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Sentencia CL-125-13 — Registro 4273

Resumen

Demanda ordinaria laboral para la justificación de unos despidos, que se declaren ilegales e injustos, reconocimiento de antigüedad, que se declare la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido; segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"demanda ordinaria laboral para la justificación de unos despidos, que se declaren ilegales e injustos, reconocimiento de antigüedad, que se declare la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"En su planteamiento la Impetrante no señala ninguna situación procesal que tenga vinculación con el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, sino que se limita a realizar alegatos propios de instancia basados en una cuestión de fondo del debate, por lo que tal petición resulta improcedente.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de enero de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de mayo del año dos mil trece, por la Abogada MARGARITA MOLINA REYES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN; en relación a la demanda ordinaria laboral para la justificación de unos despidos, que se declaren ilegales e injustos, reconocimiento de antigüedad, que se declare la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido, reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, pago del decimocuarto mes de salario adeudado, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios con sus aumentos en ausencia, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de agosto del año dos mil once, por los señores ROSEVEL PINEDA FUENTES, jornalero, GLORIA MARTINEZ ama de casa, PAULA MATUTE GIRON ama de casa, DINORA YESENIA VÁSQUEZ MENDEZ Perito Mercantil y Contador Público, ISMAEL HENRÍQUEZ Jornalero, MARIO ROBERTO BARDALES ACOSTA Jornalero, JOSE PEDRO SOLORZANO Jornalero, YENI WALESKA ESPINAL ORDOÑEZ Perito Mercantil y Contador Público, LUIS ORLANDO BARAHONA SEVILLA Motorista, HECTOR ANTONIO OSEGUERA ROJAS Jornalero, ROSA HERMLINDA NAVAS CHACON ama de casa, PAOLA MICHEL REYES MONTERO Bachiller en Ciencias y Letras, SANTA YANIRA LOPEZ CALIX ama de casa, IRMA MEJIA CANALES Perito Mercantil y Contador Público, ANA FRANCISCA VASQUEZ Aseadora, MIXIA MARIA ARRIAGA Bachiller Técnico en Computación, CLEMENTINA RAMIREZ Aseadora, FAUSTINA RODRIGUEZ PALMA Aseadora, ARACELY HERNÁNDEZ CANTILLANO ama de casa, LIGDA LETICIA MEDINA ama de casa, LOURDIS YOJANA CASTRO MEDINA Asistente de Archivo, MARCELA MARIA URRUTIA CANACA Aseadora, KAREN VERONICA DIAZ CRUZ Aseadora, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Intibucá, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de su Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, asi: a) REVOCANDO TOTALMENTE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda promovida por los trabajadores Rosevel Pineda Fuentes, Gloria Martinez, Paula Matute Girón, Dinora Yesenia Vásquez Méndez, Ismael Henríquez, Mario Roberto Bardales Acosta, Jose Pedro Solórzano, Yeni Waleska Espinal Ordoñez, Luis Orlando Barahona Sevilla, Hector Antonio Oseguera Rojas, Rosa Hermlinda Navas Chacon, Paola Michel Reyes Montero, Santa Yanira López Calix, Irma Mejia Canales, Ana Francisca Vasquez, Mixia Maria Arriaga, Clementina Ramirez, Faustina Rodriguez Palma, Aracely Hernández Cantillano, Ligda Leticia Medina, Lourdis Yojana Castro Medina, Marcela Maria Urrutia Canaca y Karen Veronica Díaz Cruz, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por los trabajadores Rosevel Pineda Fuentes, Gloria Martinez, Paula Matute Giron, Dinora Yesenia Vásquez Mendez, Ismael Henríquez, Mario Roberto Bardales Acosta, Jose Pedro Solorzano, Yeni Waleska Espinal Ordoñez, Luis Orlando Barahona Sevilla, Hector Antonio Oseguera Rojas, Rosa Hermelinda Navas Chacon, Paola Michel Reyes Montero, Santa Yanira López Calix, Irma Mejia Canales, Ana Francisca Vasquez, Mixia Maria Arriaga, Clementina Ramirez, Faustina Rodriguez Palma, Aracely Hernández Cantillano, Ligda Leticia Medina, Lourdis Yojana Castro Medina, Marcela Maria Urrutia Canaca, Karen Verónica Díaz Cruz; b) REVOCA TOTALMENTE EL NUMERAL segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelda, en cuanto absuelve al Estado de Honduras de toda responsabilidad proveniente del la presente demanda, en consecuencia CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a REINTEGRAR a los trabajadores Rosevel Pineda Fuentes, Gloria Martinez, Paula Matute Giron, Dinora Yesenia Vásquez Mendez, Ismael Henríquez, Mario Roberto Bardales Acosta, Jose Pedro Solorzano, Yeni Waleska Espinal Ordoñez, Luis Orlando Barahona Sevilla, Héctor Antonio Oseguera Rojas, Rosa Hermlinda Navas Chacon, Paola Michel Reyes Montero, Santa Yanira Lopez Calix, Irma Mejia Canales, Ana Francisca Vasquez, Mixia Maria Arriaga, Clementina Ramirez, Faustina Rodriguez Palma, Aracely Hernández Cantillano, Ligda Leticia Medina, Lourdis Yojana Castro Medina, Marcela Maria Urrutia Canaca, Karen Veronica Díaz Cruz, a sus puestos de trabajo o a otro en igualdad de condiciones a las que tenían al momento del despido; asimismo a pagarles a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con arreglo a derecho queden reintegrados los trabajadores ya mencionados; c) SE LES RECONOCE SU ANTIGÜEDAD desde que iniciaron su relación laboral y por consiguiente su carácter de empleados permanentes en los cargos que ocupaban. II. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con el demandado de la siguiente manera: Rosevel Pineda Fuentes el 16 de febrero del año 2007, como vigilante, Gloria Martinez el 01 de enero del año 2008 como aseadora, Paula Matute Girón el 15 de febrero del año 2007 como aseadora, Dinora Yesenia Vásquez Méndez el 1 de abril del 2008 como aseadora, Ismael Henríquez el 1 de febrero del 2007 como vigilante, Mario Roberto Bardales Acosta el 1 de agosto de 2008 como vigilante, Jose Pedro Solórzano el 1 de agosto del 208 como vigilante, Yeni Waleska Espinal Ordoñez el 1 de octubre del 2009 en el puesto de Auditor Interno, Luis Orlando Barahona Sevilla el 1 de abril de 2007 en el puesto de motorista, Héctor Antonio Oseguera Rojas el 21 de abril de 2008, en el puesto de vigilante, Rosa Hermelinda Navas Chacón el 9 de agosto de 2007, como aseadora, Paola Michel Reyes Montero el 2 de enero de 2007 como Digitadota de datos, Santa Yanira López Calix el 1 de febrero de 2008 como conserje, Irma Mejia Canales el 12 de abril de 2007 como Bibliotecaria, Ana Francisca Vasquez el 12 de abril de 2007 como aseadora, Mixia Maria Arriaga el 1 de febrero de 2007 en el puesto de aseadora, Clementina Ramirez el 12 de abril de 2007 como aseadora, Faustina Rodriguez Palma el 12 de abril de 2007 como aseadora, Aracely Hernández Cantillano el 1 de junio de 2009, como Oficinista, Ligda Leticia Medina 1 de febrero de 2007 en el puesto de aseadora, Lourdis Yojana Castro Medina el 1 de septiembre de 2006 como asistente de archivo, Marcela Maria Urrutia Canaca el 1 de julio de 2008, como aseadora y Karen Verónica Díaz Cruz el 1 de octubre de 2008 como aseadora, que fueron notificados de su cancelación mediante los oficios números Rosevel Pineda Fuentes No.1364-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Gloria Martinez No.1356-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Paula Matute Girón No.1355-SG-2011 del 16 de mayo de 2011, Dinora Yesenia Vásquez Méndez No.1363-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Ismael Henríquez No.1363-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Mario Roberto Bardales Acosta No.1334-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Jose Pedro Solórzano No.1333-SG-2011 del 16 de mayo de 2011, Yeni Waleska Espinal Ordoñez No.1397-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Luis Orlando Barahona Sevilla No.1569-SG-11 de fecha 28 de junio de 2011, Héctor Antonio Oseguera Rojas No.1582-SG-11 del 28 de junio de 2011, Rosa Hermelinda Navas Chacon del 16 de mayo de 2011, Paola Michel Reyes Montero No.1658-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Santa Yanira López Calix No.1272-SG-11 del 16 de mayo de 2011, Irma Mejia Canales No.1553-SG-2011, Ana Francisca Vasquez No.1535-SG-11 del 28 de junio de 2011, Mixia Maria Arriaga No.1637-SG-11 del 28 de junio de 2011, Clementina Ramirez No.1566-SG-11 del 28 de junio de 2011, Faustina Rodriguez Palma No.1547-SG-11 del 28 de junio de 2011, Aracely Hernández Cantillano No.1564-SG-2011 del 28 de junio de 2011, Ligda Leticia Medina No.1636- SG-11 del 28 de junio de 2011, Lourdis Yojana Castro Medina No.1678-SG-11 del 28 de junio de 2011, Marcela Maria Urrutia Canaca No.1302-SG-11 del 16 de mayo de 2011 y Karen Verónica Díaz Cruz No.1306-SG-11 del 16 de mayo de 2011, que su relación ha sido continua y permanente, que la naturaleza de los cargos subsiste pues subsiste la causa que dio origen a sus contratos, por lo cual se convirtió en un contrato por tiempo indefinido, que también se encontraban afiliados al sindicato de empleados públicos de la educación, por lo cual gozaban de los beneficios que éste les otorgaba, que el 22 de marzo de 2011 fue emitido un oficio circular por el gerente de recursos humanos no docentes en el que se instruye reintegrarlos a sus trabajos.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que lo que existió con los demandantes fue una relación laboral en forma de jornales, la cual comprende una modalidad contractual por tiempo determinado al amparo de lo establecido en el artículo 46 del Código del Trabajo, literal b), caducidad contractual determinada en las respectivas resoluciones emitidas para haber llevado a cabo su contratación y del cual tuvieron conocimiento desde su inicio los demandantes, que no gozaban de un salario fijo, como está plasmado en las resoluciones de contratación No.013-SE-11, 109-SE-11 y 070-SE-11 del 4 de febrero del año 2011, así como la emitida el 25 de abril del 2011, No.126-SE-11, en las que se formuló la modalidad de pago que se aplicaría en la contratación a los demandantes, que si bien es cierto a los demandantes se les notificó la determinación de no continuar con sus contrataciones laborales es así que se les recordó la fecha de terminación de su contrato de trabajo, como una medida administrativa y eficaz de poner fin a la obligación contraída por las partes mediante una resolución a término, por lo tanto no se puede ver como un despido sino como un recordatorio a una obligación contraída por las partes mediante un resolución a término, tal como consintieron y aceptaron los demandantes, por lo que no se ha violentado ninguna norma, pues fue una libre contratación, regulada por el Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de octubre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas. Criterio: que lo que existió fue una relación de trabajo por tiempo determinado, siendo por lo tanto una relación jurídica sometida a término en donde lo importante es el plazo establecido sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo, por lo tanto la notificación hecha, no constituye una nota de despido, sino el anuncio de la terminación de su contrato de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha once de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo, por lo tanto declara con lugar la demanda, condena al demandado al reintegro de los demandantes a sus puestos de trabajo, reconociéndoles su antigüedad, sin costas. Criterio: que la relación de trabajo existente entre las partes en litigio por su naturaleza, se considera una relación laboral por tiempo indeterminado.- 5. Que mediante sentencia de fecha dieciséis de abril del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada MARGARITA MOLINA REYES actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6. Que en fecha veintisiete de mayo del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada MARGARITA MOLINA REYES actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, formalizando su demanda exponiendo dos motivos de casación junto a nulidad subsidiaria y en fecha veintisiete de mayo del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido, teniéndose de ese modo por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de agosto del año dos mil trece, se declaró caducado de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado CESAR ROBERTO CALIX SANTOS apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada MARGARITA MOLINA REYES en el primer motivo, alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional por Infracción Directa porque el Tribunal A Quem no aplicó o ignoró normas de estricto cumplimiento como ser el Convenio 158-82-OIT, que es de aplicación superior al Artículo 46 y 47 del Código del Trabajo, Asimismo se ignoró el Artículo 2, numeral 2, 747 párrafo final del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 13 letra m, de la Ley de Servicio Civil y Artículo No.9, numeral 14 del Reglamento de la misma Ley de Servicio Civil.- Designándose asimismo atribuciones de la Corte Suprema de Justicia como ser el de DAR LEGALIDAD A LA JURISPRUDENCIA POR EL SIMPLE HECHO DE UNIDAD DE CRITERIOS DEL JUZGADOR. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en ci Convenio 158-82-OIT, señala claramente que los Estados Miembros dadas las continuas quejas referente a la baja asignación presupuestaria en virtud de LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL que sufren los Estados a nivel mundial, no se encuentran en la capacidad de cumplir con los beneficios que concede el benigno Código del Trabajo por lo que se les autorizó para que emplearan mecanismo bajo el cual podían emplear y dar por terminado una prestación laboral, sin incurrir en responsabilidad, convenio éste que es de harto conocimiento y que se antepone al Convenio 111-OIT, y a los convenios de los Derechos Humanos pues esta pretensión es solo proteger la Economía de los Estados Miembros, quienes a su vez tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía en general, y no solamente para un grupo laborante, por tal razón debe mantener el equilibrio en el bajo Presupuesto que se le asigna; debemos relacionar este argumento con el Artículo No.2 cuando establece que “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. SE EXCEPTUAN...”, el uso en mayúscula es mío para resaltar, artículo éste en que se funda El Juzgador A quo, y como se observa el Servicio al Estado es a manera de EXCEPCION, con sus propias Leyes y Mecanismos de Contratación para evitar un mal manejo de las Arcas del Estado, que de hecho está DEBIDAMENTE PRESUPUESTADO y su numeral 2 del Código del Trabajo, que establece claramente que todo servidor público será regido por lo que se establezca en la Ley de Servicio Civil, agregando y su reglamento, Ley y Reglamento éstos que tienen definido que al empleado denominado por Jornal o Planillas, se considera como un Servidor especial, a quien se le designa una actividad discrecional que el Estado requiere para suplir hasta cierto grado, las necesidades de los establecimientos educativos, para los cuales no cuenta con el suficiente presupuesto, dado la crisis económica mundial, y esto con el fundado propósito de apalear el desempleo en Honduras, que es una garantía respaldada por los Derechos Humanos que establece el derecho a ser empleado, tal es el caso que en muchas comunidades Educativas son los Directores conjuntamente con la ayuda de los padres de familia de los Educandos que cubren esta clase de servicio, como ser pagar servicio de oficinistas, secretarias, vigilantes, conserjes o aseadores y esto para que los menores no sean obligados a realizar esta labor en un apoyo unitario con el Estado y como buenos ciudadanos. Es claro, que en un afán de favorecer al trabajador hondureño, se ignora preceptos legales que determinan la actividad pública, que en este caso y como queda establecido en el Artículo 747 del Código del Trabajo el Estado como persona se considera en la misma situación y condiciones que un trabajador, pues el Estado solo es mandatario, y al establecer que si la sentencia es adversa al Estado, (Estado, Departamento o Municipio), debe llevarse a Consulta, es pues el Estado un ente de Especial juzgamiento, por lo que no debe ignorarse su actividad y las leyes que le rigen, y al emitir Resoluciones donde contrata personal por Jornal o Planilla definido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo hace de manera definida, también como una excepción de maneras de contratar como lo establece el artículo 47 párrafo último donde, si vamos a definir la naturaleza de “ SERVICIO TEMPORAL” del servicio a prestar, es obvio que, si necesito, a manera de ejemplo, dado que mi trabajo es fuera de mi domicilio, que en forma permanente alguien se encargue del aseo diario de mi casa, el tipo de servicio es de naturaleza permanente, pero por mis condiciones económicas y por la razón de no poder permanecer en el domicilio, y de repente mi presupuesto solo me ajusta para contratar alguien que me haga el aseo (1) una vez al mes, no tengo las facultades ni la capacidad para pagarle en forma permanente o beneficios permanentes...”, es el caso del Estado que solo es un mandatario por ende depende de un Presupuesto asignado, por ende le obliga a contratar estableciendo fecha de inicio y de terminación de prestación de servicios, se entiende que si pretendiera contratar personal para prestar servicios de manera permanente lo haría bajo la modalidad de NOMBRAMIENTO POR ACUERDO, sistema de contratación que su interpretación no ofrece duda y al cual mi mandante se somete, debiendo en tal sentido entonces emplear mecanismos como suplir ciertas necesidades, dado que la Secretaría de Educación es la Secretaría más grande, que requiere de mayor personal, aunque carezca del medio económico, y así contratar por tiempo definido personal que requiera, sin olvidar no obstante el Tribunal Ad Queni, ni se molestó en hacer un análisis análogo, y por ende no aplicó preceptos legales que favorecen a mi Representado, limitándose a solo cambiar en la maquina lo que ocupa, sin hacer interpretación de leyes, sin fijarse en la naturaleza especial del Estado y si imponiendo un Criterio que dice es harto ya relacionado en innumerables casos, tratando de imponer tal criterio como Ley, por tal razón lo está valorando como JURISPRUDENCIA, sin haberlo decretado la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ver CONSIDERANDO (6), que no señala los expedientes o no Fundamenta la JURISPRUDENCIA, o por qué? en todo caso si está afectándose al Estado tan directamente , haciendo caso omiso al Artículo No.2 del Código del Trabajo, a los Convenios y Tratados Internacionales, y a la Constitución de la República, no se hace una Recomendación que tipo de Mecanismo debe emplear el Estado para considerarlo como Válido de contratación de empleados sin incurrir en responsabilidad una vez agotado los nombramientos por el sistema de ACUERDOS O CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, , según la percepción del Juzgador. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando normas que solo se aplican favoreciendo al trabajador, no se interpretan preceptos legales que a la par del trabajador también favorecen al Estado, por ser un ente de especial actividad, tal es el caso que al igual que si es el empleado el que pierde el caso, debe llevarse a consulta para ante la Corte de Apelaciones, si es el Estado el que sale vencido deberá llevarse a Consulta para Ante La Corte De Apelaciones del Trabajo, ignorando que aún en los Tratados y Convenios Internacionales que es Ley Superior a la del país miembro favorecen al Estado dictando medidas o convenios que le autoricen ciertas actuaciones sin responsabilidad alguna de su parte frente a los trabajadores, para el caso no reconoce el Juzgador la forma de empleo por JORNALES O PLANILLAS, que es una modalidad de Contratación que el Estado utiliza, a través de sus representantes (Funcionarios y Empleados Públicos) para no incurrir en responsabilidad y en aplicación del Articulo 222, 321, 322, 327, 323, 328, 331, 361, 362, 364 de la Constitución de la República, y como podrá observarse en el presente caso, las demandantes actúan de mala fe al pretender cambiar la intencionalidad de lo contenido en la Resolución mediante la cual fueron empleadas, modalidad ésta, donde ellos mismos hicieron sumisión tácita(ACEPTACION MEDIANTE MANIFESTACION DE SU VOLUNTAD ) a ser contratados a prestar un servicio por tiempo definido, Si de mala fe, ya tenían previsto sorprender la buena fe del Contratante cambiándole el sentido de lo convenido, es lógico que al momento de recibir la notificación de la finalización de su servicio como un recordatorio nada más, por qué no demandan al Estado para que les pagara los meses de servicios prestados hasta ese momento que se les notifica de la finalización del término para la prestación del servicio, o sea desde la primera vez que fueron contratados temporalmente, esperando ser en cualquier momento contratados, por ser personas ya reconocidas para prestar el servicio, por lo que esperaron a ser nuevamente contratado en las mismas condiciones, y hasta ahora al cabo del tiempo demandan ya que al final de cada Prestación de Servicios se les notifica de la finalización del término de la prestación de su servicio solo con el fin de causar un perjuicio a mi poderdante, que de buena fé les volvió a contratar por tiempo definido.-POR QUE ESPERAN VARIAS RESOLUCIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALMENTE AL ESTADO PARA DEMANDAR? POR QUE NO DEMANDAN DESDE LA PRIMERA RESOLUCION QUE LOS CONTRATARON TEMPORALMENTE Y AL FINAL DEL TERMINO SE LES NOTIFICA DE LA TERMINACION DE SU SERVICIO? HAY O NO HAY MALA FE?, si hiciéramos una consideración, a) Se está violentando o quebrantando una manifestación de voluntad, pues tal como lo establece el Código Civil, un contrato es la manifestación de voluntad de las partes y por lo tanto constituye Ley entre los mismos y nadie lo puede modificar, anular,... si no las mismas partes.- b) Se está tergiversando la sumisión tácita que hicieron de ser empleados temporalmente, o sea por uno, dos o tres meses, y podría ser hasta por un año.- c).- Si no demandaron en su oportunidad al momento de finalizar cada contrato y recibir la correspondiente notificación como recordatorio que su contrato llegó a su fin, perdieron el término legal para demandar al final de cada Contrato, ya que al llegar a su fin una prestación de servicio, se entiende que hasta ese momento puede reclamar derecho, y al aceptar se le otorgue un nuevo contrato nos encontramos en HECHOS CONSENTIDOS, seguimos en el caso de ACEPTACION, y por tanto la demanda que comprende actos que tuvieron su momento para demandar, a la fecha es EXTEMPORANEA, que ya llegaron a su fin los primeros contratos aceptados desde el año 2007 que es el caso que nos ocupa, Y NO SE PROMOVIÓ LA CORRESPONDIENTE DEMANDA EN SU MOMENTO OPORTUNO, o sea al momento de notificarles de la finalización de sus servicios la primera vez que fueron notificados.- d) Para el presente caso, las demandantes pretenden cambiar el fin para el cual fueron empleadas ya que según se relaciona fueron empleadas como aseadoras, y bajo un pago establecido por las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República de los años 2009, 2010, y 2011, Artículo 64 respecto a a los empleados por Jornal.- Al igual al aceptar celebrar un nuevo contrato es bajo borrón y cuenta nueva.- El Tribunal sentenciador confirma la Sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la Demanda, condenando al Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, al pago de las prestaciones laborales y demás indemnizaciones legales, sin tomar en cuenta, Leyes, actos, hechos, circunstancias y relación de estos, que modifican otras normas, aplicando solamente la norma más inmediata de que se puede valer, para salir del paso. Se produce así la Infracción directa de la Ley sustantiva.”.- III. Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) acusa la sentencia por infracción directa es decir falta de aplicación, instando la revisión del material probatorio, lo cual es vedado a este Tribunal con base al tipo de infracción que invoca la Impetrante; b) no invoca como violadas normas de carácter laboral sustantivo, ya que las señaladas no ostentan ese carácter y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1982 sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador contiene varias disposiciones que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era menester precisar; y, c) realiza extensos alegatos propios de instancia; lo anterior hace que el motivo no resulte admisible.- IV. Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional e Internacional por infracción directa de Ley sustantiva, como ser Convenios Internacional 150-82-OIT, Ley de Servicio Civil y su Reglamento, Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación e interpretación de los hechos, haciendo una mala interpretación de la prueba por la Corte Sentenciadora púes el Documento de Resolución, mecanismo mediante el cual mi representado, El Estado de Honduras emplea los trabajadores que requiera para que le supla ciertas necesidades laborales es un documento público autorizante, aceptado y consentido, mediante el cual el Estado conviene en emplear personal bajo un salario, relación Patrono- Trabajador, tiempo definido, no entiendo que documento quiere el Juzgador A quem que se le presente, pues por las características del efecto que produce no es más que un contrato individual de trabajo, solo que a manera de excepción por tiempo definido, silo que conviene en este caso es que a la prestación de un servicio, el pago de un salario, pero que si no da lugar a cambiar las circunstancias plasmadas en la Resolución, tergiversando la manifestación de voluntad de las partes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la Corte Sentenciadora al precisar en el CONSIDERANDO (5, 6), que desde el inicio de la prestación de sus servicios para la secretaria de educación, fueron contratadas bajo la modalidad de Jornal, habiéndoseles contratado por tiempo determinado y todas ellas tenían fecha de inicio y fecha de terminación de labores, cuando que se dieron los hechos bajo una aceptación tácita de el empleado aceptando las condiciones contenidas en la Resolución, la cual es causa de Nulidad por ser un Acto de Orden Público que genera una relación laboral de Orden Público, y que cumple con los requisitos de remuneración.- Así: “ los señores, 1).- ROSEVEL PINEDA FUENTES, 2).- PAULA MATUTE GIRON, 3).-DINORA YESENIA VASQUEZ MENDEZ 4).-ISMAEL HENRIQUEZ 5).-MARIO ROBERTO BARDALES ACOSTA 6).-JOSE PEDRO SOLORZANO 7).- YENI WALESKA ESPINAL ORDOÑEZ 8).- HECTOR ANTONIO OSEGUERA ROJAS 9).- ANA FRANCISCA VASQUEZ VASQUEZ 10).- CLEMENTINA RAMIREZ 11).-KAREN VERONICA DIAZ CRUZ iniciaron y finalizaron la relación laboral corno empleados eventuales con la Secretaría de Educación, en virtud de habérseles vencido el tiempo determinado para el cual fueron empleados, y para volver a ser empleados, debía emitirse una nueva Resolución, siendo este un acto público autorizado, del que se valen los funcionarios para ejercer su actividad, sin responsabilidad y con el fin de evitar en incurrir en abuso de autoridad o abuso de poder, por violentar Leyes de Vigor Nacional.” No es el caso de acreditar si existe o no la justa causa, si no acreditar el convencimiento de que fueron contratadas por tiempo indefinido, o sea que la Secretaría las está contratando para prestar un servicio bajo la modalidad de Acuerdo (permanente) en una de las dependencias donde si se requiere la prestación de servicio permanente. - Es de dejar entrever que si estas personas hubieran seguido laborando consecutivamente, e igualmente se les hubiera seguido pagando el salario, sin elaborar un nuevo documento de prestación de servicios, si adquirirían el carácter de empleados públicos permanentes. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, pues en ella el mismo declarante manifestó que el trabajador nunca fue despedido, si no que manifiesta que se le notificó de la terminación de su período de servicio, y dicha prueba constituye una evidencia clara a lo que pudo haber sido considerado como un despido, y la misma fue valorada solo con el fin de favorecer al trabajador en forma aislada, no en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo.”.- V. Como en el anterior cargo, este motivo resulta inadmisible ya que adolece de los defectos siguientes: a) no invoca como violadas normas de carácter laboral sustantivo y el Convenio 150 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la administración del trabajo, Ley de Servicio Civil y su Reglamento y el Código del Trabajo, son ordenamientos que contienen varias disposiciones que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era menester precisar; y, b) alega dos formas distintas de violar la ley, infracción directa y el error de hecho, que debió haber expuesto en forma separada e independiente.- VI. Que de forma subsidiaria se solicita la nulidad absoluta de la sentencia recurrida, bajo el siguiente fundamento: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha once (11) de enero del año dos mil trece (2013) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesal es siguientes: a) La no existencia de un Contrato Escrito: Puesto que existe un Documento Público, en este Caso una Resolución Estatal, como un sistema de emplear servicios Públicos a través de Resoluciones, cuando el mismo Código del Trabajo establece que si no existe un documento que demuestre que el empleador contrató al servidor, se tomará por cierto todo lo que el trabajador diga, situación ésta que le da entonces un grado de validez al documento público, en este caso Resolución, lo que no está prohibido por la Ley, por lo tanto permitiéndolo, como sistema Estatal para emplear personal para ciertas actividades y en forma especial o confidencial. Los demandantes no probaron su permanencia, solamente quieren cambiar el sentido o interpretación del convenio de trabajo celebrado entre mi representado y ellos, y mi representado no tiene por qué probar justa causa de despido, cuando que está sujeto a un convenio aceptado por aceptación, y en su condición de funcionario público, está sujeto a obediencia a las ordenanzas pública, y no puede cambiar el espíritu del convenio de empleo que celebró con los trabajadores.”.- VII. En su planteamiento la Impetrante no señala ninguna situación procesal que tenga vinculación con el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, sino que se limita a realizar alegatos propios de instancia basados en una cuestión de fondo del debate, por lo que tal petición resulta improcedente.- VIII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de febrero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veinte de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 125-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL