Sentencia CL-990-12 — Registro 3933
Resumen
Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para obtener el cumplimiento de contratos de trabajo, reinstalación y pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que este cargo no resulta admisible, ya que el recurrente si bien sostiene que el error de hecho proviene de apreciación errónea de determinadas pruebas, al mismo tiempo invoca en uno de sus apartados “Estas pruebas dejadas de apreciar se singularizan así…”, lo cual resulta contradictorio, ya que las mismas son dos modalidades distintas que debió haber formulados de forma separada; en adición, este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También tiene establecido este Tribunal, sustentado por la jurisprudencia, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de casos dudosos donde el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado por el Tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio (ver sentencia expediente No. S.L. 713-12). En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba donde el Tribunal de segundo grado estimó que la relación de trabajo de los demandantes con la demandada era de duración determinada, por la forma en que fueron contratados y la normativa aplicable"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitres dias del mes de septiembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, por el abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, mayor de edad, casado y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de los señores ANTONIA CRUZ ALVAREZ, ZOILA ESTRELLA ALBERTO ALVAREZ, REINA ISABEL MARTINEZ, CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ y JULIO CESAR CORRALES SANCHEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para obtener el cumplimiento de contratos de trabajo, reinstalación y pago de salarios dejados de percibir, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinte de abril de dos mil doce, por los señores ANTONIA CRUZ ALVAREZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público, ZOILA ESTRELLA ALBERTO ALVAREZ, casada, Licenciada en Gerencia de Negocios, REINA ISABEL MARTINEZ, soltera, Licenciada en Contaduría Pública, CARLOS ENRIQUE PERDOMO RODRIGUEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público y JULIO CESAR CORRALES SANCHEZ, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor ENRIQUE ALBERTO CASTELLON BURCHARD, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de octubre de dos mil doce, en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda promovida por los señores ANTONIA CRUZ ALVAREZ, ZOILA ESTRELLA ALBERTO ALVAREZ, REINA ISABEL MARTINEZ y otros, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), en consecuencia ABSOLVIÓ a la demandada de la responsabilidad económica laboral de reintegrar a los demandantes y del pago de salarios dejados de percibir; CONFIRMANDO la sentencia de la referencia en su parte resolutiva en cuanto a la exoneración de costas; sin costas en segunda instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que fueron originalmente contratados el 29 de noviembre de 2010, por el entonces titular de la DEI, dependencia de la Secretaría de Finanzas, para laborar en esta ciudad por tiempo determinado en el desempeño de sus funciones que en la Dirección Ejecutiva de Ingresos tiene el carácter de permanentes, sin embargo en sus contratos figuraba una fecha de vencimiento señalada para el 31 de diciembre de 2010; que en los casos de los demandantes Antonia Cruz Álvarez, Reina Isabel Martínez, Carlos Enrique Perdomo Rodríguez y Julio Cesar Corrales Sánchez, se les contrató como Auditores de Campo y en el caso de Zoila Estrella Alberto Álvarez, el contrato alude al cargo de Oficial Cuenta Corriente y fueron contratados nuevamente el 4 de enero de 2011, en los mismos cargos originales, para la ejecución de las mismas actividades pero una vez más se incurrió en el mismo error pues se estableció un vencimiento para el 31 de diciembre de 2011, lo cual no procede por razones mas que obvias y aunque han firmado el contrato en esos términos han sido por razones que no precisa mencionar, sin embargo, tal firma no implica aceptación del plazo determinado por virtud de la imperatividad del derecho laboral; que es evidente que dichos cargos y las actividades inherentes son de naturaleza permanente o continua en la DEI, es decir, pertenecen a su giro o actividad ordinaria y respecto de los correspondientes contratos de trabajo, según el artículo 47 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), contestó dicha demanda señalando que los demandantes alegan injusto e ilegal despido, pero como se dejó establecido que no ha existido tal despido ya que los demandantes lo que firmaban eran contratos por tiempo limitado o determinado, lo que les da otra categoría de empleados y no de permanentes, ya que no consta de su intención para realizar el trámite correspondiente, para considerarse como empleados permanentes, por lo que debe haber un acuerdo de nombramiento emitido por la autoridad competente, ya que estas son situaciones de derecho y no de hecho por consiguiente no se trata de un despido sino que la finalización de un contrato de trabajo por tiempo limitado o determinado que llego la fecha de su vencimiento y la forma de comunicarlo no cambia la naturaleza del mismo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de octubre de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito, condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo que venían desempeñando, con las mismas condiciones que tenían al momento de producirse el despido, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de sus cargos, sin costas; bajo el criterio que los cargos que desempeñaban los demandantes eran cargos permanentes dentro de la institución, prueba de ello, los mismos cargos en la actualidad se encuentran nombrados 8 personas como Oficiales de Cuenta Corriente por contrato y uno por acuerdo, y como Auditores de Campo 26 personas por acuerdo y dos por contrato; que en la relación laboral sostenida entre los demandantes y la demandada hubo continuidad, dicha relación nunca se interrumpió, la demandada no presentó prueba en contrario; que cuando un trabajador es contratado, aun cuando sea con una fijación de término para realizar una función fija en la empresa, dicho contrato de trabajo que por su prestación es de tiempo indefinido, no puede convertirse en convenio a plazo cierto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia reformando la sentencia del a-quo, en el sentido de declarar sin lugar la demanda promovida por los señores Antonia Cruz Álvarez, Zoila Estrella Alberto Álvarez, Reina Isabel Martínez y otros, contra la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); absolviendo a la demandada de la responsabilidad económica laboral de reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo y del pago de salarios dejados de percibir; confirmando la sentencia de la referencia en su parte resolutiva en cuanto a la exoneración de costas; sin costas en segunda instancia; bajo el criterio que los demandantes habían venido suscribiendo contratos a término con la demandada, no es posible considerar el efecto de duración indeterminado, puesto que fueron contratados a tiempo determinado, pagándole su salario mediante la planilla asignada a ese tipo de contratación la cual es con objeto 12100, circunstancia que no era desconocida por los demandantes, estando la accionada facultada a realizar contrataciones de personal de acuerdo a sus necesidades y hasta el límite que determinen las normas de su creación o las disposiciones generales de los respectivos presupuestos, según lo establece la Ley de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto; sin que conste de autos que la accionada haya realizado nuevas contrataciones en fecha posterior a la que se le puso fin al contrato de trabajo, de manera que resultan atendibles las pretensiones del recurrente.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal de los señores ANTONIA CRUZ ALVAREZ, ZOILA ESTRELLA ALBERTO ALVAREZ, REINA ISABEL MARTINEZ y OTROS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de representante procesal de los señores ANTONIA CRUZ ALVAREZ, ZOILA ESTRELLA ALBERTO ALVAREZ, REINA ISABEL MARTINEZ y OTROS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del abogado HECTOR FERNANDO IZAGUIRRE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en el primer motivo de casación alega: “Infracción indirecta por falta de aplicación del artículo 113 reformado párrafo segundo del Código del Trabajo en relación con los artículos 47 y 52 del mismo Código del Trabajo y artículos 283 numeral 1) y 284 numeral 1) del Código Procesal Civil proveniente tal infracción indirecta de error de hecho por apreciación errónea de determinadas pruebas que adelante singularizo. El citado artículo 113 reformado párrafo segundo del Código del Trabajo es norma sustantiva por consagrar derechos, en consecuencia, es violable en casación.-El error de hecho es resultante de apreciación errónea de pruebas auténticas o solemnes.—El error de hecho se puede dar por dos motivos o razones fundamentales: a) Por no dar por probado un hecho, estándolo. B) Por tener un hecho por establecido sin que sea así. Estas circunstancias ocurren por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas que la regulan lo que trae como consecuencia la violación a la ley sustancial. En nuestro caso, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, ha apreciada de modo incorrecto las pruebas aportadas por la parte actora todas las cuales son fehacientes tal como se explica adelante y por esa equivocada apreciación no se da por establecido un hecho que si lo esta.- Esas pruebas dejadas de apreciar se singularizan así: I.- DE LA PARTE ACTORA: La parte actora presentó documental pública consistente en: 1.- Cinco (05) oficios de fecha 20 de diciembre del 2011, emanados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) en que se les recuerda a los demandantes que sus contratos de trabajo se vencen el 31 de diciembre del 2011, oficios que corren agregados a folios 11, 24, 27, 35, 47, del expediente y que por emanar de la parte demandada y no refutarlos, son fehacientes.- 2.- Documental privada consistente en: I. Fotocopias de cuatro (04) contratos individuales de Servicios Profesionales de fechas 26 de noviembre del 2010 y 29 de noviembre del 2010 celebrados por el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos con los demandantes Antonia Cruz Álvarez, Reina Isabel Martínez, Carlos Enrique Perdomo Rodríguez y Julio Cesar Corrales Sánchez, contratos que corren agregados a folios 13 y 14, 19 y 20, 30 y 31, 37 y 38, del expediente.-El vencimiento de estos contratos fue el 31 de diciembre del 2010 y no fueron refutados por la parte demandada.-II. Fotocopia del contrato individual de Servicios Profesionales de fecha 04 de enero del 2011, celebrado por el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos con la señora ANTONIA CRUZ ALVAREZ que corre agregado a folios 15 y 16 del expediente.-Este fue un nuevo contrato en menos de un año y no fue refutado por la parte demandada. III. Fotocopia del contrato individual de Servicios Profesionales de fecha 26 de noviembre del 2010 celebrado por el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos con la Licenciada Zoila Estrella Alberto Álvarez que corre agregado a folios 19 y 20 del expediente.-Este contrato venció el 31 de diciembre del 2010 y tampoco fue objetado por la parte demandada 3.- EXHIBICION DE DOCUMENTOS DE PARTES consistente en que la parte demandada exhiba los siguientes documentos: I. Que exhiba las planillas de los últimos seis meses para establecer el promedio salarial mensual devengado en la DEI por los demandantes en los últimos seis meses previos a la terminación de sus respectivos contratos individuales de trabajo.-II. Que exhiba todos los contratos individuales de Servicios Profesionales de fechas 29 de noviembre del 2010 y 04 de enero del 2011 celebrados por el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos con los demandantes Antonia Cruz Álvarez, Reina Isabel Martínez, Carlos Enrique Perdomo Rodríguez y Julio Cesar Corrales Sánchez.- III. Que exhiba todos los contratos individuales de Servidos Profesionales de fechas 29 de noviembre del 2010 y 04 de enero del 2011 celebrados por el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos con la Licenciada Zoila Estrella Alberto Álvarez.- IV. Que exhiba el listado de Auditores de Campo y Oficiales de Cuenta Corriente que en estos momentos se desempeñan como tales en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y puntualizar que sus nombramientos son sin termino para establecer que dada la función eminentemente recaudadora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) la actividad de los Auditores de Campo y Oficiales de Cuenta Corriente es continua y permanente.- Fue imposible practicar el medio de prueba EXHIBICION DE DOCUMENTOS por renuencia de la parte demandada.- En ejecución de tal medio probatorio el Tribunal libró los oficios 1475 de fecha 16 de agosto del 2012 y 1503 de fecha 24 de agosto del 2012, cuya recepción consta en las copias de dichos oficios que corren agregadas al juicio, sin embargo, sin explicación alguna, la parte demandada no dio cumplimiento a lo solicitado por la justicia del trabajo aunque hubo una promesa del apoderado demandado de facilitar tal información, pero esto tampoco se cumplió, razón por la cual la señora Juez en la audiencia del cuatro (04) de septiembre del dos mil doce (2012) declaró impracticable dicho medio probatorio, obviamente por causas imputables a la parte demandada mandando la Juez “... que la negativa de la exhibición acarrea los efectos señalados en el artículo 282 numeral 1) del Código Procesal Civil”.- En relación con este medio probatorio EXHIBICION DE DOCUMENTOS, el apoderado demandado en sus alegaciones de la primera instancia fue enfático en admitir lo siguiente: “Habiéndose por parte de este Juzgado librado oficios correspondientes al departamento de recursos humanos de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) mediante los cuales se les ordenaba presentaran documentación que sería aportada como prueba en juicio y al no haberse presentado la misma me es imposible presentar alegaciones”.- Este reconocimiento de la parte demandada toma fehaciente la prueba no practicada por causas imputables a dicha parte.- Los efectos del artículo 282 numeral 1) del Código Procesal Civil a que ha aludido la señora Juez en la audiencia del cuatro (04) de septiembre del dos mil doce (2012) dicen así: “En caso de negativa injustificada a la exhibición del documento por la parte obligada a ello, el tribunal, considerando las demás pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por quien solicitó la exhibición o a la versión que de contenido del documento se hubiere dado”.- Eso es si se trata de entidades no gubernamentales. Pero en un caso que como el presente concierne a una entidad gubernamental como la DEI, las cosas se agravan pues según Artículo 284 numeral 1) del Código Procesal Civil, referente al DEBER DE EXHIBICIÓN DE ENTIDADES OFICIALES, según dicha disposición “Las dependencias del Estado y demás entidades de Derecho Público, tienen el deber de expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los juzgados o tribunales sin posibilidad de negarse a ello ni oponerse a exhibir los documentos que se encuentren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se trate de documentación que haya sido legalmente calificada como secreta o reservada, carácter que debe ser razonadamente justificado” (Mandato similar al del art. 36 del Código del Trabajo: El patrono queda obligado a archivar su ejemplar para exhibirlo a requerimiento de cualquier autoridad del trabajo).-4.- RECONOCIMIENTO JUDICIAL en la sede regional de la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS de esta ciudad a efecto de constatar el número de empleados que desempeñan el cargo de auditores de campo de esta ciudad y establecer el número de empleados que se desempeñan en el cargo de oficial de cuenta corriente.- Con este medio probatorio se demostró que las actividades Auditores de Campo y Oficiales Cuenta Corriente son permanentes y/o continuas en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, lo cual en ningún momento ha sido refutado. En relación con tales actividades permanentes y/o continuas el articulo 47 del Código del Trabajo establece: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, ...se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen...” y por su parte, el párrafo final del artículo 52 del Código del Trabajo impone “Que si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido...”. II.- DE LA PARTE DEMANDADA: LA PARTE DEMANDADA NO PROPUSO PRUEBAS Y MAS BIEN, EN SUS ALEGACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA ENFATIZÓ QUE POR NO HABER ATENDIDO SU REPRESENTADA LOS OFICIOS DE LA SEÑORA JUEZ, NO PODÍA FORMULAR ALEGACIONES. EXPLICACION DEL MOTIVO : El error de hecho en que ha incurrido el Ad Quem resulta de la mala apreciación de los medios de prueba de la parte actora ya relacionados, ya que, aunque el Juzgador no esta sujeto a tarifa probatoria y forma libremente su convencimiento, sin embargo, ello no exonera al juzgador de analizar con detenimiento y profundidad los hechos a efecto de llegar a la verdad e impartir justicia con apego a la ley, lo que le obliga a examinar las pruebas de modo acertado, idóneo y completo.-Si el Ad Quem hubiera apreciado correctamente los medios de prueba singularizados, habría encontrado que la relación contractual de trabajo vinculante de demandantes y demandada se tomó por tiempo indefinido porque la actividad de los demandantes en la DEI es por naturaleza permanente o continua y, porque antes de de que transcurriera un (1) año se celebró un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, aspecto este que el Ad Quem en ningún momento consideró precisamente por su mala apreciación incurriendo así en error de hecho con lo cual ha ofendido de modo indirecto artículo 113 reformado párrafo segundo del Código del Trabajo en relación con los artículos 47 y 52 del mismo Código del Trabajo y artículos 283 numeral 1) y 284 numeral 1) del Código Procesal Civil negando de ese modo a las demandantes el pago de sus derechos desquiciando con ello el fallo recurrido.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.-REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas que han mediado para la violación de la sustantiva citada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- Invoco como precedente la sentencia de fecha 12 de octubre del 2007 pronunciada por la Honorable Corte Suprema de Justicia en el caso M.R. versus H.T.”.- III. Que este cargo no resulta admisible, ya que el recurrente si bien sostiene que el error de hecho proviene de apreciación errónea de determinadas pruebas, al mismo tiempo invoca en uno de sus apartados “Estas pruebas dejadas de apreciar se singularizan así…”, lo cual resulta contradictorio, ya que las mismas son dos modalidades distintas que debió haber formulados de forma separada; en adición, este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También tiene establecido este Tribunal, sustentado por la jurisprudencia, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de casos dudosos donde el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado por el Tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio (ver sentencia expediente No. S.L. 713-12). En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba donde el Tribunal de segundo grado estimó que la relación de trabajo de los demandantes con la demandada era de duración determinada, por la forma en que fueron contratados y la normativa aplicable.- IV. Que el Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 18 del Código del Trabajo en relación con los artículos 47 y 52 del mismo.-El concepto de la infracción se explica así: Cuando el texto de la norma legal es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con él, se tiene el caso de la infracción directa.-La aplicación indebida ocurre cuando entendida rectamente una norma en si misma, sin que medien errores de hecho o de derecho, se aplica esa norma a un hecho probado para deducir consecuencias contrarias a las queridas por la ley.-El texto del articulo 18 del Código del Trabajo, dice así: “Los casos no previstos por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del Derecho del Trabajo; en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios; y por ultimo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina”.- Dice el precepto que en primer término, los casos no previstos se deben resolver de acuerdo con los principios del Derecho del Trabajo.-Uno de los mas relevantes principios del Derecho del Trabajo es el “IN DUBIO PRO OPERARIO”, según el cual, en caso de duda el Juez aplicará lo que mas beneficia o conviene al trabajador, In dubio pro operario es una locución latina, que expresa el principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador (operario). Es un principio interpretativo de Derecho laboral, que podría traducirse como “ante la duda a favor del operario o trabajador”.-Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella que sea más favorable al trabajador.- En la sentencia recurrida, en el segmento FUNDAMENTOS DE DERECHO invoca oficiosamente el artículo 46 del Código del Trabajo, norma esta sin ningún protagonismo en el caso pues se trata de trabajadores que desempeñaban labores de naturaleza permanente o continua en la DEI, que es un aspecto no refutado por la parte demandada, y alude el Ad Quem a aspectos presupuestarios, a condiciones del mercado laboral mencionando además que en autos no consta que la accionada haya realizado nuevas contrataciones todo lo cual no ha sido tema de debate y otras razones de su peculio, no invocadas por la parte demandada, soslayando sin causa, que las normas que regulan el asunto y que son realmente aplicables, son los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, ya que además de que la actividad de los demandantes es permanente en la Institución, fueron contratados dos veces antes de que transcurriera un año para continuar desempeñando las mismas actividades, lo que implica que el in dubio pro operario pasó totalmente desapercibido para la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula en el fallo recurrido lo cual ha implicado la infracción directa por falta de aplicación del artículo 18 del Código del Trabajo en relación con los artículos 47 y 52 del mismo, ya que se aplica la norma a un hecho probado para deducir consecuencias contrarias a las queridas por la ley, y por lo cual cabe casar la sentencia por este motivo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se comprende en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.”.- V. Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que el artículo 18 del Código del Trabajo no es una norma sustantiva, sino que es de carácter general; conviene recordar que las disposiciones que se pueden invocar como fundamento del recurso, son aquellas que recíprocamente conceden derechos y obligaciones o las extinguen. En adición, este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 14-09, 345-12, 880-12 y 901-12); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el carácter temporal o permanente de la relación laboral entre las partes y ello fue un hecho del debate y objeto del material probatorio, por ende no procedía el ataque al fallo por esa vía.- VI. Que también se pide se declare la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, bajo el siguiente señalamiento: “La Honorable Corte Suprema de Justicia ha anulado en fecha reciente una sentencia de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, pronunciada en segunda instancia en el juicio promovido por el señor Nery Fernández Rápalo contra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, básicamente porque dicha Corte de Apelaciones dictó sentencia adversa al demandante en base a argumentos oficiosos, es decir, no esgrimidos por la parte apelante ni que habían sido objeto de debate. En el presente caso se ha dado una situación muy similar siendo protagonista el mismo Tribunal.- En el segmento FUNDAMENTOS DE DERECHO de la sentencia recurrida, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en los acápites PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO formula una serie de razonamientos que la parte demandada no los ha invocado en ningún momento, mas bien, dicha parte demandada en sus alegaciones de la primera instancia fue categórica en expresar que no tenia alegaciones qué hacer y en la segunda instancia su alegato fue igualmente brevísimo, pero el Ad Quem lo ha extendido al infinito para desestimar la demanda, citando supuestos precedentes de la misma Corte que no Doctrina Legal, mencionando cuestiones presupuestarias que no han sido objeto de debate, mencionando cuestiones de mercado tampoco debatidas, mencionando que en autos no consta que la accionada haya realizado nuevas contrataciones lo cual tampoco ha sido tema de debate concluyendo “...que resultan atendibles las pretensiones del recurrente”, quien por cierto virtualmente no ha pretendido nada.- En esa virtud, invocando nuevamente el caso Nery Fernández Rápalo versus ENEE, solicito muy respetuosamente que la Honorable Corte Suprema de Justicia enmiende la arbitrariedad y si bien lo estima, declare la nulidad de la sentencia recurrida.”.- VII. Que si bien es cierto, que la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es, que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- VIII. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y cabe declararse sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 990-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL