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Sentencia CL-137-15 — Registro 5676

Resumen

Segunda instancia reformo declarando no ha lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de aumento salarial negociado, reajuste de vacaciones, reajuste del pago del séptimo día, reajuste de decimotercer mes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Pero resulta que analizado el cargo que antecede, se observa que el Censor en su formulación no ha sido claro ni preciso. En primer término alega tres formas distintas de violar la ley: aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, que en todo caso, con base en el principio de separación de los cargos, debió haber expuesto en forma separada e independiente; en segundo término, se citan como infringidos los artículos 3 y 8 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de precepto legal sustantivo, olvidando, el Impetrante, que una norma jurídica será material o sustancial sólo cuando de ella surjan derechos y deberes correlativos o cuando los extinga; finalmente, la misma falta de precisión y claridad afecta el precepto autorizante, “artículo 765, numeral 1), del Código del Trabajo”, disposición que cuenta con dos párrafos en donde se comprenden distintas causales del recurso, que en todo caso al enunciar distintas modalidades de infracción resulta confuso. Todas estas falencias hacen que el primer cargo resulte inestimable.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V.- Asimismo, también resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho dias del mes de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de mayo del año dos mil quince, por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores FULGENCIO COLON VARGAS, JACOBO PAZ, ALEJANDRO PEÑA MEJIA, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, POMPILIO RIVERA, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, MANUEL ALEGRIA ANINO, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETTE AGUILERA VASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MYRIAN MELGAR HENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN JIMENEZ, WILMER ISAIAS BURGOS CHIRINOS, VILMA ERUNDINA ROQUE RIVAS, MANUEL ANTONIO REYES MENDEZ, RAFAEL ARCANGEL CHIRINOS, JOSE TOMAS VARGAS RODRIGUEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de aumento salarial negociado, reajuste de vacaciones, reajuste del pago del séptimo día, reajuste de decimotercer mes, reajuste de decimocuarto mes en concepto de compensación social, reajuste de pago de horas en tiempo extraordinario trabajadas, devolución de retenciones de salario, reajuste correspondiente al pago de las prestaciones laborales, pago de pensión en concepto de jubilación, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, en fecha veintinueve de noviembre del año dos mil trece, por los señores FULGENCIO COLON VARGAS, JACOBO PAZ, ALEJANDRO PEÑA MEJIA, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, POMPILIO RIVERA, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, MANUEL ALEGRIA ANINO, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETTE AGUILERA VASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MYRIAN MELGAR HENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN JIMENEZ, WILMER ISAIAS BURGOS CHIRINOS, VILMA ERUNDINA ROQUE RIVAS, MANUEL ANTONIO REYES MENDEZ, RAFAEL ARCANGEL CHIRINOS, JOSE TOMAS VARGAS RODRIGUEZ, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de GERENTE GENERAL, el señor JOSE DARIO GAMEZ PANCHAME, mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero Civil y con domicilio en Puerto Cortés, departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de fecha quince de octubre del año en curso (2014) dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés en la demanda de referencia.- SEGUNDO: DE OFICIO se REFORMA la mencionada sentencia a fin de declarar la existencia de litispendencia en cuanto al reclamo presentado en el presente juicio por lo señores: FULGENCIO COLON VARGAS, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETTE AGUILERA CASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MYRIAN MELGAR ENRIQUEZ y MARIA DEL CARMEN JIMENEZ respecto al pago de aumento salarial negociado y devolución de retenciones de salario producto de la negociación colectiva.- TERCERO: CONFIRMANDO la parte dispositiva de la mencionada sentencia en todos sus demás extremos.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral de la forma siguiente: Fulgencio Colon Vargas el 9 de marzo de 1998, desempeñándose como mecánico y terminó su relación laboral el 14 de marzo del 2013; Jacobo Paz el 3 de junio del 2001 desempeñándose como jornalero y terminó su relación laboral el 28 de julio del 2012; Alejandro Peña Mejía el 16 de febrero de 1980 desempeñándose como Apilador y terminó su relación laboral el 28 de julio del 2012; Benigno Arturo Martínez Aguirre el 18 de abril de 1993 desempeñándose como Operador porta contenedor y terminó su relación laboral el 5 de abril del 2013; Herminio Robles Aguilar el 1 de Abril de 1975 desempeñándose como Supervisor de Desalmacenamiento y terminó su relación laboral el 4 de mayo del 2013; Pompilio Rivera el 10 de enero de 1970 desempeñándose como Operador de Grúa y terminó su relación laboral el 28 de julio del 2012; Yolanda Castro Hernández el 17 de marzo de 1986 desempeñándose como Secretaria III y terminó su relación laboral el 4 de mayo del 2013; José Francisco Rivera Avila el 1 de marzo de 1989 desempeñándose como Contador I de Compras y terminó su relación laboral el 14 de mayo de 2013; Manuel Alegria Anino el 12 de febrero de 1968 desempeñándose como Supervisor de Acarreo y Estiba II y terminó su relación laboral el 28 de julio del 2012; DALILA IDANIA CASTRO MONGE 15 de Enero de 1979 desempeñándose como Operador de Computador de Proceso de Facturación y terminó su relación laboral el 23 de enero del 2013; Luis Alberto Gutiérrez Membreño 27 de abril de 1970 desempeñándose como Encargado de Bodega de Materiales y herramientas / mantenimiento y terminó su relación laboral el 4 de mayo del año 2013; Doris Jannette Aguilera Vásquez el 18 de enero de 1992 desempeñándose como Oficinista T.C.C. y terminó su relación laboral el 22 de junio del 2013; Pedro Castro Muñoz 15 de abril de 1991 desempeñándose como mecánico y terminó su relación laboral el 4 de julio del 2013; Myrian Melgar Henríquez el 1 de marzo de 1981 desempeñándose como Encargada de Farmacia y terminó su relación laboral el 21 de junio del 2013; Maria Del Carmen Jiménez el 2 de Mayo de 1991 desempeñándose como Auxiliar de aseo y terminó su relación laboral el 31 de julio del 2013; Wilmer Isaías Burgos Chirinos el 15 de marzo del 2010 desempeñándose como Guardia de Protección Portuaria y terminó su relación laboral el 14 de abril del 2013; Vilma Erundina Roque Rivas el 2 de mayo de 1984 desempeñándose como Supervisora de Aseo en Recursos Humanos y terminó su relación laboral el 21 de agosto del 2012; Manuel Antonio Reyes Méndez 22 de junio del 2004 desempeñándose como Guardia de la Unidad de Protección Portuaria y terminó su relación laboral el 11 agosto del 2012; Rafael Arcangel Chirinos el 19 de enero de 1970 desempeñándose como Analista de Seguros y terminó su relación laboral el 18 de febrero del 2013; José Tomas Vargas Rodriguez el 1 de mayo de 1971 desempeñándose como supervisor de Mantenimiento y terminó su relación laboral el 27 de enero del 2013. En fechas 22 de Octubre, 4, 5, 21 y 22 de Noviembre del 2013 se presentaron formales reclamos para que la empresa demandada les aplicara e hiciera efectivo el reconocimiento y pago de aumento salarial negociado, reajuste de vacaciones, reajuste de pago del séptimo día, reajuste del decimotercer y decimocuarto mes de salario, reajuste de pago de horas en tiempo extraordinario trabajadas, devolución de retenciones de salario, reajuste correspondiente al pago de las prestaciones laborales, pago de pensión en concepto de jubilación por efecto del incremento de salario negociado entre la Empresa demandada y el SITRAENP, autorizado para que se hiciera efectivo desde el año 2012 hasta inclusive el año 2015 por la cantidad de UN MIL CIEN LEMPIRAS mensuales; la razón del reclamo formulado es porque la Empresa demandada en fecha 4 de julio del año 2012 suscribió con su Sindicato mediante acta, que se extendiera la vigencia, entre otros, del compromiso de incrementar el salario a la base salarial tipo mensual a partir del 1 de enero del 2012 la cantidad de UN MIL CIEN LEMPIRAS lo que fue incorporado en la cláusula número 68 del referido Contrato Colectivo e inserto en el numeral 2 inciso d numeral 3 de la referida acta; al momento de suscribirse los compromisos entre el Sindicato y la Empresa Nacional Portuaria, alegan que ellos todavía eran empleados de la empresa y la mayoría de los demandante afiliados al SITRAENP; en un principio manifiestan que el incremento salarial se ha otorgado a todos los trabajadores en acatamiento de lo acordado pero posteriormente se les hizo deducción de salario de lo que ya se les había autorizado como incremento salarial, esas retenciones de dinero no se les devolvió y tampoco se hizo el cálculo para el pago de sus prestaciones, asimismo manifestaron los demandantes Rafael Arcángel Chirinos y José Tomas Vargas Rodriguez que solicitan el reajuste de pensión conforme a los ajustes de salarios otorgados a los empleados de la Empresa Nacional Portuaria en los años 2012 y 2013, más los reajustes a los salarios de los años 2012 y 2013 según aumento salarial aprobado por la Empresa y su Sindicato.- 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda señalando que rechaza lo que se demanda, asimismo manifiesta que lo relacionado con las fechas de ingreso como empleados de la Empresa demandada, cargo y terminación de la relación, su veracidad se estará a los medios de prueba que se aporten; apoya su demanda en lo siguiente: Que los demandantes expresan en su libelo de demanda en que la Empresa demandada y el SITRAENP, acordó un incremento salarial efectivo desde el año 2012 hasta inclusive el año 2015 por la cantidad de UN MIL CIEN LEMPIRAS mensuales y hace una breve relación de lo relatado por los demandantes; que efectivamente la Empresa demandada concedió un aumento salarial retroactivo para el año 2012 de UN MIL CIEN LEMPIRAS a los trabajadores sindicalizados protegidos por la contratación colectiva, pero el mismo estaba condicionado a los tramites señalados en el Artículo 112 de la Disposiciones Generales en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República e Instituciones Descentralizadas vigente para el año 2012, la Gerencia General actuando de buena fe y obviando el procedimiento señalado en el artículo antes mencionado aprobó el aumento y concedió el mismo habiendo confundido un Dictamen de la Secretaria de Finanzas, aparte de lo anterior los demandantes solicitaron la terminación de la relación laboral con la Empresa Nacional Portuaria, a través de los pactos sindicales establecidos en el Decimotercer Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores del SITRAENP en cuyas cláusulas se contempla el RETIRO VOLUNTARIO de los trabajadores bajo las reglas establecidas en la cláusula 43 a la cual se acogieron varios de los demandantes con el pago del 100% de sus prestaciones bajo las reglas establecidas en la cláusula 52 del mismo, los demandantes al recibir el pago de sus prestaciones sociales, extendieron el respectivo finiquito de solvencia a la Empresa demandada y ni los trabajadores ni el sindicato hicieron prevención alguna sobre aumentos salariales futuros o presente que pudieran afectar el pago realizado de las prestaciones. De igual forma los señores Rafael Arcangel Chirinos y José Tomas Vargas Rodríguez gozaron de un beneficio de jubilación pactado en el Estatuto de Empleados de Confianza y en sus Artículos V, VI y VII claramente establece que la pensión mensual vitalicia a que tendrá derecho el empleado de confianza será el equivalente a su último sueldo.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha quince de octubre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, en consecuencia, absolvió de toda responsabilidad económica laboral del presente juicio a la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que los demandantes solicitaron su terminación de la relación laboral de forma voluntaria, acogiéndose unos a la cláusula 43 del Contrato Colectivo y otros la cláusula 52 del Contrato Colectivo, asimismo dos de ellos solicitaron su jubilación y dos de ellos su terminación por mutuo consentimiento y durante el debate los demandantes han sostenido su reclamo en el hecho que la Empresa demandada aprobó un incremento de salario el cual alegan los demandantes sea aplicado a ellos, el mismo fue otorgado en forma efectiva cuando los demandantes ya no eran trabajadores de la Empresa demandada y ya se les había pagado sus derechos laborales y algunos también en consecuencia ya no eran miembros del SINDICATO DE LA E.N.P., por lo que la sentencia que obtuvo el SINDICATO DE LA E.N.P. en esta judicatura a favor de sus agremiados y que dio paso al pago del aumento salarial antes mencionado, a criterio del suscrito Juez no alcanza en aplicación a los demandantes, en virtud que el efecto de retroactivo que pretenden los demandantes, en materia Laboral no existe, la retroactividad según nuestra legislación solamente opera en materia Penal cuando favorezca al encausado. Del análisis en su conjunto de todos los medios de prueba aportados al debate se puede establecer que los demandantes recibieron a su entera satisfacción el pago de sus derechos laborales y pensión por jubilación, en cuanto a la retención hecha por parte de la Empresa demandada por impuesto sobre la renta a la demandante DORIS JANNETTE AGUILERA VASQUEZ, esta instancia no es la competente para dirimir la misma, pues es un reclamo administrativo que tiene que realizar ante autoridad competente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto al pago del aumento salarial negociado y devolución de retenciones de salario producto de la negociación colectiva, confirma lo demás, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a lo establecido en el articulo 112 del decreto 255-2011 <Las Instituciones Descentralizadas sin excepción, no podrán contraer compromiso alguno relativo a mejoras salariales derivadas de negociación de contratos colectivos y otros beneficios de naturaleza económica, si la institución no cuenta con la capacidad financiera, comprendidos en éstos, los recursos recibidos de la Administración Central y los ingresos propios de la institución, para cubrir el beneficio económico que pretenda conceder y el que a su vez, aun contando con los recursos, debe estar respaldado por el estudio económico correspondiente elaborado por la misma institución y contar con el dictamen favorable y previo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el cual debe incluir el análisis de la capacidad financiera y presupuestaria, así como la sostenibilidad a través del tiempo; <Las negociaciones salariales, deben estar acorde con la política salarial del Estado y ser aprobadas previa a sus suscripción por la Junta Directiva u Órgano Directivo contando con los respectivos dictámenes internos y dictamen favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.>; lo anterior en concordancia con lo establecido en los artículos: 364, 371 y 372 de la Constitución de la República, 69 de la Ley de Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Prepuesto; en el caso que nos ocupa, no obstante que en la negociación del XIV contrato colectivo en la que se acordó la prolongación y vigencia del contrato anterior, se convino en la cláusula 68 un incremento salarial a partir del 01 de enero del año 2012 ampliado también para el año 2013, éste se hizo efectivo sin haber seguido los procedimientos establecidos en la normativa legal antes citada, la que es de estricto cumplimiento por ser de orden público y vigente para ese momento; ya que tal y como se afirmó en la contestación de la demanda, la aprobación del referido incremento estaba supeditado a los trámites y normas contenidas en las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la República respecto de la institución demandada por ser ésta una entidad autónoma, dependiente de la administración pública, requiriéndose por ende, la obtención del dictamen favorable de la mencionada Secretaría de Estado, mismo que no consta que se haya obtenido en el subjudice; en ese sentido, y siendo que tal circunstancia era conocida por los demandantes, al momento de cesar su prestación de servicios, el acuerdo de terminación de la relación de trabajo por retiro voluntario y jubilación con el respectivo pago de prestaciones y la pensión en los términos que se efectuó junto a los finiquitos de solvencia extendidos, tienen plena validez puesto que no hay obligaciones pendientes que retribuir y por cuya razón no es posible atender las pretensiones de los demandantes. Que de la revisión de los autos, éste Tribunal observó que los actores aseveraron en el curso del juicio que en la demanda que presentó el SITRAENP contra la ENP se encontraban incluidos ; acción mediante la cual se reclamaban conceptos impetrados en el presente juicio; es por ello que se libró mandamiento al Juzgado de primera instancia para que informara a ese respecto; habiéndolo hecho, ésta alzada encuentra que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Portuaria demandó con anterioridad al presente caso el pago de conceptos que derivan del c:ontrato colectivo y que se reclaman en el subjudice; pretensión que formuló en beneficio de los miembros de dicha organización sindical, a la que se encuentran afiliados los señores: FULGENCIO COLON VARGAS, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETFE AGUILERA VASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MIRIAN MELGAR ENRIQUEZ Y MARIA DEL CARMEN JIMENEZ, razón por la cual, resulta procedente en aplicación de los artículos 210.7 y 455.1 del Código Procesal Civil por ser este el mas nuevo, declarar de oficio la litispendencia respecto a la petición de pago de aumento salarial negociado y devolución de retenciones de salario a fin de que no exista un doble pronunciamiento a ese respecto.- 5. Que mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado de los señores FULGENCIO COLON VARGAS, JACOBO PAZ, ALEJANDRO PEÑA MEJIA, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, POMPILIO RIVERA, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, MANUEL ALEGRIA ANINO, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETTE AGUILERA VASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MYRIAN MELGAR HENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN JIMENEZ, WILMER ISAIAS BURGOS CHIRINOS, VILMA ERUNDINA ROQUE RIVAS, MANUEL ANTONIO REYES MENDEZ, RAFAEL ARCANGEL CHIRINOS, JOSE TOMAS VARGAS RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha siete de mayo del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado de los señores FULGENCIO COLON VARGAS, JACOBO PAZ, ALEJANDRO PEÑA MEJIA, BENIGNO ARTURO MARTINEZ AGUIRRE, HERMINIO ROBLES AGUILAR, POMPILIO RIVERA, YOLANDA CASTRO HERNANDEZ, JOSE FRANCISCO RIVERA AVILA, MANUEL ALEGRIA ANINO, DALILA IDANIA CASTRO MONGE, LUIS ALBERTO GUTIERREZ MEMBREÑO, DORIS JANNETTE AGUILERA VASQUEZ, PEDRO CASTRO MUÑOZ, MYRIAN MELGAR HENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN JIMENEZ, WILMER ISAIAS BURGOS CHIRINOS, VILMA ERUNDINA ROQUE RIVAS, MANUEL ANTONIO REYES MENDEZ, RAFAEL ARCANGEL CHIRINOS, JOSE TOMAS VARGAS RODRIGUEZ, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de junio del año dos mil quince, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS, apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Veinticinco de Febrero del Año Dos Mil Quince, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con Sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo número 3 y 8 del Código del Trabajo Vigente. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo número 3 y 8 del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, NO considero valida las Actas de fecha 04 de Julio del año 2012, que corre agregada a folio 95 al 97, la firma de la clausula numero 68 negociada, que corre agregada a folio 98, Constancia de Registro del XIV Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la Empresa Nacional Portuaria y su Sindicato, que corre agregada a folio 99 y el Acta final de Platicas Directas de negociación del XIV Contrato Colectivo, a folio del 100 al 104, todos agregados a la primera pieza de autos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas son los artículos 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación esta comprendido en el articulo 765, numeral 1), del Código del Trabajo.”.- III.- Pero resulta que analizado el cargo que antecede, se observa que el Censor en su formulación no ha sido claro ni preciso. En primer término alega tres formas distintas de violar la ley: aplicación indebida, interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, que en todo caso, con base en el principio de separación de los cargos, debió haber expuesto en forma separada e independiente; en segundo término, se citan como infringidos los artículos 3 y 8 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de precepto legal sustantivo, olvidando, el Impetrante, que una norma jurídica será material o sustancial sólo cuando de ella surjan derechos y deberes correlativos o cuando los extinga; finalmente, la misma falta de precisión y claridad afecta el precepto autorizante, “artículo 765, numeral 1), del Código del Trabajo”, disposición que cuenta con dos párrafos en donde se comprenden distintas causales del recurso, que en todo caso al enunciar distintas modalidades de infracción resulta confuso. Todas estas falencias hacen que el primer cargo resulte inestimable.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V.- Asimismo, también resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- VI. Que por la razón antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA:

  1. DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 137-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL