Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-813-12 — Registro 3185

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización por violación de fuero sindical al despedir empleados con protección especial del Estado por ser dirigentes sindicales, pago de intereses legales, condena en costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Que una vez analizada la sentencia impugnada y solicitada su nulidad por el recurrente, se observa que el ad-quem emite su fallo reformando la sentencia dictada por el a-quo, declarando con lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado demandado-apelante, revocando los numerales 1) y 3) de la parte resolutiva de la sentencia y confirmando los numerales 2 y 4) y como consecuencia de dicha reforma, primero se pronuncia declarando SIN LUGAR la demanda y absolviendo a la demandada de la pretensión objeto del proceso (pago de indemnización por violación de fuero sindical) exceptuando a la señora Yenny Carolina Zelaya, en su condición de Fiscal de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danlí, Departamento del Paraíso (SITRAMUD), para luego pronunciarse condenando a la demandada al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de indemnización por violación de fuero sindical. De lo anterior se concluye que lo dispuesto en el fallo de mérito resulta contradictorio, pues, por una parte absuelve a la demandada (excepto por una persona) y por otra, condena a la demandada por todos, produciendo tal sentencia un efecto contrario a la naturaleza clara y precisa que debe imperar en la misma, causando confusión e incertidumbre, afectando la seguridad jurídica y el principio de congruencia, provocando su nulidad tal como lo esgrime el Impetrante.- VI. Que la sentencia impugnada pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 13 de septiembre del año 2012, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 206 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas debiendo hacer con la debida separación, el pronunciamiento correspondiente a cada uno de los puntos objeto del litigio.- VII. Que Conforme con la doctrina, la congruencia es el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso.- VIII. Que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales, dará lugar a su nulidad o anulabilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables desarrolladas en nuestro ordenamiento jurídico vigente.- IX.- Que por las razones antes expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiún dìas del mes de enero de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de febrero del dos mil trece, por el abogado FREDIN FUNEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLÍ, (SITRAMUD), en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización por violación de fuero sindical al despedir empleados con protección especial del Estado por ser dirigentes sindicales, pago de intereses legales, condena en costas, promovida ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha veintidós de julio del dos mil once, por los abogados FREDIN DE J. FUNEZ, KEVIN RAMON MURILLO NELSON y JESUS SALGADO LUQUE, mayores de edad, de este domicilio los dos primeros, y el tercero con domicilio en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, actuando en su condición de apoderados del SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE El PARAISO, (SITRAMUD), contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI, Departamento de El Paraíso, por medio de su Alcalde Municipal y representante legal, señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha trece de septiembre del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha ocho de agosto del dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, de la siguiente manera: “FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Primero Seccional y del Trabajo por Ministerio de la Ley de Danlí, Departamento de el Paraíso en fecha 08 de agosto del año 2012 y que se encuentra agregada a folios 228, 229, 230, 231, 232 y 233 frente y vuelto de la primera pieza de autos en la forma siguiente: 1) Declarando CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, quien actúa en su condición de Apoderado demandado-apelante. 2) REVOCAR los numerales 1) y 3) de la parte resolutiva de la sentencia. 3) CONFIRMANDO los numerales 2) y 4) de la parte resolutiva de la sentencia y como consecuencia: A) Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para el pago de una indemnización por Violación del Fuero Sindical al Despedir Empleados con protección Especial del Estado por ser Dirigentes Sindicales. Pago a los Intereses Legales.- Condena en costas, promovida por los Abogados FREDIN DE J. FUNEZ, KEVIN RAMON MURILLO NELSON y JESUS SALGADO LUQUE quienes actúan en representación del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danli, Departamento de El Paraíso, (SITRAMUD), en contra de la Alcaldía Municipal de Danli Departamento de El Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal.- B) ABSUELVE a la Alcaldía Municipal de Danli Departamento de El Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal al pago de ocho meses de salario a los demandantes a excepción de la señora YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical.- C) CONDENA a la Alcaldía Municipal de Danlí Departamento de El Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA en su condición de Alcalde Municipal y Representante Legal al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical equivalente a Lps.47,088.00.- D) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que SITRAMUD es una organización con personalidad jurídica, inscrita en el Registro de Organizaciones Sociales de la Dirección General de Trabajo, bajo el Asiento de Reconocimiento e Inscripción número 446 del Tomo III, quien ha suscrito el segundo Contrato Colectivo con la Municipalidad de Danlí. Que en febrero del dos mil diez, se eligió la Junta Directiva del Sindicato para el período 2010-2012 y también los miembros del Comité de Honor y Disciplina. Que en Asambleas de afiliados del SITRAMUD realizadas en febrero y octubre del 2010, se eligieron como delegados o funcionarios sindicales a otros afiliados. Que en fecha cuatro y cinco de enero del dos mil once, se suscitó un conflicto colectivo de trabajo entre la Alcaldía Municipal de Danlí y el SITRAMUD a raíz de los acontecimientos siguientes: en fecha cuatro de enero del dos mil once cuando los trabajadores afiliados a SITRAMUD se presentaron a sus labores en el horario establecido, se encontraron con la incómoda sorpresa que en sus puestos de trabajo el patrono había colocado personal nuevo, contratado en forma verbal, para realizar las labores de los trabajadores que se despedirían ese día, siendo sustituidos sin razón alguna por personal contratado verbalmente por la Alcaldía Municipal de Danlí, pues en esa fecha la Oficina de Recursos Humanos ya tenía el listado de las personas que serían separadas de su puesto de trabajo, incluyendo dirigentes sindicales y por eso habían retirado las tarjetas de marcar asistencia diaria, hecho que fue constatado por la autoridad del Trabajo. Que el SITRAMUD cumpliendo con su deber, salió en defensa de sus agremiados y de la existencia misma de la Organización, pues tratándose del despido masivo de afiliados y dirigentes sindicales, como la Fiscal de la Junta Directiva, todo el pleno de Honor y Disciplina y delegados o funcionarios sindicales nombrados en Asamblea, evidencia la arbitraria e injusta pretensión de la patronal de debilitar, desintegrar y disolver la organización sindical, por lo cual se procedió a solicitar una reunión con carácter urgente con el señor Alcalde Municipal quien se mostró en todo momento reacio e intransigente a atender el justo reclamo del sindicato. Que el objetivo del señor Alcalde es debilitar y disolver la organización sindical y a la vez sustituir el personal despedido con sus adeptos partidarios o correligionarios. Los despidos han obedecido a razones estrictamente política-partidarias, por ello la patronal a fin de separar por completo a los trabajadores y evitar acciones de reintegro, emprendió una labor de convencimiento en las respectivas audiencias de descargo para que los imputados aceptaran terminar el contrato de trabajo por mutuo acuerdo con el respectivo pago de las prestaciones laborales, aunque después violó el acuerdo al no pagarles las prestaciones, por eso algunos han procedido judicialmente reclamando el pago de las prestaciones.- 2.- La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, argumentando que no se ha despedido a ningún trabajador por conflicto colectivo, se despidieron trabajadores porque no se presentaron a trabajar los días cuatro y cinco de enero de dos mil once. Que no se han despedido trabajadores que tengan fuero sindical. Que el Sindicato faltando a la realidad jurídica y a la verdad, solo con el propósito de querer tener un beneficio económico, está solicitando reconocimiento de Fuero Sindical de Delegados, cuando estos “delegados” no son órganos permanentes, no se encuentran como un órgano en los Estatutos del Sindicato.- 3.- El Juzgado Primero de Letras Seccional de Danlí, Departamento de El Paraíso, en fecha ocho de agosto del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral; sin lugar las excepciones perentoria de prescripción y de pago opuestas a la demanda; condenando a la Alcaldía Municipal de Danlí, El Paraíso, al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de pago de indemnización por violación del fuero sindical por haberlos despedido sin haber probado judicialmente la justa causa de despido en su condición de Directivos del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danlí, Departamento de El Paraíso, (SITRAMUD), sin costas; bajo el criterio que no consta de autos que se haya probado en juicio la existencia de justa causa para dar por terminada la relación laboral, hecho que queda plenamente evidenciado en las notas de despido entregadas a los hoy reclamantes y con la abundante prueba DOCUMENTAL queda plenamente evidenciado que los demandantes gozaban de la protección especial del Estado, estipulado en el artículo 516 del Código del Trabajo y la demandada reconoce la existencia del Sindicato como lo estipula la cláusula No. 1, 7 y 10 del segundo Contrato Colectivo, aunado al hecho de que en las audiencias de descargo en cada una de ellas consta la presencia del señor CARLOS ROBERTO FERRERA en su condición de Vicepresidente del SITRAMUD. Que en cuanto a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, ésta no procede en virtud de que el reclamo no es por prestaciones laborales sino por el pago que estipula el artículo 516 y cláusulas 7 y 10 del Segundo Contrato Colectivo por el despido de dirigentes sindicales sin haber probado justa causa de despido; en cuanto a la excepción de pago opuesta por pago de prestaciones laborales al señor JULIAN PADILLA, en este caso fue por demanda laboral por pago de prestaciones, no de fuero sindical, misma que se derivó de la firma de un acuerdo de terminación de contrato por mutuo acuerdo y que la demandada incumplió y además no se realizó con las formalidades que estipula el artículo 379 del Código del Trabajo vigente, igual en el caso del trabajador JORGE DALBERTO CARCAMO, a quien se le pagaron prestaciones laborales según firma de acta especial de mutuo acuerdo y que al igual que el señor Padilla, no se suscribió ante la autoridad del trabajo competente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha trece de septiembre del dos mil doce, dictó sentencia reformando la sentencia definitiva dictada por el A-Quo, en consecuencia declaró sin lugar la demanda de mérito, absolviendo a la Alcaldía Municipal de Danlí Departamento de El Paraíso, al pago de ocho meses de salario a los demandantes a excepción de la señora YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical, condenando a la demandada al pago de L.47,088.00, sin costas; bajo el criterio que en la audiencia primera de trámite el Apoderado de la parte demandada promovió las excepciones de prescripción ya que los demandantes fueron despedidos así: Cristiana Magdalena Molina, Hermes Rafael Mendoza Lovo, Jenny Carolina Zelaya, el 13 de enero del 2011; Kenia Raquel Zeron Rodríguez, el 27 de enero del 2011; Marilu del Carmen Escoto el 24 de enero del 2011; José de la Cruz Maradiaga el 18 de enero del 2011; Juan Ramón Figueroa Castellanos el 20 de enero del 2011; José del Tránsito Mendoza el 9 de agosto del 2010; asimismo promovió excepción de pago contra los señores Julián Padilla y Jorge Alberto Carcamo ya que con ellos existió un acuerdo por mutuo consentimiento, por lo que no hubo despido tal como alegan los demandantes, pago que se les hizo de acuerdo al pacto firmado entre las partes. Que la parte demandante al contestar las excepciones alega ser improcedentes en cuanto a la prescripción, los trabajadores para que puedan reclamar sus prestaciones por los despidos injustificados es de dos meses, pero al Sindicato no le es aplicable para el reclamo de la indemnización por violación del fuero sindical, puesto que el reclamo no es por prestaciones sino el pago equivalente a ocho salarios de cada dirigente despedido en concepto de indemnización, para lo cual se aplica el término de prescripción de dos años, de igual forma la excepción de pago no procede en virtud de no haberse celebrado ante las autoridades del trabajo lo que incumple lo establecido en el artículo 379 del Código del Trabajo, artículo que no es aplicable al caso ya que se encuentra en el Capítulo IV que se refiere a salarios. Que el artículo 516 del Código del Trabajo expresa que los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una Organización Sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo, esta disposición sólo es aplicable a la Junta Directiva Central, cuando los sindicatos estén organizados en secciones y subsecciones, tal es el caso de los demandantes que a folio 10 y 214 aparece la trascripción y contestación del oficio enviado por el Juzgado donde aparece quienes son los miembros de la Junta Directiva del Sindicato y en ellas solo se consigna el nombre de la señora Jenny Carolina Zelaya Santamaría como Fiscal y parte de la Junta Directiva, no así las otras personas que reclaman se les pague fuero sindical por lo que la indemnización por fuero sindical se calculará en base al salario devengado por la señora Jenny Carolina Zelaya Santamaría que asciende a la cantidad de L.5,886.00.- 5.- Que mediante auto de fecha cinco de noviembre del dos mil doce, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado FREDIN FUNEZ, en su condición de representante procesal del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danlí, (SITRAMUD), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha trece de septiembre del dos mil doce, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha seis de febrero de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado FREDIN FUNEZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y alegando subsidiariamente la nulidad de la sentencia, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintiséis de febrero del dos mil trece, este Alto Tribunal de Justicia tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada de la ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, contestando el recurso de casación.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Artículo 18 dispone que: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 número 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que en el caso sub-júdice, el recurrente solicita la nulidad de la sentencia impugnada, con fundamento en lo siguiente: “La Sentencia que se ataca es la dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de Trabajo de la Ciudad de Tegucigalpa, el día jueves trece (13) de septiembre del año mil doce, la cual resulta ser contradictoria y violatoria de normas procesales, por las siguientes razones: En la parte dispositiva dispone en el numeral: 3) CONFIRMANDO los numerales 2) y 4) de la parte resolutiva de la sentencia y como consecuencia: A) Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para el pago de una indemnización por Violación del Fuero Sindical al Despedir Empleados con protección Especial del estado por ser Dirigentes Sindicales. Pago de intereses legales.- Condena en costas, promovida por los Abogados FREDIN DE J. FUNEZ, KEVIN RAMON MURILLO NELSON y JESUS SALGADO LUQUE, quienes actúan en representación del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danli, Departamento de el Paraíso, (SITRAMUD), en contra de la Alcaldía Municipal de Danli, Departamento de el Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA, en su condición de Alcalde Municipal y Representante legal.- B) ABSUELVE a la Alcaldía Municipal de Danli, Departamento de el Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA, en su condición de Alcalde Municipal y Representante legal, al pago de ocho meses de salario a los demandantes a excepción de la señora YENNY CAROLINA ZELAYA SANTAMARIA, en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical.- C) CONDENA a la Alcaldía Municipal de Danli, Departamento de el Paraíso, a través del Señor JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA, en su condición de Alcalde Municipal y Representante legal, al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical. Apréciese por ese Supremo Tribunal la enorme contradicción en que incurre la Corte sentenciadora, al ABSOLVER por una parte a la demandada en la letra B), del pago de la indemnización pretendida por el SITRAMUD, por violación del Fuero Sindical; para luego disponer en la letra C) CONDENAR, a la misma demandada Alcaldía Municipal de Danli al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de pago de indemnización por violación de fuero sindical; con lo cual se infringe lo dispuesto por nuestra legislación Procesal Civil, en su carácter de supletoria en el procedimiento laboral, en cuanto a los requisitos internos de la sentencias, que deben ser claras, precisas y exhaustivas, además de la motivación en los razonamientos fácticos y jurídicos, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en juicio, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. 2) La forma en que fue redactada la sentencia acusada, violenta el articulo los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil que en su parte medular establece: Las Sentencias deben ser claras precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. La Corte sentenciadora y recurrida omite pronunciase conforme a los lineamientos establecidos en las disposiciones legales precitadas, que son de aplicación supletorias conforme lo dispone el articulo 858 del Código del Trabajo, y por tratase de normas procesales de orden publico y que son de carácter obligatorio acatadas so pena de nulidad pues la sentencia objeto de esta casación contiene imprecisiones y fue dictada arrastrando vicios de nulidad en la forma por lo que es procedente conforme a derecho en procura de la sanidad Procesal, ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Trabajo, en fecha 13 de septiembre del dos mil doce y objeto del presente recurso de Casación.”.- V. Que una vez analizada la sentencia impugnada y solicitada su nulidad por el recurrente, se observa que el ad-quem emite su fallo reformando la sentencia dictada por el a-quo, declarando con lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado demandado-apelante, revocando los numerales 1) y 3) de la parte resolutiva de la sentencia y confirmando los numerales 2 y 4) y como consecuencia de dicha reforma, primero se pronuncia declarando SIN LUGAR la demanda y absolviendo a la demandada de la pretensión objeto del proceso (pago de indemnización por violación de fuero sindical) exceptuando a la señora Yenny Carolina Zelaya, en su condición de Fiscal de la Junta Directiva del Sindicato de Empleados Públicos de la Municipalidad de Danlí, Departamento del Paraíso (SITRAMUD), para luego pronunciarse condenando a la demandada al pago de ocho meses de salario a los demandantes en concepto de indemnización por violación de fuero sindical. De lo anterior se concluye que lo dispuesto en el fallo de mérito resulta contradictorio, pues, por una parte absuelve a la demandada (excepto por una persona) y por otra, condena a la demandada por todos, produciendo tal sentencia un efecto contrario a la naturaleza clara y precisa que debe imperar en la misma, causando confusión e incertidumbre, afectando la seguridad jurídica y el principio de congruencia, provocando su nulidad tal como lo esgrime el Impetrante.- VI. Que la sentencia impugnada pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 13 de septiembre del año 2012, de manera evidente se encuentra en abierta inobservancia del artículo 206 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 858 del Código del Trabajo, en virtud de que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas debiendo hacer con la debida separación, el pronunciamiento correspondiente a cada uno de los puntos objeto del litigio.- VII. Que Conforme con la doctrina, la congruencia es el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones oportunamente deducidas en el proceso.- VIII. Que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales, dará lugar a su nulidad o anulabilidad, de conformidad con las disposiciones aplicables desarrolladas en nuestro ordenamiento jurídico vigente.- IX.- Que por las razones antes expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 64, 67 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 206, 208 y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha trece (13) de septiembre del dos mil doce (2012), visible a folios trece (13) al quince (15) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 813-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL