Sentencia CL-877-12 — Registro 3518
Resumen
Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de los despidos, caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo y normalice la situación laboral, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Este Tribunal de Casación observa que el cargo que antecede adolece de los siguientes defectos técnicos y que lo hacen inadmisible: a) omite señalar norma de carácter sustantivo laboral que considera ha sido violada por el ad-quem; b) alega infracción directa y hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en esta forma de violar la Ley; y, c) cita de forma incorrecta el precepto autorizante, ya que lo procedente alegando infracción directa, era indicar el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el Recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, todos los motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar el presente recurso"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de los despidos, caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo y normalice la situación laboral, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, en virtud de despidos directos, ilegales e injustos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de marzo del dos mil once, por el Licenciado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en su condición de representante procesal de los señores MARDOQUEO MARTINEZ, SILVIA UMAÑA SUAREZ, FIDELINA PALMA, CAROLINA MARTINEZ CACERES, MELISSA MIRANDA AGUILERA y OTROS, todos mayores de edad, hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: A) Declarando CON LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; B) REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario reintegre de inmediato en sus cargos y normalice la situación laboral, pago de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, en virtud de despido directo, ilegal e injusto, costas, promovido por el Abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX en su condición de apoderado de los señores MARDOQUEO MARTINEZ, SILVIA UMAÑA SUAREZ, FIDELINA PALMA, CAROLINA MARTINEZ CACERES, MELISSA MIRANDA AGUILERA, ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN, MIRIAN JANETH MONDRAGON MORAZAN, ANA MARIA CHACON, JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ, JAIME DE JESUS SALINAS, WILFREDO ANTONIO SAUCEDA, BELINDA SUVAPA MARTINEZ CACERES, MIRNA ALEJANDRA SANDOVAL, MARTHA MENDOZA, MARIA SOCORRO GIRON, DAYSI MARGARITA RAMIREZGOMEZ, SANTOS FELIX DURON HERNANDEZ, JOSE TOMAS AGUILAR, JUANA LORENA DIAZ MEJIA, LEOVIGILDO LOPEZ CHAVEZ, JOSE ANTONIO PINEDA HERNANDEZ, MARIA MARLEN CRUZ RODRIGUEZ, JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS, DENIA SARAI REYES GUERRA Y CARLOS ZAMIR VALLECILLO CUBAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República; 2) CONDENANDO al ESTADO DE HONDURAS, representada por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República; a reintegrar a los señores MARDOQUEO MARTINEZ, SILVIA UMAÑA SUAREZ, FIDELINA PALMA, CAROLINA MARTINEZ CACERES, MELISSA MIRANDA AGUILERA, ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN, MIRIAN JANETH MONDRAGON MORAZAN, ANA MARIA CHACON, JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ, JAIME DE JESUS SALINAS, WILFREDO ANTONIO SAUCEDA, BELINDA SUYAPA MARTINEZ CACERES, MIRNA ALEJANDRA SANDOVAL, MARTHA MENDOZA, MARIA SOCORRO GIRON, DAYSI MARGARITA RAMIREZGOMEZ, SANTOS FELIX DURON HERNANDEZ, JOSE TOMAS AGUILAR, JUANA LORENA DIAZ MEJIA, LEOVIGILDO LOPEZ CHAVEZ, JOSE ANTONIO PINEDA HERNANDEZ, MARIA MARLEN CRUZ RODRIGUEZ, JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS, DENIA SARAI REYES GUERRA Y CARLOS ZAMIR VALLECILLO CUBAS, a sus anteriores puestos de trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean reinstalados y los demás derechos que se le hayan otorgados a los otros trabajadores en su ausencia 3) CONFIRMAR el numeral 3 de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, EN CASO CONTRARIO REINTEGRE DE INMEDIATO EN SUS CARGOS Y NORMALICE LA SITUACIÓN LABORAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO, COSTAS, promovido por el abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX en su condición de apoderado de los señores MARDOQUEO MARTINEZ, SILVIA UMAÑA SUAREZ, FIDELINA PALMA, CAROLINA MARTINEZ CACERES, MELISSA MIRANDA AGUILERA, ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN, MIRIAN JANETH MONDRAGON MORAZAN, ANA MARIA CHACON, JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ, JAIME DE JESUS SALINAS, WILFREDO ANTONIO SAUCEDA, BELINDA SUYAPA MARTINEZ CACERES, MIRNA ALEJANDRA SANDOVAL, MARTHA MENDOZA, MARIA SOCORRO GIRON, DAYSI MARGARITA RAMIREZGOMEZ, SANTOS FELIX DURON HERNANDEZ, JOSE TOMAS AGUILAR, JUANA LORENA DIAZ MEJIA, LEOVIGILDO LOPEZ CHAVEZ, JOSE ANTONIO PINEDA HERNANDEZ, MARIA MARLEN CRUZ RODRIGUEZ, JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS, DENIA SARAI REYES GUERRA Y CARLOS ZAMIR VALLECILLO CUBAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República.- C) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Educación en el siguiente orden: MARDOQUEO MARTINEZ, el 2 de enero del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Administrador en Danlí, El Paraíso, devengando un salario diario de L. 266.67; SILVIA UMAÑA SUAREZ, el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Bibliotecaria en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 200.00; FIDELINA PALMA, el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Mecanógrafa, en el Instituto Armando Martínez de Danli, el Paraíso, con un salario diario de L. 216.67; CAROLINA MARTINEZ CACERES, el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Mecanógrafa en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 216.67; MELISSA MIRANDA AGUILERA, el 1 de agosto del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Mecanógrafa en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 216.67; ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN, el 1 de agosto del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Operador de Maquinas en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso con un salario diario de L. 183.33; MIRIAN JANETH MONDRAGON MORAZAN, el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Enfermera en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso con un salario diario de L. 183.33; ANA MARIA CHACON, el 1 de agosto del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Enfermera en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso con un salario diario de L. 183.33; JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ, 1 de marzo del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Guardián en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; JAIME DE JESUS SALINAS, el 1 de febrero del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Guardián en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso con un salario diario de L. 183.33; WILFREDO ANTONIO SAUCEDA, el 2 de abril del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Guardián en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; BELINDA SUYAPA MARTINEZ CACERES, el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Conserje el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; MIRNA ALEJANDRA SANDOVAL, el 1 de marzo del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Conserje en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; MARTHA MENDOZA el 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Conserje en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; MARIA DEL SOCORO GIRON, 1 de febrero del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Conserje en el Instituto Armando Martínez de Danlí, El Paraíso, con un salario diario de L. 183.33; DAYSI MARGARITA RAMIREZ GOMEZ, el 29 de septiembre del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Preparadora de Alimentos en la Escuela España Villa Ahumada de Danlí, El Paraíso, con un salario de L.183.33; SANTOS FELIX DURON HERNÁNDEZ, el 29 de septiembre del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Guardián de la Escuela España Villa Ahumada de Danlí, El Paraíso con un salario de L.183.33; JOSE TOMAS AGUILAR, el 29 de septiembre del 2007, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Guardián de la Escuela España Villa Ahumada de Danlí, El Paraíso, con un salario de L.183.33; JUANA LORENA DIAZ MEJIA, el 1 de agosto del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Aseadora en el Instituto Técnico Vocacional Pedro Nufio de Danlí, El Paraíso, con un salario de L. 183.33; LEOVIGILDO LOPEZ CHÁVEZ, el 1 de junio del 2006, mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Vigilante en la Dirección Departamental de Gracias, Lempira, con un salario diario de L. 183.33; JOSE ANTONIO PINEDA HERNÁNDEZ, 1 de junio del 2006, mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Vigilante en la Escuela Guía Técnica N° 15 Doctor Juan Lindo de Gracias, Lempira con un salario de L. 183.33; MARIA MARLEN CRUZ RODRIGUEZ, el 1 de febrero del 2007, mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, siendo el último el celebrado el 21 de enero del 2010, como Asistente de Mecánica en Roatán con un salario de L. 180.33; JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS, el 1 de febrero del 2007, mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado siendo el último el celebrado el 21 de enero del 2010, como Asistente de Mecánica en Roatán, Islas de la Bahía, con un salario diario de L. 180.33; DENIA SARAI REYES GUERRA, el 1 de febrero del 2007, mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, siendo el último el celebrado el 21 de enero del 2010, como Asistente Mecánico en la Dirección Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, con un salario diario de L. 180.33; CARLOS ZAMIR VALLECILLO CUBAS, el 2 de enero del 2008, mediante contrato y en el año 2010 mediante resoluciones ministeriales por tiempo determinado, como Asistente de Mecánico, en Roatán, Islas de la Bahía, con un salario diario de L. 180.33. Que a los demandantes para efectos de pago se utilizaba el procedimiento de planilla por jornal y que con fecha 23 de diciembre del 2010, mediante oficios se les notificó que la resolución ministerial por tiempo determinado vencía el 31 de diciembre del 2010 y que no sería renovado por reducción de presupuesto.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la relación de trabajo de los demandantes con la Secretaría de Educación era por tiempo determinado de conformidad a lo que establece el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, por lo que los demandantes jamás fueron objeto de despido, pues por tener contratación a término, la misma estaba sujeta a la finalización una vez que se cumpliera con dicha fecha.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de julio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, en consecuencia absolvió al ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que los demandantes iniciaron su relación laboral con la demandada, la Secretaría de Educación, mediante Contratos por tiempo determinado y mediante Resoluciones Ministeriales por tiempo determinado los que eran pagados mediante la modalidad de jornal diario es decir día laborado día pagado, que los demandantes alegan que fueron despedidos en forma ilegal e injusta pero en toda la documentación agregada a los autos no consta que la demandada haya despedido en forma ilegal e injusta, lo que sucedió fue que la demandada les notificó que la resolución Ministerial por tiempo determinado vencía el 31 de diciembre del 2010 y que no serian contratados nuevamente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la sentencia definitiva del a-quo, en consecuencia declaro con lugar la demanda ordinaria laboral de mérito, condenando al ESTADO DE HONDURAS, a reintegrar a los señores MARDOQUEO MARTINEZ, SILVIA UMAÑA SUAREZ, FIDELINA PALMA, CAROLINA MARTINEZ CACERES, MELISSA MIRANDA AGUILERA, ROGER MENELIO MONCADA JARQUIN, MIRIAN JANETH MONDRAGON MORAZAN, ANA MARIA CHACON, JOSE ALEJANDRO TORRES ORTIZ, JAIME DE JESUS SALINAS, WILFREDO ANTONIO SAUCEDA, BELINDA SUYAPA MARTINEZ CACERES, MIRNA ALEJANDRA SANDOVAL, MARTHA MENDOZA, MARIA SOCORRO GIRON, DAYSI MARGARITA RAMIREZGOMEZ, SANTOS FELIX DURON HERNANDEZ, JOSE TOMAS AGUILAR, JUANA LORENA DIAZ MEJIA, LEOVIGILDO LOPEZ CHAVEZ, JOSE ANTONIO PINEDA HERNANDEZ, MARIA MARLEN CRUZ RODRIGUEZ, JESSICA MAHOLY ECHEVERRIA RIVAS, DENIA SARAI REYES GUERRA Y CARLOS ZAMIR VALLECILLO CUBAS, a sus anteriores puestos de trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean reinstalados y los demás derechos que se le hayan otorgados a los otros trabajadores en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que los demandantes fueron contratados mediante resolución por la vía de jornal. Que de acuerdo con el Principio de Primacía de la Realidad, no importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador; así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la que tiene efecto jurídico. Que la Jurisprudencia o Doctrina Legal, es el conjunto de sentencias que han resuelto casos iguales o similares de la misma manera o en el mismo sentido y este Tribunal en reiterados fallos (solo para citar algunas sentencias 7316, 7321, 7327 del año 2012) ha dejado establecido que la modalidad de jornal no implica que se haya celebrado contrato por tiempo determinado, sino que debe considerarse a estos trabajadores como permanentes en sus puestos de trabajo, tal como lo aceptó la parte demandada al momento de contestar la demanda.- 5.- Que mediante auto de fecha siete de enero del dos mil trece, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al Recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, compareció ante éste Tribunal el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, se tuvo por devuelto y contestado en tiempo el recurso de casación por parte del abogado OSCAR ARMANDO CARCAMO CALIX, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. El abogado GERMAN ANDRÉS DÍAZ VELÁSQUEZ, estructura de la siguiente manera su primer motivo: “…a) precepto legal sustantivo de orden nacional violado. La corte de apelaciones del trabajo al emitir la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce es violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplico la norma pertinente no analizo las pruebas allegadas en tiempo por la parte demandada artículo 738 del código del trabajo y violento la garantía constitucional del derecho a la defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República: El tribunal Ad Quem no analizo ni tomo en cuenta el medio de prueba documental la certificación del artículo 108 del decreto 255-2011 que corre a folio 294 de la pieza principal exp. 304-11. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del código del trabajo…”.- III. Este Tribunal de Casación observa que el cargo que antecede adolece de los siguientes defectos técnicos y que lo hacen inadmisible: a) omite señalar norma de carácter sustantivo laboral que considera ha sido violada por el ad-quem; b) alega infracción directa y hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en esta forma de violar la Ley; y, c) cita de forma incorrecta el precepto autorizante, ya que lo procedente alegando infracción directa, era indicar el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo.- IV. El Recurrente estructura de la siguiente manera su segundo motivo: “…El tribunal Ad Quem al emitir la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce SE FUNDAMENTA en el PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD: No importa la autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que reina entre trabajador y empleador, así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta la que tiene efecto jurídico.- La precitada sentencia VIOLENTO LA LEY SUSTANTIVA HONDUREÑA POR INFRACCION DIRECTA porque se fundamenta en el principio de PRIMACIA DE LA REALIDAD no tomo en cuenta lo establecido en el artículo 46 literal b) que establece: el contrato individual de trabajo puede ser: a)… b) POR TIEMPO LIMITADO CUANDO SE ESPECIFICA FECHA PARA SU TERMINACIÓN y 26 del código del trabajo el cual establece: EL CONTRATO DE TRABAJO OBLIGA A LO EXPRESAMENTE PACTADO. Igualmente no tomo en cuenta el artículo 1544 del código civil el cual establece:: CONTRATO CONSENSUAL CUANDO SE PERFECCIONA POR EL SOLO CONSENTIMIENTO. Por lo tanto este principio de primacía de la realidad no puede estar por encima de LA LEY SUSTANTIVA HONDUREÑA (CODIGO DEL TRABAJO Y CODIGO CIVIL). PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero del artículo 765 del código del trabajo”.- V. Respecto al cargo precedente, se concluye que el mismo también es inestimable por lo siguiente: a) entre otros, se señalan como infringidos los artículos 46 literal b) del Código del Trabajo y 1544 del Código Civil, los cuales no ostentan el carácter de sustantivos y el último no pertenece al ámbito laboral; y, b) se cita como precepto autorizante el ordinal 1° del artículo 765 del Código del Trabajo, sin especificarse a cuál de sus dos párrafos se refiere, contentivos de todas las formas de violación de la ley.- VI. El Impetrante estructura de la siguiente manera su tercer motivo: “…El tribunal Ad Quem al emitir la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil doce lo hace en una franca violación al artículo 364 de la Constitución de la República ya que no tomo en cuenta el medio de prueba la certificación del artículo 108 del decreto 255-2011 que corre a folio 294 de la pieza principal del expediente 304-11. La precitada sentencia VIOLENTO LA LEY SUSTANTIVA HONDUREÑA POR INFRACCION DIRECTA al artículo 108 del Decreto 255-2011 y 364 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero del artículo 765 del código del trabajo”.- VII. Esta Sala estima que el cargo que antecede tampoco prospera por las siguientes razones: a) omite señalar norma de carácter sustantivo laboral que considera ha sido violada por el ad-quem; b) alega infracción directa y hace referencia al material probatorio, lo cual es impropio en esta forma de violar la Ley; y, c) se cita el precepto autorizante de manera imprecisa, en la misma forma que en el segundo motivo.- VIII. En adición a todo lo anterior, el Censor, para estructurar sus tres motivos, debió tener en cuenta que el cargo debe ser demostrado y, por ello, debió explicar en qué consistió la violación, cómo se llegó a ella y qué agravio causó.- IX. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que el Recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, todos los motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar el presente recurso.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación, en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la respectiva certificación, sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha tres de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 877-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL