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Sentencia CL-850-12 — Registro 3913

Resumen

Segunda instancia revocó la sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Pero es el caso que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y siendo que la legalidad o ilegalidad del despido es objeto de la controversia principal del proceso, por ende no es un hecho aceptado por las partes, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía. Es preciso recordar que para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley por uno de los siguientes motivos: a) porque el juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado; b) porque aplicó la norma pertinente pero en forma incompleta o porque negó un derecho que claramente está consagrado por ella; o, c) porque aplicó correctamente la ley, considerada en si misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostrado en el juicio y resulta que en el caso subjúdice no se cumplen ninguna de dichos motivos.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Por otra parte, en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún y cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, situación que tal como lo hemos referido, no se observa en el sub-júdice"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de febrero del dos mil trece, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, en su condición de representante procesal del señor JAVIER LADISLAO ANDRADE AMADOR, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de Familia y del Trabajo por Ministerio de Ley de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha nueve de agosto del dos mil cuatro, promovida por el señor JAVIER LADISLAO ANDRADE AMADOR, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha once de octubre del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HABER LUGAR al recurso de apelación presentado por el Abogado Hector Enrique Velásquez Hernandez, Agente de la Procuraduría General de la Republica, en Representación del Estado de Honduras; SEGUNDO: REVOCANDO LA SENTENCIA DEFINITIVA emitida por el Juzgado de Letras de Familia de Gracias, lempira y del Trabajo por Ministerio de la Ley, el 26 de julio de 2012, en el encuadre de la Demanda laboral de primera Instancia para el pago de Prestaciones por Despido Directo e Injustificado, Salarios dejados de percibir (salarios caídos) y demás Derechos adquiridos; por ende, ABSOLVIENDO al INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) del pago de Prestaciones y salarios dejados de percibir y CONDENANDO a dicho patrono al pago de los Derechos Adquiridos que le correspondan al trabajador Javier Ladislao Andrade Amador, distribuidos así: a) Vacaciones Proporcionales por Dos Mil ochocientos Treinta y Ocho Lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L 2,838.82); b) Décimo Tercer Mes del Año proporcional por Un Mil Setecientos Veintinueve lempiras con Dieciséis Centavos (L.1729.16); y, c) Décimo Cuarto Mes del año proporcional por Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Lempiras con Dieciséis Centavos (L. 5,479.16), para un total de Diez Mil Cuarenta y Siete lempiras con Catorce Centavos (L. 10,047.14). TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en fecha cinco de junio del dos mil dos, en el cargo de Director Regional de Occidente del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), ejerciendo sus funciones sin cometer ninguna falta, el día veintitrés de marzo del dos mil cuatro, la Jefa de Recursos Humanos envió oficio en el cual se le notificó la resolución mediante la cual se le despedía de forma inmediata y sin responsabilidad para la institución y que en cincuenta y cinco días podía acudir a la tesorería para el pago de sus derechos irrenunciables, no estableciendo causal alguna de las establecidas en el Código del Trabajo; por lo cual acudió a las oficinas regionales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un acuerdo conciliatorio, el cual no se llevó a cabo y se dio por agotado el procedimiento administrativo continuando con el trámite de ley.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), contestó dicha demanda señalando que el demandante no cumplió con sus obligaciones conforme al reglamento interno de la institución ya que en fecha veinticinco de agosto del dos mil tres, el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, con el fin de realizar una mejor administración, envió una circular para que se realizara la liquidación de los recursos aduciendo que de no cumplir se deduciría responsabilidad, no presentando el demandante documentación o un soporte necesario para realizar los trámites de liquidación dentro del término ordenado, faltado a sus obligaciones al no realizar la renovación de la caución para el manejo de fondos públicos y otros actos; la Gerencia Administrativa procedió a hacerlo del conocimiento de la Comisión Interventora quien inició el procedimiento reglamentario a través de la Secretaria General de la institución llevándose a cabo una audiencia de descargo para que desvirtuara los hechos que se le imputaban y así imponer la sanción disciplinaria respectiva, no acreditándose las razones del por qué actuó contra los mandatos de las autoridades superiores.- 3. El Juzgado de Letras de Familia y del Trabajo por Ministerio de Ley de Gracias, Departamento de Lempira, en fecha veintiséis de julio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito condenando al INHFA al pago de L.782,646.20, por conceptos de salarios adeudados, salarios dejados de percibir y costas que ocasione el juicio, bajo el criterio que se condena al pago de sus prestaciones en virtud que el demandante realizó una manifestación del cambio de su pretensión ya que está desempeñando un cargo en otra institucion; en el transcurso del juicio no probó el patrono tener justa causa para la terminación de la relación laboral, violentándole los derechos al trabajador.- 4. La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha once de octubre del dos mil doce, dictó sentencia definitiva REVOCANDO la sentencia del A quo, quedando de la siguiente manera: declarando haber lugar al recurso de apelación; absolviendo al instituto hondureño de la niñez y la familia (IHNFA) del pago de prestaciones y salarios dejados de percibir; condenando a dicho patrono al pago de los derechos adquiridos que le correspondan al trabajador, distribuidos así: a) vacaciones proporcionales por dos mil ochocientos treinta y ocho lempiras con ochenta y dos centavos (L.2,838.82); b) decimotercer mes del año proporcional por un mil setecientos veintinueve lempiras con dieciséis centavos (L1729.16); y, c) decimocuarto mes del año proporcional por cinco mil cuatrocientos setenta y nueve lempiras con dieciséis centavos (L.5,479.16), para un total de diez mil cuarenta y siete lempiras con catorce centavos (L.10,047.14) y sin costas, bajo el criterio que la sentencia carece de exhaustividad, claridad y precisión, ya que hace una valoración restrictiva de la prueba no valorándola en su totalidad, ni existiendo fundamento alguno de su decisión en el fallo.- 5. Que mediante auto de fecha catorce de diciembre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en su condición de representante procesal del señor JAVIER LADISLAO ANDRADE AMADOR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha quince de febrero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en su condición de representante procesal del señor JAVIER LADISLAO ANDRADE AMADOR, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demandada; quien hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha siete de marzo del dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado HECTOR ENRIQUE VELASQUEZ HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado Adalberto Aquiles Reyes formula su primer motivo de casación de la siguiente manera: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo primero numeral 1 del Artículo 765 del Código del Trabajo.”.- III. Pero es el caso que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y siendo que la legalidad o ilegalidad del despido es objeto de la controversia principal del proceso, por ende no es un hecho aceptado por las partes, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía. Es preciso recordar que para que se produzca la infracción directa de la ley sustantiva es necesario que la ley sea clara, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la ley por uno de los siguientes motivos: a) porque el juzgador negó su aplicación debiendo haberla aplicado; b) porque aplicó la norma pertinente pero en forma incompleta o porque negó un derecho que claramente está consagrado por ella; o, c) porque aplicó correctamente la ley, considerada en si misma, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostrado en el juicio y resulta que en el caso subjúdice no se cumplen ninguna de dichos motivos.- IV. Que el Censor formula su segundo y tercer motivo de la siguiente manera: “SEGUNDO MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a ambas partes, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto y que le hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 117 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) oficio No. 099- DRH-2004 de fecha 23 de marzo de 2004, suscrito por la Abogada GLORIA MARINA DOMINGUEZ CRUZ, Jefa de Recursos Humanos del INHFA, dirigido al señor JAVIER LADISLAO ANDRADE, que obra en los folios 1 y 142 del expediente de primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo…….TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandada, que adelante se singulariza en relación a La demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a La Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 112 Literal l) en relación con el 97 numerales 1), 2) y 3), todos del Código del Trabajo y 53 del Reglamento Interno de Trabajo del IHNFÁ, en relación con el 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para La violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) certificación de La resolución No. 003-2004, de fecha 22 de marzo del 2004, documento que obra en los folios 79 al 90, 120 al 127, 183 al 194, 196 al 203 del expediente de primera instancia; b) informe de fecha 10 de marzo del 2004, documento que obra en los folios 65 al 67, 128 al 130, 169 al 171 y 204 al 206 del expediente de primera instancia; c) acta de audiencia de descargos de fecha 11 de marzo del 2004, visible a folios 115 al 119, 178 al 179, 208 al 212, también de la primera pieza; d) oficio No. FC-089-03 de fecha 1 de agosto del 2003, que obra a folios 60 al 62, oficio número F-148/03 de fecha 10 de noviembre del 2003, que obra a Folio 63, circular GAF-010-03 de fecha 16 de diciembre del 2003, que obra a folio 64 del expediente de primera instancia”.- V. Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- VI. Del análisis del expediente de mérito y de manera particular de los considerandos Quinto, Sexto y Septimo (folios del 75 al 77) de la sentencia recurrida, resulta más que evidente que el juzgador ad-quem si hizo la valoración de la prueba en su conjunto allegada al proceso, sin sujeción a la tarifa legal de pruebas tal como lo dispone el Artículo 739 del Código del Trabajo, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que contienen la crítica de la prueba en observancia de las situaciones relevantes del pleito y a la conducta procsal mostrada por las partes, concluyendo que “la prueba invocada es coherente, verosimil y confiable, lo que no hace sino dar con ella por acreditados los hechos que en esta sentencia aparecen en el apartado establecido líneas arriba”.- VII. Por otra parte, en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún y cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, situación que tal como lo hemos referido, no se observa en el sub-júdice.- VIII. Que el Infirmante de igual forma alega nulidad subsidiaria por las siguientes razones: “1.- En su sentencia La Corte de Apelaciones recurrida ha olvidado que el recurso de apelación se sustenta de dos principios fundamentales, los de la reformatio in pejus y la personalidad del recurso; en cuanto al segundo, basta observar que el apelante en la audiencia celebrada el 27 de septiembre del 2012, lo que solicitó al formular sus alegaciones es que se declara la nulidad del fallo de primera instancia, en ningún momento pidió su reforma o revocatoria, limitándose a advertir que en audiencia del juzgado de primera instancia pudo apreciar que concurren varias causales constitutivas de despido, por no haberse presentado el soporte financiero el 31 de diciembre del 2003 al 15 de enero del 2004, no liquidó el cheque No. 22-60 ‘por valor de Lps. 25,000.00, que el demandante debió rendir caución para manejar fondos, pero en ningún momento pide que se declare sin lugar la demanda y se absuelva a su representada de lo reclamado por mi representado, siendo evidente la extralimitación en que ha incurrido el ad-quem al resolver situaciones jurídicas sin que el recurrente las haya pedido, por ello ha incumplido su deber de congruencia con lo debatido en esa instancia, juzgando el caso con notoria parcialidad al actuar perjudicialmente contra el apoderado del demandante, al haber éste solicitado la recusación de uno de los miembros de ese Tribunal, afectando con ello los derechos de mi representado. 2.- Por otro lado, el fallo en mención se encuentra mal estructurado en su parte resolutiva, ya que debió reformar el dictado en primera instancia, debido a que revoca parcialmente dicha sentencia, condenando a la demandada al pago de los derechos adquiridos, como ser vacaciones proporcionales, décimo tercer y cuarto mes proporcional. La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en quebrantamiento de normas constitucionales, principalmente la establecida en los artículos 60, 64 y 129 de nuestra carta magna, que claramente establecen el principio de IGUALDAD ANTE LA LEY y de ESTABILIDAD LABORAL, ya que ignoró el criterio jurisprudencial de este alto Tribunal sobre la proporcionalidad de las sanciones, conforme Los precedentes contenidos en la sentencia dictada el 14 de diciembre del 2010 en el expediente SL 417-08 en el cual claramente se indica: “Que el Tribunal de Segundo Grado hace suyas las recomendaciones de La Organización Internacional del Trabajo previstas en el precitado artículo y en completa armonía con el artículo 18 del Código del Trabajo, ya que la proporcionalidad es un principio general que está claramente desarrollado en Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ya precitada. Aunado a lo anterior es necesario referirse al principio del in dubio pro operario donde se establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del trabajo, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Por lo cual este Tribunal considera que el Tribunal Ad Quem también ha hecho uso de esos principio para fundamentar su sentencia al caso sub júdice.”, igual, en el fallo del 28 de septiembre del 2010, en el expediente No. SL 44-09 donde esta Sala determinó: “que en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la Falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza que por su gravedad hace imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ha ocasionado a la institución y el apoderado demandado no aportó prueba de los perjuicios ocasionados a su representada, todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo.” 3,- honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, tal y como así lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República en relación a Los artículo 128 preámbulo y numeral 15) de la misma carta magna, en donde claramente establecen que: “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías:… 15. EL Estado tutela Los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores”, siendo este el caso que nos ocupa ya que la demandada puso fin a la relación o contrato de trabajo, en forma totalmente desproporcionada y desmedida, sin demostrar que la conducta del trabajador le hubiese causado perjuicios, lo cual válido la Corte recurrida cuando los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a la aplicación y tutela de esos derechos laborales y fundamentales, ya que el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, son reconocidos como derechos humanos dentro de nuestra Constitución de la República, en función que se imparte justicia en nombre del Estado de Honduras. Por lo anterior y con base a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto aL artículo 858 del Código de Trabajo, que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas, motivadas y congruentes, especialmente vinculadas a los agravios expresados en el recurso, en vinculación a la Personalidad del mismo”.- IX. Que si bien es cierto que la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, por un lado, los argumentos para pretender tal declaratoria son situaciones que tienen que ver con el fondo del litigio, que en todo caso debieron ser expuestas en las causales o motivos del recurso, por otro, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 850-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL