Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-108-14 — Registro 4608

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para que se reconozca el derecho a gozar lo que establece la cláusula 5 del contrato colectivo, estabilidad laboral, creación de plaza; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, la Impetrante omite pronunciarse sobre el defecto procesal de prescripción opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de septiembre de dos mil nueve.VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por vía de acción por los abogados VENANCIO OCAMPO OROZCO Y OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en su condición de apoderados legales del señor EMEC CHERENFANT LAURENT, hondureño, mayor de edad, casado, Medico Cirujano y de este domicilio, para que se declare la inconstitucionalidad parcial del Decreto Legislativo No. 185-2007, emitido el veinte de diciembre del año dos mil siete y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,523 de fecha uno de febrero del año dos mil ocho. ANTECEDENTES Que en fecha tres de septiembre del año dos mil ocho, comparecieron ante este Tribunal, los Abogados VENANCIO OCAMPO OROZCO Y OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en su condición de apoderados del señor EMEC CHERENFANT LAURENT, mayor de edad, casado, hondureño, Medico Cirujano y de este domicilio, promoviendo Recurso de Inconstitucionalidad parcial por vía de acción a razón de su contenido, a favor del señor EMEC CHERENFANT LAURENT, contra la reforma contenida en el Articulo 100 del Decreto Legislativo No. 185-2007 del 20 de diciembre de 2007, de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, por considerar que contraviene los preceptos constitucionales contenidos en los Artículos 22, 36, 37, 294, 296 de la Constitución de la República, así como lo dispuesto en los Artículos 23 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.CONSIDERANDO: Que la garantía de inconstitucionalidad de una ley podrá solicitarse por quien se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; y en el caso del señor EMEC CHERENFANT LAURENT, éste pretende que se declare la inconstitucionalidad del Artículo 100 del Decreto Legislativo No.185-2007 de fecha veinte de diciembre de 2007, porque dicha disposición le impide ser candidato al cargo de Alcalde Municipal del Distrito Central; y en razón de que es un hecho notorio de manera absoluta y general que el compareciente tiene aspiraciones para ocupar dicho cargo, su interés directo, personal y legítimo es evidente, tomando en cuenta que la disposición legal refiere a los requisitos para postularse como miembro de una Corporación Municipal. CONSIDERANDO: Que la disposición legal denunciada como inconstitucional es el Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, norma que fue reformada por el Decreto 185-2007 de fecha veinte de diciembre de 2007, el que fuera publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 31,523 de fecha primero de febrero de 2008; dicha disposición reformada literalmente establece: “Artículo 100. CORPORACION MUNICIPAL. Para ser miembro de una Corporación Municipal se requiere: 1) Ser hondureño por nacimiento, nacido en el municipio o estar residiendo consecutivamente en el mismo, por más de cinco (5) años; 2) Mayor de dieciocho (18) años; 3) Ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y 4) Saber leer y escribir”. Consistiendo la reforma en la incorporación de la frase “por nacimiento”. CONSIDERANDO: Que el recurrente ejercita la acción de inconstitucionalidad por razón de su contenido, argumentando en sustento del mismo básicamente lo siguiente: “1) Que al aplicarse el precepto legal reformado antes citado, se le prohíbe y le quita al ciudadano hondureño EMEC CHERENFANT LAURENT, el derecho de ser candidato al cargo de Alcalde en la Corporación Municipal del Distrito Central, que el preámbulo de la Constitución de la Republica establece que el Estado debe propiciar las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. 2) Que la Constitución de la República establece en su Artículo 296 que la ley establecerá la organización y funcionamiento de las municipalidades y los requisitos para ser funcionarios o empleados municipales, lo cual es en relación con la Ley de Municipalidades la que no tiene prohibiciones para que un ciudadano hondureño naturalizado pueda ser electo Alcalde de una Municipalidad. Manifiesta que la Asamblea Nacional Constituyente al decretar la Constitución de la República adoptó valores jurídicos supremos, que el Congreso Nacional desestimó con la reforma, como la perpetuidad del Estado de Derecho, el sistema de Gobierno Republicano, Democrático y representativo, que la dignidad de la persona humana es el fin supremo de la sociedad, el derecho otorgado de elegir y ser electo; declarando punible toda limitación a este derecho, además reconoció la igualdad de los hombres ante la Ley y estableció que los derechos del hombre no pueden ser limitados por disposiciones que pretendan restringirlos lo que se encuentra establecido en los Artículos 37, 45, 59, 60, 63 y 64 de la Constitución de la República. 3) Arguye, que el Artículo 100 reformado de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contradice lo que establecen los Artículos 22, 36, 37, 45, 60, 61, 63, 64, 294, 296 de la Constitución de la República, señalando que la Constitución debe apreciarse como un todo armónico en donde prevalezcan las normas orientadas hacia una línea jurídica democrática, republicana e igualitaria, debiendo eliminarse aquellos preceptos legales como el Artículo 100 del Decreto No.185-2007 que no atiende a los principios jurídicos ni las doctrinas que inspiran la Carta Fundamental del Estado. Señala que con la reforma del Artículo 100 contenida en el Decreto Legislativo No.185-2007 se establece que una persona por ser ciudadano hondureño por naturalización no tiene los derechos que tienen los demás hondureños, es decir no es ciudadano y carece del derecho de ser electo que son derechos fundamentales de todo ciudadano hondureño. ( Con esta reforma, afirma el recurrente, se establece que el señor EMEC CHERENFANT LAURENT no es ciudadano libre ni igual a todos los hondureños a pesar que lo declara el Artículo 60 de la Carta Fundamental; la citada norma señalada como inconstitucional, establece una limitación, restringe el principio de igualdad de los hombres, el derecho a elegir y ser electo, limita la libertad y participación del ciudadano en la vida política del país, ya que esta norma se le aplicó al señor EMEC CHERENFANT LAURENT inhabilitándolo para ser candidato a Alcalde de la Municipalidad del Distrito Central. 4) Señala que la Convención Americana de Derechos Humanos que fuera suscrita, aprobada y ratificada por el Estado de Honduras y por tanto es parte del derecho positivo interno, establece en su Artículo 23 como derechos políticos: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c)De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por Juez competente en proceso penal”; Y por otra parte, el establecimiento del derecho a la igualdad ante la Ley contenido en el Artículo 24, que señala: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. En relación a estas disposiciones, argumenta el recurrente, que no se les da cumplimiento por parte de los órganos competentes del Estado Hondureño, en este caso, el Congreso Nacional en virtud de que su deber es adoptar las medidas necesarias para garantizar dichos derechos, sin embargo su violación se concreta con la aplicación del Decreto No.185-2007 que reforma el Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, con la cual se impone la prohibición al señor EMEC CHERENFANT LAURENT para poder ser electo en votaciones libres como alcalde del Municipio del Distrito Central, en tal sentido no se cumplió con los Artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al no garantizarse el efectivo ejercicio de los derechos políticos y en la consolidación de la democracia representativa, ni haber adecuado la reforma introducida a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas a la Constitución y a la Convención antes citada. En este mismo sentido asevera que la reforma supra citada constituye una violación al derecho al voto igual lo que provoca una usurpación que hace que las elecciones dejen de ser autenticas y atenta contra la esencia de la institucionalidad democrática ya que el pueblo tiene el derecho completo de escoger a sus gobernantes sin restricción alguna. 5) Argumenta que existe jerarquía de las normas de derecho internacional sobre las normas de derecho interno, invocando para ello el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, resaltando en este sentido, que el primero establece que todos los ciudadanos gozarán sin distinciones y restricciones indebidas de derechos y oportunidades como: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representante libremente elegidos; b) Votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país y el gozar de la igualdad ante la ley sin discriminación e igual protección de la ley; Y, en cuanto a la Convención de Viena, que ésta recoge en su Artículo 26 el principio Pacta Sunt Servanda, al establecer que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe y el Artículo 27 que establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, señalando a su vez, que los Estados partes en el pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad y el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el pacto. 6) Manifiesta que con la reforma contenida en el Decreto No.185-2007 del Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas se ha establecido que el recurrente no tiene derechos humanos garantizados y que no tiene derecho a participar en las elecciones internas de su partido como candidato a Alcalde, lo que es totalmente contrario a la luz y espíritu de los Tratados Internacionales. Argumenta que los derechos otorgados en los tratados y convenios internacionales no se pueden disminuir, como lo es el derecho de votar y ser elegido, se puede reglamentar ese procedimiento pero no de la forma en que lo hizo el Congreso Nacional al establecer inhabilidades y prohibiciones. Finalmente anexa una explicación de conceptos que afirman e ilustran la jerarquía imperante de los convenios internacionales, como ser el estado de derecho, la universalidad, transnacionalidad, irreversibilidad, progresividad, alcance y forma y que están relacionados con los derechos humanos. CONSIDERANDO: Que una vez realizado el traslado que conforme a la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha 30 de octubre de 2008, pronunciándose en el sentido de que la reforma al Artículo 100 ratificada mediante Decreto Legislativo No.185-2007 no es inconstitucional. CONSIDERANDO: Que el impetrante en su escrito contentivo de la acción de inconstitucionalidad sostiene que la reforma del Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas contenidas en el Decreto No.185-2007 de fecha veinte de diciembre de 2007, es contraria a lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la República, que textualmente dice: “La Nacionalidad Hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización”. Sin embargo, al confrontar la norma legal con el precepto Constitucional tenemos que el Constituyente se limita a establecer las dos formas de obtención de la nacionalidad hondureña, por nacimiento y por naturalización, por lo que la distinción tiene como origen la Carta Fundamental, es decir, el Constituyente optó por diferenciar al uno del otro; siendo así, la disposición legal denunciada como inconstitucional, no se enfrenta con el citado articulo constitucional, por el contrario, la distinción realizada por la ley es válida constitucionalmente. CONSIDERANDO: Que el denunciante de la inconstitucionalidad de la reforma realizada a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas ante citada, tilda que ésta es contraria con el contenido del Artículo 36 de la Constitución de la República que literalmente establece: “Son ciudadanos todos los Hondureños mayores de 18 años”. Sin embargo, el requisito de ser hondureño por nacimiento, contenido en la disposición legal cuestionada, no colisiona con el mandato constitucional de que los ciudadanos son todos los hondureños mayores de 18 años y en razón de ello, derivado de esta norma podemos decir que el señor EMEC CHERENFANT LAURENT por ser hondureño y mayor de 18 años es un ciudadano hondureño, cosa distinta, a los hondureños por nacimiento, que es a quienes se refiere la ley cuestionada. CONSIDERANDO: Que el compareciente argumenta en sustento de su demanda de declaratoria de inconstitucionalidad, que el Artículo 100 reformado de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, es contrario con el Artículo 37 de la Carta Fundamental que textualmente indica: “Son derechos del ciudadano: 1. Elegir y ser Electo; 2. Optar a cargos públicos;….” No obstante, la exigencia contenida en esa disposición legal, de que para ser miembro de la Corporación Municipal se requiere ser hondureño por nacimiento, no se opone al ejercicio de participar en las votaciones para la elección de autoridades, es decir, los ciudadanos pueden elegir a sus autoridades, y el señor EMEC CHERENFANT LAURENT como ciudadano hondureño puede ejercer el sufragio. En cuanto al derecho a ser electo, si bien es un derecho que corresponde a los ciudadanos y que esta enunciado en la Constitución de manera general, al examinar el texto Constitucional, encontramos que el Constituyente reserva únicamente a los hondureños “por nacimiento” el derecho a acceder a algunos cargos de elección popular, para el caso: el Artículo 198 establece: “Para ser elegido diputado se requiere: 1. Ser Hondureño por nacimiento. …”; el Artículo 238 indica: “Para ser Presidente o Designado a la Presidencia, se requiere: 1. Ser hondureño por nacimiento. ….” Así dispuesto por el Constituyente y tomando en cuenta la regla de interpretación constitucional que señala el jurista argentino Linares Quintana en su obra “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”; “ La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico, en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la disposición que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la Ley Suprema.”; Arribamos a las siguientes conclusiones: 1) Si bien se establece de una manera general por el Artículo 37 de la Constitución de la República que los ciudadanos pueden ser electos, no podemos desconocer que algunos derechos no son absolutos, con excepciones como el derecho a la vida, a la integridad física, derecho de defensa, etc, que son totalmente absolutos, existe el principio de limitabilidad de los derechos y libertades, partiendo de la declaración constitucional, de que los derechos de cada hombre están limitados, tanto, por los derechos de los demás, como por el orden público y social, los derechos pueden ser delimitados o regulados, basta reparar por ejemplo en el derecho a la libertad, que si bien es inviolable, conforme a las leyes puede ser restringido; el derecho a la propiedad privada que puede ser limitado por causas de necesidad o interés publico, etc. Por ello, es natural que se establezca requisitos, que pueden constituir limitaciones para algunos ciudadanos para optar a determinadas funciones públicas, esto queda evidenciado aún mas, con el contenido de los Artículos 198 y 238 del mismo texto constitucional que circunscribe únicamente a hondureños por nacimiento, la posibilidad de acceder a los cargos de diputado o de Presidente de la República. Sumado a lo antes señalado, también podemos concluir que la tendencia seguida por nuestra Carta Fundamental, en cuanto a la participación política de los ciudadanos, fue la de reservar únicamente a los hondureños “por nacimiento” ciertos cargos de elección popular, por lo que concluimos que en nuestro texto constitucional todas estas disposiciones armonizan. 2) Aceptar que dicha norma legal es discordante con el Artículo 37 Constitucional, sería razonablemente insostenible, porque implícitamente estaríamos reconociendo entonces, que existe también un conflicto o pugna entre normas constitucionales, es decir, entre el Artículo 37 y los Artículos 198 y 238 de la Constitución de la República, lo que resultaría ser un absurdo jurídico porque las normas constitucionales son armónicas y no existe la inconstitucionalidad de una norma constitucional, en razón de lo anterior y tomando en cuenta que el texto constitucional es un conjunto, un todo y que armonizan sus disposiciones unas con otras; esta Sala de lo Constitucional, se decanta por interpretar, que la declaración de que todos los ciudadanos pueden ser electos, no discrepa con el requisito contenido en la ley de ser “hondureño por nacimiento”, para el cargo de elección popular de Alcalde de la Corporación Municipal, porque el mismo texto constitucional en otros apartados ha establecido este requisito y se debe examinar la norma en su contexto, no de forma aislada y optando por no colocar en pugna normas constitucionales. 3) La reforma al Artículo 100 de la citada Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no se contrapone al derecho de ser electo que de manera general establece el Constituyente, sino que viene a regular e indicar los requisitos que deben concurrir en una persona para ocupar dicho cargo, atendiendo a la naturaleza del mismo, lo que de manera general corresponde a la ley establecer. CONSIDERANDO: Que en relación a lo expresado por el demandante de la declaratoria de inconstitucionalidad, de que la reforma supramencionada de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas se opone a los Artículos 45, 63, 64 de la Constitución de la República, los que establecen, por su orden, que se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país, que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre y que no se aplicarán leyes o disposiciones de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan; no es aceptable, ya que a su simple lectura, se colige que no existe contradicción alguna, en el primer caso, el requisito de: “hondureño por nacimiento”, no se contrapone a la disposición del constituyente de declarar reprochable penalmente el impedir la participación política de los ciudadanos, pues una norma impone condiciones que debe reunir el aspirante a un cargo como lo es el de la Corporación Municipal; y la otra contiene la declaración de ser sancionable el prohibir o limitar el derecho a la participación política, estas dos normas, evidentemente no se excluyen. Las dos disposiciones constitucionales restantes, en el fondo contienen declaraciones que reafirman, en el caso del Artículo 63 Constitucional el derecho a la participación política de los ciudadanos, y en el caso del Articulo 64 del mismo texto supremo, ratifica que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y que por tanto los derechos indeterminados frente a la organización del Estado y los inherentes a su condición de ser humano como tal, no están limitados en su número y merecen protección. Derivado de lo anterior podemos afirmar entonces que estas declaraciones son postulados que sirven de apoyo para sustentar un reclamo frente a la negación o violación de derechos, pero no son inconciliables con los requisitos del cargo de miembro de la Corporación Municipal dispuestos en el Artículo 100 reformado de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. CONSIDERANDO: Que el recurrente argumenta que el Artículo 100 reformado de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas también es contrario a lo dispuesto en los Artículos 294 y 296 de la Constitución de la República que literalmente exponen: “El territorio nacional se dividirá en departamentos. Su creación y límites serán decretados por el Congreso Nacional. Los departamentos se dividirán en municipios autónomos administrados por corporaciones electas por el pueblo de conformidad con la Ley”. Y “La Ley establecerá la organización y funcionamiento de las municipalidades y los requisitos para ser funcionarios o empleados municipales”, disposiciones que están en relación con la Ley de Municipalidades, que no tiene prohibiciones para que un ciudadano hondureño naturalizado pueda ser electo Alcalde de una Municipalidad. En este sentido, es oportuno señalar lo siguiente: 1) En cuanto al Artículo 294 de la Constitución de la República, al confrontarlo con el Artículo 100 reformado de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, no se advierte que exista conflicto entre ambas normas, pues la ley, desarrolla los requisitos para ser miembro de una Corporación Municipal y la Constitución dispone, que dichas corporaciones serán electas por el pueblo en la forma que la ley establece, es decir, tal como lo prevé la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. 2) La Ley de Municipalidades contenida en el Decreto No. 134-90 de fecha veintinueve de octubre de 1990 y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No.26,292 del diecinueve de noviembre de 1990, en su Artículo 27, contempla los requisitos para ser miembro de una la Corporación Municipal, no incluyendo entre ellos el ser “hondureño por nacimiento”, sin embargo, ésta disposición, dejó de tener vigencia por derogación tácita, ya que, como lo establece el Artículo 43 del Código Civil, las leyes puedes ser derogadas tácitamente cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior; al hilo de lo antes apuntado, y siendo que la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, contenida en el Decreto No.44-2004 del quince de mayo del 2004 y reformada según Decreto No.185-2007 de fecha veinte de diciembre de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 31,523 el primero de febrero de 2008, reforma que incluye el Artículo 100 que contiene los requisitos para ser miembro de una Corporación Municipal, entre ellos el ser hondureño “por nacimiento”, es una ley emitida y vigente con fecha posterior a la de la Ley de Municipalidades por lo que de manera tácita deroga disposiciones que, como la del Artículo 27 de la Ley de Municipalidades son incompatibles entre sí. 2) Si bien es cierto el constituyente dejó en manos de una ley secundaria la organización y funcionamiento de las municipalidades y los requisitos para ser funcionario o empleado municipal, lo natural sería que todas las disposiciones al respecto estén contempladas en un solo cuerpo legal, para el caso, la Ley de Municipalidades que desarrolla los principios constitucionales referentes al Régimen Departamental y Municipal, sin embargo, tampoco es ajeno ni absurdo, que se encuentren los requisitos para optar al cargo incorporados en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pues esta desarrolla todo lo concerniente a la materia electoral, en todo caso, su inclusión en dicha ley no colisiona con lo dispuesto en el Artículo 296 de la Constitución de la República, ya que básicamente lo que ordena el Constituyente es que los requisitos para ser Funcionario o Empleado Municipal, sean desarrollados por normas con rango legal como efectivamente así fueron incorporados. Amen de lo anterior, tanto la Ley de Municipalidades, como la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas son leyes especiales, dictadas por el órgano constitucionalmente competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido, se encuentran en el mismo escalón en la pirámide de jerarquía de las normas y están investidas de la misma fuerza obligatoria. CONSIDERANDO: Que el demandante de la declaratoria de inconstitucionalidad, aduce además, que el contenido de la reforma supra mencionada contraría lo dispuesto en La Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte del derecho positivo interno y específicamente los Artículos 23 y 24 que a la letra dicen: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c)De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal”; Y “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”; señalando y denunciando que no se les da cumplimiento por parte de los órganos competentes del Estado Hondureño, en este caso, el Congreso Nacional ya que su deber era adoptar las medidas necesarias para garantizar dichos derechos y estos más bien fueron transgredidos con el Decreto No.185-2007 que reforma el Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pues impone la prohibición al señor EMEC CHERENFANT LAURENT de ser electo, que no se le garantiza el ejercicio de sus derechos políticos y se vulnera la consolidación de la democracia representativa, al no haber adecuado la reforma de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas a la Constitución y a la Convención antes citada. Sin embargo, al confrontar el contenido del Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas con lo dispuesto en la citada Convención no se observa que se contrarían, por el contrario, el Convenio en mención reconoce que estos derechos pueden ser reglamentados por razones entre otras de nacionalidad, lo que armoniza en su totalidad con lo establecido en la Ley secundaria que fijó condicionantes para optar al cargo en razón de la nacionalidad, entre otras. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto La Convención Americana de los Derechos Humanos declara que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en las funciones públicas de su país y que todas las personas son iguales ante la ley prohibiendo la discriminación; postulados que nuestra Carta Fundamental hizo suyos con la enunciación exhaustiva y no limitativa de las declaraciones derechos y garantías de las que gozan la persona humana como fin supremo de la sociedad, y que los Estados partes de la Convención se comprometieron a no incluir en su ordenamiento jurídico disposiciones discriminatorias. También es cierto, que el valor jurídico de igualdad que envuelve la prohibición de discriminación, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha superado el sentido mecánico de “igualdad ante la ley” que postulaba un tratamiento idéntico para todos en todas las situaciones y fue sustituido por el concepto moderno de “igualdad jurídica” entendiéndolo como una medida de justicia, que otorga un tratamiento razonable igual a todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, reconociendo que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva de la dignidad humana per se y que solo se considera discriminatoria una distinción cuando carece de “justificación objetiva y razonable”. De ahí, no puede afirmarse que existe discriminación por la diferenciación de tratamiento que se le da a un individuo cuando estas surgen de circunstancias en los que el bien común justifica su existencia y que en medida son razonables y proporcionales en relación con los principios y valores que la totalidad del ordenamiento jurídico del país entrañan, es decir que dicha distinción debe encajar y armonizar con los valores y principios que caracterizan al Estado. De lo anterior, podemos concluir entonces, que si la Constitución Hondureña distingue entre los hondureños por nacimiento y por naturalización y que, aún mas, reserva a los hondureños por nacimiento cargos de elección popular como el de Presidente, Designados a la Presidencia y diputados, no es contrario a los derechos y postulados constitucionales, ni a los valores y principios que enarbolan la nación, que de igual manera sean únicamente los hondureños por nacimiento lo que puedan ser miembros de una corporación municipal. Esta tendencia o pensamiento, supone que en los hondureños por nacimiento existe un vinculo patrio más indisoluble y estrecho por razón del jus solis y el jus sanguinus que el que existen en los hondureños por naturalización, lo que incide en el ejercicio de los deberes y asuntos públicos, lo que de ninguna manera puede considerarse que va en detrimento de los derechos y deberes que como hondureños tienen todos. Cosa distinta sería que se hiciera distinción entre los hondureños por naturalización, que son iguales entre si, otorgándoles a algunos ciertos derechos y a otros no, sin justificación o circunstancia válida. Por otra parte, no podemos dejar pasar por alto el señalar inclusive, que la condición de hondureño por nacimiento no se pierde por ninguna causa, lo que si sucede con la nacionalidad por naturalización que puede ser cancelada. Finalmente, es pertinente recordar que la Constitución de la República, no solo para el ejercicio de los derechos políticos distingue la nacionalidad hondureña, sino que también para la adquisición de terrenos situados en la zona limítrofe a los Estados vecinos, en los litorales y los de islas, cayos, arrecifes, etc., los cuales solo podrán ser adquiridos, poseídos o tenidos a cualquier titulo únicamente por hondureños por nacimiento, lo cual es razonable, atendiendo los legítimos intereses que responden a la soberanía, seguridad interior que el Estado está en obligación de preservar como bien jurídico digno de tutela. CONSIDERANDO: Que a la luz de lo anteriormente expuesto el Artículo 100 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas reformado según Decreto No.185-2007 de fecha veinte de diciembre de 2007, publicado en el Diario oficial La Gaceta No. 31,523 el 1 de febrero de 2008, no entra en conflicto, ni con la Constitución de la República ni con Convenios ni Tratados Internacionales aprobados y ratificados por Honduras y que forman parte del ordenamiento jurídico interno. POR TANTO: La Sala de lo Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 15, 22, 24, 36, 37, 59, 60, 62, 63, 64, 184, 185 párrafo 1º., 303, 304, 313 atribución 5ª., 314 de la Constitución de la República; 1, 11 y 74 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 74, 75, 77 y 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR el Recurso de Inconstitucionalidad de que se ha hecho mérito; MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondiente.- Redactó la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el treinta de octubre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Inconstitucionalidad Via Acción con orden de ingreso en este Tribunal No. 446=08.Firma y Sello.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".