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Sentencia CL-792-13 — Registro 3958

Resumen

Demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; segunda instancia confirmó sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Recurrente omite pronunciarse sobre el defecto procesal de prescripción opuesta por la parte demandada; además de olvidar realizar las declaraciones en forma completa, para decidir todos los puntos litigiosos del pleito, alejándose en consecuencia, de la técnica casacional, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, no siéndole permitido a este Tribunal ampliarlo o proveer oficiosamente. Los defectos antes relacionados impiden a este Tribunal entrar a conocer el motivo de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha tres de marzo de dos mil catorce, por el abogado PABLO GERARDO HERNANDEZ RIVAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante legal de los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES AMAYA y CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS; en relación a la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de abril del dos mil trece, por los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES AYALA, mayor de edad, soltero, Maestro de Educación Secundaria, hondureño y de este domicilio y CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), por medio de su Director Ejecutivo, señor JAVIER HERNAN DIAZ CUADRA, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán y que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, MIGUEL ARCANGEL ROSALES AMAYA, CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS. Contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), a través de su Director Ejecutivo JAVIER HERNAN DIAZ CUADRA en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y otros pagos y los salarios dejados de percibir en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO el INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), a través de su Director Ejecutivo JAVIER HERNAN DIAZ CUADRA a pagar a MIGUEL ARCANGEL ROSALES AMAYA, CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y otros pagos y los salarios dejados de percibir; 3) DECLARAR CON LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION; Opuesto por el representante procesal demandado; 4) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron lo siguiente: que MIGUEL ARCANGEL ROSALES AMAYA empezó a trabajar en la Institución demandada el 1 de febrero del 2007, 2008, 2009 y 2010 desempeñándose como Docente en el área de Bachillerato en Ciencias y Letras los días miércoles, jueves, sábados y domingos, 2011 y 2012 en el área de Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez los días martes, miércoles, jueves, sábado, y domingo. Que en fecha 26 de enero del 2013, fue despedido verbalmente por el coordinador de Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez, señor Saúl Montoya, quien le manifestó que por instrucciones de la Coordinadora General y Rectora Sor Martha Eugenia Soto, se le dieran solamente cuatro horas de clase el día sábado y cuatro horas el día domingo para pagarle un sueldo mensual de Lps. 1200.00, cuando su sueldo normal era de Lps. 9,000.00 mensuales. Que CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS, comenzó a trabajar en la institución demandada el día 24 de enero de 2012, desempeñándose como docente en el área de Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez, los días martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, devengando un sueldo de Lps. 9,500.00 mensuales. Que el día 17 de diciembre del 2012 fue informado por la Coordinadora Mercedes Duarte del cierre de operaciones del centro Uno, y que se le llamaría los primeros días del mes de enero del 2013 para informarle la fecha que debía presentarse a laborar, al no recibir llamada alguna, se vio obligado a comunicarse el día 10 de enero del 2013 y la respuesta de la Coordinadora fue que ella desconocía el día que debía presentarse a trabajar. Posteriormente solicito audiencia con la rectora, la cual le informo sobre los nuevos horarios y salarios para el año 2013, lo que resultaba en un 50% la rebaja de su salario, por lo que se considero despedido indirectamente de la Institución.- 2.- La parte demandada INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que aceptó la colaboración de los demandantes para que ofrecieran tutorías en las áreas de ciencias y literatura respectivamente. Que esta colaboración la hicieron los actores de manera voluntaria y de ello quedo constancia en los varios documentos que firmarón en el que reconocían que la prestación del servicio tenía esa naturaleza voluntaria. Que la Ley del voluntariado reconoce como derecho de los voluntarios el de recibir reconocimientos e incentivos por la actividad realizada que no debe confundirse con el salario.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veintiséis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió al demandado a pagar a Miguel Arcángel Rosales Amaya y Cesar Augusto Rivas Barrientos el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y otros pagos y los salarios dejados de percibir; declarando con lugar el defecto procesal de prescripción, opuesto por el representante procesal demandado, sin costas; bajo el criterio que al momento que los demandantes comparecieron a ese Tribunal ya les había prescrito el derecho que tenían para reclamar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en fecha siete de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que el demandante Miguel Angel Rosales Amaya acudió a ofrecer tutorías por última vez el 29 de noviembre del año 2012 y Cesar Augusto Rivas Barrientos asistió por última vez a ofrecer su tutoría el 11 de diciembre del año 2012 y en vista de que éste último alega despido indirecto, debió haberlo notificado a su patrono dentro del término de un mes como lo establece la ley, sin embargo no acreditó haberlo hecho dentro del término antes señalado y también consta de autos que el día 18 de febrero del año 2012 comparecieron a la Dirección General del Trabajo para resolver su conflicto, interponiendo su demanda el 4 de abril del año 2012. Que se pudo establecer que a los demandantes ya les había prescrito la acción para interponer su demanda.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, éste Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado PABLO GERARDO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de los señores MIGUEL ARCANGEL ROSALES AMAYA y CESAR AUGUSTO RIVAS BARRIENTOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha siete de noviembre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha tres de marzo de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado PABLO GERARDO HERNANDEZ de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciendo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, éste Alto Tribunal tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, actuando en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO (IHER), contestando el Recurso de Casación.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado PABLO GERARDO HERNANDEZ RIVAS, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “EN PRIMER LUGAR SOLICITO A ESTA CORTE: Casar la Sentencia impugnada, antes descrita, anulándola totalmente. EN SEGUNDO LUGAR SOLICITO: Que casada la Sentencia de fecha siete de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, se dicte el fallo que corresponda condenando a la parte recurrida al pago de los siguientes Derechos adquiridos: DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES Y VACACIONES.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Recurrente omite pronunciarse sobre el defecto procesal de prescripción opuesta por la parte demandada; además de olvidar realizar las declaraciones en forma completa, para decidir todos los puntos litigiosos del pleito, alejándose en consecuencia, de la técnica casacional, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, no siéndole permitido a este Tribunal ampliarlo o proveer oficiosamente. Los defectos antes relacionados impiden a este Tribunal entrar a conocer el motivo de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV. El planteamiento antes esgrimido, vuelve inadmisible el recurso de casación que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 792-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL