Sentencia CL-144-14 — Registro 4645
Resumen
Segunda instancia declaro con lugar el recurso de apelación revocando la demanda ordinaria laboral para que se compruebe la justa causa del despido directo, ilegal e injusto, asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y demás derechos que pudieran corresponderle y las costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Choluteca y Valle en fecha 11 de marzo de 2014, que revoca la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle en fecha 24 de enero de 2014, la cual ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor WILLIANS VALDEMAR TRUJILLO GARCIA y absuelve a la demandada LIDIA ESTHER CABRERA propietaria del negocio “DEPOSITO CRUZ” de toda responsabilidad laboral, con costas; bajo el criterio que el trabajador no pudo acreditar el despido verbal alegado, ya que los testigos propuestos para acreditarlo no le merecen credibilidad y que el 5 de septiembre del 2012, fecha en que el demandante aduce haber sido despedido verbalmente, la demandada estaba siendo atendida por un médico del municipio de Langue, por ende no se encontraba en el centro trabajo; sin embargo, el ad quem no determina la condena sobre los derechos adquiridos que corresponden al trabajador de conformidad a la Ley y además, lo condena en costas conforme el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil.- VII. Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos (salarios adeudados, vacaciones, causadas y proporcionales, aguinaldo y decimocuarto mes, entre otros) deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia ó que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes.- VIII. Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define que Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que por otro lado, este Tribunal ha venido señalando que es preciso recordar, que en materia laboral cabe hacer aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, solo cuando no se puedan aplicar analógicamente otras disposiciones del anterior cuerpo legal y que las mismas se encuentran en armonía con los principios generales del Derecho del Trabajo; por ello, siendo que el principio de gratuidad prevalece en el proceso laboral, como que nuestro ordenamiento jurídico obliga a las partes a acudir a ejercitar sus derechos por esa vía, la condena en costas es de carácter excepcional, entonces para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede la condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señala el tribunal de segunda instancia (sentencia expediente No. 467-13).- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de junio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, por el abogado PEDRO ANTONIO MIRANDA MONCADA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, en su condición de representante procesal del señor WILLIAM VALDEMAR TRUJILLO GARCÍA; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se compruebe la justa causa del despido directo, ilegal e injusto, asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios y demás derechos que pudieran corresponderle y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, en fecha treinta de octubre de dos mil doce, por el señor WILLIAM VALDEMAR TRUJILLO GARCÍA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle, contra el centro de trabajo denominado DEPOSITO CRUZ, por medio de su propietaria señora LIDIA ESTHER CABRERA, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, misma que: “RESUELVE: PRIMERO DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de Representante Procesal de la señora LIDIA ESTHER CABRERA CHAVEZ, en su condición de Propietaria del “DEPOSITO CRUZ”, contra la Sentencia Definitiva de fecha veinticuatro (24) de Enero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS..., promovida por WILLIAN VALDEMAR TRUJILLO GARCÍA, contra la señora LIDIA ESTHER CABRERA, en su condición de propietaria del negocio denominado “Depósitos Cruz”.- SEGUNDO: REVOCAR LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA, debiéndose declarar SIN LUGAR, la Demanda Ordinaria Laboral, para que se compruebe la Justa causa del despido directo, ilegal e injusto, asimismo se condene al pago de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y perjuicios, y demás derechos que pudieran corresponderle, costas del juicio.-, promovida por William Valdemar Trujillo García, en contra de la señora Lidia Esther Cabrera Chávez, en su condición de Propietaria del “Deposito Cruz”..- TERCERO: ABSOLVER DE TODA RESPONSABILIDAD LABORAL a la señora LIDIA ESTHER CABRERA CHAVEZ, en su condición de Propietaria del “DEPOSITO CRUZ”.- CUARTO: CON COSTAS...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que fue contratado por la señora Lidia Esther Cabrera, de manera verbal en su condición de propietaria del Depósito Cruz, como distribuidor de entrega de refrescos y demás productos en fecha 12 de mayo del año 2011, trabajo que siempre desempeñó el demandante con prontitud y esmero obediente a las órdenes del patrono hasta la fecha en que fue despedido el 5 de septiembre del año 2012; que ante tal despido el demandante se presentó ante el Ministerio de Trabajo Región Sur Choluteca, en fecha 14 de septiembre del 2012 y solicitó los servicios de un inspector los cuales procedieron a citar a la ahora demandada a fin de constatar el despido verbal, el salario devengado, antigüedad de trabajo, horario de trabajo y si existe o no contrato de trabajo para lo cual se citó en tres oportunidades tal como se acreditó con las cedulas de citación que para ilustración se acompañan; ante tal rebeldía de no comparecer ante la inspectora del trabajo, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, centro de trabajo denominado DEPOSITO CRUZ, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento se ha despedido al demandante, ni por escrito ni de manera verbal, se desconoce totalmente porque argumenta un hecho que nunca ocurrió, incluso en la fecha del supuesto despido la propietaria del negocio demandado se encontraba fuera de la ciudad atendiendo asuntos relacionados con su salud, lo que evidencia que no pudo existir despido alguno tal como lo argumenta el demandante.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle, en fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor Willians Valdemar Trujillo García, contra la señora Lidia Esther Cabrera, en su condición de propietaria del Depósito Cruz; condenó a la demandada a pagar al demandante los siguientes conceptos: preaviso: L.7,453.60, auxilio de cesantía: L.7,453.60, auxilio de cesantía proporcional: L.2,360.28, vacaciones: L.2,484.50, vacaciones proporcionales: L.944.11, aguinaldo proporcional: L.4,348.64, decimocuarto mes: L.6,389.00, decimocuarto mes proporcional: L.1,154.24, reajuste del salario mínimo 228 días: L.20,985.12), otros pagos: L.20,868.70), ascendiendo a una cantidad liquida de L.74,441.79, asimismo a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento que ocurrió el despido hasta que quede firme la presente sentencia, sin costas; bajo el criterio que con la práctica del medio de prueba denominado reconocimiento judicial, propuesto por la parte demandada se acreditó que la señora Lidia Esther Cabrera, fue atendida el cinco de septiembre del año dos mil doce, en la Clínica médica “LA MILAGROSA”, por el doctor Juan Ángel Santos Cruz de dolor de cabeza intenso, mareos, nauseas, frialdad generalizada y dolor leve en el pecho con presión arterial y otros síntomas, así mismo con el reconocimiento judicial: propuesto por la parte demandante se constató fehacientemente que el lugar donde anteriormente funcionó el negocio denominado Depósito Cruz, ubicado en el barrio el Centro de esta ciudad está cerrado, coincidiendo con la declaración de los testigos Yeimi Pacheco y Franklin Leonel García, quienes manifestaron ante este estrado que el día que fue despedido el demandado la señora Lidia Ester Cabrera se encontraba en el negocio manifestándole que ahorita ya no lo ocupaba y que cuando lo ocupara lo iba a llamar, concluyendo esta juzgadora que la ahora demandada despidió en forma verbal al demandante; a juicio de esta juzgadora se le concede toda credibilidad a la declaración de los testigos propuestos por el apoderado legal demandante, ya que fueron contestes, exactos, responsivos, en sus dichos, no demostraron ningún tipo de nerviosismo, se les apreció seguridad al rendir su declaración y fueron exactos en sus dichos, dejando en el ánimo de la suscrita juez la sensación completa de certeza, acerca de su testimonio, cualidades estas que exigen la sana critica sobre dicha prueba para que produzca esa convicción; que la demandada al contestar la demanda aceptó llanamente la relación laboral existente con el demandante pero con los medios de prueba aportados no logró desvanecer el despido verbal de que fue objeto el mismo, en consecuencia esta juzgadora deviene obligada a emitir una sentencia estrictamente apegada a derecho.- 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha once de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación y revocó la sentencia definitiva venida en apelación, en el sentido de declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor William Valdemar Trujillo García, contra el centro de trabajo denominado Depósito Cruz; absolviendo de toda responsabilidad laboral a dicho centro de trabajo, con costas; bajo el criterio que al analizar la prueba aportada por la parte demandante para probar que fue despedido en forma verbal por la parte patronal, se hizo valer de varios medios probatorios entre ellos: la declaración de los señores Franklin Leonel García y Yeimy Pacheco, los cuales para esta Corte y en análisis de todos los medios probatorios en su conjunto constituye la prueba fundamental en el caso de autos, pues no se aportó otra para probar este punto especifico (despido), al analizar, esta Corte la declaración rendida por los testigos antes referidos se observa: que según lo declarado por la testigo Yeimy Pacheco, esta únicamente refiere conversaciones que tuvo con el hoy demandante, de manera que concretamente sobre el objeto por el cual fue propuesta como testigo no hizo ningún aporte, y en relación al testigo Franklin Leonel García, es preciso observar aspectos fundamentales, como ser el hecho que a principio de su declaración expresa textualmente “que conoce al demandante, somos vecinos, y a la demandada Lidia Esther no la conoce, y en relación al hecho en si que se pretende demostrar, manifestó “ ese día que lo despedía yo iba pasando, y como somos vecinos, me paré y le dijo que ya no fuera a trabajar, y que cuando lo ocupara lo iba a llamar”, ante estos dos puntos se encuentra la incongruencia de que: primero expresa que no conoce a la hoy demandada y después argumenta que ese día él iba pasando cuando observó que lo estaba despidiendo, y a la pregunta hecha en relación a que hora sucedió eso, contestó, que no recordaba, aspectos que para esta Corte no fueron debidamente valorados por la Juez a-quo, como lo relata en su considerando numeral 12 de la sentencia objeto del presente recurso, pues al remitirnos al articulo 238 numeral 3 del Código Procesal Civil aplicado como norma supletoria, según lo establece el articulo 858 del Código del Trabajo, textualmente tipifica “cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva, el Tribunal considere dudoso hechos relevantes para su decisión, desestimara las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que fundamentados sus pretensiones, permanezcan inciertos”; asimismo la Juez de Primera Instancia en el considerando numeral 8, en relación a la prueba propuesta por la parte demandante denominado Reconocimiento Judicial expresa: “se constató fehacientemente que el lugar donde anteriormente funcionó el negocio denominado “Deposito Cruz”, ubicado en el barrio el Centro de esta Ciudad está cerrado, coincidiendo con la declaración de los testigos Yeimy Pacheco y Franklin Leonel García...”, sobre este aspecto es preciso mencionar que el medio de prueba antes referido, fue evacuado en audiencia tercera de trámite, en la que la Juez de Primera Instancia al evacuar dicho medio probatorio denominado reconocimiento Judicial describió: “se pudo constatar que el cubículo en referencia esta pintado en color blanco y verde, constando con una puerta de color azul y ventana con balcón de hierro del mismo color, el cual se encuentra cerrado, no pudiendo constatar mas por no poder ingresar al mismo, pudiéndose constatar a simple vista que no funciona negocio alguno”, de manera que sobre este aspecto la Juez de Primera Instancia en su considerando 8 de su sentencia, valoró este medio de prueba, sin haber constatado fehacientemente que en el lugar reconocido funcionó un establecimiento comercial, pues en el reconocimiento Judicial solamente se limitó a detallar un inmueble en general; que por lo que esta Corte considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado y consecuentemente debe revocarse en cada una de sus partes el fallo de primera instancia.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado PEDRO ANTONIO MIRANDA MONCADA, en su condición de representante procesal del señor WILLIAM VALDEMAR TRUJILLO GARCÍA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado PEDRO ANTONIO MIRANDA MONCADA, en su condición de representante procesal del señor WILLIAM VALDEMAR TRUJILLO GARCÍA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Choluteca y Valle en fecha 11 de marzo de 2014, que revoca la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle en fecha 24 de enero de 2014, la cual ha declarado sin lugar la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor WILLIANS VALDEMAR TRUJILLO GARCIA y absuelve a la demandada LIDIA ESTHER CABRERA propietaria del negocio “DEPOSITO CRUZ” de toda responsabilidad laboral, con costas; bajo el criterio que el trabajador no pudo acreditar el despido verbal alegado, ya que los testigos propuestos para acreditarlo no le merecen credibilidad y que el 5 de septiembre del 2012, fecha en que el demandante aduce haber sido despedido verbalmente, la demandada estaba siendo atendida por un médico del municipio de Langue, por ende no se encontraba en el centro trabajo; sin embargo, el ad quem no determina la condena sobre los derechos adquiridos que corresponden al trabajador de conformidad a la Ley y además, lo condena en costas conforme el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil.- VII. Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos (salarios adeudados, vacaciones, causadas y proporcionales, aguinaldo y decimocuarto mes, entre otros) deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia ó que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes.- VIII. Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define que Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales.- IX. Que por otro lado, este Tribunal ha venido señalando que es preciso recordar, que en materia laboral cabe hacer aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, solo cuando no se puedan aplicar analógicamente otras disposiciones del anterior cuerpo legal y que las mismas se encuentran en armonía con los principios generales del Derecho del Trabajo; por ello, siendo que el principio de gratuidad prevalece en el proceso laboral, como que nuestro ordenamiento jurídico obliga a las partes a acudir a ejercitar sus derechos por esa vía, la condena en costas es de carácter excepcional, entonces para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede la condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señala el tribunal de segunda instancia (sentencia expediente No. 467-13).- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 1 y 80 numeral
- de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de los Departamentos de Choluteca y Valle, de fecha 11 de marzo de 2014, visible a folios 12 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de julio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 144-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL