Sentencia CL-135-15 — Registro 5509
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago y reajuste de salarios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el recurso referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada al reformar la de primera instancia, contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, declarando no ha lugar la demanda en cuanto al pago de una suma igual al total de los reajustes adeudados a titulo de daños y perjuicios; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no pedir la casación total de la misma. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV.- Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- V.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de noviembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha once de mayo del año dos mil quince, por el abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, generales, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago y reajuste de salarios, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Trabajo de san Pedro Sula, Cortes, en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, por los señores AMÉRICA PEÑALVA DAVID, EVA CLEMENTINA ARITA ARITA, LUIS ALONSO CHOU LEAN, MARIBEL BU MENDOZA Y MARIO ROBERTO TORRES ROMERO, todos mayores de edad, médicos hondureños y del domicilio de San Pedro Sula y con identidad 1214-1959-00086, 1401-1979-01790,1615-1961-00084 y 1709-1967-00084 respectivamente, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su representante legal, el señor JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE, quien es mayor de edad, casado medico, hondureño, cuyo domicilio desconoce la parte actoras. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha viernes veinte de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes; que en su parte conducente dice: “declarando haber lugar, parcialmente el recurso de apelación formulado por el abogado Horacio Ivan Fajardo en su condición de representante legal de los trabajadores AMÉRICA PEÑALVA DAVID, EVA CLEMENTINA ARITA ARITA, LUIS ALONSO CHOU LEAN, MARIBEL BU MENDOZA Y MARIO ROBERTO TORRES ROMERO y en contra de la sentencia definitica dictada por el Juzgado de Letras del de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Corte, en fecha tres de diciembre del año dos mil catorce en el procedimiento iniciado con la demanda ordinaria laboral en su oportunidad estos promovieran en contra de la municipalidad de San Pedro Sula, a través del alcalde Municipal, todos de generales conocidos en el proceso, en consecuencia se procede a reformar la sentencia definitiva apelada, reforma que se contrae a declarar con lugar la demanda ordinaria laboral, se condena a la municipalidad de San Pedro Sula a reajustar los salarios de los trabajadores demandantes, pagando a los mismos el salario fijado en la Ley del Estatuto Medico Empleado, se condena a pagar de manera retroactiva los reajustes de los últimos dos años, hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme; confirmándose en sus demás extremos la sentencia antes referida en cuanto a que declara no ha lugar la demanda para el pago una suma igual al total de los reajustes adeudados a titulo de daños y perjuicios, absolviendo a la demandada de dicha pretensión y exonera de costas de primera instancia a la institución demandada, sin costas en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que fueron contratados en las fechas siguientes; Doctora América Peñalva David, el 16 de febrero del año 1994, doctora Eva Clementina Arita Arita el 01 de Junio de 1992, doctor Luis Alonso Chou Lean el 01 de Abril del año 2002, doctora Maribel Bu Mendoza el 16 de febrero del 2006 y doctor Mario Roberto Torres Romero el 01 de abril del 2002 por la municipalidad de San Pedro Sula, en el cargo Médicos Generales, laborando todos tres horas diarias, devengando un salario que no fue el que establece la Ley del Estatuto Medico Empleado. Continuaron manifestando los demandantes que varias ocasiones solicitaron a la Municipalidad de San Pedro Sula les aplique el reajuste salarial, sin embargo siempre recibieron una respuesta negativa a dicha solicitud, aún y cuando estos salarios son Ley, según el Estatuto Médico Empleado con relación a la Ley del Salario Mínimo; situación por la cual acompañados de un inspector de trabajo los demandantes se personaron en el Departamento de Recursos Humanos de la demandada, a efecto de constatar sus salarios y a pedir que les efectuara el reajuste salarial correspondiente, aplicado retroactivamente a dos años, en relación a este ultimo sentido, la señora Norma Eugenio Portillo, en su condición de Sub-Gerente de Recursos Humanos aceptó que a los demandantes no se les ha pagado el reajuste salarial solicitado.- 2.- La parte demandada, la Municipalidad de San Pedro Sula, contestó dicha demanda señalando que en las constancias extendidas por la Sub-Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pedro Sula, no se expresa que fueron contratados por tres horas. También el demandado en su defensa manifestó que las Disposiciones de la Ley del Estatuto del Médico Empleado excluye a los demandantes de la aplicación del mismo, pues de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; toda Contratación o Nombramiento para la prestación de servicios médicos generales o especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural de derecho publico o privado, deberá someterse a concurso, aunado a lo anterior el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado que establece entre otras cosas, que toda Contratación o Nombramiento para la prestación de servicios cuya naturaleza sea propias del ejercicio de la Medicina General o Especializada, el Médico Empleado deberá (entre otros); aprobar satisfactoriamente el concurso; en relación a lo anterior podemos apreciar que los demandantes no fueron sometidos a concurso alguno. Por otra parte la contratación de los demandantes se dio debido a la facultad discrecional del Alcalde Municipal de poder nombrar el personal de acuerdo a la ley, por lo que estos al no haberse sometido a concurso alguno, quedan excluidos de las disposiciones contenidas en la Ley del Estatuto del Médico Empleado y los somete a las disposiciones del Contrato Colectivo de la Municipalidad de San Pedro Sula.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Letras del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, en fecha tres de diciembre del año dos mil catorce dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por los señores, América Peñalva David; Eva Clementina Arita Arita; Luis Alonso Chou Lean; Maribel Bu Mendoza y Mario Roberto Torres Romero, en contra de la Municipalidad de San Pedro Sula, para el pago y reajuste de salario quedando exonerada la demandada de dicho pago, sin costas; bajo el criterio que en el presente caso la contienda reside en determinar si concurren todos los requisitos necesarios para qué se de el reajuste de salario de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Medico empleado, requisitos como ser: el titulo que ostentan, si esta incorporado o no a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, su registro, su solvencia con el colegio medico 1; y en ese sentido los demandantes no hicieron constar si cumplían o no los requisitos necesarios para que le sea aplicadas las condiciones establecidas en el precitado estatuto, estos se limitaron a establecer que laboraban tres horas diarias, mas no probaron si la institución demandada sometió a concurso la plaza que ostentan o si las contrataciones realizadas por esta, se realizan bajo este tipo de procesos, pues como ya se dijo para la aplicación del estatuto, debe cumplirse con el requisitos establecidos por la Ley; y como no se probo que estos se cumplieron debe declararse sin lugar la demanda de merito y exonerarse a la demandada de los conceptos pretendidos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, en fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo, falla; declarando ha lugar, parcialmente el recurso de apelación formulado y se procede a reformar la sentencia definitiva apelada, reforma que se contrae a declarar con lugar la demanda ordinaria laboral, se condena a la municipalidad de San Pedro Sula a reajustar los salarios de los trabajadores demandantes, pagando a los mismos el salario fijado en la Ley del Estatuto Medico Empleado, se condena a pagar de manera retroactiva los reajustes de los últimos dos años, hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme; confirmándose en sus demás extremos la sentencia antes referida en cuanto a que declara no ha lugar la demanda para el pago una suma igual al total de los reajustes adeudados a titulo de daños y perjuicios, absolviendo a la demandada de dicha pretensión y exonera de costas de primera instancia a la institución demandada, sin costas en esta instancia; con el criterio que el articulo 3 del Código del Trabajo establece que las condiciones a pactarse en un Contrato Colectivo, para que se sean valederas deben resultar o iguales o mas favorables para el trabajador; en ese sentido, estos obligan a los firmantes a no concertar condiciones menos favorables para el trabajador que las establecidas en la Ley; y por otra parte si bien el artículo 100 de la Ley de Municipalidades, establece que los Alcaldes Municipales gozan de libertad para nombrar, ascender, trasladar y destituir al personal, esta es una facultad condicionada por el principio de legalidad, pues al ser servidor del Estado debe someterse a la Ley como depositario de autoridad, sujeto a ésta y jamás superior a ella; en vista de las precitas libertades otorgadas por el articulo 100 de la Ley de Municipalidades, es posible que el señor Alcalde y los médicos demandantes estuvieran en libertad de pactar contratos de servicios profesionales, por estar ante una profesión que a criterio del tribunal de segunda instancia, puede ser ejercida sin subordinación ni sujeción a la dirección patronal; así mismo, mediante el medio de prueba reconocimiento judicial realizado por la a-quo, se constato las condiciones que legalmente colocan a los actores como médicos empleados, por ende sometiendo la contratación de estos al régimen del derecho laboral, pues independientemente se hayan sometido o no a concurso las citadas plazas, la obligación de crear las condiciones para el concurso depende de la entidad empleadora y aunque no lo haya hecho, contrató a los actores, no para desarrollar actividades distintas sino como médicos generales y les otorgó plazas como tales, razón esta por la que le es aplicable la Ley del Estatuto del Medico Empleado por lo tanto el ajuste deberá ser efectuado de acuerdo a lo señalado en el citado contrato colectivo, calculados a los últimos dos años de forma retroactiva y a titulo de daños y perjuicios una suma igual al total de los reajustes adeudados tal y como dice señalarlo el articulo 39 de la Ley del Salario Mínimo, por lo que se procede a contabilizar el reajuste a partir del mes de septiembre del año 2011 a diciembre del mismo año, de enero a diciembre del año 2012 y de enero a septiembre del año 2013, fecha de reclamo del citado reajuste calculado de acuerdo a los incrementos porcentuales de los años antes relacionados, a lo anterior se agregará lo que resulte hasta la fecha en que se encuentre firme la presente sentencia.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil quince, este tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, actuando en su condición de apoderado de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del viernes veinte de febrero del año dos mil quince, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha once de mayo del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, en su condición de de apoderado de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha once de mayo del año dos mil quince, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado HORACIO IVAN FAJARDO FLORES, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “…que se CASA TOTALMENTE La Sentencia recurrida de fecha 20 de Febrero del 2015 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en consecuencia DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO, COSTAS PERSONALES Y PROCESALES DEL JUICIO QUE PROMUEVEN LOS SEÑORES AMERICA PEÑALVA DAVID, LUIS ALONSO CHOW LEAN, EVA CLEMENTINA ARITA ARITA, MARIBEL BU MENDOZA, MARIO ROBERTO TORRES ROMERO EN CONTRA DE MI REPRESENTADA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA REPRESENTADA POR EL SEÑOR ARMANDO CALIDONIO ALVARADO EN SU CONDICION DE ALCALDE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y ABSOLVER a la parte demandada a reajustar los salarios de los ahora demandantes, asi como a los pagos retroactivos de los mencionados ajustes por dos años desde que la sentencia que recaiga adquiere el carácter de firme.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el recurso referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada al reformar la de primera instancia, contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, declarando no ha lugar la demanda en cuanto al pago de una suma igual al total de los reajustes adeudados a titulo de daños y perjuicios; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no pedir la casación total de la misma. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV.- Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- V.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA:
- Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diez de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 135-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL