Sentencia CL-140-15 — Registro 5019
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En el sub júdice, el Recurrente aún cuando en el libelo del recurso señala el acápite “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION”, omite desarrollar el mismo, ya que lo apropiado es pedir la anulación del fallo impugnado y establecer la sentencia sustitutiva, es decir, la decisión que pretende se dicte por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, lo expuesto evidentemente se aleja de la técnica del recurso de casación.- IV. Conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente y al respecto no le es permitido a este Tribunal, ampliar o proveer oficiosamente, por lo que la petición debe estar explicada en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- V. Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que los requisitos de la demanda de casación, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, lo tiene dicho este Alto Tribunal de forma reiterada que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VI. Que la presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que se invoca, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa y procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de agosto del dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, por el abogado RAMON ENRIQUE CERVANTES GENIZZOTTI, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, horas extras adeudadas, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de junio de dos mil trece, por las señoras DILCIA YAMILETH MARTINEZ SIERRA, ERIKA AIDA MARTINEZ SIERRA, BELKIS LIZETH MARTINEZ SIERRA y ANA ISABEL MARTINEZ SERVELLON, soltera, todas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR promovida por las señoras DILCIA YAMILETH MARTINEZ SIERRA, ERIKA AIDA MARTINEZ, BELKIS LIZETH MARTINEZ SIERRA Y ANA ISABEL MARTINEZ SERVELLON contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DEFENSA NACIONAL por medio su representante legal, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ostentando su titularidad actualmente el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- II.- CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DEFENSA NACIONAL por medio su representante legal, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ostentando su titularidad actualmente el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a: 1) Reintegrar a sus puestos de trabajo a las señoras DILCIA YAMILETH MARTINEZ SIERRA, ERIKA AIDA MARTINEZ, BELKIS LIZETH MARTINEZ SIERRA Y ANA ISABEL MARTINEZ SERVELLON; por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despedido; 2) Al reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde que se operó el despido hasta la fecha en que sean reintegradas las demandantes a su puesto de trabajo.- III.-Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral el Pago horas extras adeudadas, promovida por las señoras DILCIA YAMILETH MARTINEZ SIERRA, ERIKA AIDA MARTINEZ, BELKIS LIZETH MARTINEZ SIERRA Y ANA ISABEL MARTINEZ SERVELLON. IV.- ABSOLVER AL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DEFENSA NACIONAL por medio su representante legal, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, ostentando su titularidad actualmente el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagarle a las demandantes este concepto. V.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, en fecha 1 de junio de 2009, desempeñándose como tortilleras para la Guardia de Honor, con un horario de 3:00 am a 6:00 pm, devengando un salario mensual de L.7,000.00, siendo despedidas las demandantes de los puestos de trabajo en fecha 28 de febrero de 2013, sin invocarles la demandada causa justificada para el despido, en flagrante violación a la normativa laboral, como ser la Constitución de la República en su articulo 127, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo; el articulo 129 que garantiza la estabilidad que goza todo trabajador en su empleo y solo podrá ser despedido cuando existe justa causa para el mismo, lo anterior en relación con el articulo 117 del Código del Trabajo que reza “la parte que termina unilateralmente el Contrato de Trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos,” además el artículo 112 del mismo cuerpo legal que establece cuales son las causas justificadas para que el patrono pueda despedir a un trabajador, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL, contestó dicha demanda señalando que las demandantes no eran empleadas de la demandada, por lo tanto no cabe contexto jurídico a que se refieren las demandantes, ya que ellas prestaban un servicio militar voluntario como soldados asignadas como personal de tropa a la guardia de Honor Presidencial, de la Compañía de Servicios, dependencia de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y que obviamente formaban parte de la institución de las Fuerzas Armadas de Honduras, por lo que deberían de someterse a la Ley Constitutiva de la referida institución castrense, que en su artículo 5 literalmente prescribe: “son miembros de las Fuerzas Armadas los oficiales, Sub-Oficiales, Cadetes, Estudiantes, Técnicos, Tropa y Personal Auxiliar que señalen sus cuadros orgánicos; quedando sometidos a las disposiciones de la presente ley, las demás aplicables y sus respectivos reglamentos”; no obstante el personal que encuentra en la categoría de tropa se le sigue un procedimiento establecido en el Reglamento de Personal para los miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras denominado BAJA, Capitulo VII; y el artículo 62 que en su texto legal establece: “Es la situación legal que determina el cese del servicio activo de los miembros de las Fuerzas Armadas y, que pasan a las situaciones siguientes: Retiro y Separación definitiva”, lo que oportunamente se probará en el juicio; es así que en aplicación al principio de la buena fe y la sana administración, se les extendió constancia de fecha 18 de marzo del 2013 a las partes actoras de esta demanda, cuyo contenido expresa “que prestó su servicio militar en esta dependencia, causando baja por haber cumplido con su tiempo de servicio militar reglamentario”, a tal efecto se rechaza categóricamente lo que reclama entre otras cosas la obligación de “indicar en la referida constancia causal que justificara la razón de su despido”, pues no se trata de un despido ni cancelación fundamentada en la norma legal de los artículos 112 y 117 del Código de Trabajo, en virtud de no haber sido contratadas para prestar un servicio laboral, contrario sensu las demandantes prestaron un servicio militar reglamentario en las áreas ya referidas, no obstante que ellas tenían conocimiento de sus status y en ningún momento se opusieron ni se manifestaron de manera contraria, por lo cual ahora no pueden pretender la aplicación de una normativa laboral que no les corresponden y no tiene razón ni fundamento de exigir su pretensiones.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Dilcia Yamileth Martinez Sierra, Erika Aida Martinez, Belkis Lizeth Martínez Sierra y Ana Isabel Martínez Servellón, contra el ESTADO DE HONDURAS; condenando al demandado a reintegrar a las demandantes a los puestos de trabajo; al pago de los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda en cuando al pago de horas extras adeudadas; absolviendo al demandado al pago por dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que el argumento manifestado por la parte demandada en relación a que las demandantes están regulados por una legislación especial como lo es la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, siendo necesario hacer referencia que conforme al Principio Protectorio en su regla la norma más favorable; REVISAR LA RELACIÓN las relaciones laborales se encuentran sometidas en primera instancia a lo establecido en el Código de Trabajo que está por encima de cualquier normativa, que disminuya, restringa o tergiverse los derechos laborales, así como de los Tratados Internacionales suscritos por Honduras; asimismo cabe mencionar que la prueba presentada para sustentar que las demandantes prestaban su servicio militar voluntario, ha sido muy débil, en comparación al material probatorio, que acredita fehacientemente que se dan los elementos necesarios para que exista relación laboral tal como se ha expuesto anteriormente, por lo que habiéndose acreditado la relación laboral existente entre las partes hoy en controversia, resulta necesario establecer si existió una causa justa que dio origen a la finalización de la relación laboral en forma unilateral; para tal efecto corren agregados a autos las notificaciones que fueran dadas a las demandantes en las cuales se manifiesta como causal alegada “causando baja por haber cumplido con su tiempo de servicio militar Reglamentario” de lo anterior se desprende que dicha causal no se encuentra contemplada en el artículo 112 del Código de Trabajo, como normativa principal aplicable en materia de Derecho de Trabajo, teniendo preeminencia sobre las demás leyes que regulen este ámbito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de febrero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la valoración del medio de prueba documental y testifical, quedó acreditada en juicio la relación labora, existente entre la parte actora y la Secretaría de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y que el salario que devengaban las demandantes era de L.7,000.00; las demandantes fueron despedidas o terminaron su relación laboral el 01 de marzo del 2013, habiéndose comprobado que tenían más de dos años de haber ingresado al servicio militar voluntario sin existir ninguna prueba que hubieran sido seleccionadas para la continuación jerárquica para la obtención de rango o grado militar para calificarlas como sujeto en servicio activo; con todos los medios probatorios las demandantes probaron que mantuvieron sus relaciones laborales, bien caracterizadas con los elementos tipificados por el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista una relación laboral, es decir que realizan una actividad con un horario de entrada y salida, recibían instrucciones a realizar (subordinación) y percibían un salario mensual; no obstante que la parte demandada esgrimió como fundamento que las demandantes, en su relación laboral estaban reguladas por una Legislación Especial como la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, más cierto es que sus relaciones laborales están sometidas por razón de la actividad o materia al Código del Trabajo vigente y su aplicación al caso concreto predomina la norma comprendida en los artículos 3, 20 y 47 de este ordenamiento legal, al igual que a los Tratados Internacionales suscrito por Honduras con la OIT, mismo que establece que el trabajo es un derecho reconocido universalmente, lo que en relación con la Constitución de la República en su artículo 129, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo, como también a la protección contra el desempleo, en consecuencia la sentencia dictada por el a quo, está apegada a derecho.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RAMON ENRIQUE CERVANTES GENIZZOTTI, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cuatro de mayo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado RAMON ENRIQUE CERVANTES GENIZZOTTI, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo doce motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la abogado RAMON ENRIQUE CERVANTES GENIZZOTTI desarrolla el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION: Mediante este Recurso se plantea que hay Infracción de las Leyes de carácter sustantivas, lo que genera Infracción directa por aplicación indebida e interpretación errónea, como se expone en los respectivos motivos de Casación.”.- III. En el sub júdice, el Recurrente aún cuando en el libelo del recurso señala el acápite “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION”, omite desarrollar el mismo, ya que lo apropiado es pedir la anulación del fallo impugnado y establecer la sentencia sustitutiva, es decir, la decisión que pretende se dicte por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, lo expuesto evidentemente se aleja de la técnica del recurso de casación.- IV. Conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente y al respecto no le es permitido a este Tribunal, ampliar o proveer oficiosamente, por lo que la petición debe estar explicada en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- V. Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que los requisitos de la demanda de casación, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, lo tiene dicho este Alto Tribunal de forma reiterada que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VI. Que la presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que se invoca, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa y procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 140-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL