a la demandada quien compareció manifestando que se realizarían las consultas pertinentes con Corporativo en relación a la terminación del contrato y le indicaría un plazo no mayor a dos semanas para finiquitar la situación, término que ya ha vencido sin respuesta de la demandada.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA DIAMONDS INTERNACIONAL S.A. contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, argumentando que devengaba un salario de L.11,360.00; por lo que no se acepta la fecha de ingreso, salario y despido que esta aduce en el escrito de su acción; a la demandante se le estaba siguiendo un proceso de sanción disciplinaria, por no observar buena conducta en el ejercicio de sus funciones, pero no fue posible debido a que la demandante se presentó a la Secretaría de Trabajo para el pago de sus prestaciones el nueve de enero del dos mil trece.- 3.- El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en fecha seis de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral y condena a la demandada a pagar a favor de la parte demandante sus derechos irrenunciables por la cantidad de cuarenta y cuatro mil, quinientos noventa y uno lempiras con cinco centavos (L.44,591.5) los cuales se desglosan de la siguiente manera: vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, reajuste del decimotercero y decimocuarto mes, bonificación; sin costas; bajo el criterio que el patrono está obligado a probar en juicio la justa causa del despido en que se funda el demandante, pero en el caso que nos ocupa al momento de contestar la demanda la parte demandada rechaza y manifiesta no ser cierto haber despedido a la señora ESTHER LEE WHITTAKER RANKIN, en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, a través de su gerente administrativo DAVID ANTONIO MOLINA por lo que es evidente que la parte demandante se ve obligada a probar que efectivamente fue despedida de forma directa, ilegal, e injusta por parte de la empresa demandada, situación que no ocurrió en el caso que nos ocupa.- 4.- La Corte de Apelaciones Segunda de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia revocando la dictada por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el Artículo 82 Constitucional determina que el derecho de defensa es irrenunciable y este derecho se interpreta tanto en el de la trabajadora a demandar el reconocimiento de sus derechos laborales, como al patrono a oponerse a reclamos que estima no tienen sustento legal, en este proceso con todas las irregularidades destacadas por el recurrente es evidente que tal derecho ha sido afectado a la demandante y por ende es procedente se decrete la nulidad absoluta de actuaciones a partir del folio veintidós (22) de la pieza principal y subsiguientes, excluyendo el Poder Especial para Pleitos otorgados por la demandada a los Abogados Jorge Alberto Herrera Flores y Julio Pohl Garcia Prieto que obra a los folios 27 y 28 y el escrito de Poder que la demandante otorgo al Abogado Cleave C Bodden ( folios 36 y 37 ) de la pieza principal; son nulos también el contenido de los folios 3l,32,33,34,35,38 y 39 respecto a la notificación del auto de fecha 30 de enero del 2014. Que es procedente revocar la sentencia definitiva dictada en fecha seis de febrero del dos mil catorce, pues no estando firme el auto que resolvía el incidente de nulidad, no debió proferirse tal fallo, en aplicación analógica de lo que dispone el articulo 743 de la norma procesal; la resolución definitiva esta íntimamente vinculada con el incidente de nulidad, porque se determina la indefensión para la trabajadora demandante, durante un proceso laboral que se esta cerrando con una sentencia definitiva, sin haber sido oída ni vencida en el litigio planteado.- Por ende se determina declarar ha lugar el incidente de nulidad y la revocatoria de la sentencia definitiva.- 5.- Mediante auto de fecha once de abril de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió Admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de representante procesal de la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevará adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días, para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES en su condición de representante procesal de DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS, S.A., formalizando su demanda, y exponiendo un motivo de casación y solicitando nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintiuno de Julio de dos mil catorce, se DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el término dejado de utilizar por el abogado CLEVE C. BODDEN DIXON, en su condición de representante procesal de la señora ESTHER LEE WITTAKER, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia prosígase con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que se solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, bajo el siguiente fundamento: “Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia que se confirma, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la cual en su parte resolutiva es decir en el FALLA ya que emite una resolución donde: “1. DECLARAR HA LUGAR el recurso de apelación inter puesto por el apoderado judicial de la parte demandante Abogado Cleave C. Bodden contra el auto de fecha 5 de febrero y contra la sentencia definitiva de fecha 6 de febrero ambos del año dos mil catorce Dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán Islas de la Bahía, en la demanda laboral para el pago de prestaciones laborales promovida por la Señora ESTHER LEE WHITTAKER, contra la empresa DIAMONDS INTERNATIONAL HONDURAS S.A., representada por el Señor DAVID KING! O DAVID ANTONIO MOLINA.- 2: Decretar Nulidad Absoluta de Actuaciones de la FORMA SIGUIENTE: A partir del folio veintidós (22) de la pieza principal y subsiguientes, excluyendo el Poder Espacial para Pelitos otorgado por la demandada a los Abogados Jorge Alberto Herrera Flores y Julio PohI García Prieto que obran a folio 27 y 28 y el escrito del Poder que la demandante otorgo al Abogado CLEAVE C. BODDEN (folios 36 y37) de la pieza principal; son nulos también el contenido de los folio 31,32,33,34,35,38 y 39 respecto a la notificación del auto de fecha 30 de enero deI 2014.- Tercero: revocar la sentencia definitiva de fecha seis de febrero del año dos mil catorce, en base a las consideraciones establecidas por esta Corte”, nótese Señores magistrados que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones en fecha 17 de marzo del 2014, carece de toda precisión en cuanto a lo solicitado por la parte demandante, lo otorgado por el A-Quo y lo resuelto por la Corte de Apelaciones, ya que dicha Corte declara HA LUGAR un recurso de apelación que no fue concedido por el A-quo y declara una nulidad de actuaciones en base a dicho recurso cuando claramente consta en autos a folio 50 de la primera pieza y a folio 2 de la segunda pieza que la Corte de Apelación conocería de recurso interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha 6 de febrero del 2014; por lo que la corte de apelación a declarar ha lugar el recurso de apelación supuestamente interpuesto y admitido en contra del auto de fecha de febrero del 2014 se extralimito en sus funciones pues otorgo un recurso que nunca fue objeto de litigio en las diligencias, lo cual produce indefensión a mi representada, en tal sentido existe incongruencia pues la sentencia emitida por Ad quem en la sentencia de fecha 17 de marzo deI 2014, con lo relación al recurso interpuesto, por tal razón dicha sentencia presenta nulidad de actuaciones a partir de la sentencia emitida por el Tribunal Ad Quen en fecha 17 de marzo del 2014 SIN PERJUICIO SEÑORES MAGISTRADO QUE SE PUEDA CASAR LA MISMA.”.- V.- Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad quem es contradictorio, confuso y omiso, ya que declarando ha lugar al recurso de apelación, por un lado decreta la nulidad absoluta de ciertas actuaciones de la primera instancia y simultáneamente revoca el fallo del a quo, sin emitir los pronunciamientos correspondientes a si se declara con o sin lugar la demanda, se condena o absuelve de responsabilidad económica a la demandada, tampoco queda claro si dicha resolución tiene el carácter o condición de definitiva, por lo que tampoco procedía admitir el recurso de casación como si fuese una decisión que haga imposible la continuación del proceso, lo cual constituye una violación al debido proceso y por ende al derecho a la defensa, lo cual acarrea su nulidad, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- La facultad de anular actuaciones procesales realizadas en una instancia por parte de un órgano jurisdiccional superior, no puede tener el alcance de inmiscuirse en lo que corresponde a las funciones propias de cada Juez o Tribunal en el desarrollo del proceso que corresponda, salvo la facultad excepcional de anular las resoluciones que conoce vía recurso en la que deberá justificar y fundamentar dicha decisión para que el inferior proceda a enmendar lo actuado conforme a derecho.- VII.- En adición, se debe recordar que las resoluciones que se emiten dentro de las audiencias, deben ser notificadas oralmente a las partes en estrados, conforme lo dispuesto en el artículo 719 numeral 2) del Código del Trabajo, por lo cual no cabe ordenar notificaciones de las mismas por tabla de avisos u otro medio, tal como se aprecia de lo actuado por los juzgadores de primera y segunda instancia. Sobre este particular, es de acotar lo resuelto por la Sala Constitucional de este Tribunal, quien ha dejado establecido: “Que las notificaciones son actos jurídicos procesales que tienen por objeto poner en conocimiento de las partes y a otras personas a quienes se refieran o puedan perjudicar una resolución judicial. El objetivo de practicar tales notificaciones es para que la resolución produzca los efectos que le son propios, garantizando a las partes el derecho a recurrir si considera que aquella resolución le es adversa a sus intereses; para ello es necesario que las notificaciones se realicen de acuerdo a los presupuestos señalados en la ley, por lo que el acto jurídico procesal de la notificación, es imprescindible para juzgar rectamente como paso previo y necesario para dotar de seguridad jurídica y ordenar adecuadamente los actos procesales que conforman el Proceso Debido a que todos tienen derecho, a fin de que no se produzca la indefensión de ninguna de las partes.”, por lo que presupone que en este tipo de notificaciones se deban realizar en audiencia pública, previa y debidamente convocadas las partes o sus representantes procesales, para garantizar su asistencia al acto, ya que sin ese requisito no podría configurarse ese tipo de notificación como acto de comunicación y afectaría el derecho de las partes. (Sentencia del 12 de agosto del 2014, expediente No. AL 394-13).- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 719, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 193, 197 numeral 2), 211, 212 y 214 numeral 2) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la resolución proferida por la Corte Segunda de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 17 de marzo de 2014, visible a folios 11 al 15 del expediente de segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 161-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL