Sentencia CL-13-14 — Registro 4551
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios de percibir a titulo de daños y perjuicios, mas los derechos del contrato colectivo y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud de los siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante ya que el Impetrante ha transcrito el contenido del numeral primero del artículo 765 del Código del trabajo, sin embargo el mismo consta de dos párrafos que hacen referencia a distintos modos de violación de la Ley, por lo que devenía obligado a indicar únicamente el párrafo en que encuentra comprendido el cargo que acusa; y, b) en el sub judice puede observarse que en el fallo impugnado se apreció la prueba a que hace referencia el motivo que nos ocupa, por lo que no resulta atendible al haber invocado falta de apreciación de la prueba singularizada, en adición el juzgador valoro dicha prueba con el resto del material probatorio, arribando al convencimiento de la procedencia de la demanda.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del mes de julio dos mil catorce (2014) por medio de la Sala de lo Penal, integrada por los señores Magistrados, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta Sentencia conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto de dos mil once, mediante el cual ABSOLVIÓ al señor A. Z. P. por el delito de ACTOS DE LUJURIA en perjuicio de la menor Y. P. V..- Interpuso el Recurso de Casación el Abogado C. F. E. O., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público.- SON PARTES: La Abogada R. L. C. como Representante del Ministerio Público como Parte Recurrente y la Abogada D. M. R. en su condición de Defensora Pública del acusado como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha veintiuno (21) del mes de julio del año dos mil diez (2010), la menor Y. P. V., es evaluada por el médico T. A. Á., quien determina que la misma tenía su himen íntegro y presentaba una hiperemia generalizada producto de una Vaginitis.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- El Recurrente Abogado C. F. E. O., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO ÚNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El derecho al debido proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de la Constitución de la República, establece que “nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en la etapa de incidentes, al Ministerio Público le fueron inadmitidos al representante de la sociedad los medios probatorios documentales, consistentes en: 1) La pericia consistente en la evaluación psicológica de la ofendida Y. P. V., con la cual se pretendía acreditar el trauma emocional sufrido por dicha menor, así como sus consecuencias en el desarrollo normal de la vida de la misma. De igual forma la inadmisión del medio de prueba supra relacionados causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República el cual establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico I. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación de privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que dichos medios probatorios eran impertinentes y desproporcionados ya que no tenían relación con los hechos. Partiendo de lo anterior y tal como podréis observar Honorables Magistrados, en el caso sub judice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Actos de Lujuria Agravados, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso del Dictamen psicológico practicado a la ofendida, él cual resultó útil y pertinente para las pretensiones del ente acusador considerando que el delito imputado era contra de la libertad sexual; Sin embargo al no permitírsele al ente acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por considerarlo el juzgador “que no es útil y que no va a venir a aclarar que el hecho se cometió o no”, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen tácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir su finalidad en igualdad de armas. III. Sigue manifestando el Representante Fiscal en su RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: MOTIVO ÚNICO: “Falta de consideración de prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Basándonos en el principio de libertad probatoria que rige en el sistema acusatorio, donde los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio; sin embargo en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal dejó de admitir en la etapa de incidentes la prueba pericial consistente en la evaluación psicológica hecho a la ofendida por la licenciada Patricia Alvarado, con el cual se pretendía establecer los traumas ocasionados a la menor, como consecuencia del abuso que fue objeto de parte del acusado y que lo vincula directamente con el delito por el cual se le acusó. Sobre lo anterior la norma procesal penal establece en el artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal penal lo siguiente: “Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación: resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. (Lo resaltado es nuestro) Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en un delito contra la Libertad Sexual , el medio de prueba supra mencionados sí resultaba útil y proporcional para la acreditación del delito, sobre lo cual la Agente Fiscal hizo formal protesta interponiendo el recurso de reposición respectivo refiriendo que” el dictamen es para corroborar lo que la menor nos manifestó, sirve como medio de prueba científico valorativo”, resultando evidente que al no haber sido admitido, e impedir dejarlas entrar al debate, imposibilitó al ente acusador apoyar científica y fácticamente sus pretensiones. Asimismo debemos referir que la prueba supra relacionada además de haber sido dejada de considerar, la misma se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas, es decir, nos conduce a modificar la reconstrucción del hecho efectuada por el Tribunal de sentencia; y en el caso que nos ocupa de haberse incluido tales probanzas y valorarlas con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. El vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en la audiencia de Juicio Oral, en la etapa de incidentes, sobre el cual la Representante del Ministerio Público interpuso recurso de reposición, mismo que fue declarado sin lugar, quedando constancia sobre dicho aspecto en el acta respectiva”. IV.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1) El Recurrente denunció que el Tribunal Sentenciador incurrió en violación de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicó el Censor como el Tribunal A-quo en el momento de los Incidentes dentro del Juicio Oral y Público, le negó la admisión y posterior evacuación de el medio de Prueba denominado “Pericial”, consistente en un Dictamen Psicológico practicado a la Ofendida Y. P. V., con el cual se pretendía acreditar el trauma emocional sufrido por dicha Menor y las consecuencias en el desarrollo normal de su vida; con dicha denegatoria el Juzgador infringió el Derecho de Defensa que nuestra Constitución de la República declara inviolable. 2) La esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de Derechos, Garantías y Principios Constitucionales en el Juicio Penal, sabedores que por su propia naturaleza el Derecho Penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia, necesita, como limite a ese Derecho de Persecución de Infracciones Penales, la gama de Derechos y Garantías Constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas señaladas por la Ley, teniendo así como contrapeso el respeto a la Dignidad Humana de la persona sometida al Ius Puniendi. El Código Procesal Penal de Honduras, señala en el Artículo 361, que para interponer el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional bastará para fundamentarlo la señalización de la infracción. Lo anterior no debe significar que será suficiente únicamente la cita de la Norma Constitucional vulnerada, sino que el recurrente deberá sujetarse a las reglas básicas de preparación del recurso, citadas en el Artículo 363 del Código Procesal Penal Hondureño, es decir señalar de forma concreta la Norma Constitucional Violentada, la manera en que dicha infracción ocurrió e indicando como el vicio ha repercutido en su perjuicio[1]. 3) Esta Sala de lo Penal observa que el Tribunal de Sentencias en el momento procesal de los Incidentes, en el acto mismo del Juicio Oral, denegó el medio de Prueba denominado “Pericial” consistente en un Dictamen Psicológico practicado a la ofendida Y. P. V., con el argumento que con esa prueba lo que se acreditó fue el estrés que la ofendida pudiera padecer, pero no se confirmó fehacientemente que dicho estrés sea producto del supuesto abuso sexual, las causas pudieron ser otras, por tanto, consideraron inútil ese medio de prueba ya que no serviría para aclarar si el hecho sometido a juzgamiento en realidad sucedió ( F109 Vuelto). Al respecto, este Tribunal de Casación considera que tal como lo establece el Recurrente, nos encontramos ante una Violación a una Garantía Constitucional como ser el Derecho de Defensa, el cual fue mancillado por el Tribunal de Sentencia al denegarle la práctica de un medio de prueba que si era útil para confirmar la Teoría del Caso del Ente Acusador, en cuyo caso la declaración de la víctima constituye la columna vertebral de sus pruebas, deposición ésta que deben ser sustentadas y/o corroboradas por otras pruebas para darle total credibilidad al testimonio de la Víctima. Así las cosas, esta Sala considera que existe una vulneración al Derecho de Defensa del Ente Acusador, por lo que resulta necesario acceder al presente Motivo de Casación con los efectos del Recurso de Casación en la forma a efectos de que un nuevo Tribunal de Sentencia proceda a realizar un nuevo juicio con todas las garantías procesales para ambas partes y resolver conforme a derecho en base a las prueba que reproduzca en el acto del juicio oral y público. V.- DEL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN SU ÚNICO MOTIVO INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 1) Denunció el Recurrente que el Tribunal de Sentencia incurrió en “Falta de Consideración de Prueba de Valor Decisivo”, consignando como Precepto Autorizante el Artículo 362, numeral 2, del Código Procesal Penal.- Explicó el censor que al denegarle la práctica del Dictamen Psicológico de la Ofendida, el cual era útil y proporcional para la acreditación de los hechos, imposibilitó que las pretensiones del Acusador se apoyaran en prueba científica; la misma constituye una Prueba de Valor Decisivo, pues de haberla admitido el resultado de la prueba hubiese sido la condena del acusado. En relación a este Motivo, la Sala no entra a pronunciarse sobre el mismo en virtud de haber prosperado el Motivo Único de Casación invocado por Infracción de Precepto Constitucional. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por el Abogado C. F. E. O., en su condición de Fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra el señor A. Z. P..- SEGUNDO: Por tratarse de un Vicio de Forma, el que da lugar a la Infracción de Precepto Constitucional, se Declara la NULIDAD de la Sentencia de fecha diecisiete (17) de Agosto del dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, así como el Debate en que se pronuncio, por tanto.- Y MANDA: I.- Que se repita el Debate con un Tribunal integrado por Jueces distintos a los que conocieron el juicio anulado. II.- Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda conforme a Derecho.- Redactó el Magistrado Zúniga Medrano.- NOTIFÍQUESE.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-455-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Cuellar Cruz Rigoberto. Fernández Entralgo Jesús. Gomez Colomer Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico -Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras 2004. Página 603