Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-112-14 — Registro 5353

Resumen

Segunda instancia revocó la sentencia y declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales completas por despido indirecto y pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 11 de febrero de 2014, revoca el fallo definitivo de primera instancia, reformando el mismo, declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada, bajo el criterio de que, “…no obstante que la demandante entendió el despido como directo e indirecto, en el curso del juicio ha quedado demostrado que éste se materializo de manera directa, al ser notificado por escrito y de haberle ofrecido incluso el pago de sus prestaciones laborales, de lo cual se colige que el despido fue injusto e ilegal, en consecuencia es procedente declarar CON LUGAR la demanda de que se ha hecho merito y procede en consecuencia su REVOCATORIA…”; siendo que tal situación jurídica no fue expuesta como una cuestión debatida en el juicio, por lo que no cabía su estimación en ese momento procesal, ya que de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes es notorio que se trata de un reclamo para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, siendo el hecho la reestructuración de consultorios jurídicos de la Universidad bajo responsabilidad ahora de los decanos, por lo que eliminarían los cargos de directores de consultorios jurídicos, que desempeñaba la demandante, reduciéndole el salario a la mitad del salario como docente; por lo que no se trata la acción de un despido directo, como lo ha resuelto el ad quem, ya que ambos requieren un tratamiento procesal diferente respecto a la carga de la prueba, así como requisitos especiales para su existencia, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, tal como ocurre en el presente caso.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cinco de mayo del dos mil catorce, por el abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (UNICAH); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales completas por despido indirecto y pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del dos mil trece, por la abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, quién actúa en nombre propio, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (UNICAH), por medio de su representante legal y Rector, señor ELIO DAVID ALVARENGA, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias con especialidad en Ciencias Administrativas. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de febrero del dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que falló REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: Declarar CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, quien actúa en nombre propio como Apelante; 2.- REVOCAR la sentencia definitiva, reformando la parte resolutiva de la misma en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO que Declara PRIMERO: SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, así como el pago de salarios dejados de percibir.- SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales, y pago de salarios dejados de percibir; sin perjuicio de los derechos laborales ya reconocidos por el empleador al trabajador y que se encuentran en este Tribunal reservados, específicamente del segundo contrato de trabajo. TERCERO : Declarar CON LUGAR únicamente el pago de los derechos adquirido en cuanto al primer contrato de trabajo como docente, en la demanda laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA.- CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, a pagar a la demandante únicamente los conceptos: Vacaciones proporcionales Lps.5,356.49; aguinaldo proporcional Lps. 8,995.12; decimocuarto mes Lps.21.168.97; haciendo un total de Lps.35.520.58; en consecuencia este tribunal de alzada: a) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su Rector y Representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de salarios dejados de percibir; b) CONDENA a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su Rector y Representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, pagar a la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (LPS.691,597.73), por los siguientes conceptos; Preaviso Lps. 101.201.32; Auxilio de Cesantía Lps.455,405.94; Auxilio de Cesantía proporcional Lps.49,200.75; Vacaciones proporcionales Lps.32,789.25; Décimo tercer mes proporcional Lps 15,657.26; Decimocuarto mes proporcional Lps.37,343.21; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. Debiendo descontarse de dicha cuantía la suma consignada a favor de la demandante en el juzgado de primera instancia, siempre y cuando la actora acredite haberlos percibido; 3.- CONFIRMANDO el numeral QUINTO: Sin costas en primera instancia; 4.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició a laborar a partir del 21 de mayo del 2003 como docente de la facultad de derecho, en un horario que comprendía horas de la tarde y noche, el 24 de mayo del 2010, la demandada le ofreció la dirección del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho, en la que sus funciones serían siempre de docente, en el ejercicio práctico de la profesión del derecho, contrato que firmó, trabajando por la mañana, de lunes a viernes, recibía un salario de L.44,544.00. Que en fecha 9 de mayo del 2013 vía teléfono la convocaron a reunión con la Directora del Campus, quien le manifestó que el consultorio ahora sería un laboratorio dirigido por los Decanos de las facultades y los cargos de Directores de Consultorio Jurídicos serian eliminados, por lo que le ofrecieron el pago de L.162,070.04 en concepto de prestaciones por el cargo de Directora del Consultorio, indicándole que continuaba como docente, pues de ese cargo no la estaban despidiendo, reduciéndole el salario a la mitad.- Que tales hechos constituyen graves violaciones a las leyes laborales y a la Constitución de la República por parte de la demandada. Que en fecha 16 de mayo del 2013, se presentó al centro de trabajo demandado para comunicar a las autoridades de esa entidad que se consideraba despedida indirectamente de todas las labores que desarrollaba en esa universidad y no los iba a demandar si le pagaban todas las prestaciones e indemnizaciones que le correspondían por haber laborado por diez años con un salario promedio de L.44,544.00, ratificando la señora Zúniga que sólo la habían despedido del cargo de Directora del Consultorio Jurídico y no como docente. Posteriormente en fecha 24 de mayo del 2013, le fueron a dejar a su casa una nota suscrita por el Rector por ley de la demandada, expresándole que se tomó la decisión de dar por terminada sin responsabilidad de su parte, el contrato de trabajo del cargo que venia desempeñando como catedrático con base uno de la facultad de derecho del Campus Sagrado Corazón de Jesús, efectivo a partir de esa fecha.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (UNICAH), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, argumentando que inició a laborar el 19 de mayo del 2003, desempeñando el cargo de Catedrático con Base Uno, según contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, devengando un salario base ordinario de L.20,869.38 y promediado la cantidad de L.24,347.61; luego suscribió un segundo contrato individual de trabajo por tiempo indefinido el 24 de mayo del 2010, en el cargo de Director Jurídico del Consultorio Jurídico con un horario en planta de cuatro (4) horas de trabajo diarias de 8:00 a.m. a 12:00 m., de lunes a viernes de cada semana durante cada periodo académico, devengando un salario base ordinario de L.22,272.00 y promediado la cantidad de L.25,984.00. Que la demandante suscribió dos contratos de trabajo en diferentes fechas y desempeñando cargos y actividades distintas. Que se le notificó el 13 de mayo del 2013, que se daba por terminado el contrato de trabajo suscrito entre las partes de fecha 24 de mayo del 2010 como Directora del Consultorio Jurídico, debido a la cancelación definitiva de dicho cargo, reconociéndole el respectivo pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos en un 100%, cantidad que se negó a recibir y que se consignó en el Juzgado del Trabajo, continuando vigente el primer contrato de trabajo como Catedrática Base Uno. Que la Abogada Rivera Lobo entró en franca violación de sus obligaciones como catedrática al no presentarse a la reunión que se llevó a cabo el día viernes 17 de mayo del 2013 a las 4:00 pm. reunión de carácter obligatorio y habiendo sido debidamente convocada para entregar la carga académica del segundo periodo del año 2013, el 14 de mayo del 2013 mediante correo electrónico; no se presentó a laborar los días lunes 20, martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de mayo del 2013 razón suficiente para dar por terminado el primer contrato de trabajo con justa causa y sin responsabilidad para el patrono.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral; absolviendo a la demandada en cuanto al pago completo de prestaciones e indemnizaciones laborales, y pago de salarios dejados de percibir, sin perjuicio de los derechos laborales ya reconocidos por el empleador al trabajador y que se encuentran en el Tribunal reservados, específicamente del segundo contrato de trabajo; declarando con lugar únicamente al pago de los derechos adquiridos en cuanto al primer contrato de trabajo como docente; condenó a la demandada a pagar a favor de la demandante únicamente los conceptos de: vacaciones proporcionales L.5,356.49; aguinaldo proporcional L.8,995.12; decimocuarto mes proporcional L.21,168.97, haciendo un total de L.35,520.58, sin costas; bajo el criterio que en el primer contrato como docente la demandante incumplió sus obligaciones contractuales sin justificación, además de haber renunciado prácticamente al trabajo; en cuanto al segundo contrato como Directora del Consultorio Jurídico Gratuito, es claro que fue despedida directamente y sin causa consignándole el pago de sus derechos en el Tribunal, mediante trámite de consignación, derechos que la demandante no quiso aceptar. Que no ha existido el despido indirecto que alega la demandante fue objeto, ya que no se dieron las causas del artículo 114 del Código del Trabajo y tampoco se constató la nota del despido indirecto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha once de febrero del dos mil catorce, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Linda Lizzie Rivera Lobo, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de salarios dejados de percibir; condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.691,597.73, por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, debiendo descontarse de dicha cuantía la suma consignada a favor de la demandante en el juzgado de primera instancia, siempre y cuando la actora acredite haberlos percibido; confirmando el numeral quinto: sin costas en primera instancia; bajo el criterio que el despido se materializó de manera directa al ser notificado por escrito y de haberle ofrecido incluso el pago de sus prestaciones laborales, de lo cual se colige que el despido fue injusto e ilegal, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito y procede en consecuencia su revocatoria.- 5. Que mediante auto de fecha veinte de marzo del dos mil catorce éste Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (UNICAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6. Que en fecha cinco de mayo del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado EDRAS OMAR ARIAS BONILLA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ” (UNICAH), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, este alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación, por parte de la abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, actuando en causa propia, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “Honorable Tribunal Supremo: No obstante que en el desarrollo de estos motivos de casación se ha dejado establecido la procedencia de los mismos, en vista que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, el once de febrero de dos mil catorce en este proceso, ha incurrido en las violaciones indicadas y en aras de la sanidad y unidad del proceso laboral, propongo como subsidiaria la nulidad de la sentencia recurrida por ser violatoria de normas procesales que, por ser de orden público y de cumplimiento obligatorio, son sancionadas con nulidad. En algunos casos la Corte Suprema de Justicia ha decretado nulidades de oficio, alegados por el recurrente en forma subsidiaria y en otros sin que lo alegue el recurrente. En el caso de autos, la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento ha incurrido en el quebrantamiento de normas sustanciales de índole laboral. No esta demás señalar que con ello ha violentado el debido proceso: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” 1. En la parte resolutiva de la sentencia recurrida, en lo conducente dice: “...y en aplicación de lo dispuesto de los Artículos: 134, 135, 303 y 304 de la Constitución de la República; 97, 98, 112, 664, 665, 666, 672, 686, 699, 726, 727, 739, 747, 760, 858 y 858 del Código del Trabajo; 22, 705, 706 y 914 del Código Procesal Civil; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales...”, pero en las citas de los artículos 97 y 98 que contienen varias causales o motivos de despido, se han omitido las que presuntamente han sido infringidas por el patrono en el despido de la trabajadora, lo que imposibilita que el recurrente pueda formular un recurso adecuado a las circunstancias y que por lógica consecuencia le provoca una indefensión. En sentencia de fecha 22 de octubre de 1989, Expediente No. 523-85, Marcio José Aguirre Mejía contra el Centro de Desarrollo Industrial, la Corte Suprema de Justicia, anuló el fallo por “haber omitido el Tribunal las citas de las leyes en que fundó la exoneración del pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios por estimar que la demandada actuó de buena fe, esto impide al recurrente atacar el fallo.” (Archivo de la Corte Suprema de Justicia.) En sentencia de 24 de junio de 1987, Expediente No. 1150-86, Gilberto Orellana Borjas contra la Tabacalera Hondureña, S.A., la Honorable Corte Suprema de Justicia, anuló la sentencia porque el sentenciador omitió consignar las disposiciones legales de carácter laboral en que fundamentó la condena del pago de prestaciones sociales, también impide al recurrente atacar el fallo. (Archivo de la Corte Suprema de Justicia.) En casos que el sentenciador de segunda instancia omita consignar las causales o motivos en que presuntamente ha incurrido el patrono para despedir al trabajador ¿Qué oportunidad tiene el recurrente de casación de expresar como motivo de casación? La respuesta nos la da la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada con fecha 21 de abril de 1989, Expediente número 1443-88, demanda laboral promovida por Dolores Florencia Tablas contra el Instituto Tegucigalpa (Archivo de la Corte Suprema de Justicia) cuando dice: “El recurrente alega interpretación errónea del artículo 114 letra f) del Código del Trabajo, pero resulta que el mencionado artículo no fue aplicado por la Corte de Apelaciones respectiva, por consiguiente no pudo haber sido interpretado errónea mente.” En el presente caso, ante la omisión en la sentencia recurrida de los motivos o causales consignados en los artículos 97 y 98 deI Código del Trabajo en que se fundamenta la revocatoria dictada por la Corte de Apelaciones recurrida, en el juicio laboral de mérito, es evidente que se ha violentado el debido proceso y provocado indefensión a mi representada, por lo que pido a la Honorable Corte Suprema de Justicia que estime la nulidad subsidiaria invocada. 2. La Corte recurrida utiliza de forma equivocada los términos REFORMAR y REVOCAR en la sentencia de mérito, provocando una confusión en la sentencia. Me explico: Se dice, por parte de la Corte Sentenciadora en la parte dispositiva de la sentencia: “FALLA: 1. Declara CON LUGAR el RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, quien actúa en nombre propio como Apelante. 2.- REVOCAR la sentencia definitiva, reformando la parte resolutiva de la misma en los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO que DECLARA PRIMERO: SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, así como el pago de salarios dejados de percibir. SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA en cuanto al pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de salarios dejados de percibir sin perjuicio de los derechos laborales ya reconocidos por el empleador al trabajador y que se encuentran en este Tribunal reservados específicamente del segundo contrato de trabajo. TERCERO: Declarar CON LUGAR únicamente el pago de los derechos adquiridos en cuanto al primer contrato de trabajo como docente en la demanda laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA. CUARTO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA a pagar a la demandante únicamente los conceptos Vacaciones proporcionales Lps. 5,356.40, aguinaldo proporcional Lps. 8,995.12, décimo cuarto mes Lps. 21,168.97, haciendo un total de Lps. 35,520.58, en consecuencia este Tribunal de alzada; a) Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de salarios dejados de percibir; b) CONDENA a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELlO DAVID ALVARENGA, pagar a la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, la cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (LPS. 691,597.73) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 101,201.32, Auxilio de Cesantía Lps. 455,405.94, Auxilio de Cesantía proporcional Lps. 49,200.75, Vacaciones proporcionales Lps. 32,789.25, Décimo tercer mes proporcional Lps. 15,657.26, Décimo cuarto mes proporcional Lps. 37,343.21, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia debiendo descontarse de dicha cuantía la suma consignada a favor de la demandante en el Juzgado de primera instancia, siempre y cuando la actora acredite haberlos percibido. 3. CONFIRMANDO el numeral QUINTO: Sin costas en primera instancia. 4. SIN COSTAS en esta segunda instancia. Y MANDA:...” De la redacción de la sentencia se evidencia que al decirse “REVOCAR la sentencia definitiva...” significa cancelar, derogar, invalidar lo dispuesto por el Juzgado de primera instancia en la sentencia, pero equivocadamente el Tribunal de Alzada dispone REFORMAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, que de a lectura de la sentencia lo cierto es que REVOCA dichos numerales, no los reforma. Y parte de esa equivocación, provoca confusión cuando dice que de la condena al pago del preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, deben descontarse la suma consignada a favor de la demandante en el Jugado de primera instancia, “siempre y cuando la actora acredite haberlos percibido”. Pero no se puede acreditar algo que no se ha percibido pues eso es una prueba negativa, yo no puedo acreditar algo que no he recibido, pues es lógico que si no lo he recibido, no lo tengo en mi poder, distinto es que se diga que se acredite que nos los ha recibido, o que no los ha retirado del Juzgado pues eso consta en las diligencias de consignación que en su momento presenté. En la forma que la sentencia ha sido redactada infringe los artículos 206 del Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria por disposición de los artículos 22 de dicho Código y 858 del Código del Trabajo, por no ser clara y precisa. 3. La pretensión de la demandante quedó fijada en el acápite LO QUE SE DEMANDA “Demando que la Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina de la Paz” representada por el señor ELIO DAVID ALVARENGA, cumpla con las obligaciones que le impone nuestro Código de Trabajo cuando se despide en forma indirecta a un trabajador y como no demostró la intención de hacerlo de manera voluntaria, pido que se le condene en sentencia definitiva a pagarme todas las prestaciones e indemnizaciones laborales que en derecho me corresponde, además, de los salarios dejados de percibir desde la fecha 9 de mayo del 2013, día en que dicha universidad me hizo saber la decisión que adoptó en mi perjuicio, y que configura el despido indirecto, hasta que, de conformidad con las normas procesales quede firme dicha sentencia.” La demanda la fundamentó, entre otras disposiciones legales, en las siguientes: 95 incisos 1, 6 parte final, y 23, 96 numeral 9 y 10, 114 inciso f, g, j, que antes he citado, siendo éstos, propios para demandar por un despido indirecto. El Juzgado A quo en su sentencia falló de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago completo de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y pago de salarios dejados de percibir. SEGUNDO: ABSOLVER a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA, en cuanto al pago completo de prestaciones e indemnizaciones laborales, y pago de salarios dejados de percibir, sin perjuicio de los derechos laborales ya reconocidos por el empleador al trabajador y que se encuentran en este Tribunal reservados, específicamente del segundo contrato de trabajo. TERCERO: Declarar CON LUGAR únicamente el pago de los derechos adquiridos en cuanto al primer contrato de trabajo como docente, en la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LINDA LIZZIE RIVERA LOBO, contra la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA. CUARTO: CONDENAI a la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ a través de su rector y representante legal señor ELIO DAVID ALVARENGA a pagar a favor de la demandante únicamente los conceptos de: vacaciones proporcionales Lps. 5,3E6.40; aguinaldo proporcional Lps. 8,995.12; décimo cuarto mes proporcional Lps. 21,168.97 haciendo un total de Lps. 35,520.58. QUINTO: SIN COSTAS porque en material de Derecho del Trabajo impera el principio de gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo. Y MANDA:...” En la segunda Instancia, el Tribunal de Alzada, falló en sentido contrario al del Juzgador de primera instancia, y sin estar facultado por la Ley, revocó la sentencia dictada por el A quo cambiando la acción de la demandante por una distinta, tal como se expone en la parte dispositiva de dicho fallo, que cité anteriormente. De una simple lectura de la sentencia de segunda instancia se evidencia sin mayor esfuerzo que el Tribunal Sentenciador cambió la acción de la actora, que demandaba por un despido indirecto y el Tribunal lo convirtió en despido directo, infringiendo los artículos 10.2 y 208 del Código Procesal que literalmente dice: “ARTICULO 10. PRINCIPIO DISPOSITIVO: 1... 2. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del acto y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas.”“ARTICULO 208. CONGRUENCIA. 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” De acuerdo con los términos de la sentencia recurrida, el Tribunal de Apelación prescindió de las normas procesales citadas, las infringió en clara violación al derecho de defensa de mi representada puesto que si la pretensión de la parte actora quedaba fijada en un despido indirecto, la defensa de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ se realizó con base a esa pretensión, pero al cambiar el Tribunal de Alzada las reglas del juego, volvió incongruente la sentencia y colocó en situación precaria nuestro derecho porque ya no se pudo tomar las acciones necesarias para rebatir un despido directo. En ese sentido y siendo que la violación a los artículos 10.2 y 208 del Código Procesal Civil son manifiestos es procedente que, al amparo del artículo 212. 4 también del mismo Código, se decrete la nulidad de la sentencia recurrida para restablecer el derecho de defensa de mi representada.”.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 11 de febrero de 2014, revoca el fallo definitivo de primera instancia, reformando el mismo, declarando con lugar la demanda y condenando a la demandada, bajo el criterio de que, “…no obstante que la demandante entendió el despido como directo e indirecto, en el curso del juicio ha quedado demostrado que éste se materializo de manera directa, al ser notificado por escrito y de haberle ofrecido incluso el pago de sus prestaciones laborales, de lo cual se colige que el despido fue injusto e ilegal, en consecuencia es procedente declarar CON LUGAR la demanda de que se ha hecho merito y procede en consecuencia su REVOCATORIA…”; siendo que tal situación jurídica no fue expuesta como una cuestión debatida en el juicio, por lo que no cabía su estimación en ese momento procesal, ya que de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes es notorio que se trata de un reclamo para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, siendo el hecho la reestructuración de consultorios jurídicos de la Universidad bajo responsabilidad ahora de los decanos, por lo que eliminarían los cargos de directores de consultorios jurídicos, que desempeñaba la demandante, reduciéndole el salario a la mitad del salario como docente; por lo que no se trata la acción de un despido directo, como lo ha resuelto el ad quem, ya que ambos requieren un tratamiento procesal diferente respecto a la carga de la prueba, así como requisitos especiales para su existencia, lo cual violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales.- VIII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, tal como ocurre en el presente caso.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 208.1 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta sección judicial, en fecha 11 de febrero de 2014, visible a folios 14 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de octubre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 112-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL