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Sentencia CL-796-12 — Registro 3311

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores en su ausencia, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, y costas del juicio; segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que no puede prosperar el anterior cargo, ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También tiene dicho este Tribunal, sustentado por la jurisprudencia, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba donde el Tribunal de segundo grado estimó que la demandada no logró acreditar que la trabajadora era la responsable directa de la contratación fraccionada que alega como justa causa del despido, más bien se acreditó que existía una resolución del máximo órgano de esa institución que ordenaba la continuación de los procesos de construcción de modernización del Hospital Regional del Norte del IHSS y por lo tanto, fue una decisión de la Junta Directiva y no de la demandante, pues ésta únicamente recibió instrucciones de sus susperiores para gestionar la obra y el hecho de que se desempeñara como analista de licitaciones no la hace responsable directa de las resoluciones tomadas por la Junta Directiva del IHSS. A criterio de este Alto Tribunal de Casación, esta conclusión no es equivocada, o al menos no revela la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador, pues no obstante el argumento respetable del recurrente, las pruebas aportadas conducen a una situación fáctica dudosa en donde el juzgador de instancia goza de libertad para decidirse por el extremo que considere mejor probado en la litis.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez dias del mes de marzo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de enero del dos mil trece, por el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores en su ausencia, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de julio de dos mil diez, por la señora MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, mayor de edad, casada, Bachiller en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha ocho de mayo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Johanna Waleska Barahona Espinoza, como Apoderada de la señora Marcia Edith Duarte Valladares; II. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morzán de fecha ocho de mayo del año dos mil doce, asi: a) REVOCANDO el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES para el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCA TOTALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto absuelve al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, a través de su Director Ejecutivo de reintegrar a la señora Marcia Edith Duarte Valladares, en consecuencia CONDENA al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, a través de su Director ejecutivo Doctor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS a REINTEGRAR a la señora MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, a su puesto de trabajo o a otro en igualdad de condiciones a las que tenía al momento del despido, mas a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios dejados de percibir por la señora Marcia Edith Duarte Valladares, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que con arreglo a derecho sea reintegrada la señora Marcia Edith Duarte Valladares; c) CONFIRMANDO el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada; III. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta que comenzó a laborar con el IHSS en fecha 1 de febrero de 2008, mediante la modalidad de sustitución o necesidad del Servicio, siendo contratada para desempeñarse en el puesto de Analista de Compras, ejerciendo las funciones de Analista de Licitaciones y asignada a la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras, posteriormente renovando contratos a término fijo hasta el 1 de noviembre de 2009, fecha en la que se le nombró como personal permanente en el cargo de Analista de Licitaciones y asignada al mismo Departamento y Área, devengando un salario mensual. Que en fecha 24 de marzo del 2010, se le envió el memorándum 1477-DE-IHSS, mediante el cual se me cancela del puesto que venia desempeñando, invocándole como causal de despido: “...por haber actuado de manera negligente en perjuicio de los intereses del Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Estado, situación inexcusable por el alto grado administrativo que ocupa dentro de la institución, violentando con esto lo establecido en el Artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado, por lo tanto ha cometido una falta laboral GRAVE...”, pero este procedimiento de despido se inicia por una denuncia anónima, no porque haya existido un informe, resolución, y/o dictamen que sustentara que existió un supuesto fraccionamiento en una obra de construcción de los muros frontales de los módulos I, II, III y IV del hospital regional del norte, nunca se le puso a la vista la supuesta “denuncia pública”, tampoco se le ha librado citación para comparecer ante el Ministerio Público a rendir declaración por estos hechos, violentando con ello el debido proceso y el derecho de defensa.- 2.- El INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda manifestando que a la demandante no se le despidió de una manera ilegal e injusta, como lo pretende establecer en la demanda, ya que su cancelación de nombramiento permanente se debió a causas ajenas a la voluntad del patrono, o sea con justa causa y que la misma Ley establece, ya que dentro de sus funciones como Analista de Licitación era la de analizar dicho procedimiento en todo lo que se refiere al proceso de compra, a efecto que no haya transgresiones a la Ley en los procesos de licitación ya sea pública o privada, o en compra directa, observando que no se violente la Ley y emitir su opinión en caso que sea violada la Ley; y en el presente caso, la demandante no se manifestó en contra de dicha compra directa, ya que la misma violentaba la Ley de Contratación del Estado. Que a la demandante para evitar violarle sus derechos y a efecto de dar cumplimiento a lo que ordena el Contrato Colectivo Vigente específicamente en su cláusula 11, se procedió a efectuar audiencia de cargos y descargos en la que la demandante sostuvo que en dicha compra no había fraccionamiento, ratificando así su desconocimiento a la Ley, y por ende la causa justa de despido que se le invocó, ya que efectivamente si se fraccionó la obra en franca violación a la Ley de Contratación del Estado, sin ninguna necesidad, pues la demandante se fundamenta para su defensa en una resolución que ordena la emergencia y si así fuera, no era necesario haber contratado por partes, ya que se pudo contratar en forma directa todo el muro.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo de dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento y absolvió al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, de reintegrar a la señora MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, al puesto pretendido y accesorios, sin costas; bajo el criterio que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, o cualquier falta grave calificada como tal en convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y se observe el procedimiento reglamentario respectivo, además de efectuarse dentro del termino legal. Tal como lo determina el artículo 135 de la Ley de Contratación del Estado, al establecer el despido sin responsabilidad patronal, cuando el servidor público comete la causal de disponer el fraccionamiento ilegal de las contrataciones para omitir los procedimientos de contratación previstos en la ley; en relación con el artículo 266 del Reglamento de la misma Ley de Contratación del Estado, como ocurre en el caso de autos, donde el Informe de Auditoría Interna detecta la falta grave cometida e informa al Instituto Hondureño de Seguridad Social, el 11 de marzo del año 2010, se le efectúa a la actora el procedimiento reglamentario interno de la institución demandada el 19 de marzo del año 2010, así como la notificación del despido el 24 de marzo del año 2010, efectuado dentro del término legal.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil doce, dictó sentencia reformando la sentencia dictada por al a-quo, en consecuencia declaro con lugar la demanda de mérito y condenó al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, a reintegrar a la señora MARCIA EDITH DUARTE VALLADARES, a su puesto de trabajo o a otro en igualdad de condiciones a las que tenía al momento del despido, más a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que claramente se establece que esta fue una decisión de la Junta Directiva y no de la demandante, pues ésta únicamente recibió instrucciones de sus superiores para gestionar la obra, en consecuencia a criterio de ese Tribunal el demandado no tuvo justas causas para el despido, pues el hecho de que la demandante se desempeñara como analista de licitaciones, no la hace responsable directa de las resoluciones tomadas por la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis días del mes de octubre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiuno de enero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de apoderado del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de febrero del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de apoderada de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Recurrente en el primer y único motivo esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción indirecta que es proveniente de una apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente del medio de prueba inspección personal del Juez asociado de su Secretario de actuaciones Uno y Dos contenidos a folios del 94 Vuelta al 97 de los autos de primera instancia donde corre agregado el medio de prueba de inspección. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 Ordinal primero párrafo segundo del código de trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 113 interpretado párrafo segundo Literal b) relacionado con el artículo 117 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada por el Tribunal (Corte de Apelaciones del trabajo) en forma errónea es la Inspección personal del Juez asociado de su Secretario de actuaciones que corre agregado a folios 94 Vuelta al 97 del Expediente de primera Instancia. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales por medio de las cuales se produjo la infracción están contenidas en los artículos 738, y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La corte sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar en forma errónea el medio de prueba inspección personal del Señor Juez asociado de su Secretario de Actuaciones que obra a folio 94 Vuelta al 97 del Expediente de Primera Instancia hecho que lo condujo a no analizar la prueba en su conjunto y calificar el despido como injustificado y condenar al Reintegro de la demandante que se derivan de la norma sustantiva por las razones siguientes. A Folio 94 Vuelta al 97 corre agregado la Evacuación del Medio de prueba propuesto y evacuado, Inspección personal del Juez Uno y Dos asociado de su Secretario de actuaciones con el que se acredito plenamente que existió Fraccionamiento, que la demandante formo parte de la Comisión de Licitación, hecho que acepta en la audiencias de cargos y descargos, asimismo manifiesta la demandante en la audiencia de cargos y descargos que este procedimiento no requería de ninguna licitación, cuando se acredito plenamente los valores de la obra, y el fraccionamiento Qué fue objeto el mismo, en la misma Inspección se acredito que efectivamente hubo Fraccionamiento, hechos que se pueden constatar en los Numerales 3, 4, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, y 27 de la Inspección realizada con la que se acredito plenamente el cargo que ostentaba en la Comisión de evaluación de Licitaciones, como analista de Licitaciones, asimismo se acredito que efectivamente existió fraccionamiento de la obra mediante la Inspección a la Auditoria Interna del IHSS, la que llevo a cabo una Investigación, e igualmente se acredito que dicho acto fue denunciado por medios de comunicación, y que la demandante formo parte de la Comisión que recomendó la adjudicación de la Obra en forma ilegal pues la misma estaba viciada por el fraccionamiento, si el Tribunal sentenciador hubiera analizado la prueba en su conjunto, tendría que haber llegado a la conclusión que la demandante si tenía responsabilidad en el hecho, tal como queda acreditado en los Numerales que se han hecho referencia, ya que tubo a la vista la documentación en la que se acredito tanto el fraccionamiento como la responsabilidad de la demandante. Honorables magistrados de la Lectura de los Numerales expresados de la Inspección, se evidencia que la Señora MARCIA EDTH DUARTE VALLADARES cometió la falta que se le imputo, por lo que se le notifico su despido como Analista de Licitaciones, dicha Investigación se realizó producto de la Denuncia Publica por medio de Diarios que se publican en el País, lo que quedó acreditado, y en la audiencia de cargos y descargos no desvirtuó los hechos imputados, pues tenía la obligación por el cargo que ocupaba (Analista de Licitación) de hacer las observaciones, pero como bien lo manifiesta en la audiencias de cargos y descargos “que no había fraccionamiento, lo que es falso pues se acredito que si existió el fraccionamiento. Por lo que la Apreciación errónea del Medio de Prueba Inspección personal del Juez, deriva en error de hecho en que incurrió la Corte Sentenciadora, al no tomar en cuenta los hechos probados, y como consecuencia Declara Con Lugar la Demanda y teniendo por no probados los hechos acreditados en juicio, ya que ha considerado el despido como Injustificado. De lo anteriormente expuesto es evidente que la Corte Sentenciadora al no aplicar lo dispuesto en las normas procesales contenidas en los artículos 738, y 739 del Código de Trabajo en forma Indirecta y a través de estas, por error de hecho que es evidente de los autos, por medio de los cuales se ha violado las normas sustantivas de Orden Nacional contenidas en el artículo 113 interpretado párrafo segundo literal b) en relación con el artículo 117 del Código de Trabajo.”.- III.- Que no puede prosperar el anterior cargo, ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También tiene dicho este Tribunal, sustentado por la jurisprudencia, que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba donde el Tribunal de segundo grado estimó que la demandada no logró acreditar que la trabajadora era la responsable directa de la contratación fraccionada que alega como justa causa del despido, más bien se acreditó que existía una resolución del máximo órgano de esa institución que ordenaba la continuación de los procesos de construcción de modernización del Hospital Regional del Norte del IHSS y por lo tanto, fue una decisión de la Junta Directiva y no de la demandante, pues ésta únicamente recibió instrucciones de sus susperiores para gestionar la obra y el hecho de que se desempeñara como analista de licitaciones no la hace responsable directa de las resoluciones tomadas por la Junta Directiva del IHSS. A criterio de este Alto Tribunal de Casación, esta conclusión no es equivocada, o al menos no revela la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador, pues no obstante el argumento respetable del recurrente, las pruebas aportadas conducen a una situación fáctica dudosa en donde el juzgador de instancia goza de libertad para decidirse por el extremo que considere mejor probado en la litis.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de abril del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 796-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL