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Sentencia CL-989-12 — Registro 3911

Resumen

Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de los salarios dejados de percibir y condena en costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que revisada las sentencia impugnada y en atención a lo esgrimido por el Recurrente, resulta que el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia a los principios de congruencia, prohibición de la reforma peyorativa y dispositivo que deben imperar en la resolución del recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en los artículos 208, 692 y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, los cuales limitan al Tribunal que resuelve el recurso a decidir en relación a los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación; como también, que la resolución del recurso no puede empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la decisión recurrida, siempre que el fallo solo haya sido recurrido por una de las partes.- VII. Que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- VIII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha catorce de marzo del dos mil trece, por el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de los salarios dejados de percibir y condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre del año dos mil once, por la señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ, mayor de edad, soltera, Estudiante, hondureña y de este domicilio, contra la sociedad mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S. de R. L., como propietaria del Instituto Metropolitano de Educación Integral (IMEI), por medio de su Gerente y Directora, señora EMPERATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA, mayor de edad, casada, Empresaria, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló REVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha trece de agosto del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, actuando en su condición de Apoderado Apelante. 2.- REVOCAR PARCIALMENTE los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia; 3.- CONFIRMAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: a) DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y los salarios dejados de percibir promovido por la Señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ de generales expresadas contra la Sociedad Mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S DE R.L., como propietaria del INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI) través de su Representante Legal y Directora, Señora EMPERATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA de generales expresadas.- b) ABSUELVE: la Sociedad Mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S DE R.L., como propietaria del INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI) través de su Representante Legal y Directora, Señora EMPERATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA a pagarle a la Señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps.4,760.00) distribuidos así: PREAVISO: LPS.1,960.00; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: LPS. 2,800.00, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva.-c) CONFIRMAR los derechos adquiridos, vacaciones proporcionales Lps. 1,260.00; Aguinaldo proporcional Lps. 2,880.00; Décimo cuarto mes Lps.1,380.00; Salario adeudado del mes de octubre y diecisiete dias del mes de diciembre del 2011 Lps. 5,640.00.-4.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó que inició la relación laboral en el INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI), impartiendo la clase de Artes Plásticas, Actividades Prácticas y Educación Musical. Que la relación laboral finalizó mediante despido indirecto comunicado a la Directora del (IMEI), en fecha 18 de noviembre del 2011, haciéndole entrega personal de la nota de fecha 17 de noviembre del 2011, por medio de la cual se le puso en conocimiento de la terminación de la relación laboral, conservando el derecho al pago de sus prestaciones e indemnizaciones, por haberse cometido infracciones a la ley laboral en su perjuicio que autorizan el despido indirecto; las causas específicas son el no haberle pagado la demandada el salario correspondiente al mes de octubre del año 2011, que debió haberse hecho efectivo el último día del referido mes y a más tardar para el día 5 del mes de noviembre. En fecha 10 de noviembre del 2011, la hija de la Directora y Administradora del Instituto la insultó airada y groseramente. Que solicitó los servicios de un Inspector del Trabajo, habiéndose ausentado de sus labores por un lapso de tiempo, siendo amenazada por la Dirección con despedirla y al efecto de inmediato la mandaron a citar para audiencia de descargos en la cual no se le indicó el motivo para esa comparecencia.- 2. La parte demandada, la sociedad mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S. de R. L., como propietaria del Instituto Metropolitano de Educación Integral (IMEI), contestó dicha demanda argumentando que contrató los servicios de la demandante como Maestra a partir del 01 de febrero del 2011 y su jornada no era completa, ya que a la semana laboraba 16.5 horas de clases a la semana, trabajando menos de la tercera parte de lo que se establece como jornada completa. Se citó a la demandante a una audiencia de descargo para que justificara su inasistencia a sus labores los días 09, 15, 16, 17, 18, 21 y demás días del mes de noviembre del 2011, dicha citación la motivó a abandonar sus labores sin ninguna justificación, ni excusa, negándose a entregar el cuadro de notas. Las vacaciones que se conceden a los institutos educativos del país, son los dos meses que no se laboran por periodo de vacaciones de los estudiantes y se pagan sin laborar, en el caso de la demandada, laboró nueve meses y medio y lo que según ella genera su derecho a reclamarlas es un supuesto despido injustificado, lo cual es falso ya que ella lo que hizo no fue mediante despido injustificado, sino abandono injustificado de labores. Que el supuesto despido injustificado alegado por la demandante, no fue notificado mediante las vías legales facultadas para ello, no se levantó acta de la Inspectoría General del Trabajo y la supuesta notificación no fue entregada de forma personal ni por terceros facultados para ello y, aun en caso de que algún Inspector hubiese levantado acta de ello, la parte agraviada contaba con tres días para impugnar esta acta según las leyes administrativas. Ni de manera previa ni posterior al supuesto despido, solicitó ninguna intervención del Ministerio del Trabajo, a efecto de darle cumplimiento a lo que establece el artículo 691 del Código de Trabajo Vigente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la sociedad mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S. de R. L, como propietaria del INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI) pagar a la demandante la cantidad de quince mil novecientos veinte lempiras exactos (L.15,920.00) por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, salario adeudado del mes de octubre y 17 días del mes de noviembre del 2011, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del Contrato de Trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, sin costas; bajo el criterio que la demandante acreditó fehacientemente haber tenido motivo justo para dar por terminado el contrato de trabajo en forma indirecta con su patrono, sin responsabilidad de su parte, como es la falta de pago en la fecha y lugar convenido, conservando el derecho al pago de sus prestaciones laborales, como en el caso del despido injusto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de noviembre del dos mil doce, dictó sentencia revocando parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal a-quo, en consecuencia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y los salarios dejados de percibir, absolviendo a la demandada por dichos conceptos, confirmando la sentencia del a-quo, en cuanto al pago de los derechos adquiridos, sin costas; bajo el criterio que entre las partes existió un compromiso en la que había un acta en que la parte patronal se comprometía cancelarle el sueldo adeudado a la profesora Leizy Roxana Molina Suarez, esto sucedió el día 18 de noviembre del 2011 y en el mes de diciembre del mismo año no se presentó la mencionada señora para que se le cancelara el salario y posterior a esto se da por despedida indirectamente. Por parte de la demandada, no existió negativa en pagarle lo debido a la profesora Leizy Roxana Molina Suarez, ni hubo negligencia alguna y la que no cumplió con el compromiso fue la demandante. Que no se encontró como prueba de la demandante la certificación del Ministerio del Trabajo a efecto de darle cumplimiento a lo que establece el artículo 691 del Código del Trabajo vigente, que haya cumplido la demandante de notificar mediante las vías legales. No se levantó ninguna acta por parte de la Inspectoría General del Trabajo, haciendo constar la entrega de la nota de despido indirecto a la demandada. No se habla sobre el término que se tenía para impugnar esa acta.- 5. Que mediante auto de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, éste Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, en su condición de representante procesal de la señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha dos de noviembre del dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6. Que en fecha catorce de marzo del dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, de generales y condición ya expresados, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha quince de abril del dos mil trece se declaro precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la abogada REINA ISABEL MATAMOROS GALVEZ, para contestar la demanda de casación plateada, ordenando proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTACION JURIDICA.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV. Que el Recurrente solicita nulidad subsidiaria bajo la siguiente argumentación: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no pude subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el se exige para la prescripción ordinaria. Artículo 1589 del Código Civil, en aplicación del artículo 18 del Código del Trabajo, aplicada analógicamente, aunada a la disposición legal contenida en el artículo 215 del Código Procesal Civil. Tanto en la sentencia de la primera instancia con el de la recurrida de la segunda instancia, se han cometido los errores procesales siguientes: 1) El juzgado de Letras del Trabaja de este Departamento en su sentencia, omitió consignar en la parte dispositiva la ley de carácter laboral en que se funda para sustentar su sentencia en cuanto a la liquidación de la cuantía condenatoria, que de simple deducción se concluye que fundó su convencimiento en el Decreto Ley numero 230-2010 emitido por el honorable Congreso Nacional de la República de fecha 5 de Noviembre del año 2010, sin que se haya observado por ningún medio probatorio, que la patronal o la demandante hayan cumplido con la obligación de seguir el procedimiento establecido requerido para los trabajadores contratados por hora, que de materializar esa contratación sin la observancia de ese procedimiento no surte sus efectos legales, por vicio da NULIDAD ABSOLUTA, sin embargo se deduce que la sentenciadora en la primera instancia liquidó la sentencia en base a lo establecido en el referido decreto 230-2010. 2) Según lo establecido en el numeral 1. del Artículo 206, del Código Procesal Civil y el numeral 1. del artículo 208 del mismo Código, las sentencias deber ser claras, precisas y exhaustivas y que las mismas deben ser congruentes con las demandas y con la demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente. Estas anteriores disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil fueron violadas de manifiesto por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán al no haberse observado dichos preceptos de forma y viciar de nulidad el fallo recurrido, según se observa de lo siguiente: de oficio y contra el fin del recurso, la corte sentenciadora pronunció en su fallo con conteniendo de decisiones que volvieron mas gravosa la situación de mi representada y en acto propio de plena nulidad, declara CON LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por el suscrito como representante procesal de la demandante LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ, ROVOCANDO PARCIALMENTE la sentencia definitiva, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y contradictoriamente, declara SIN LUGAR LA DEMANDA. 3) En su sentencia la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo sustenta su convencimiento en base a lo estipulado en el artículo 691 del Código del Trabajo, quien dice no se observó ese precepto legal para dar por terminada la relación laboral, criterio que no es correcto, puesto que es elemental entender que esa disposición legal no es aplicable a las relaciones laborales entre trabajador y las personas jurídicas con fines de lucro.- 4) En la parte dispositiva de la sentencia recurrida, no se observa la obligación de señalar la disposición del artículo 691 del Código del Trabajo, en la cual sustentó, según Considerando numero 6 de la sentencia. 5) La honorable Corte de Apelaciones del Trabajo sustenta su fallo, entre otras disposiciones legales, incorrectamente, en los artículos 1 y 137 de la Ley y Organización de los Tribunales, que no es la denominación correcta, puesto que en la legislación nacional no existe ese cuerpo legal con ese nombre, pues a la que se quiso referir el Magistrado ponente fue a la promulgada con el nombre de “LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES. violando con ese proceder la ordenanza de observar que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas acudiendo a razonamientos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica del Derecho.”.- V. Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 2 de noviembre del 2012 dicto fallo en la forma siguiente: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HENRY DONALDO LAZO DOMINGUEZ, actuando en su condición de Apoderado Apelante. 2.- REVOCAR PARCIALMENTE los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia; 3.- CONFIRMAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia: a) DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y los salarios dejados de percibir promovido por la Señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ de generales expresadas contra la Sociedad Mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S DE R.L., como propietaria del INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI) través de su Representante Legal y Directora, Señora EMPERATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA de generales expresadas.- b) ABSUELVE: la Sociedad Mercantil EDUCAR PARA TRANSFORMAR S DE R.L., como propietaria del INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACION INTEGRAL (IMEI) través de su Representante Legal y Directora, Señora EMPERATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA a pagarle a la Señora LEIZY ROXANA MOLINA SUAREZ la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS (Lps.4,760.00) distribuidos así: PREAVISO: LPS.1,960.00; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: LPS. 2,800.00, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva.-c) CONFIRMAR los derechos adquiridos, vacaciones proporcionales Lps. 1,260.00; Aguinaldo proporcional Lps. 2,880.00; Décimo cuarto mes Lps.1,380.00; Salario adeudado del mes de octubre y diecisiete dias del mes de diciembre del 2011 Lps. 5,640.00.-4.- SIN COSTAS.”.- VI. Que revisada las sentencia impugnada y en atención a lo esgrimido por el Recurrente, resulta que el fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia a los principios de congruencia, prohibición de la reforma peyorativa y dispositivo que deben imperar en la resolución del recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en los artículos 208, 692 y 701 numeral 1) del Código Procesal Civil, los cuales limitan al Tribunal que resuelve el recurso a decidir en relación a los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes, vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación; como también, que la resolución del recurso no puede empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la decisión recurrida, siempre que el fallo solo haya sido recurrido por una de las partes.- VII. Que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- VIII. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 765, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 208, 692, 701 numeral 1) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 2 de noviembre del 2012, visible a folios doce (12) al quince (15) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 989-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL