Sentencia CL-935-12 — Registro 3317
Resumen
Demandas ordinarias laborales para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Este Tribunal es del criterio que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la permanencia o no de los trabajadores demandantes, forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, por lo tanto no es un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- VI.- El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que como se explicara supra, ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el o los cargos que consisten en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, sean completos e independientes en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la norma sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, todos los motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen solicitado; razón por la cual este recurso no puede ser estimado en sus dos motivos"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho días del mes de marzo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, por la abogada GLADIS MARIA MONCADA CORTÉS, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a las demandas ordinarias laborales para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas, demandas acumuladas promovidas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en diferentes fechas, por los señores LESLY CAROLINA VASQUEZ ORDOÑEZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público, MARCO TULIO ELVIR ELVIR, soltero, estudiante, CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES, soltero, conductor, RAMON ENRIQUE CARAZO, casado, Ingeniero Militar, FRANCISCO PAVON POSADAS, casado, HECTOR EDUARDO MOLINA, soltero, motorista y OSCAR OMAR ALMENDAREZ HERNANDEZ, soltero, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiséis de julio del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo promovida por los señores: 1) LESLY CAROLINA VASQUEZ ORDOÑEZ; 2) MARCO TULIO ELVIR ELVIR; 3) CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES; 4) RAMON ENRIQUE CARAZO; 5) FRANCISCO PAVON POSADAS; 6) HECTOR EDUARDO MOLINA y 7) OSCAR OMAR ALMENDAREZ HERNANDEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 2) CONDENAR a EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a reintegrar a su puesto de trabajo a los señores: 1) LESLY CAROLINA VASQUEZ ORDOÑEZ; 2) MARCO TULIO ELVIR ELVIR; 3) CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES; 4) RAMON ENRIQUE CARAZO; 5) FRANCISCO PAVON POSADAS; 6) HECTOR EDUARDO MOLINA y 7) OSCAR OMAR ALMENDAREZ HERNANDEZ, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron su relación laboral con la demandada así: 1) LESLY CAROLINA VASQUEZ ORDOÑEZ, el 07 de junio del año 2007, desempeñándose en el puesto de Supervisora de Trabajadores. Que el 30 de junio del año 2011 se le notificó la terminación del vínculo laboral que le unía a la demandada. 2) MARCO TULIO ELVIR ELVIR, el 16 de marzo del año 2006, desempeñándose en el Departamento de Mantenimiento General, posteriormente mediante nota de fecha 31 de agosto del año 2011, se le notificó la terminación de la relación laboral con la demandada. 3) CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES, el 01 de agosto del año 2010, desempeñándose en el puesto de Controlador de Transporte Urbano. Que mediante nota de fecha 18 de octubre del 2011, se le notificó la terminación de su relación laboral con la demandada. 4) RAMON ENRIQUE CARAZO, el 01 de agosto del año 2010, desempeñándose en el puesto de Jefe de Equipo y Cuadrilla como puesto funcional y puesto nominal Supervisor de Obra. Que la demandada suspendió el pago de su salario a partir de septiembre del 2011, situación que consideró normal, ya que SOPTRAVI durante el transcurso de ese año se estaba retrasando con los pagos de salarios a los trabajadores por sistema de jornal hasta por tres meses, no obstante se personó a la Inspectoría del Trabajo para que se investigara su situación laboral mediante inspección y fue hasta ese momento que tuvo conocimiento que el motivo de la suspensión de su sueldo era en virtud de que había sido despedido el 31 de agosto del 2011, despido que no se le notificó, por lo que continuó laborando normalmente hasta el momento de la inspección. 5) FRANCISCO PAVON POSADAS, el 01 de octubre del año 2010, desempeñándose en el puesto de Inspector de Autobuses Interurbano. Que mediante nota de fecha 30 de septiembre del 2011, se le notificó la terminación de su relación laboral con la demandada. 6) HECTOR EDUARDO MOLINA, el 01 de marzo del año 2010, desempeñándose en el puesto de Supervisor General, que la demandada suspendió el pago de su salario a partir de octubre del 2011, situación que consideró normal ya que SOPTRAVI durante el transcurso de ese año se estaba retrasando con los pagos de salarios a los trabajadores, por sistema de jornal hasta por tres meses, no obstante se personó a la Inspectoría del Trabajo para que se investigara su situación laboral mediante inspección, lo que no fue posible porque nunca estaba la persona encargada de dar información, fue hasta el 12 de diciembre del 2011, en acta de comparecencia en las oficinas de la Inspección General de Trabajo donde se le notificó que el motivo de la suspensión de su sueldo era en virtud de que había sido despedido desde el mes de octubre del 2011. 7) OSCAR OMAR ALMENDAREZ HERNÁNDEZ, el 05 de enero del año 2009, desempeñándose en el cargo de Supervisor, mediante nota de fecha 31 de octubre del 2011, se le notificó la terminación de su relación laboral con la demandada. Que de manera arbitraria e ilegal se les notificó mediante nota la terminación del vinculo laboral que les unía con la demandada, mediante despido directo y sin causa justificada, violentando así la Constitución de la República en sus artículos 127, 129 y el artículo 117 del Código del Trabajo, norma jurídica que tiene relación con el artículo 112 del mismo cuerpo legal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda argumentando que los señores LESLY CAROLINA VASQUEZ ORDOÑEZ, RAMON ENRIQUE CARAZO, MARIO TULIO ELVIR ELVIR, OSCAR OMAR ALMENDAREZ HERNANDEZ Y FRANCISCO PAVON POSADAS, sostuvieron una relación de servicios por tiempo determinado con la demandada mediante el sistema denominado sistema de pago por planillas o jornal, que se rechaza lo manifestado por los señores CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES Y HECTOR EDUARDO MOLINA, ya que no se encuentra registro que defina que tipo de relación vinculaba a los demandantes con SOPTRAVI, al tiempo que se rechaza que los señores RAMON ENRIQUE CARAZO y MARIO TULIO ELVIR ELVIR, hayan ostentado los cargos que estos aducen, ya que consta que estaban nombrados en los cargos de Supervisor y Peón respectivamente, siempre bajo el sistema de pago de planilla o jornal. Que no es cierto que la relación de trabajo sostenida entre SOPTRAVI y los demandantes haya sido de manera continua, estos fueron contratados mediante sistema de pago por planilla o jornal, mediante las resoluciones No. 372, 198, 538, 397, 420, 268, 365, 397, por medio de las cuales se contrató a los demandantes por tiempo limitado. Que no son ciertas las afirmaciones de los demandantes en el sentido de que fueron despedidos de manera directa e injustificada, haciendo uso de una norma jurídica que no le es aplicable a los trabajadores por jornal, como son los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, pues los mismos son de aplicabilidad a todo trabajador que goza de un estatus laboral permanente. Que estas relaciones de trabajo están comprendidas en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo. Que no les son aplicables las disposiciones comprendidas en el artículo 117 del Código del Trabajo. Que no era necesario invocarles a los demandantes causales de despido en las notificaciones efectuadas con el objeto de prescindir de sus servicios y contempladas en el artículo 112 del cuerpo legal antes relacionado, por que las contrataciones de los demandantes eran a término. Que la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por tratarse de empleados contratados bajo la modalidad de planilla o jornal no deviene obligada a aceptar imposiciones de reintegro, beneficios que son otorgados solamente a los empleados permanentes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de julio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a su puesto de trabajo a los señores: 1) Lesly Carolina Vásquez Ordoñez; 2) Marco Tulio Elvir Elvir; 3) Carlos Armando Ordoñez Valladares; 4) Ramón Enrique Carazo; 5) Francisco Pavón Posadas; 6) Héctor Eduardo Molina Y 7) Oscar Omar Almendarez Hernández, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeude, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro, sin costas; bajo el criterio que no habérsele señalado a los demandantes en su nota de despido la justa causa legal que tuvo la parte demandante para despedirlos, hace que el despido se vuelva injusto e ilegal, al haberse violentado el artículo 117 del Código del Trabajo. Que ha quedado acreditado el despido ilegal e injusto de que han sido objeto los señores CARLOS ARMANDO ORDOÑEZ VALLADARES y HECTOR EDUARDO MOLINA, por lo que resulta procedente declarar CON LUGAR el reintegro a su puesto de trabajo al igual que sus demás compañeros por lo menos en las mismas condiciones a las que tenían al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha de su reintegro.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de septiembre del dos mil doce, dictó sentencia confirmando la dictada por el Tribunal A Quo, sin costas, bajo el criterio que los demandantes acreditaron que trabajaban para SOPTRAVI, tal como lo reconoce la demandada en las constancias que les fueron extendidas y que fueron despedidos sin causa justificada en forma directa e ilegal. Que la demandada no probó haber tenido justos motivos para la terminación de la relación laboral de los demandantes, por consiguiente es procedente declarar con lugar las demandas de que se ha hecho mérito.- 5.- Que mediante auto de fecha siete de enero del dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GLADIS MARIA MONCADA CORTES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de septiembre del dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciocho de febrero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal la Abogada GLADIS MARIA MONCADA CORTES, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la abogada GLADIS MARIA MONCADA CORTES, y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha quince de abril del dos mil trece se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, para contestar la demanda de casación planteada y ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que la abogada GLADIS MARIA MONCADA CORTÉS, en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por aplicación indebida, del artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el preámbulo del artículo 765, ordinal primero y su párrafo primero del Código del Trabajo vigente.”.- III.- Resulta que el cargo en la forma expuesta no está llamado a prosperar por haber citado el artículo 113 del Código del Trabajo sin haber precisado los párrafos ó literales que contiene dicho precepto legal, ya que los mismos se refieren a diversas situaciones jurídicas aplicables a la terminación del contrato de trabajo. Razón suficiente para desestimar el motivo que nos ocupa.- IV.- Que en el segundo motivo la Recurrente establece lo siguiente: “Infracción directa por falta de aplicación del artículo 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el preámbulo del artículo 765, ordinal primero y su párrafo primero del Código del Trabajo.- DOCTRINA En la doctrina laboral de casación y en los reiterados fallos emitidos por La Honorable Corte Suprema de Justicia se ha mantenido el sólido criterio de que la infracción directa de la ley tiene lugar en todo caso en los que, a un hecho que ha sido discutido y puesto en evidencia, es decir, debidamente probado en juicio, en la sentencia se apliquen otras normas que no regulen el caso debatido y en virtud de ello la sentencia contenga disposiciones en abierta pugna con la ley.”.- V.- Este Tribunal es del criterio que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la permanencia o no de los trabajadores demandantes, forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, por lo tanto no es un hecho aceptado por las partes, en consecuencia no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía, por lo cual el cargo resulta inadmisible.- VI.- El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que como se explicara supra, ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el o los cargos que consisten en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, sean completos e independientes en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la norma sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, todos los motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen solicitado; razón por la cual este recurso no puede ser estimado en sus dos motivos.- VII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de abril del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 935-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL