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Sentencia CL-117-14 — Registro 4511

Resumen

Demanda ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó la sentencia declarando con lugar el recurso de apelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en el acápite denominado “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION” expuesto en el numeral anterior la Recurrente ha omitido desarrollar la petición de la demanda, ya que lo consignado en la misma resulta ser una transcripción de los fallos dictados por el juzgador de primera y segunda instancia; y, es el caso que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV. En el sub júdice, al no haberse desarrollado el petitum de la manera apropiada, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida. Conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

AUTO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatros días del mes de Junio del año dos mil trece, la Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: RAÚL ANTONIO HENRÍQUEZ INTERIANO, como Coordinador, EDITH MARÍA LÓPEZ RIVERA y REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ designada ponente para el conocimiento y redacción de la resolución del presente recurso de Casación Interpuesto, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO:

SON PARTES: Recurrentes: La señora MARTHA ITALIA SLAGLE, representada en juicio por la Abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA y las Sociedades Mercantiles BANCO ATLANTIDA, S.A. y SONIVAL CASA DE BOLSA, S.A., representadas en juicio por el Abogado RAMIRO ALEJANDRO RAMIREZ; y Recurridos: Las Sociedades Mercantiles BANCO ATLANTIDA, S.A. y SONIVAL CASA DE BOLSA, S.A., representadas en juicio por el Abogado RAMIRO ALEJANDRO RAMIREZ y la señora MARTHA ITALIA SLAGLE representada en juicio por la Abogada WENDY CAROLINA PEÑA MOLINA.

OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria de Pago, promovida por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA en su condición de representante procesal de la señora MARTHA ITALIA SLAGLE, mayor de edad, casada, ama de casa y vecina de la ciudad de Miami, Estado de La Florida, Estados Unidos de Norteamérica, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, contra las sociedades BANCO ATLANTIDA, S.A. y SONIVAL CASA DE BOLSA S.A. a través de sus representantes legales GUILLERMO BUESO, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y ARTURO H. MEDRANO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, respectivamente.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO: Con fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil seis (2006) en el juicio contentivo de la Demanda Ordinaria de Pago, promovida por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA en su condición de representante procesal de la señora MARTHA ITALIA SLAGLE, ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, contra las sociedades BANCO ATLANTIDA S.A. y SONIVAL CASA DE BOLSA S.A.; dictó sentencia declarando: “FALLA: Primero: Declarar Parcialmente Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Patrick James Bennett Connor, en su condición indicada contra la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil seis; Segundo: Reformar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil seis, dictada contra las Sociedades Demandadas Banco Atlántida S.A. y Sonival S.A. ahora Sonival, Casa de Bolsa S.A., cada una a través de sus respectivos Representantes Legales, en los términos siguientes: a.-Confirmando la orden de pagar a la demandante señora Martha Italia Slagle, la cantidad de Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps.656,250.00), mas el interés legal que corresponde; b.- Revocando la orden de pago decretada a favor de la señora Martha Italia Slagle, en primera instancia en las cantidades de Tres Millones de Lempiras ( lps3,000.000) y de Treinta Mil Lempiras (lps30,000.00), por los argumentos expuestos por esta Corte.”

SEGUNDO: La representación procesal de la demandante señora MARTHA ITALIA SLAGLE presentó en fecha siete (7) de enero de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.

TERCERO: Mediante providencia de fecha diez (10) de enero del año dos mil once (2011) la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.

CUARTO: La Representación Procesal de la parte demandada, el Abogado PATRICK JAMES BENNETT CONNOR, presentó en fecha uno (1) de febrero de dos mil once (2011) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha dos (2) de febrero de dos mil once (2011) por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida.

QUINTO: La representación procesal de la parte demandada las sociedades Mercantiles BANCO ATLANTIDA, S.A, y SONIVAL CASA DE BOLSA, S.A., presentó en fecha nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), escrito de interposición y formalización de recurso de casación contra la sentencia dictada, en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.

SEXTO: Mediante providencia de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil once (2011) la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto en tiempo el presente recurso y acordó dar copia del mismo a la parte contraria para que en el término de diez (10) días hábiles se pronuncie sobre el contenido del mismo.

SEPTIMO: La representación procesal de la parte demandante, el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, presentó, en fecha uno (1) de marzo de dos mil once (2011) escrito de pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, el cual fue resuelto mediante providencia de fecha tres (3) de marzo de dos mil once (2011) por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, la cual ordenó remitir las presentes diligencias a la Honorable Corte Suprema de Justicia en el término que manda la ley así como la advertencia a las partes del respectivo personamiento de los mismos ante éste alto Tribunal, apareciendo notificada dicha resolución a las partes, el Abogado PATRICK JAMES BENNETT CONNOR en fecha ocho (8) de marzo de dos mil once (2011) y la Abogada WENDY CAROLINA PEÑA en fecha nueve (9) de marzo de dos mil once (2011).

OCTAVO: Que el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA plantea el presente recurso de casación en cinco motivos por Infracción Procesal y dos motivos de casación contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “MOTIVOS DEL RECURSO POR INFRACCION PROCESAL: PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil >Artículo 720 CPC. EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1...2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo< cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal errónea valoración de las pruebas legales >error de hecho en la apreciación de la prueba< pues resulta de documentos o actos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Los Artículos 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil; 352, 357 ordinal 1) y 370 del Código de Procedimientos Comunes en relación con el Artículo 191 también del Código de Procedimientos Civiles respecto de los daños o perjuicios; 1346, 1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil y 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, los que literalmente dicen: “Artículo 1495.- Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone”, “Artículo 1496.- Las pruebas pueden hacerse por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones.” “Artículo 1522.- La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” “Artículo 1524.- Sólo se podrá utilizar este medio de prueba, cuando para apreciar los hechos sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos.” “Artículo 1525.- El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.” “Artículo 352.- Cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mismo algún sitio o la cosa litigiosa, se decretará el reconocimiento judicial a instancia de cualquiera de las partes. Para llevarlo a efecto, señalará el Juez, con tres (3) días de anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de practicarse.”, “Artículo 357.- Deberá también oírse el dictamen de peritos siempre que alguna de las partes lo pida y se trate: 1) Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales de algún arte, profesión o industria. “)…”, “Artículo 370.- Los Tribunales apreciarán la fuerza probatoria del juicio o dictamen de los peritos, en conformidad con las reglas de la sana crítica.”, “Artículo 191.- Cuando Hubiere condena de…, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.” “Artículo 1346.- Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia.” “Artículo 1365.- La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” “Artículo 1366.- Los daños y perjuicios de que responde el deudor… χ..En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación χ” y “Artículo 29.- Todo acto, resolución u omisión de parte de los consejeros o directores, funcionarios y empleados de las instituciones del Sistema Financiero que contravenga disposiciones legales o reglamentarias y que cause perjuicio a la institución o a terceros, los hará incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios que hubieren causado.” DETALLES DE LA INFRACCION: Este tipo de infracción era conocida en doctrina como infracción indirecta de ley sustancial y que ahora la doctrina exige que debe tenerse en consideración, Este tipo de infracción era conocida en doctrina como infracción indirecta de ley sustancial y que ahora la doctrina exige que debe tenerse en consideración, que la nueva legislación autoriza en casación el control de la motivación fáctica y que son precisamente las normas sobre valoración libre de la prueba recogidas en el Código, las que imponen al juez el deber de motivar razonadamente los aspectos fácticos de la sentencia, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de las normas que rigen el razonamiento lógico, que se resumen como vicios en el juzgamiento o yerros en que incurre el juzgador al dirimir el conflicto, los que se dan por la inobservancia del deber que le asiste de sentenciar secundum jus; en el presente caso, esa infracción se dio porque el Tribunal de Apelación censurado, al proferir la sentencia definitiva el dieciséis de noviembre del dos mil diez, no aprecio los elementos probatorios que demuestran que la obligación demandada nació del acto ilícito de la falsificación de la firma de la demandante. La parte actora propuso las pruebas siguientes: I.- Medio de Prueba Número Uno: Documental, que consiste en: a) Diligencias Prejudiciales de Inspección Personal del Señor Juez registradas con el Nº 200/03, contentivas de: a.1. Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 64700 aperturado en Banco Atlántida S.A. por doña Marta Italia Canales por la suma de US$ 100,000.00 a favor de ella misma, Charles Slagle o Blanca Rubio con vencimiento el 16 de agosto de 1996 más intereses a una tasa del 10% anual fechado el 16 de febrero de 1996 (folios 26 y 67 1ª pieza). A.2. Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65356 aperturado en Banco Atlántida, S.A., por doña Martha Italia Canales Slagle ó Yina Rubio el 07 de agosto de 1997 por la suma de USA $ 90,000.00 a una tasa de interés del 7% anual pagadero a favor de ellas mismas el 07 de agosto de 1998 (folio 65 1ª pieza), entre cuyas estipulaciones la 3ª prescribe, cito: “A solicitud del cuenta-habiente y con el consentimiento de Banco Atlántida, S.A., este depósito podrá ser cancelado antes de su vencimiento. En tal caso, el Banco reconocerá intereses durante el período que estuvo en vigencia el depósito a una tasa menor a la pactada.” La parte demandada, contestando la demanda y refiriéndose al HECHO DOS en su fracción a) literalmente dice, cito: “El certificado de depósito 65356, como queda dicho, fue sustituido por el 65985 por USA $ 90,000.00, valor que como se indicó en el numeral que precede, se le entregó a su titular el día 1º de junio de 1998...” “(...fin de la cita) HASTA AQUÍ SE ACREDITA LA RELACION BANCARIA QUE EXISTIO ENTRE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE Y EL BANCO ATLANTIDA S.A.. y es lo fáctico de la demanda y reconocido en la contestación, que estuvo en vigencia el depósito a una tasa menor a la pactada.” (folio 65 vuelto 1ª pieza). CONFIRMACION: La parte demandada, contestando la demanda A.3. Depósito entre Sucursales a Cuenta Nº 140-023-1 fechado el 2 de junio de 1998 a nombre de BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES por la suma de Lps. 656,250.00 y sobre el acápite “FIRMA DEL DEPOSITANTE” una firma que se lee “Martha I. Slagle” y en el mismo folio el Recibo extendido por SONIVAL S.A. el 2/06/1998 a favor de doña Martha I. Slagle por Lps.656,250.00 con la razón de Inversión en Expoplast a una tasa del 24% y plazo de 180 días con pagaré bursátil (folio 33 1ª pieza). A.4. Pagaré en Lempiras con fecha de ingreso: 02 de junio de 1998 / fecha de vencimiento: 02/12/98 por Lps.666,250.00 en donde EXPORTACIONES PLASTICAS S.A. DE C.V. se obliga incondicionalmente a pagar la indicada suma a la orden de MARTHA I. SLAGLE en San Pedro Sula, Cortés, en las oficinas del emisor y a una tasa de interés del 24% anual a cuyo reverso se registran dos firmas que dicen “Martha I. slagle”; Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65989 por USA $. 40,000.00 constituido, según el documento, por doña Martha I. Slagle el 1 de junio de 1998, con vencimiento el 1 de junio de 1999 y a una tasa de interés del 8% anual pagadero a favor de ella misma; Depósito a Plazo Nº 5800 por la suma de Lps. 543,200.00 constituido, según el documento, por doña Martha I. Slagle el 17 de septiembre de 1998 pagadero el 17 de septiembre de 2000 y a una tasa de interés de 23% anual (folio 32 1ª pieza) ambos documentos suman un total de Lps.1.209.450.00; y, Hoja membretada de SONIVAL S.A. contentiva de Ficha de Operación aperturando una inversión el 02 de junio de 1998 con vencimiento el 02 de diciembre de 1998 a una tasa del 24% siendo el emisor EXPOPLAST respaldándola con un Pagare, apareciendo como inversionista doña Martha Italia Slagle y por la suma de Lps.666,250.00 y en la firma del inversionista aparece la de Judy Bush de Salazar y María Elena Sosa (folio 34 1ª pieza). COMENTARIO: AQUÍ SE DESQUICIA LA RELACION BANCARIA ANTES ESTABLECIDA: EL BANCO ATLANTIDA PERMITIO QUE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SUYOS SUSTRAJERAN EL DEPOSITO A PLAZO FIJO, SIN EL CONSENTIMIENTO NI LA AUTORIZACION DE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE Y SIN HABERSE VENCIDO EL PLAZO, CAMBIAR LOS DOLARES ESTADOUNIDENSES A LEMPIRAS, APERTURAR OTRO DEPOSITO A PLAZO FIJO Y, ADEMAS, INVERTIR, EL SALDO, A TRAVES DE SONIVAL S.A., UN PUESTO DE BOLSA RELACIONADO CON EL BANCO, EN UN NEGOCIO QUE YA ESTABA EN QUIEBRA COMO FUE EXPOPLAST S.A. ESTE PUNTO, SER SONIVAL S.A. EMPRESA RELACIONADA DEL BANCO ATLANTIDA, ESTA PROBADO EN EL ACTA DE INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ ANEXADA A FOLIO 58) 1ª PIEZA DE AUTOS. b) Copia autenticada del Informe Grafístico fechado el 28 de agosto de 2002 suscrito por el señor Luís Efrén Telles Núñez visible a folios 10-12 1ª pieza, CONFIRMACION: Este Analista en Grafoscopía y Documentos Dudosos Certifica que la firma visible en el Pagaré (folio 34 1ª pieza) emitido por EXPOPLAST S.A., NO FUE HECHA POR MARTHA ITALIA SLAGLE. c) Pagaré por la suma de Lps.666,250.00 expedido el 02 de junio de 1998 por la empresa Exportadora de Plásticos S.A. de C.V. a favor de la señora Martha Italia Slagle (folio 34 1ª pieza) d) Juego de 5 Planos de Construcción de un Edificio de Apartamentos fechados en marzo de 1998. COMENTARIO: Esta prueba forma parte de la Denuncia de Vicios Procesales presentada el 29 de noviembre de 2010 ante el Ad Quem porque la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia al remitir el Expediente de la demanda para sustanciar el Recurso de Apelación, no acompaño dichos planos solamente el plano general del terreno visible a folio 174) de la 1ª pieza, documentos éstos que demuestran haber ordenado el diseño, en marzo de 1998, doña Martha Italia Slagle, para la construcción de su Edificio de Apartamentos. (folio 46 y vuelto 2ª pieza) e) Juego de 6 copias de depósitos sin libreta a la Cuenta de Ahorro Nº 6461628 aperturada a nombre de Martha Italia Slagle fechados el 30 de junio, 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre y 30 de noviembre de 1998 respectivamente, mostrando que sobre el acápite FIRMA DEL DEPOSITARIO se lee SONIVAL S.A. (folios 168 al 173 de la 1ª pieza). ESTE PUNTO LO CONFIRMO LA INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ VISIBLE A FOLIO 58) 1ª PIEZA DE AUTOS. f) Copia del Fax del 19 de enero de 2000. g) Dos copias de Depósitos entre Sucursales, pero referidos a uno solo, en la Cuenta de Cheques Nº 140-023-1 a nombre de Bolsa Centroamericana de Valores fechados el 2 de junio de 1998 con distintas cantidades consignadas en cada una de ellas, CALZANDO LA FIRMA SUPUESTAMENTE DE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE sobre el acápite FIRMA DEL DEPOSITANTE y que, en la Inspección Personal del Señor Juez en las Oficinas del Banco Atlántida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., visible a folio 76) párrafo 3º se lee: “-Cuenta de cheques Nº 140-023-1, no existe.” h) Fotocopia autenticada del testimonio de la escritura pública de compraventa celebrada entre las señoras Blanca Estela Rubio y Martha Italia Slagle autorizada en esta ciudad el 12 de septiembre de 1986 por el Notario Antonio Reyes C. e inscrita con el Número 91 Tomo CLIX del Libro Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad de esta Sección. ACREDITO: que doña Martha Italia Slagle, poseía el terreno para construir su Edificio de Apartamentos antes de depositar a plazo fijo los primeros USA $ 100,000.00 en Banco Atlántida, S.A. el 16 de febrero de 1996. i) Copia autenticada del Certificado de Depósito a Plazo Nº 65034 emitido por Banco Atlántida S.A. el 31 de julio de 1998 a favor de Doña Graciela Mejia Amzand o Grace Augenie Amzand Rynk por la suma de Lps.100,000.00 para correlacionarlo con la Inspección Personal del Señor Juez visible a folio 224) 1ª pieza de autos. ACREDITO: que además de la señora Mejía Amzand subrepticiamente, en el Banco Atlántida S.A., se consignó también como titular de ese Certificado a un tal Juan Rafael Suazo. j) Copia autenticada de la FICHA DE OPERACIÓN en papel membretado de SONIVAL S.A. firmada por María Elena Sosa fechado el 02 de junio de 1998 y venciendo el 02 de diciembre de 1998. II.- Medio de Prueba Número Dos: Confesión Judicial. NO SE EVACUO. III.- Medio de Prueba Número Tres: Inspección Personal del Señor Juez y Asociado de Perito. A) Que el Señor Juez asociado de su Secretario de Actuaciones y de Perito experto en Grafoscopía y Documentos Dudosos del Ministerio Público se constituya en las Oficinas del Banco Atlántida, S.A., para establecer en los Certificados de Depósito a Plazo Números 65985 por U.S.$.90,000.00, 65989 por U.S.$.40,000.00 y 5800 por Lps.543,200.00, Cuentas de Ahorro en Dólares Número 806572-4 y de Ahorro en Lempiras Número 646162-8; Depósito en la Cuenta de Cheques Número 140-023-1 de Bolsa Centroamericana de Valores del 2 de junio de 1998; y, los documentos que respaldan a cada uno de los citados, los extremos siguientes: 1) En la cancelación del Certificado de Depósito a Plazo No. 65985 el 1º de junio de 1998: 1.1. Verificar que la firma de la endosante del Certificado es la que usa la señora Martha Italia Slagle en todos sus actos; 1.2. Caso contrario, es decir, que no sea la firma de la demandante, comprobar la existencia de los documentos en que la señora Martha Italia Slagle haya autorizado a otra persona para hacerlo en su nombre; 1.3. Cotejar que la firma de esa autorización es la de la señora Martha Italia Slagle; y, 1.4. Examinar que los documentos originados en la cancelación del Certificado están firmados por la señora Martha Italia Slagle (endoso de cheques Nos.05279 y 05281 fechados el 01 de junio de 1998, apertura de Certificado de Depósito No.65989 por US $40,000.00 el 01 de junio de 1998) 2) En la apertura del Certificado de Depósito Número 65989 por US $40,000.00 el 1º de junio de 1998: 2.1. Verificar que la firma que calza dicho certificado es la que usa la señora Martha Italia Slagle en todos sus actos; 2.2. Caso contrario, es decir, que no sea la firma de la demandante, comprobar la existencia de los documentos con los cuales la señora Martha Italia Slagle autorizó a la persona que lo hizo en su nombre; 2.3. Cotejar que la firma de esa autorización es la de la señora Martha Italia Slagle; y, 2.4. Comprobar el destino final de dicho Certificado si aún existe o no, en caso de cancelación examinar que la firma de la endosante de ese documento pertenece a la señora Martha Italia Slagle o si es otra persona, que esta fue debidamente autorizada por la señora Slagle con el documento correspondiente. 3) En la apertura del Certificado de Depósito Número 5800 por Lps.543,200.00 emitido el 17 de septiembre de 1998: 3.1. Verificar que la firma que calza dicho certificado es la que usa Doña Martha Italia Slagle en todos sus actos; 3.2 caso contrario, es decir, que no sea la firma de la demandante, comprobar la existencia de los documentos con los cuales la señora Martha Italia Slagle autorizó a la persona que lo hizo en su nombre; 3.3. Cotejar que la firma de esa autorización es la de Doña Martha Italia Slagle; 3.4. Comprobar el destino final de dicho Certificado si aún existe o no, en caso de cancelación examinar que la firma de la endosante de ese documento pertenece a la Doña Martha Italia Slagle o si es otra persona, que esta fue debidamente autorizada por la señora Slagle con el documento correspondiente. 4) Verificar en la Cuenta de Ahorro en Dólares No. 806572-4: 4.1. El nombre y la firma de la persona que abrió la cuenta y si no es la de la Doña Martha Italia Slagle, la autorización correspondiente debidamente firmada por la demandante. 4.2. En las hojas de depósito en dicha cuenta, el nombre de la persona que ha hecho los depósitos y si se han hecho con o sin la Libreta respectiva. 5) Examinar en la Cuenta de Ahorro en Lempiras No. 646162-8: 5.1. El nombre y la firma de la persona que apertura la cuenta y si no es la de Doña Martha Italia Slagle, la autorización correspondiente debidamente firmada por la demandante. 5.2. En las hojas de depósito en dicha cuenta, el nombre y la firma de la persona que ha hecho los depósitos y si se han hecho con o sin la Libreta respectiva.. 6) Comprobar en el Certificado de Depósito No. 65034 a favor de Graciela Mejía Amzand o Grace Augenie Amzand Rink, el 31 de julio de 1998: 6.1. Que en el renglón destinado a “POR EL PRESENTE CERTIFICAMOS QUE” el espacio donde dice “GRACIELA MEJIA AMZAND o GRACE AUGENIE AMZAND RINK” esta cerrado con líneas de puntos que indican no haber otro nombre más. 6.2. Establecer que encima de los nombres de Graciela Mejía Amzand o Grace Augenie Amzand Rink se colocó con posterioridad como titular del dicho Certificado a “JUAN RAFAEL SUAZO” o sea una alteración en el documento pues dicho señor era simplemente un empleado de la señora Graciela Mejía Amzand y por este motivo lo despidió a él y canceló ese Certificado y otros con el Banco Atlántida, retirando su dinero de esa institución. 6.3. Que los intereses del Certificado en mención, sin instrucciones de Doña Graciela Mejía Amzand, los depositaba el banco Atlántida en una cuenta de ahorros a nombre de Juan Rafael Suazo. Esta prueba comienza a evacuar a folio 224) de la 1ª pieza de autos el catorce (14) de marzo de dos mil seis (2006) y concluyó con el DICTAMEN GRAFOSCOPICO del señor Luís Efrén Téllez Núñez fechado el dieciséis (16) de marzo de dos mil seis (2006) QUE CONTUNDENTEMENTE CONCLUYE que la firma que calza el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65989 por USA $40,000.00, la del Registro de firma de Cuenta de Ahorro Nº 806572-4, la del Registro de firma de Cuenta de Ahorro Nº 646162-8 y la firma del depósito en Cuenta de Cheques Nº 140-023-1 de la Bolsa Centroamericana de Valores por Lps.656,250.00 NO FUERON HECHAS POR MARTHA ITALIA SLAGLE o sea QUE SON FALSIFICADAS. B) Que el Señor Juez asociado de su Secretario de Actuaciones y de Perito experto en Grafoscopio y Documentos Dudosos, se constituya en las oficinas de la Empresa SONIVAL, CASA DE BOLSA S.A., sita en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, para comprobar en los documentos de archivo en cuanto a la inversión en la empresa Exportadora de Plásticos S.A. de C.V., Ficha de Operación aperturaza el 02 de junio de 1998 y correspondencia de archivo, los extremos siguientes: 1) Establecer los requerimientos estatuidos por Sonival S.A., en 1998 para acceder a beneficios de inversión. (adjuntar copias) 2) Verificar la documentación aportada por la empresa Exportadora de Plásticos S.A. de C.V., a Sonival S.A., en 1998, para contarse entre las empresas beneficiarias de las inversiones de ese Puesto de Bolsa del Banco Atlántida. (adjuntar copias) 3) Establecer si la señora María Elena Sosa que firmó la Ficha de Operación fechada el 02 de junio de 1998, presentó poder de la señora Martha Italia Slagle autorizándola para efectuar esa operación, en caso afirmativo, el Perito dictamine si esa firma es efectivamente de la señora Slagle (adjuntar copias) Esta prueba comienza evacuándose en Tegucigalpa, M.D.C., el 15 de marzo de 2006, constatando los extremos del Medio de Prueba de Inspección Personal, la Juez, se hizo acompañar del Perito en Grafoscopio y Documentos Dudosos para determinar la autenticidad de las firmas que calzan los documentos inspeccionados y atribuidas a doña Martha Italia Slagle y algunas de las cuales, en la fracción A) de este Medio de Prueba Número Tres, fueron consignadas por el Perito como FALSIFICADAS (folios 261 a 285 1ª pieza de autos). El Perito concluye tajantemente que la firma que calza la CARTA PODER, supuestamente otorgada por la señora Martha I. Slagle a la Licenciada Rita María Banegas S. el 17 de diciembre de 2001 NO FUE CONFECCIONADA POR MARTHA ITALIA SLAGLE, en otros términos, ES UNA FIRMA FALSIFICADA y esta firma fue autenticada por el Notario Patrick James Bennett Connor para que Rita María Banegas S., tramitara el cobro de fondos provenientes del FONDO DE LIQUIDACION Y GARANTIA. C) Que el Señor Juez asociado de su Secretaria de Actuaciones se constituya en el Barrio “La Isla”, 6ª calle, donde se proponía la señora Martha Italia Slagle construir el edificio de Apartamentos diseñado en los planos presentados en la prueba documental, solar descrito en el testimonio de la escritura pública aportado como prueba documental, los extremos siguientes: 1) Comprobar sus medidas y colindancias. 2) Verificar que no hay otra construcción en él más que la casa descrita en la escritura pública. Todos los extremos de este apartado se verificaron según consta en Acta de Inspección levantada el 15 de marzo de 2006, agregada a folio 225) de los autos de la 1ª pieza. D) Que el Señor Juez asociado de su Secretario de Actuaciones se constituya en las Oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería en esta ciudad, para constatar el Movimiento Migratorio de la señora MARTHA ITALIA SLAGLE en los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Esta prueba no pudo evacuarse porque la información requerida está en la Oficina Central en Tegucigalpa, M.D.C. Sin embargo, a folio 288) de los autos de la 1ª pieza, respondiendo Oficio del Juzgado de 1ª Instancia, la Dirección General de Migración y Extranjería hace visibles los MOVIMIENTOS MIGRATORIOS de doña MARTHA ITALIA SLAGLE comprendiendo desde el ingreso al país el 27 de diciembre de 1995 con procedencia de Estados Unidos de Norte América y saliendo el 21 de enero de 1996, ingresando nuevamente el 17 de junio de 1996 y saliendo el 29 de junio de 1996, regresando el 22 de diciembre de 1996 y saliendo el 12 de enero de 1997, ingresando el 16 de mayo de 1998 y saliendo el 01 de junio de 1998 e ingresando el 27 de junio de 1999. CONFIRMACION: ESTA PRUEBA RATIFICA LO ACREDITADO POR EL PERITAJE GRAFOSCOPICO RESPECTO DE LAS FIRMAS FALSIFICADAS, PUESTO QUE, EN LAS FECHAS QUE FUERON ESTAMPADAS EN LOS DOCUMENTOS QUE LAS CALZAN, DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE SE ENCONTRABA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. IV.- Medio de Prueba Número Cuatro: Dictamen de Perito: A) Dictamen de Arquitecto y/o Ingeniero Civil: 1) Conforme los planos aportados como prueba documental, establezca el monto de la inversión necesaria para construir el Edificio de Apartamentos, contenidos en el mismo, en el 1998, conforme a los precios de materiales, equipos y demás necesarios en una construcción de esa magnitud en ese año ( hierro, arena, grava, techo, cable eléctrico-luminarias-interruptores- panel de control-toma corriente, tuberías, bloques de concreto, cemento, madera, pisos, cielo falso, pintura, inodoros, duchas, lavamanos, lavatrastos, etc). 2) Monto de la inversión para construir ese mismo edificio a la fecha de emitir el Dictamen, establecer el diferencial económico de la inversión entre aquel año (1998) y el actual (2005). 3) Determinar, conforme a los planos de construcción y la copia de la escritura pública del terreno donde se habría construido el edificio de apartamentos, aportados como prueba documental, si el área superficial destinada a la construcción es suficiente. ACREDITADO: Esta prueba se evacuo parcialmente el 15 de mayo de 2006 por el Ingeniero Jorge Arturo Castro M., y estimo que el costo de la construcción del Edificio de Apartamentos hasta el 15 de junio de 2006 ascendía a la suma de Lps. 1.977.400.90 “PORQUE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DIAS AL PERITAJE.” (folios 294 a 296 1ª pieza de autos) B) Dictamen de Contador Público y/o Licenciado en Contaduría: NO SE EVACUO. V.- Medio de Prueba Número Cinco: Comunicación: Con las inserciones necesarias librar atenta comunicación al Señor Director General de Migración y Extranjería, para que certifique por quien corresponda el Movimiento Migratorio de la Señora Martha Italia Slagle desde el año 1995 hasta el año 1999. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Como es mi obligación en este tipo de infracciones, he determinado o singularizado en forma clara los documentos auténticos, porque no fueron impugnados por la parte contraria, aportados al proceso, además, concordante y consecuente con los referidos documentos, señalamos también como elementos de prueba, no apreciados, por el Ad-Quem censurado, las Inspecciones Personales del Señor Juez y asociado de Perito Experto en Grafoscopía y Documentos Dudosos en las fracciones A) y B) y el Dictamen Pericial rendido por el Ingeniero Jorge Arturo Castro M., nombrado de común acuerdo por las partes. LOS ELEMENTOS DE PRUEBA REFERIDOS SON CONCORDANTES ENTRE SI, SIENDO RELEVANTE SEÑALAR QUE TODOS ELLOS COINCIDEN EN QUE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE, NO RETIRO, NI PODIA HACERLO Y TAMPOCO AUTORIZO PARA QUE OTRO LO HICIERA EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION. LOS USA $ 90,000.00 QUE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN EL BANCO ATLANTIDA S.A. EL 30 DE MAYO DE 1998, A FAVOR DE ELLA MISMA, CON VENCIMIENTO EL 30 DE mayO DE 1999 Y A UNA TASA DE INTERES DEL 8% ANUAL EN CERTIFICADO DE DEPOSITO Nº 65985. ESOS ELEMENTOS ESTABLECEN, EN FORMA INCUESTIONABLE, QUE LA SUSTRACCION SE LLEVO A CABO FALSIFICANDO LA FIRMA DE DE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE Y TODAS LAS OPERACIONES BANCARIAS Y BURSTILES POSTERIORES, IGUALMENTE, SE REALIZARON FALSIFICANDO LA FIRMA DE DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE, INCLUSO, UNO DE ESOS DOCUMENTOS >LA CARTA PODER< FUE AUTENTICADA POR NOTARIO (FOLIO 280 1º PIEZA DE AUTOS), TAL AFIRMACION NO SE BASA SOLAMENTE EN EL DICTAMEN DEL PERITO CALIGRAFO SINO TAMBIEN EN QUE CONFORME AL MOVIMIENTO MIGRATORIO, DOÑA MARTHA ITALIA SLAGLE, SE ENCONTRABA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, EN TODAS LAS FECHAS QUE SE LLEVARON A CABO todas las operaciones desde vaciar el depósito hasta efectuar depósitos en cuentas. La Corte Sentenciadora aprecio que los elementos de prueba referidos conllevan la evidencia plena e inatacable de la rigurosa e indubitada certeza de los hechos pero, en lo referente al lucro cesante, estimó que el caudal probatorio es insuficiente para demostrar, puntualmente a la fecha del pronunciamiento del fallo, una prueba fresca del quantum de ese lucro cesante, incurriendo por ello en la errónea valoración de los documentos, la Inspección Personal del Señor Juez y Asociado de Perito, el Dictamen Pericial y demás medios aportados, al momento de proferir el acto de conclusión procesal que impugnamos. La infracción indirecta de la Ley se dio como consecuencia de los yerros en que incurrió la juzgadora al investigar el hecho que se cita como una de las causas de la pretensión =EL DOLO=, mediante el análisis que hizo sobre el acervo probatorio, lo que en doctrina se conoce como “error facti in indicando”, que no es más que la determinación que el juzgador hace de la situación fáctica concreta, con el propósito de subsumirla en la voluntad abstracta de la Ley y, es precisamente en esta faena, en que se da la posibilidad de incurrir en errores bien sea cuanto a la objetividad misma que las pruebas ostenten o ya en la valoración de éstas, yerros que conducen por contragolpe a violar indirectamente la ley sustantiva. En este caso estamos en presencia de la responsabilidad procedente del dolo que es exigible en todas las obligaciones y que en materia bancaria impone indefectiblemente la responsabilidad de pagar los daños y perjuicios y, que naturalmente, se contrae a indemnizar los daños y perjuicios inclusive el lucro cesante y que, el Tribunal de Alzada niega, en la parte dispositiva del fallo impugnado, desestimando el pago de la suma reclamada por concepto de lucro cesante señalada en Lps.3.000.000.00 y de Lps.30,000.00 mensuales como lucro emergente, por suponer que la parte actora aporto pruebas insuficientes para dar por acreditados esos montos, orillando de esa manera que para que el lucro cesante se pueda resarcir no basta acreditar la existencia genérica del lucro cesante sino que también debe probarse su entidad o alcance que es algo distinto a su valoración propiamente dicha. La prueba de la extensión o conceptos a los que alcanza la ganancia frustrada es la prueba de la causalidad entre los concretos conceptos que lo integran y el hecho del que se debe responder. Sería sencillo, cuando la propia naturaleza de las cosas conllevara esa prueba, pero aquí no es así, porque escapa a los parámetros de normalidad, habría que producir un peritaje cada mes para satisfacer esa prueba suficiente que exige la Corte Sentenciadora, entonces, no estando disponible, en el momento que se produce el hecho dañoso la minuta que cuantifica el lucro emergente como el lucro cesante, la prueba solo debe ser del nexo causal entre el acto doloso y el beneficio dejado de percibir. El Ad-quem no concretó su atención en valorar la prueba existente en el proceso y determinar su contenido, por eso afirmo que la infracción denunciada es un evidente desacierto del dicho Tribunal de Apelación censurado en la contemplación y valoración objetiva de la prueba respecto a culminar el razonamiento completo de los daños y perjuicios sin exclusión de ninguno de sus componentes. El recurso por infracción procesal fundamentado en el yerro de ipso, debe estar vinculado a la existencia de determinada prueba en el proceso, exigencia procesal a la que creemos haberle dado cumplimiento al haber individualizado los elementos de prueba que el Tribunal de Alzada censurado no consideró en su verdadero alcance, y como consecuencia de ello, negó el hecho de dar por acreditado que el Banco Atlántida, S.A. y Sonival S.A., ahora Sonival Casa de Bolsa S.A. le frustraron a doña Martha Italia Slagle la construcción de un Edificio de Apartamentos, diseñados en marzo de 1998, que ahora construir ese mismo Edificio requiere de Lps. 3.000.000.00 y, que no haberle construido, le privó de recibir la cantidad de Lps.30,000.00 mensuales en concepto de alquileres, error en que incurre el Ad-quem cuestionado, a pesar de existir en el juicio ordinario las pruebas idóneas que demuestran el propósito de la demandante de construir un edificio de apartamentos que proporcionara los ingresos para sustentar la vejez, senectud y muerte de ella y, que increíblemente ignoró y por eso llegó a una conclusión contraria a la realidad fáctica establecida por la prueba referida >LA OBLIGACION NACE DE LOS ACTOS ILICITOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO ATLANTIDA< y la llevó en su pronunciamiento a rechazar el petitum de lucro cesante a falta de pruebas para fijar el quantum, omitiendo, con indiferencia, que en la condena de daños y perjuicios, hay una senda amplia de establecer, en la sentencia, bases con arreglo a las cuales deba fijarse la cantidad liquida o condenar, a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia, el Legislador impuso la obligación de NO ELUDIR EL TRIBUNAL DE ALZADA CONDENAR TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CONOCIDAMENTE SE DERIVEN DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. SEGUNDO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de errónea aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba >Artículo 720 del CPC. EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1...2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo<. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: Los Artículos 90 1er párrafo de la Constitución de la República, 1495 del Código Civil, 190 1er. párrafo, 191 cuanto a los daños y perjuicios, 320 preámbulo y numerales 1), 2), 4) y 5) del Código de Procedimientos Civiles en relación a los Artículos 961 del Código de Comercio, 29 de la Ley de Instrucciones del Sistema Financiero y 1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil, los que literalmente dicen: “Artículo 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...”, “Artículo 1495.- Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone.”, “Artículo 190.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate...”, “Artículo 191.- Cuando Hubiere condena de..., daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia.”, “Artículo 320.- Los medios de prueba de que pueden hacerse uso en juicio, son: 1) Instrumentos públicos. 2) Instrumentos privados. 3)...4) Inspección personal del Juez. 5) Dictamen de peritos. 6)...7)...”, “Artículo 961.- Las instituciones depositarias que devuelvan un depósito a la persona a cuyo nombre haya sido abierta la cuenta, o por su orden, quedarán liberadas de toda responsabilidad, independientemente de las condiciones de capacidad de dicha persona, salvo el caso de mandamiento judicial.” “Artículo 29.- Todo acto, resolución u omisión de parte de los consejeros o directores, funcionarios y empleados de las instituciones del Sistema Financiero que contravenga disposiciones legales o reglamentarias y que cause perjuicio a la institución o a terceros, los hará incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios que hubieren causado.”, “Artículo 1365.- La indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” Y “Artículo 1366.-...En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.” CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: El planteamiento de la demanda es claro y no deja lugar a dudas que se trata de un acto de empleados o funcionarios de Banco Atlántida S.A., que retiraron del Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 los USA $ 90,000.00 que apertura doña Martha Italia Slagle el 30 de mayo de 1998, en La Ceiba, a una tasa del 8% anual y con vencimiento el 30 de mayo de 1999. Tampoco hay dudas que para retirar esos fondos, los funcionarios o empleados del Banco Atlántida, S.A., falsificaron la firma de doña Martha Italia Slagle y no sólo para eso sino que para todos los demás actos coetáneos que implicaron aperturar otro depósito a plazo, carta-poder para retirar fondos de una Institución del Estado, depósitos, etc., y que por consiguiente, se trata de un acto doloso en que el deudor responde de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Igualmente es claro que el Banco Atlántida S.A., sin desconocer el acto doloso, se ha negado a cumplir con sus obligaciones, como salta a la vista de la contestación a la demanda y del uso de medios de prueba originados en el ilícito. Ese planteamiento fáctico, está respaldado por pruebas suficientes e indubitables de documentos públicos, documentos privados, inspección personal del Señor Juez asociado de Perito y de Dictamen Pericial, pruebas que según el Ad-quem se acreditan el daño, es decir, el dolo como resulta, en lo conducente, del Considerando Séptimo, cito: “..., sin embargo en descrédito de esta prueba, la demandante estableció que durante las fechas en que emiten esos documentos no se encontraba dentro del territorio hondureño, para que pudiese autorizar esas operaciones bancarias relacionadas...”, igualmente en lo conducente del Considerando Octavo, cito: “Que la pretensión probatoria de la demandante con la pericia del señor Efrén Téllez Núñez era establecer y efectivamente así quedo probado, que en el contrato privado en que los demandados argumentan se origina el mandato expreso otorgado a ellos por la demandante, identificados a folios 141 al 143 (también a folios 269 al 271) de la primera pieza, la firma que calza este documento como Martha Italia Slagle, no es la de la señora Slagle, esta pericia bota la pretensión probatoria de la parte demandada de la existencia de un consentimiento expreso de la demandante para que se hicieran todas las operaciones bancarias relacionadas en esos medios probatorios...”, así también en lo conducente del Considerando Noveno, cito: “Que perdida toda validez jurídica del contrato privado en relación, no encontramos sustento alguno, para dar por acreditado la existencia de un mandato expreso, por parte de la señora Martha Italia Slagle, a favor de las sociedades demandadas para que estuviesen legitimadas a realizar las transacciones ya relacionadas a nombre de la demandante...” El Artículo 1495 del Código de Procedimientos Civiles prescribe que la carga de la prueba de las obligaciones le incumbe al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone, en los fundamentos jurídicos parcialmente citados queda suficientemente demostrado que las pruebas de la parte actora son contundentes, no hay ni la menor duda, que hubo dolo y tampoco jurídicamente queda duda que en este caso se DEBEN PAGAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS (Artículo 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y Artículo 1366 párrafo 2º del Código Civil) y es aquí donde el Tribunal de Alzada se aparta del concepto doctrinario y jurídico del perjuicio reflejado en el lucro cesante para recargar a la actora imputándole que no probó los Lps. 3.000.000.00 que representa ahora construir un Edificio de diez apartamentos, sin embargo, reconoce probado que al 12 de junio de 2006 esa construcción costaba Lps.1.977.400.00 porque el Perito, Ingeniero Jorge Arturo Castro M., sostiene en su Dictamen que los precios que manejo se sostenían hasta el 12 de junio de 2006 (ver folios 294, 295 y 2966 1ª pieza), es decir, HACE MAS DE CUATRO AÑOS. Por otra parte, la misma Ley establece la salida de estos casos, el Artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles prevé dos cauces para que SE FIJE EL IMPORTE LIQUIDO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, es decir, que el quantum no es óbice a la condena de esos conceptos si están probados en juicio, en este caso, no puede materializarse un peritaje cada treinta días que es más o menos el período de fluctuación de los precios de los materiales de construcción y tener una versión actual del lucro cesante, de manera que lo importante, preciso y atinente aquí es que esta probado puntualmente que doña Martha Italia Slagle depositó su dinero Banco Atlántida S.A. y que fue sustraído dolosamente; que por ese motivo no pudo construir el edificio de apartamentos que diseñó en marzo de 1998; y, que tampoco percibió las rentas que esperaba recibir de esos apartamentos. El Artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República prescribe lo que se denomina DEBIDO PROCESO y que según el jurista PIERO CALAMANDREI que, a ese respecto, nos dejó una sabia enseñanza, dice: “El Estado asume el monopolio y la responsabilidad de la resolución judicial, no obstante que proviene del razonamiento humano y, por tanto, la justicia es producto de la razón, pero de una razón oficial garantizada por el Estado.- Por este motivo, el Estado ha sentido la necesidad de fijar, a través de un sistema de reglas obligatorias (el corpus de las cuales constituye precisamente el derecho procesal), las fases y los mecanismos de la técnica judicial. LO QUE NO SUCEDIÓ EN ESTE CASO. En la forma explicada, el Tribunal recurrido viola la Ley por la errónea aplicación de las reglas de distribución de la carga de la prueba. TERCER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de no contener la sentencia declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes >Artículo 720 del CPC. EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1...2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.< DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: El Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en su totalidad, que literalmente dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción lo explico así: El petitum de la demanda es taxativo planteando aquello sobre lo cual debía pronunciarse el órgano judicial y que se especifico así, cito: “...condenando a las demandadas a pagar a quien me apodera la suma de Lps.656,250.00, más los intereses pactados, la suma de Lps.3.000.000.00 como lucro cesante y Lps.30,000.00 mensuales desde enero de 1999 como lucro emergente, en concepto de daños y perjuicios, diferencial de cambio de dólares estadounidenses a lempiras y las costas del juicio...” (fin de la cita) La demandada en la contestación a la demanda visible a folios 125) al 128) de la 1ª pieza de autos, reconoce plenamente que el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65356 por USA $90,000.00 aperturado por la señora Martha Italia Slagle el 7 de agosto de 1997 con vencimiento el 7 de agosto de 1998 y a una tasa de interés del 7% anual (ver folios 65 y 239 1ª pieza de autos) FUE SUSTITUIDO por el Certificado de Depósito 65985 por USA $ 90,000.00 que por un “lapsus” el apoderado demandado dice haber sucedido el 1º de junio de 1998 pero los documentos visibles a folios 232) y 251) 1ª pieza de autos, demuestran haberse emitido el 30 de mayo de 1998 con vigencia hasta el 30 de mayo de 1999 y a una tasa de interés del 8% anual; y, el Perito en Grafoscopía dice en su Dictamen que la firma de este documento es de doña Martha Italia Slagle (folios 248 al 251 1ª pieza de autos), lo ratifica el acta de la prueba de Inspección Personal del Señor Juez de la parte demandada (folio 223 1ª pieza) y el acta de la prueba de Inspección Personal del Señor Juez de la parte actora (folio 224 1ª pieza de autos). El Tribunal de Apelación identifica plenamente en la sentencia censurada (CONSIDERANDO Nº 12) que una de las pretensiones de la demandante y así lo probó en juicio, es que se le pague el interés pactado del 8% anual conforme al Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 fechado el 30 de mayo de 1998 por la suma de USA $ 90,000.00 y, correctamente aplica el Artículo 1368 del Código Civil en cuanto a que los intereses vencidos devenguen el interés legal desde que son judicialmente reclamados; pero, en la parte dispositiva de la sentencia no contiene declaración sobre la pretensión del pago de los intereses pactados oportunamente deducida por la parte actora, divorciando de esa manera la relación que debe existir entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia porque claramente quedo excluida esa pretensión abundantemente probada en juicio, violando el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles por la causal indicada. Doña Martha Italia Slagle tiene pleno derecho a que se le paguen los intereses pactados al 8% anual en el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 fechado el 30 de mayo de 1998 y, que se le paguen, sobre los intereses vencidos, el interés legal desde que fueron reclamados judicialmente, por la falta de decisión o pronunciamiento sobre ese derecho oportunamente reclamado. CUARTO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes >Artículo 720 del CPC. EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1...2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.<. DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: El Artículo 190 1er. párrafo del Código de Procedimientos Civiles que literalmente dice: “ Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate...” CONCEPTO Y DETALLES DE LA INFRACCION: La parte actora en el planteamiento de su petitum es taxativa exponiendo aquello sobre lo cual debía pronunciarse el órgano judicial y que se especificó así, cito: “...condenando a las demandadas a pagar a quien me apodera la suma de Lps.656,250.00, más los intereses pactados, la suma de Lps.3.000.000.00 como lucro cesante y Lps.30,000.00 mensuales desde enero de 1999 como lucro emergente, en concepto de daños y perjuicios, diferencial de cambio de dólares estadounidenses a lempiras y las costas del juicio...” (fin de la cita) La demandada, en la contestación a la demanda, visible a folios 125) al 128) de la 1ª pieza de autos, reconoce plenamente que el Certificado de Depósito 65985 por USA $ 90.000.00 visible a folios 232) y 251) 1ª pieza de autos, fue emitido el 30 de mayo de 1998 con vigencia hasta el 30 de mayo de 1999 y a una tasa de interés del 8% anual; y, el Perito en Grafoscopía dice en su Dictamen que la firma que calza este documento es de doña Martha Italia Slagle (folios 248 al 251 1ª pieza de autos), lo ratifica el acta de la prueba de Inspección Personal del Señor Juez de la parte demandada (folio 223 1ª pieza) y el acta de la prueba de Inspección Personal del Señor Juez de la parte actora (folio 224 1ª pieza de autos). (Ver folios 65 y 239 1ª pieza de autos) El Tribunal de Apelación identifica plenamente en la sentencia censurada (CONSIDERANDO Nº 12) que una de las pretensiones de la demandante y así lo probó en juicio, es que se le pague el interés pactado del 8% anual conforme al Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 por la suma de USA $90,000.00, desde el 30 de mayo de 1998 inclusive y, correctamente aplica el Artículo 1368 del Código Civil en cuanto a que los intereses vencidos devenguen el interés legal desde que son judicialmente reclamados; más no sucede lo mismo en cuanto al diferencial de cambio de los dólares a lempiras a la fecha de ejecución del fallo que la Corte recurrida omite referirse a esa pretensión aunque es reconocido por la misma parte demandada que el depósito a plazo era en dólares estadounidenses y, está probado en autos, que su dueña no ha efectuado el retiro de esos fondos; pero, en la parte dispositiva de la sentencia no contiene declaración sobre la pretensión del pago de los intereses pactados al 8% anual y sobre el pago del diferencial de cambio de los dólares estadounidenses a lempiras, oportunamente deducidas por la parte actora y aceptadas por la parte demandada, discrepando de esa manera con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el juicio y el fallo de la sentencia, porque claramente quedaron excluidas esas pretensiones abundantemente probadas y reconocidas en juicio, respectivamente, habiendo reconocido la sentenciadora en el corpus del pronunciamiento los intereses, desaviniendo por ello las pretensiones y el fallo que condena, violando, por eso, el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles por la causal indicada, cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. Doña Martha Italia Slagle tiene pleno derecho a que se le paguen los intereses pactados en el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 fechado el 30 de mayo de 1998 y, que se le paguen, sobre los intereses vencidos, el interés legal desde que fueron reclamados judicialmente e igualmente al pago del diferencial de cambio de los dólares a lempiras, que se le niegan por la falta de decisión o pronunciamiento, del Tribunal recurrido, sobre esos derechos oportunamente reclamados y no discutidos en el juicio porque la parte contraria los acepto. QUINTO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de contener el fallo disposiciones contradictorias >Artículo 720 del CPC. EXCLUSION DE LA REVISION PROBATORIA EN CASACION. 1...2. Sin embargo, y dentro del literal c) del numeral 1 del artículo anterior, se podrá solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo.< DISPOSICION LEGAL INFRINGIDA: El Artículo 190 ambos párrafos del Código de Procedimientos Civiles que literalmente dice: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” El vicio de contradicción denunciable es, que hay una notoria incompatibilidad entre el pronunciamiento del fallo cuando en su parte expositiva indica y hace suyo, porque no consta en juicio, que el objeto del proceso es que LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS SE DERIVAN DE LA LEY de lo cual se desprende que resuelva no conceder el pago del Lucro Cesante ni en Lps.3.000.000.00 ni menos y tampoco establece las bases con arreglo a las cuales deba hacerse esa liquidación o hacer la condena a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia; pero, seguidamente, hace suya la afirmación que se encuentra acreditada en autos ( CONSIDERANDOS Nº 7 Y 8), que la demandante no se encontraba en Honduras durante las fechas en que se emitieron todos los documentos impugnados de falsedad y que no existió el consentimiento expreso ni tácito de la demandante para que se hicieran las operaciones bancarias denunciadas falsificando su firma; por ende, los funcionarios y empleados del Banco Atlántida, S.A., no podían sustraer los USA $ 90,000.00 del Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985, hacer inversiones en Bolsa de Valores, aperturar depósitos a plazo fijo, otorgar carta poder, hacer depósitos en cuentas de ahorro y cheques y aceptar pagaré, porque el Banco no es el dueño de la moneda extranjera depositada solamente es una Institución Financiera depositaria de esos dólares, la dueña es doña Martha Italia Slagle. Que la misma sentencia impugnada reconoce el hecho que hay dolo en los actos de los funcionarios y empleados del Banco Atlántida en las operaciones bancarias antes relacionadas, aunque escabulle llamarlas dolosas y luego que doña Martha Italia Slagle no tiene derecho al Lucro Cesante porque no probó el monto de Lps.3.000.000.00 en ese concepto y entre los pronunciamientos del fallo declara “FALLA: Primero: Declarar Parcialmente Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto...” confirmando la orden de pagar la suma de Lps.656,250.00 más el interés legal y reforma la sentencia recurrida revocándola cuanto al pago del Lucro Cesante aplicando artículos que no son acordes al pronunciamiento, lo que produce dudas respecto a un criterio lógico y conforme al buen sentido o de la ley, defecto éste, que incide en el fallo recurrido, porque es sabido que la premisa obligada de la condenación debe ser conforme a las pretensiones deducidas por los litigantes y lo que se encuentra probado en juicio, en este fallo es todo lo contrario, se declara que las pruebas de la parte demandada fueron todas desvirtuadas por prueba pericial e inspeccional de la parte actora, admite como probado en juicio que hubo falsificación de firmas en todos los documentos usados por Banco Atlántida en el manejo del Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 desde el 1º de junio de 1998, pero, reconociendo los actos dolosos, no condena el pago del Lucro Cesante aunque el Artículo 1366 en su párrafo 2º del Código Civil categóricamente disponga que EL BANCO ATLANTIDA S.A. RESPONDE DE TODOS LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CONOCIDAMENTE SE DERIVEN DE LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION. En autos consta que la parte actora aportó juego de cinco planos de construcción de un edificio de apartamentos fechados en marzo de 1998 y sin embargo esos documentos no están anexados a los autos y se hizo la denuncia oportunamente de la ausencia de los mismos, por tanto, si estaba probado el destino de los noventa mil dólares aunque no se acreditó el valor de la obra en 1998, porque para los efectos del fallo de segunda instancia, basta cuanto costaba la obra en 2006 para acreditar que no era igual al de 1998 y, por consiguiente, distinto al valor de la misma obra en 2010 en que se dicta el fallo. Es de hacer notar al Tribunal de Apelación que la Ley ha concebido el tramite de un juicio ordinario no para diez años y he allí las distancias entre el lucro cesante en 1998, en 2006 y en 2010. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION. PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación por aplicación indebida de la Ley. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 1347 del Código Civil, que literalmente dice: “Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente libro.” CONCEPTO DE LA INFRACCION: Este artículo ha sido infringido en su totalidad, por aplicación indebida, puesto que doña Martha Italia Slagle en su demanda no ha promovido juicio fundada en que la obligación reclamada nace de la Ley sino que la fuente primigenia de su demanda son los actos y omisiones dolosos de funcionarios y empleados del Banco Atlántida, S.A., que contraviniendo disposiciones legales y reglamentarias retiraron los fondos que ella depositó el 30 de mayo de 1998 en el Certificado a Plazo Fijo Nº 65985 por la suma de USA $ 90,000.00 y, que posteriormente, en el segundo período de pruebas, evacuando el Medio de Prueba Número Tres: Inspección Personal del Señor Juez y Asociado de Perito >experto en Grafoscopía y Documentos Dudosos<, en sus fracciones A), B) (folios 224/248-258/259-286 1ª pieza de autos)) y D) (folios 288/289 1ª pieza de autos) se estableció, lo que en los hechos 2º), 3º), 4º y 5º de la demanda afirmó la parte actora en su demanda, que tales actos y omisiones se expeditaron falsificando la firma de la demandante, incluso hay una Carta-Poder autenticada por Notario, comprobándose que efectivamente se trató de dolo y, por consiguiente, en estos casos, el culpable queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y, la responsabilidad del dolo, es exigible en todas las obligaciones y responde el deudor de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. También se demandó porque el Banco Atlántida S.A. y Sonival S.A. ahora Sonival Casa de Bolsa S.A., escondieron estos hechos e incluso pretendieron justificar esos actos y omisiones habían sido autorizados por doña Martha Italia Slagle, así resulta de la contestación a la demanda y de las pruebas propuestas donde usaron hasta de documentos falsificados. El Artículo 1347 del Código Civil, no tiene ninguna relación con lo debatido en juicio y ha sido infringido en su totalidad, puesto que, el fallo recurrido en su parte expositiva, que no puede considerarse aislada de la parte dispositiva porque forman un solo cuerpo, estima el Tribunal de Alzada en el “CONSIDERANDO 11” que no concede “...la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, que se llama lucro cesante;..., en base al principio de APORTACION DE PRUEBA, la actora aporto prueba para acreditar el lucro cesante sin embargo la misma no es suficiente para dar por acreditados los montos de Tres Millones de lempiras y de Treinta Mil Lempiras, porque en su demanda relata que para enero de 1999, la obra ya hubiese estado construida si no se hubiese extraviado el dinero en dólares depositado en la Institución Bancaria relacionada, pero no aporta pericia que lleve a determinar que para 19998-1999 había presupuestado esa construcción, que ese valor por la inflación se elevó para 2006 en el presupuesto presentado por el Ingeniero Castro,...” y sigue “...de la prueba analizada no encontramos ninguno sustento para poder hacer esas inferencias;...” redondeando, la aplicación indebida del Artículo 1347 del Código Civil, suponiendo en su tesis que la obligación reclamada, se deriva de la Ley, cuando en realidad la obligación reclamada está basada y sustentada en el dolo, cuando por él se vació el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 por USA $ 90,000.00 a una tasa del 8% anual y con vencimiento el 30 de mayo de 1999, dolo que impone la obligación de pagar los daños y perjuicios pues no se concibe que se haya demostrado el acto doloso y el responsable escape a la responsabilidad. Concluimos que el Tribunal de Apelación, al invocar para la decisión del pleito normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida, ha violado la Ley por aplicación indebida del Artículo 1347 del Código Civil. SEGUNDO MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 719.2 del Código Civil por otorgar el fallo menos de lo pedido. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículo 190 primer párrafo del Código de Procedimientos Comunes en relación con los Artículos 1360, 1361, 1366, 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil; 320 preámbulo y numerales 4) y 5), 352, 354, 357 ordinal 1) y 370 del Código de Procedimientos Civiles; y, 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, que literalmente dicen: “Artículo 190.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate...” “Artículo 1360.- Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.” “Artículo 1361.- La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de la acción para hacerla efectiva es nula.” “Artículo 1366.- Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.” “Artículo 1495.- Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone.” “Artículo 1496.- Las pruebas pueden hacerse por instrumentos, por confesión, por inspección personal del Juez, por peritos, por testigos y por presunciones.” “Artículo 1522.- La prueba de inspección personal del Juez sólo será eficaz en cuanto claramente permita al Tribunal apreciar, por las exterioridades de la cosa inspeccionada, el hecho que trate de averiguar.” “Artículo 1524.- Sólo se podrá utilizar este medio de prueba, cuando para apreciar los hechos sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos.” “El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones del Código de Procedimientos.” “Artículo 320.- Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio, son: 1)...2)...3)...4) Inspección personal del Juez. 5) Dictamen de peritos. 6)...7)...” “Artículo 352.- Cuando para el esclarecimiento y apreciación de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mismo algún sitio o la cosa litigiosa, se decretará el reconocimiento judicial a instancia de cualquiera de las partes.” “Artículo 354.- Cuando se acuerde el reconocimiento judicial y el pericial de una misma cosa, se practicaran simultáneamente estos medios de prueba, conforme a las reglas establecidas para cada uno de ellos.” “Artículo 357.- Deberá también oírse el dictamen de peritos siempre que alguna de las partes lo pida y se trate: 1) Sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesitan conocimientos especiales de algún arte, profesión o industria. 2)...” “Artículo 370.- Los Tribunales apreciarán la fuerza probatoria del juicio o dictamen de los peritos, en conformidad a las reglas de la sana crítica.” Y “Artículo 29.- “Artículo 29.- Todo acto, resolución u omisión de parte de los consejeros o directores, funcionarios y empleados de las instituciones del Sistema Financiero que contravenga disposiciones legales o reglamentarias y que cause perjuicio a la institución o a terceros, los hará incurrir en responsabilidad por los daños y perjuicios que hubieren causado.” CONCEPTO DE LA INFRACCION: La demandante fundó su demanda en las situaciones puntuales, como hechos controvertidos, los siguientes: 1) El 30 de mayo de 1998 doña Martha Italia Slagle apertura el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 por la suma de USA $ 90,000.00 con vencimiento el 30 de mayo de 1999 y viajó el 1º de junio de 1998 a Miami, Florida, Estados Unidos de Norte América. 1.1) El 1º de junio de 1998, sin autorización ni conocimiento de doña Martha Italia Slagle se vació el Certificado de Depósito antes relacionado, los Dólares se cambiaron a Lempiras, los Lempiras se invirtieron, una parte en la Bolsa de Valores de una empresa relacionada del Banco Atlántida S.A. y ésta en la empresa Exportadora de Plásticos S.A. de C.V. 1.2) El 17 de septiembre de 1998 doña Martha Italia Slagle se entera que los dólares de su Depósito a Plazo Fijo Nº 65985 han desaparecido, ningún personero del Banco Atlántida S.A., le da alguna explicación y al reclamarles, alguien de la Institución Financiera abusiva, en esa misma fecha, sin conocimiento, sin la autorización y consentimiento de la demandante, apertura el depósito a Plazo Nº 5800 por Lps.543,200.00 con vencimiento el 17 de septiembre del año 2000 y a una tasa del 23% anual pagadero mensualmente, dinero éste, que hasta esa fecha y desde el 1º de junio de 1998, se desconocía en que manos estaba. 1.3) Intensificando su reclamo, doña Martha Italia Slagle descubrió que la suma de Lps.656,250.00 de su dinero, alguien de Banco Atlántida, S.A., el 02 de junio de 1998 lo depositó en la Cuenta de Cheques Nº 140-023-1 a nombre de Bolsa Centroamericana de Valores. En la misma fecha, el 17 de septiembre de 1998, aparece un Pagare fechado el 02 de junio de 1998 por la suma de Lps. 666,250.00 emitido por la empresa Exportaciones Plásticas S.A. de C.V. a favor de doña Martha Italia Slagle con vencimiento el 02 de diciembre de 1998 suscrito por el representante de dicha empresa y en su parte inferior se lee: Puesto de Bolsa Emisor: SONIVAL; y, al reverso calza una firma que dice “Martha I. Slagle” en dos lugares distintos de esa página del documento y, al respecto, un experto en Grafoscopía certificó que dichas firmas no pertenecen a doña Martha Italia Slagle y se acompaño con la demanda ese Dictamen. 1.4) El Banco Atlántida S.A., se negó rotundamente a cumplir con la obligación de reintegrar los USA $ 90,000.00 y reactivar el Certificado de Depósito a Plazo Fijo Nº 65985, entonces, doña Martha Italia Slagle, acudió a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el 30 de enero de 2002, denunciando dicha Institución Financiera por el retiro de fondos de una cuenta de depósito a plazo fijo suya, sin autorización ni conocimiento de su titular, la que fue declarada sin lugar en Resolución Nº 254-26-03-2002, fundándose La Comisión en que doña Martha Italia Slagle tenía conocimiento y participó en las transacciones realizadas con su depósito a plazo, que coligió más por los descargos formulados por Banco Atlántida que por la cuasinvestigación que realizó y después la misma Comisión declaró sin lugar el Recurso de Reposición. 1.5) Finalmente, con los Dictámenes del Perito visibles a folios del 248 al 250 y del 281 al 283 de la primera pieza de autos, se corroboró lo que se afirmó en la demanda, que los actos de los funcionarios y empleados del Banco Atlántida, S.A., para sustraer los fondos del Depósito a Plazo Fijo en Dólares Nº 65985, fueron dolosos, porque para su ejecución se falsificó la firma de doña Martha Italia Slagle que calzan los documentos de depósito en cuentas de cheques y Alzada el dieciséis de noviembre del año dos mil diez; se entregue la copia acompañada a la parte contraria, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles pueda pronunciarse sobre el contenido del Recurso;...”

NOVENO: Que el Abogado PATRICK JAMES BENNETT CONNOR plantea el presente recurso de casación en dos motivos contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la siguiente manera: MOTIVOS DE CASACION. Siendo como así lo es que el Recurso de Casación tiene como finalidad la protección de las normas del ordenamiento jurídico, procurando y promoviendo la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo en la solución de los conflictos intersubjetivos de intereses, ocurro a través de Vos para que en su momento procesal la Honorable Corte Suprema de Justicia en irrestricta aplicación de la normativa, case la sentencia hoy impugnada por adolecer, específicamente en su ordinal SEGUNDO letra a) de su parte dispositiva, de defectos que singularizaré en los motivos de casación que a continuación desarrollo: PRIMER MOTIVO. Contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión. Este motivo o causal de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) letra b) del Código Procesal Civil, que posibilitan como lícito el impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción, en casos como el presente, produce indefensión. Expresión de las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo. A continuación paso a detallar las normas jurídicas de orden nacional violadas en la sentencia del 16 de noviembre de 2010: a) Artículo 1889 del Código Civil, en cuya parte conducente de su texto expresa: “El mandato puede ser expreso o tácito… … …- La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida ésta última de los actos del mandatario”. b) Artículo 13 del Código Procesal Civil que dispone: “El Juez ha de valorar la prueba de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido”. c) Artículo 245 numeral 1) del Código Procesal Civil, que expresa: “La valoración de la prueba en el proceso civil por el Tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que éste Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca”. d) Artículo 271 numeral 6) del Código Procesal Civil, dispone: “Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso... 6) Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las administraciones públicas o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de los órganos en que ejercen sus funciones”. e) Artículo 272 numeral 1) del Código Procesal Civil, establece: “Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el Artículo siguiente (el 273) si se aportaren al proceso en original o por testimonio, copia fotostática autenticada o certificación fehaciente o sí, habiendo sido aportado por copia simple, no se hubiere impugnado su autenticidad”. f) Finalmente, el Artículo 273 del Código Procesal Civil al regular la fuerza probatoria de los documentos públicos, imperativamente en su numeral 1) expresa que “los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, de lugar y de la fecha de este y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el”. He citado, Honorable Corte, las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación, especificando las que propiamente fueron violadas en la sentencia hoy impugnada y que, reitero, el Artículo 1889 en sus párrafos primero y tercero del Código Civil, en relación con los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 también numeral 1), todos del Código Procesal Civil, que le ordenaban a la Corte hoy recurrida, apreciar en todo lo que vale el medio probatorio documental propuesto por las demandadas y toral a los efectos de la litis, cual es la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que desestimó en sede administrativa el reclamo que hoy judicialmente plantea la demandante; Resolución en cuyo Tercer Considerando categóricamente expresa que del análisis de la documentación acompañada, los descargos formulados por Banco Atlántida, S.A. e investigación realizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se concluye que la señora MARTHA ITALIA SLAGLE “tenía conocimiento y participó en las transacciones realizadas con su depósito a plazo”. Corolario de lo anterior, arribamos a la conclusión que además de las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, que son las que se deben tener en cuenta por el Juzgador al momento de dictar sentencia, existen pruebas tasadas o tarifadas a las que los Jueces devienen obligados a darles el valor que el ordenamiento civil adjetivo les atribuye; tales pruebas son las que consisten en documentos públicos en cuyo concepto se refunde o subsume la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a la cual, por virtud de lo dispuesto en los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 numeral 1), todos del Código Procesal Civil, la Corte sentenciadora le debió dar el crédito y valoración que como documento público le corresponde. Censuro entonces la sentencia del 16 de noviembre de 2010, no sólo en la falta de motivación fáctica, sino en la violación por parte de la Corte sentenciadora de las garantías procesales que atienden al rigor juris de la mencionada prueba tasada o tarifada, luego de haber dejado de valorar y consecuentemente aplicar al caso concreto la Resolución 254/26-03-2002 emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Toda sentencia, Honorable Corte, es un silogismo, donde la premisa mayor es la demanda, la premisa menor es la contestación a la demanda y la conclusión es la sentencia, última ésta, que debe ser clara, precisa y congruente con las pretensiones deducidas por las partes, resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de controversia.- Pero si en casos como el presente, la Corte de Apelaciones parte de una premisa falsa que es la contenida en su Considerando (9), al estimar que no encuentra sustento alguno para dar por acreditado la existencia de un mandato entre la hoy demandante y las reclamadas, todo con motivo de hacer caso omiso de la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, es indiscutible que tuvo que arribar como en efecto arribó a una conclusión falsa, cual es, la ilegal, arbitraria e injusta orden de pago en contra de las demandadas de L656,250.00 más intereses. Se señala y puntualiza en que consistió la violación de las normas invocadas por parte de la Corte de Apelaciones: La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, en el Considerando (3) de su sentencia cita incorrectamente el medio de prueba documental propuesto por las demandadas al referirse al mismo como Resolución 2511126-03-2002, siendo lo correcto Resolución 254/26-03-2002 y consecuencia de ello, en el Considerando (9) de su sentencia, yerra al expresar: “Que perdida toda validez jurídica del contrato privado en relación, no encontramos sustento alguno, para dar por acreditado la existencia de un mandato expreso, por parte de la señora Martha Italia Slagle, a favor de las sociedades demandadas para que estuviesen legitimadas a realizar las transacciones ya relacionadas a nombre de la demandante, por ende es procedente el reclamo de las cantidades de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (LPS.656,250.00) más los intereses pactados, porque se probó que ni previa ni durante estos actos había otorgado su consentimiento para las operaciones bursátiles que se efectuaron a través de la Bolsa de Valores precitada, como tampoco se ha acreditado que por algún medio haya llegado a su conocimiento la existencia de esas transacciones, para inferir de allí la existencia de un mandato tácito de acuerdo a los argumentos del recurrente, cuando nos invoca el Artículo 1889 del Código Civil.- Es importante reseñar que debemos entender como agravios aquellos razonamientos relacionados con las circunstancias de hecho o de derecho, que tienden a demostrar y puntualizar la violación o inexacta violación de la ley que se materialicen en una ausencia de tutela judicial efectiva, lo cual parcialmente encontramos en la sentencia recurrida”. Concepto de la infracción. Contrario a lo que la Corte de Apelaciones sostiene en el Considerando (9) de su sentencia, que estima no encontrar sustento alguno para dar por acreditada la existencia de un mandato entre la hoy demandante y las reclamadas, yo puedo afirmar que sí hay sustento para tener por acreditado la existencia de un mandato entre la hoy demandante y las demandadas; mandato tácito debidamente acreditado con la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es un documento público que hace plena prueba del hecho que motivó su otorgamiento y de cuyo texto resalta la existencia de un mandato tácito.- Léase el tercer Considerando de esa Resolución 254/26-03-2002 que categóricamente expresa que del análisis de la documentación acompañada, los descargos formulados por Banco Atlántida, S.A. e investigación realizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, se concluye que la señora MARTHA ITALIA SLAGLE “tenía conocimiento y participó en las transacciones realizadas con su depósito a plazo”. Es claro entonces, que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, al infringir las normas (Artículo 1889 en sus párrafos primero y tercero del Código Civil, en relación con los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 también numeral 1), todos del Código Procesal Civil), relacionadas con la valoración de la prueba documental consistente en la Resolución 254/26-03-2002, se autocondujo a confirmar la orden de pago de L656,250.00 más los intereses legales a favor de la parte demandante, contrariando el sustratum de ese medio de prueba documental. La infracción de la Corte, deriva del hecho que al haber dejado de valorar esa Resolución 254/26-03-2002, en tanto documento público que es, violó las normas citadas, y siendo como así lo es, que como así lo dejó establecido la Comisión Nacional de Bancos y Seguros al concluir que la señora MARTHA ITALIA SLAGLE tenía conocimiento y participó en las transacciones efectuadas con su depósito a plazo, es visto que en el caso de auto nos encontramos ante un mandato tácito que la hoy reclamante concedió a las hoy reclamadas, respecto del manejo de los fondos de su depósito. Incidencia de la infracción en el sentido de la Resolución impugnada. La infracción censurada, esto es, el no haber valorado como documento público que es la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, influyó determinantemente en el sentido de la sentencia hoy impugnada, de tal manera que si la hubiere apreciado, como estaba obligada a hacerlo, como prueba tasada que es y con base en las normas de valoración de la prueba, habría arribado a otra conclusión y no a la errada de emitir un fallo de condena por L656,250.00 más intereses. Por ello, preciso y justifico la incidencia de tal infracción en el sentido de la Resolución impugnada, al expresaros que la Corte sentenciadora para arribar a la conclusión que llegó en el ordinal Segundo letra a) de la parte dispositiva de su sentencia, la sustentó en el Considerando (9) de la misma antes transcrito, desmereciendo con ello el crédito que la normativa le atribuye a la Resolución 254/26-03-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es un documento público.- Es lógico que al hacer equivocadamente la apreciación que hizo en su Considerando (9) y por ende no darle a esa Resolución 254/26-03-2002 el valor jurídico que como prueba tasada le corresponde, violó los Artículos 13, 245 numeral 1), 271 numeral 6), 272 numeral 1) y 273 numeral 1) del Código Procesal Civil en relación con el Artículo 1889 del Código Civil en sus párrafos primeros y tercero; incidiendo tal infracción en el sentido apuntado de la resolución impugnada, al obligar, erróneamente, a que las demandadas paguen L656,250.00. SEGUNDO MOTIVO. Contener la Sentencia violación por falta de aplicación al caso concreto del Artículo 200 numeral 2) letra b) del Código procesal Civil. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 719 numeral 1) letra c) del Código Procesal Civil, que permite impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia. Cito como norma infringida el Artículo 200 numeral 2) letra b) del Código Procesal Civil, en lo que establece como uno de los requisitos del contenido formal de las sentencias, los hechos probados. Para explicar el presente motivo de casación, basta expresar que, en efecto, el Código Procesal Civil en su Artículo 200 se refiere al contenido formal de las sentencias y en el numeral 2) letra b) de tal precepto, exige se consignen en el fallo los hechos probados. Pero es visto, Honorable Corte, de la simple lectura de la sentencia del 16 de noviembre de 2010, que la misma adolece de hechos probados, lo que la vicia y hace casable; empero, es importante significar que este Segundo Motivo de Casación lo planteo con carácter subsidiario, para si y sólo si hipotéticamente se desestimase el primero.”

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

  1. Del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Omar Peña Orellana, en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el 16 de noviembre de 2010; recurso de casación que formalizó en siete motivos, el primero por considerar infringidos “los Artículos 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil; 352, 357 ordinal 1) y 370 del Código de Procedimientos Comunes en relación con el Artículo 191 también del Código de Procedimientos Civiles respecto de los daños y perjuicios 1346, 1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil y 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero” y lo fundamentó en los Artículo 719.1 fracción c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; en el segundo motivo alega infracción de los Artículos 90 1er. párrafo, de la Constitución de la República, 1495 del Código Civil, 190 1er. párrafo, 191 en cuanto a los daños y perjuicios, 320 preámbulo y numerales 1) 2), 4) y 5) del Código de Procedimientos Civiles en relación a los Artículos 961 del Código de Comercio, 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y 1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719.1 fracción c) y 720.2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; en el tercero alega como disposición legal infringida el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles y lo considera comprendido en el Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil, cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de no contener la sentencia declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y Artículo 720 numeral 2, que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; en el cuarto motivo alega como disposición legal infringida el Artículo 190 1er. párrafo del Código de Procedimientos Civiles y señala como precepto autorizante el Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y el Artículo 720 numeral 2 que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; en el quinto motivo señala como disposición legal infringida el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles y señala como precepto autorizante el Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de contener el fallo disposiciones contradictorias y Artículo 720 numeral 2 que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; en su sexto motivo, identificado por él como primero, señala como disposición infringida el Artículo 1347 del Código Civil y cita como precepto autorizante el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación por falta de aplicación de la ley; que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; en su séptimo motivo, denominado por él segundo, señala como disposición infringida el Artículo 190 primer párrafo del Código de Procedimientos Comunes en relación con los Artículos 1360, 1361, 1366, 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil, 320 preámbulo y numerales 4 y 5, 352, 354, 357 ordinal 1)y 370 del Código de Procedimientos Civiles y 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y cita como precepto autorizante el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil por otorgar el fallo menos de lo debido; que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio.

  2. También del examen de las actuaciones seguidas en las instancias, resulta que la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, tuvo por interpuesto y formalizado el recurso de casación, por el Abogado Patrick James Bennett Connor, en su condición de representante procesal del Banco Atlántida, S.A. y Sonival Casa de Bolsa, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el 16 de noviembre de 2010; recurso de casación que formalizó en dos motivos, en el primer motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, expresando que “las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo” son los Artículos 1889 del Código Civil, 13, 245 numeral 1, 271 numeral 6, 272 numeral 1 y 273 del Código Procesal Civil y señala como precepto autorizante el literal b) del numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; y en el segundo motivo de casación alega contener la sentencia violación por falta de aplicación al caso concreto del Artículo 200 numeral 2) letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia.

El recurrente Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle en su primer motivo, alega como infringidos “los Artículos 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil; 352, 357 ordinal 1) y 370 del Código de Procedimientos Comunes en relación con el Artículo 191 también del Código de Procedimientos Civiles respecto de los daños y perjuicios 1346,1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil y 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero” y lo fundamentó en los Artículos 719.1 fracción c) y 720 numeral 2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; sin embargo, el impetrante omite señalar las disposiciones que regulan la forma y contenido de la sentencia, por lo que el cargo resulta incompleto; además, singulariza los medios de prueba aportados al litigio, olvidando que por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, como lo prohíbe el Artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil, que es lo que pretende el impugnante al amparo del numeral 2. del citado Artículo, al singularizar los medios de prueba; por otra parte, hace alegatos como de instancia que no son permitidos en este recurso extraordinario y, finalmente, se le recuerda a recurrente, que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero quedó derogada por la Ley del Sistema Financiero a partir del 24 de septiembre de 2004, en que entró en vigencia ésta última.

Que el impetrante Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle en su segundo motivo, alega infracción de los Artículos 90 1er. párrafo de la Constitución de la República, 1495 del Código Civil, 190 1er. párrafo, 191 en cuanto a los daños y perjuicios, 320 preámbulo y numerales 1) 2), 4) y 5) del Código de Procedimientos Civiles en relación a los Artículos 961 del Código de Comercio, 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y 1365 y 1366 párrafo 2º del Código Civil” y lo considera comprendido en el Artículo 719.1 fracción c) y 720.2 del Código Procesal Civil que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; además, singulariza los medios de prueba aportados al litigio, olvidando que por medio del recurso de casación no se puede instar la revisión de los hechos y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en las instancias, por prohibirlo el Artículo 720 numeral 1 del Código Procesal Civil, que es lo que pretende el impugnante al amparo del numeral 2 del citado Artículo, al referirse a los medios de prueba que fueron aportados; por otra parte, hace alegatos como de instancia que no son permitidos en este recurso extraordinario y, finalmente, se le recuerda al recurrente, que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero quedó derogada por la Ley del Sistema Financiero a partir desde el 24 de septiembre de 2004, en que entró en vigencia ésta última.

El impugnante Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en su tercer motivo, señala como disposición legal infringida el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles y lo considera comprendido en el Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil, cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de no contener la sentencia declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y Artículo 720 numeral 2, literal c) que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; sin embargo, el recurrente no citó las disposiciones legales que regulan el contenido y los requisitos internos de la sentencia, por lo que el cargo resulta incompleto.

  1. Que el recurrente Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en su cuarto motivo, alega como disposición legal infringida el Artículo 190 1er. párrafo del Código de Procedimientos Civiles y señala como precepto autorizante el Artículo 719.1 fracción c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y Artículo 720 numeral 2 que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; pero es del caso hacer notar que el recurrente no citó las disposiciones legales que regulan el contenido y los requisitos internos de la sentencia, por lo que el cargo resulta incompleto.

El impugnante Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en su quinto motivo, señala como disposición legal infringida el Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles y señala como precepto autorizante el Artículo 719.1 literal c) del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación de las leyes por la causal de contener el fallo disposiciones contradictorias y Artículo 720 numeral 2 que se refieren a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia y solicitar en casación el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico siempre que éste fuera determinante de un sentido diferente del fallo; pero tampoco en este motivo el impetrante citó las disposiciones legales que regulan el contenido y los requisitos internos de la sentencia por lo que el cargo resulta incompleto; además, olvida que para que pueda prosperar el recurso de casación, han de citarse necesariamente los artículos de la ley o la doctrina legal que hayan sido clara y evidentemente infringidos, haciendo ver al juzgador tal infracción, pero sin alegar, como elementos primordiales del motivo, los propios razonamientos, amparados en su criterio, sino basado en lo que dispone la norma que se sostiene infringida, en relación con lo resuelto por el juzgador de alzada o instancia y, finalmente, se refiere a la parte considerativa de la sentencia olvidando que una sentencia es contradictoria cuando en su parte dispositiva se contienen resoluciones que se excluyan las una de las otras, haciendo imposible su ejecución; por ejemplo, si se declara prescrita una deuda y se ordena el pago, o si en un juicio de divorcio se manda a entregar los hijos al padre y a la madre al mismo tiempo.

Que el impetrante Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en su sexto motivo, identificado por él como primero, señala como disposición infringida el Artículo 1347 del Código Civil y cita como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil cuando el fallo contenga violación por aplicación indebida de la ley; que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio; pero es del caso hacer notar que el impugnante en forma incorrecta alega dos formas de infringir la ley como ser la violación o falta de aplicación y la aplicación indebida que se producen por causas diferentes; además, como ya lo tiene establecido este Tribunal, son inviolables para efectos de casación los artículos o leyes que establecen definiciones generales, son enunciativas o de carácter general, características que reviste el Artículo 1347 del Código Civil citado como infringido en el presente recurso y, finalmente, se refiere a los medios de prueba aportados al juicio, sabiendo que la infracción por falta de aplicación se produce con independencia del haz probatorio.

El recurrente Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en su séptimo motivo, denominado por él segundo, señala como disposición infringida el Artículo 190 del Código de Procedimientos Comunes en relación con los Artículos 1360, 1361, 1366, 1495, 1496, 1522, 1524 y 1525 del Código Civil, 320 preámbulo y numerales 4 y 5, 352, 354, 357 ordinal 1)y 370 del Código de Procedimientos Civiles y 29 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y cita como precepto autorizante el Artículo 719.2 del Código Procesal Civil por otorgar el fallo menos de lo debido; que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio y, en la explicación del concepto de la infracción se refiere a “las situaciones puntuales como hechos controvertidos” y a los dictámenes del perito visibles a folios del 248 al 250 y del 281 al 283 de la primera pieza, poniendo en evidencia que olvidó que las infracciones al amparo del numeral 2 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, es decir, la aplicación e interpretación errónea, se producen con independencia de los medios de prueba aportados al juicio y, además, que la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, quedó derogada por la Ley del Sistema Financiero a partir del el 24 de septiembre de 2004, en que entró en vigencia ésta última.

  1. Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del recurrente Abogado Omar Peña Orellana en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slagle, en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus siete motivos de casación expuestos, las causales previstas en el numeral 2, literal a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  2. Que el representante procesal de la parte recurrida Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente Abogado Omar Peña Orellana en su condición de apoderado legal de la señora Martha Italia Slagle, rechazando los argumentos del impugnante.

  3. Que el impugnante Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de representante procesal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., en su primer motivo alega contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión, expresando que “las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo” son los Artículos 1889 del Código Civil, 13, 245 numeral 1, 271 numeral 6, 272 numeral 1 y 273 del Código Procesal Civil y señala como precepto autorizante el literal b) del numeral 1 del Artículo 719 del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan los actos y garantías procesales cuando su infracción suponga la nulidad o produjera indefensión; haciendo evidente que confunde las normas procesales a que se refiere el Artículo 710 numeral 1 del Código Procesal Civil con las normas de derecho a que se refiere el Artículo 710 numeral 2 del mismo cuerpo de ley, al fundamentar su motivo en el Artículo 719 numeral 1 del Código Procesal Civil y alegar por una parte “contener la sentencia infracción de actos y garantías procesales cuando su infracción produce indefensión” y por la otra expresa que “las normas de derecho cuya infracción sustenta el motivo”, además dice “”He citado, Honorable Corte, las normas de derecho relacionadas con el presente motivo de casación” por lo que el cargo carece de la claridad que exige el numeral 2 del Artículo 721 del Código Procesal Civil.

  4. Que el impugnante Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de representante procesal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., en su segundo motivo, planteado en forma subsidiaria, alega contener la sentencia violación por falta de aplicación al caso concreto del Artículo 200 numeral 2) letra b) del Código Procesal Civil y lo considera comprendido en el Artículo 719 numeral 1 letra c) del Código Procesal Civil, que se refiere a que se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan la forma y contenido de la sentencia; pero es del caso hacer notar que si bien es cierto el Artículo citado requiere se consignen en el fallo los hechos probados, también es cierto que tal exigencia no es para que se consignen en un acápite específico con tal denominación y, en el presente caso, en la parte considerativa de la sentencia, la Corte hace sus valoraciones propias sobre las pruebas aportadas y en consideración a las mismas, declara parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A. y reforma la sentencia definitiva apelada de fecha 28 de noviembre de 2006, en los términos consignados en la misma, por lo que el motivo resulta inadmisible.

  5. Que en conclusión, la defectuosa presentación del recurso por parte del recurrente Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., en esta fase procedimental, hace procedente su inadmisión por concurrir en sus dos motivos de casación expuestos, las causales previstas en el numeral 2, literal a) y b) del Artículo 723 del Código Procesal Civil.

  6. Que el representante procesal de la parte recurrida Abogado Omar Peña Orellana en su condición de apoderado legal de la señora Martha Italia Slagle, dentro del plazo de diez (10) días que se le concedió, se pronunció sobre el contenido del recurso planteado por el apoderado de la parte recurrente Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., rechazando los argumentos del impugnante.

  7. Que por las razones expuestas, procede en derecho dictar una resolución fundada en la no admisión a trámite de los recursos de casación planteados por el Abogado Omar Peña Orellana en su condición de apoderado legal de la señora Martha Italia Slagle y por el Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., por lo que es procedente declarar firme la sentencia de que se ha hecho mérito, condenar en costas a ambas partes y devolver los antecedentes, junto con la certificación de la presente resolución, al tribunal de su procedencia.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre de la Corte Suprema de Justicia y del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 115, 118 numeral 1), 129, 169, 170, 190, 191, 193 numeral 2, literal b), 197, 199, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 y 914 del Código Procesal Civil; profiere el presente AUTO IRRECURRIBLE y DECLARA: 1) La inadmisión del recurso de casación, planteado por los Abogados Omar Peña Orellana en su condición de apoderado legal de la señora Martha Italia Slagle y por el Abogado Patrick James Bennet Connor en su condición de apoderado legal de las sociedades Banco Atlántida, S.A. y Sonival, Casa de Bolsa, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en la demanda ordinaria de pago, promovida por el Abogado Omar Peña Orellana, en su condición de representante procesal de la señora Martha Italia Slage contra el Banco Atlántida, S.A. y Sonival Casa de Bolsa, S.A. 2) Firme la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el 16 de noviembre de 2010, en el expediente de apelación número 1607-07-01 originada en los autos que conforman la primera pieza que se registra bajo el número 200-03 del Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida. 3) Condenar en costas a ambas partes recurrentes; y, 4) Remitir las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al Tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redactó la Magistrada Reina Sagrario Solórzano Juárez. NOTIFIQUESE.

Raúl Antonio Henríquez Interiano

Coordinador

Edith María López Rivera

Magistrada

Reina Sagrario Solórzano

Magistrada