Sentencia CL-731-13 — Registro 3946
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados; segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la petición así expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo, solicitando que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad por el apoderado de la parte demandante y que se confirme la sentencia de primera instancia, pronunciamientos y términos propios de la segunda instancia; cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado. La solicitud así expuesta vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- IV. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de octubre del dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintidós de enero del dos mil catorce, por el abogado JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ESPINAL, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la entidad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de junio de dos mil trece, por el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, en su condición de representante procesal de los señores RAMÓN ADOLFO PERDOMO RIVERA, NERY ALEXANDER NAVARRO PORTILLO, ANGEN ANTONIO OLMEDO, OSMIN RAMOS MEJÍA, LUÍS ARMANDO COTO PEÑA, CARLOS JAVIER MEJÍA RUÍZ, JOSÉ ANTONIO ARITA MORALES, JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, OLBIN ENRIQUE ORELLANA BUEZO y JOSÉ ALFREDO SANABRIA UMAÑA, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.), por medio de su Gerente General, señor JOSÉ FERNANDO BOADLA HANDAL, hondureño, Ingeniero Industrial, mayor de edad. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de noviembre del dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, reforma que en su parte conducente dice: ”FALLA: 1.- Declarando HA LUGAR el recurso de apelación formulado por el abogado Leslie Esau Carvajal Conde en su condición de representante judicial de los trabajadores Ramón Adolfo Perdomo Rivera, Nery Alexander Navarro Portillo, Angen Antonio Olmedo, Osmin Ramos Mejia, Luís Armando Coto Peña, Carlos Javier Mejia Ruiz, Jose Antonio Arita Morales, Jose Antonio Lopez, Olbin Enrique Orellana Buezo y Jose Alfredo Sanabria Umaña, en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la seccion judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el día veinte de septiembre del año dos mil trece en el procedimiento iniciado con la demanda Ordinaria Laboral que éste promoviera en contra de la sociedad Distribuidora de Productos Múltiples, S. de R.L. de C.V. (DIPROM), a traves de su representante legal, todos de generales conocidas en el proceso para el pago de cantidades de dinero en concepto de salarios dejados de percibir adeudados durante 120 días; en consecuencia procede la reforma de la sentencia definitiva dictada en el referido, reforma que se contrae a: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el pago de salarios adeudados y dejados de percibir durante 120 dias, a los trabajadores Ramón Adolfo Perdomo Rivera, Nery Alexander Navarro Portillo, Angen Antonio Olmedo, Osmin Ramos Mejia, Luís Armando Coto Peña, Carlos Javier Mejia Ruiz, Jose Antonio Arita Morales, Jose Antonio Lopez, Olbin Enrique Orellana Buezo y Jose Alfredo Sanabria Umaña; en consecuencia se condena a la sociedad Distribuidora de Productos Múltiples, S. de R.L. de CV. (DIPROM), a través de su representante legal, a pagar a los trabajadores antes mencionados la cantidad de Lps. 263,196.00, por concepto de los salarios dejados de percibir durante 120 días que duró la suspensión de los contratos individuales de trabajo a la que fueron sometidos por decisión patronal; cantidad cuyo desglose corresponde a razón de Lps. 26,319.00 de manera individual a cada uno de los trabajadores demandantes representados por el abogado Leslie Esau Carvajal Conde; 2.- Confirmando el fallo en mención en cuanto a la absolución de costas de primera instancia.- Sin costas.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que el 11 de abril del 2012, la demandada les notificó que a partir del 11 de mayo de 2012, se les suspenderían sus contratos individuales de trabajo, alegando causas que resultaron inexistentes, quienes al momento del despido devengaban un salario mensual de L.6,580.00, desempeñándose en el cargo de Motoristas unos y otros de Ayudantes. Que el día 12 de abril del 2013, la demandada inició el trámite administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en Tegucigalpa M.D.C., para que dicha suspensión de contratos de trabajo fuera autorizada por esa autoridad administrativa del trabajo. Continuaron manifestando que al concluir el periodo de dicha suspensión, sin que la autoridad administrativa del trabajo resolviera el trámite administrativo referido, se reincorporaron a sus puestos de trabajo el 11 de septiembre de 2012; meses después, en fecha 24 de noviembre del 2012, terminó la relación de trabajo con la demandada, por mutuo acuerdo, quienes acordaron la cancelación en tres cuotas de un porcentaje del 70% de la totalidad que les correspondía por concepto de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, quedando subsistente la obligación que de la resolución administrativa de mérito derivara. Que en fecha 12 de diciembre de 2012, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social resolvió declarar sin lugar la solicitud de autorización para la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo referida, en consecuencia el empleador devenía en la obligación de hacer efectivo a los trabajadores los salarios dejados percibir por el tiempo que hubiere durado la suspensión.- 2. La parte demandada, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.), contestó dicha demanda argumentando que por necesidad económica, los demandantes experimentaron una suspensión temporal de sus contratos de trabajo, tiempo que duró 120 días, de acuerdo a lo que permite la Ley, habiéndose reintegrando a sus labores el 11 de septiembre de 2011, sin que a la fecha de su reincorporación se hubiese emitido fallo alguno por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Que posteriormente, por mutuo acuerdo de las partes, tomaron la determinación de poner fin a la relación de trabajo, mediante una negociación en el pago de las prestaciones sociales que les correspondía de acuerdo a la Ley.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva en la que declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió a la empresa demandada de toda responsabilidad económica derivada del presente juicio, absolviendo del pago de costas; bajo el criterio que la parte demandada acreditó fehacientemente la terminación de los contratos de trabajo con los actores por mutuo acuerdo mediante el pago del 70% de sus derechos laborales, todo de acuerdo a lo que señala el artículo 379 del Código de Trabajo y sustentado este acuerdo con los finiquitos de pago. Que la resolución dictada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, es posterior a la fecha en que los demandantes dejaron de laborar para la demandada y por consiguiente estos ya no eran trabajadores de la demandada, por tal razón no les corresponde lo reclamado ya que en los mencionados finiquitos de pago extendidos por los demandantes, liberan a la demandada de todo reclamo laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia reformando la dictada por el A-Quo, en consecuencia declaró con lugar la demanda de mérito, condenando a la parte demandada por los conceptos reclamados y sin costas; bajo el criterio que aunque las partes ya no estuvieran vinculadas por un contrato de trabajo al emitirse la resolución que ordena el pago de los mismos, la demandada no ajustó ni liquidó los salarios que adeudaba a los trabajadores, por virtud de la citada suspensión al ponerse fin al contrato de trabajo por mutuo acuerdo, el finiquito de pago suscrito no tiene el efecto liberatorio en cuanto a los citados salarios pues no fueron parte de la transacción.- 5. Que mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, éste Tribunal resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ESPINAL, en su condición de representante procesal de la sociedad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha cinco de noviembre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el plazo de veinte (20) días, para que formulara su demanda de casación.- 6. Que en fecha veintidós de enero de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ESPINAL, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido y por formulado en tiempo el Recurso de Casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha cinco de marzo del dos mil catorce, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado LESLIE ESAU CARBAJAL, en su condición de representante procesal de los señores Ramón Adolfo Perdomo, Nery Alexander Navarro Portillo, y otros, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II. Que el abogado JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ESPINAL, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Leslie Esau Carvajal Conde, accionando como apoderado apelante demante en representación de Ramon Adolfo Perdomo Rivera, Nery Alexander Navarro Portillo, Angen Antonio Olmedo, Osmin Ramos Mejia, Luis Armando Coto Peña, Carlos Javier Mejia Ruiz, Jose Antonio Arita Morales, Jose Antonio Lopez, Olbin Enrique Orellana Buezo y Jose Alfredo Sanabria Umaña.- 2. CONFIRMAR la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortes, en fecha VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013) que corre a folios 173 al 176 de la primera pieza de autos, DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA, promovida por el Abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE en representación de los señores Ramon Adolfo Perdomo Rivera, Nery Alexander Navarro Portillo, Angen Antonio Olmedo, Osmin Ramos Mejia, Luis Armando Coto Peña, Carlos Javier Mejia Ruiz, Jose Antonio Arita Morales, Jose Antonio Lopez, Olbin Enrique Orellana Buezo y Jose Alfredo Sanabria Umaña en contra de la Sociedad mercantil denominada DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.) a través de su representante legal señor JOSE FERNANDO BOADLA HANDAL de generales expresadas en autos.- 3.- SE ABSUELVA A LA DEMANDADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MULTIPLES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPROM, S. DE R.L. DE C.V.) del pago de la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS (L. 263,196.00) por concepto de salarios dejados de percibir durante ciento veinte días que duró la suspensión de los contratos individuales de trabajo en virtud de que si bien es cierto se declaró sin lugar la solicitud de suspensión de labores, no es menos cierto que esto aconteció una vez que los mismos ya no laboraban para la demandada.- SIN COSTAS.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la petición así expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo, solicitando que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto en su oportunidad por el apoderado de la parte demandante y que se confirme la sentencia de primera instancia, pronunciamientos y términos propios de la segunda instancia; cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado. La solicitud así expuesta vuelve inestimable el recurso de casación que nos ocupa.- IV. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 731-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL