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Sentencia CL-111-14 — Registro 4986

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a sus puestos de trabajos, a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Impugnante no ha sido claro ni preciso en la formulación del cargo que sustenta su demanda de casación. En primer lugar señala como norma violada el artículo 113 del Código del Trabajo en los dos literales que contiene el párrafo tercero, cuando los mismos comprenden situaciones jurídicas diferentes, siendo necesario para los efectos de este recurso su indicación precisa; resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 721, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Por su naturaleza, el Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el Recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de julio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de mayo del dos mil catorce, por el abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para la reinstalación a sus puestos de trabajos, a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de marzo del dos mil trece, por los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de febrero del dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha trece de diciembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y que en su parte conducente declara sin lugar la demanda, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, en consecuencia absuelve al demandado el ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar a ROBERTO ISRAEL ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, también declara con lugar el defecto procesal de prescripción planteado por la parte demandada, asimismo declarar sin lugar el defecto procesal de cosa juzgada planteado por el representante procesal demandado, sin costas.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que comenzaron a laborar para la demandada por su orden así: ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, iniciando en fecha 2 de mayo del 2006, desempeñando a la fecha del despido, 24 de junio del 2010 el Cargo de Asistente Derecho de Vía, con un salario de L.40,615.34; JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, iniciando su relación de trabajo en fecha 01 de noviembre del 2007, desempeñando a la fecha del despido 24 de junio de 2010, el Cargo de Contador General, con un salario de L.28,860.00; ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, iniciando su relación de trabajo en fecha 01 de noviembre del 2007, desempeñando a la fecha del despido 28 de junio de 2010, el Cargo de Auxiliar Administrativo I, con un salario de L.10,274.72 y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, inicio en fecha 1 de noviembre del 2007, desempeñando a la fecha del despido 28 de junio del 2010 el Cargo de Oficial Administrativo, con un salario de L.16,923.06. Que en fechas 16 de abril de 2010, con la intervención de la Inspectoría del Trabajo, se le hizo saber al Fondo Vial mediante entrega de la certificación PEE/003/2010 el propósito de constituir el Sindicato de Trabajadores del Fondo Vial (SITRAFOVIAL), actuación que suponen motivó la ilegal decisión de dar por terminados sus contratos de trabajo. En consecuencia la presente acción se promovió el 30 de agosto del 2010, contra la cual la parte demandada interpuso la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, alegando en su momento que debió haberse promovido contra la Procuraduría General de la República y no contra el Gerente del Fondo Vial, por ser a una institución desconcentrada dependiente de la Secretaría de Obras Publicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), excepción que fue declarada sin lugar en sentencia interlocutoria de fecha 20 de octubre de 2010, misma que fue apelada y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, mediante sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010. Siguen manifestando que esta última resolución fue objeto de recurso de amparo en la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual falló otorgar el amparo interpuesto por el abogado WALTER PINEDA PAREDES, en su condición de apoderado judicial del Fondo Vial y como consecuencia de lo anterior la Corte de Apelaciones del Trabajo en sentencia de fecha 22 de enero de 2013, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Vial, declarando con lugar la excepción antes mencionada, no obstante que de acuerdo a dicho recurso lo que cabía procesalmente era la subsanación del defecto procesal de representación, este juzgado mando archivar las presentes diligencias mediante auto de fecha 11 de febrero de 2013; en razón de lo cual y en virtud de haberse interrumpido la prescripción de acuerdo a lo previsto en el artículo 864 del Código del Trabajo, se plantea la misma demanda subsanando el defecto procesal sobre el cual oportunamente se pronuncio la Honorable Sala de lo Constitucional.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda manifestando que la demanda se incoó nuevamente por los actores y no solamente por haber prescrito el término señalado por ley para tal acción sino porque estamos ante un caso donde existe cosa juzgada y en virtud de ser su objeto idéntico al del proceso anterior, así lo dispone el artículo 210 del Código Procesal Civil, en consecuencia se opuso la excepción de prescripción de la acción, como también el defecto procesal de cosa juzgada planteado por el representante procesal demandado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, en consecuencia absuelve al demandado el ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar a ROBERTO ISRAEL ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, también declara con lugar el defecto procesal de prescripción planteado por la parte demandada, asimismo declarar sin lugar el defecto procesal de cosa juzgada planteado por el representante procesal demandado, sin costas; bajo el criterio que al momento que los demandantes comparecieron a este Tribunal el 7 de marzo del 2013 ya les había prescrito el derecho que tenían para reclamar reintegro a su puestos de trabajo en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito. Que en relación al defecto procesal de prescripción de simples operaciones aritméticas queda plenamente establecido que los demandantes con fecha 17 de agosto del año 2010, interpusieron demanda ordinaria contra el Fondo Vial para el reintegro a su puesto de trabajo a la que se opuso una excepción de falta de representación, la que fue declarada sin lugar por este Tribunal y confirmada por el Tribunal de Alzada, que a la demandada le fue otorgado un amparo el 6 de Noviembre del 2012 contra la Sentencia de fecha 10 de diciembre del 2010, por lo tanto los demandantes tenían hasta el 6 de enero del 2013 para poder interponer su demanda dirigiéndola contra el Estado de Honduras a través de la Procuradora General de la República, pero siendo que el día 6 de enero del 2013 era domingo los términos señalados por meses se contarán por meses naturales, sin excluir los días inhábiles. En estos casos, si el plazo concluyere en domingo u otro día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil por lo tanto los demandantes tenían hasta el día 7 de enero del año 2013, pero comparecieron a este Tribunal hasta el día 7 de marzo del 2013.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia definitiva venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que habiendo sido otorgado el amparo a la parte demandada, esta Corte de Apelaciones al dictar sentencia declarando con lugar la excepción dilatoria interpuesta por el apoderado demandado, lo hace en cumplimiento del fallo dictado por la Sala de lo Constitucional y es a partir de que se ampara al Estado de Honduras, que el término de la prescripción de dos meses que señala el Código del Trabajo, comienza a transcurrir, es decir, a partir del seis de noviembre de dos mil doce, y no el 22 de enero de 2013 como lo alega el apelante; por lo que dicho termino venció el seis de enero de dos mil trece; pero es hasta el siete de marzo de dos mil trece, que los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, vuelven a interponer la demanda ordinaria laboral contra el ESTADO DE HONDURAS, demanda que fuera interpuesta fuera del término de dos meses que señala nuestro ordenamiento jurídico.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERKE, en su condición de apoderado de los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de febrero del dos mil catorce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha nueve de mayo del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, en su condición de apoderado de los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA y SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha dos de junio del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, en su condición de apoderado de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, en su primer y único motivo de casación expone lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 113 párrafos primero y último incisos a) y b) del Código del Trabajo en relación con el articulo 864 y 868 primer párrafo inciso a) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION. Entre los hechos aceptados por las partes se encuentra aquel en que ambas reconocen que antes de la presente acción, se intentó otra mediante demanda promovida el 17 de agosto de 2010 con la misma pretensión y en la cual la parte demandada, ahora recurrida interpuso una excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado, la que fue declarada sin lugar por el Juzgado de Letras del Trabajo mediante sentencia interlocutoria de fecha 20 de octubre de 2010 y confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 10 de diciembre de 2010; Contra esta resolución el afectado (Fondo Vial) interpuso Recurso de Amparo, el que fue otorgado el 06 de noviembre de 2012, lo que conllevo a la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial a dictar sentencia el 22 de enero de 2013 declarando con lugar la excepción dilatoria de de falta de personalidad. Los trabajadores interponen de nuevo su demanda en fecha 07 de marzo de 2013 y que ahora Vos Honorable Corte conocéis mediante este recurso. El Ad quem en la presente causa declara con lugar la excepción de prescripción por que el término de 2 meses que establece el articulo 864 del Código del Trabajo para demandar nuevamente, lo computa desde la sentencia de amparo, es decir, desde el 06 de noviembre de 2012 por lo que concluye que el término de dos meses vencía el 06 de enero de 2013. El Ad quem omite aplicar lo que dispone el articulo 868 primer párrafo inciso a) el que establece que la prescripción se interrumpe por gestión de autoridad competente. Esta gestión ante autoridad competente termina cuando ésta emite su última resolución y en la acción previa a la presente, la última gestión no es la sentencia de amparo dicta por la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 06 de noviembre 2012 sino la sentencia interlocutoria de la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en fecha 22 de enero de 2013. Si la sentencia de Amparo fuera la última gestión no habría por qué emitir una sentencia posterior por parte del órgano judicial cuya resolución fue recurrida. El recurso de amparo en nuestra legislación tiene como característica que no se traba contienda por tanto es un procedimiento entre el recurrente, en ese caso Fondo Vial y la resolución recurrida sin que exista contraparte, por tanto la gestión ante autoridad competente de la primera acción no terminó con la sentencia de amparo como lo establece el Ad quem, sino con su propia sentencia o auto interlocutorio dictado en fecha 22 de enero de 2013 y que definitivamente puso fin a la primera contienda o acción promovida el 17 de agosto de 2013. En consecuencia si la gestión ante autoridad competente, me refiero a la contienda anterior, finalizo el 22 de enero de 2013, es desde aquí que debe contarse el plazo de 2 meses para interponer la demanda, la que efectivamente fue interpuesta el 07 de marzo de 2013 por ende dentro del plazo que señala el articulo 864 del Código del Trabajo. El otro hecho sobre el cual no hay controversia en el caso subjudice es que los señores ROBERTO ISRAEL ZAVALA ZAVALA, JUAN ALBERTO TOVAR LOPEZ, ALMA ONEIDA CRUZ ZAPATA, SAMMY MICHAEL VILLAGRA HERNANDEZ fueron despedidos del Fondo Vial, los tres primeros el 24 y la última el 28 de junio de 2010, con fundamento en los artículos 12 literal f) párrafo último de la Ley del Fondo Vial, articulo 21 literal c) del Reglamento General de la Ley de Fondo Vial y el articulo 120 del Código del Trabajo reformado mediante Decreto Legislativo número 150- 2008. Ante este hecho incuestionable el Ad quem debió aplicar el articulo 113 párrafos primero y último incisos a) y b) del Código del Trabajo ya que la terminación del contrato por parte del patrono (FONDO VIAL) no descansa en ninguna causal valida y por ende debió ordenar el reintegro de los trabajadores con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Lo expuesto es suficiente motivo para casar la sentencia.”.- III.- Que el Impugnante no ha sido claro ni preciso en la formulación del cargo que sustenta su demanda de casación. En primer lugar señala como norma violada el artículo 113 del Código del Trabajo en los dos literales que contiene el párrafo tercero, cuando los mismos comprenden situaciones jurídicas diferentes, siendo necesario para los efectos de este recurso su indicación precisa; resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- IV. Por otra parte, se ataca la sentencia por infracción directa y en el caso sub-lite, la controversia se genera a raíz de la prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, por ende la misma fue objeto del material probatorio y es con su fundamento que el Juzgador de instancia resuelve la controversia y, sabido es, que el ataque a la sentencia impugnada por el concepto de infracción directa se hace al margen del material probatorio, en otras palabras, el concepto de infracción directa de la ley exige la existencia del hecho de tal manera comprobado que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Finalmente, el juzgador aplicó las normas relacionadas con el tema de la prescripción como fundamento de su decisión y por ello no podía caber una disposición que tiene que ver con la terminación del contrato sin justa causa.- V.- Que se ha solicitado nulidad subsidiaria de la sentencia impugnada bajo el siguiente argumento: “En caso de que Vos Honorable Corte no estiméis procedente casar la sentencia, os ruego que apreciéis DE OFICIO una nulidad que gravita en el proceso y que me limito a señalar de la siguiente manera: La parte demandante propuso, en la audiencia primera de trámite celebrada el 19 de septiembre de 2013 a las 1:30 pm, como prueba a efecto de rechazar la excepción de prescripción de la acción, que el Tribunal de primera instancia certificara la demanda y las sentencias emitidas en el expediente 999-2010, que contiene la primera acción promovida por los trabajadores contra el FONDO VIAL (véase el acta de la audiencia de fecha 19 de septiembre de 2013 que obra a folio 26 de la primera pieza de autos o la grabación audiovisual al minuto 8:00 de la audiencia antes referida y que está grabada en DVD adjunto en la primera pieza de autos); ello para probar como los Órganos judiciales de primera y segunda instancia a través de sendos fallos declararon en su momento sin lugar la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado interpuesta por el FONDO VIAL. Luego la Sala Constitucional emitió sentencia otorgando el amparo interpuesto a favor del FONDO VIAL por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial emitió sentencia interlocutoria en fecha 22 de enero de 2013, declarando con lugar la excepción dilatoria de falta de representación legal del demandado por lo que la gestión de la autoridad competente de aquella primera acción finalizó en esa fecha. Pero esta prueba fue evacuada parcialmente ya que no obra en el expediente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo como consecuencia del recurso de amparo otorgado, lo que implica una violación al derecho de defensa y debido proceso y que si se hubiera practicado, en este caso si la Secretaría del Juzgado de Letras del Trabajo hubiera certificado esa última sentencia los órganos de primera y segunda instancia habrían observado que la sentencia que le puso fin al primer proceso fue la dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 22 de enero de 2013 que declara con lugar la excepción de falta de representación legal del demandado, por ende no obra en el expediente aquella decisión judicial que puso fin a la primera gestión ante autoridad competente y que sirve de base para contar de nuevo el termino de la prescripción por lo que la falta de prueba oportunamente solicitada a perjudicado a mis representados ya que el termino de la prescripción se ha computado desde otra fecha y por ende llevado a declarar con lugar una prescripción inexistente.”.- VI.- Que de lo expuesto en la nulidad subsidiara solicitada, se desprende que la pretensión del Recurrente es que se revise lo relacionado con la falta de cumplimiento o práctica de un medio de prueba propuesto en el proceso, cuando tal cuestión no la reclamó en el momento procesal oportuno y por ello la convalidó. Además, los alegatos esgrimidos pudieron haber sido invocados como agravios en el recurso de apelación respectivo. En consecuencia la nulidad peticionada no resulta atendible.- VII. Por su naturaleza, el Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo 2° de nuestra Constitución Política, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el Recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso.- VIII.- Que por las razones antes expuestas resulta inestimable el recurso de mérito casación en la pretensión que encierra el único motivo expuesto y declarar improcedente la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de julio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 111-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL