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Sentencia CL-727-13 — Registro 3676

Resumen

Demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injusto e ilegal, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que comete el defecto técnico de alegar al mismo tiempo infracción directa por interpretación errónea y error de hecho, modalidades de violación a la Ley distintas y con diferentes alcances jurídicos, que el Recurrente debió expresar en párrafos separados e independientes. Razón que hace no admisible el mismo.- IV. Que por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de enero de dos mil catorce, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injusto e ilegal, pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, por la señora ANARDA SINFOROSA LAÍNEZ MEDINA, mayor de edad, soltera, Secretaria, hondureña y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director General de ese entonces, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por la señora ANARDA SINFOROSA LAÍNEZ MEDINA, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en consecuencia, CONDENÓ al demandado a reintegrar a la demandante por lo menos en las mismas condiciones que tenia al momento del despido y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea reintegrada la demandante, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Registro Nacional de las Personas, en el cargo de Técnico en Captura Digital en el Proyecto de Identificación Nacional (PIN), a partir del 1 de agosto de 2003; que mediante certificación del Acuerdo No.218-2012 de fecha 11 de diciembre del año 2012, mediante el cual se le destituye del cargo de Entregador de Identidades y que funcionalmente ejecuta actividades de Coordinadora de la Sección de Entrega de Identidades del Departamento de Identificación e Informática del Registro Nacional de las Personas de este Distrito Central, en virtud de supuesta falta grave cometida consistente en haber vertido declaraciones a la prensa nacional el día 11 de octubre del año 2012, misma que consistieron en señalar la supuesta pérdida o sustracción de más de 90,000 Tarjetas de Identidad, siendo efectivo dicho despido a partir del 18 de diciembre del año 2012, falta que el patrono tiene que probar en el curso del juicio; además dicho despido se produce en franca violación a los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República; que la institución demandada le hizo audiencia de descargo a la demandante en fecha 14 de noviembre del año 2012 por la supuesta falta cometida en fecha 11 de octubre del año 2012 y la fecha de despido fue el 18 de diciembre del mismo año, de lo cual se desprende la ilegalidad del despido, ya que el mismo se hizo en forma extemporánea, o sea, fuera del término de ley que es de un (1) mes, que tiene el patrono para despedir justificadamente al trabajador o para disciplinar las faltas cometidas al contrato de trabajo que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar para la corrección disciplinaria, según el artículo 863 del Código del Trabajo, o sea, que la acción de mi despido es totalmente ilegal e injusta, porque la misma le prescribió al patrono.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue destituida de su cargo y sin responsabilidad alguna para la Institución, en virtud de la falta grave cometida por dicha empleada consistente la misma en haber vertido declaraciones a la prensa nacional el día 11 de octubre del año 2012, mismas que consistieron en señalar la supuesta pérdida o sustracción de más de 90,000 Tarjetas de Identidad, siendo totalmente falso lo denunciado por dicha señora, ocasionando con esas aseveraciones infundadas daños a la imagen institucional del Registro Nacional de las Personas, así como dañando la integridad personal de los Jefes del Departamento de Identificación e Informática y a los Miembros del Directorio de la Institución, o sea, que no efectuó sus actividades de acuerdo a la Ley y sus Reglamentos; que en la evacuación del Acta de Descargo de fecha 14 de noviembre del año 2012, levantada a la demandante en su condición de Entregador de Identidad y quien ejecutaba funcionalmente las actividades de Coordinadora de la Sección de Entrega de Identidades del Departamento de Identificación e Informática del Registro Nacional de las Personas levantada por la Inspectoría General del R.N.P., esta no pudo desvanecer la falta grave que se le imputa en el desempeño de su cargo que se ha mencionado anteriormente antes bien acepta la comisión de la falta grave cometida, informando la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas en fecha 26 de noviembre del 2012 al Directorio de la Institución mediante Informe No. 179-IG-2011, con lo que se comprueba en este caso, que dicha empleada no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Institución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento, el Código de Trabajo, por haber violentado las obligaciones y prohibiciones especiales que le incumben en razón del cargo que había venido desempeñando, haberse extralimitado en el desempeño de su cargo o de sus funciones, no acató, ni cumplió órdenes e instrucciones que de modo particular le impartió el Patrono o su Representante, así como no ejecutó su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenientes al cometer la falta grave señalada, no guardó la reserva y discreción necesaria sobre los asuntos relacionados con su trabajo y enaltecer la Institución mediante la observación de buena conducta y costumbres dentro y fuera del servicio.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diez de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda promovida por la señora Anarda Sinforosa Laínez Medina, contra el Registro Nacional de las Personas, en consecuencia, condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejado de percibir, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio ese Tribunal fue de la opinión que si bien es cierto la demandada tenía justas causas para despedir la demandante en virtud de que el comportamiento laboral de ella no fue el correcto ya que a pesar de saber que las tarjetas de identidad no estaban extraviadas, puso en precario la institución denunciando hechos alejados a la verdad y denunciando a superiores solo por el hecho que se sintió discriminada produciéndole tristeza e indignación, pero que siendo que los hechos ocurrieron el 11 de octubre del 2012 y fue despedida hasta el 11 de diciembre del 2012, fecha en que se emitió el Acuerdo de Destitución, cuando ya le había prescrito el derecho que tenia para hacerlo, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del análisis de los medios de prueba acreditados por los sujetos que forman parte del juicio así como los hechos y derechos alegados quedo probado: 1) que la demandante inició su relación laboral con el Registro Nacional de las Personas el 01 de agosto del año 2003 según Acuerdo No.305-DG-2003; 2) que la parte actora Anarda Sinforosa Laínez Medina, fue destituida el día martes 18 de diciembre del año 2012, mediante Acuerdo 218-2012 del cargo de Entregador de Identidad, y en funciones de actividades de Coordinadora de la Sección de Entrega de Identidades del Departamento de Identificación e Informativa del Registro Nacional de las Personas del Distrito Central, Francisco Morazán imputándole como causal el haber vertido declaraciones a la prensa nacional el día 11 de octubre del año 2012 al señalar la supuesta pérdida de 90,000 tarjetas de identidad, siendo totalmente falso la denunciada por la demandante; 3) afirma la señora Anarda Sinforosa Laínez Medina, en la audiencia de descargo, que su propósito en sus declaraciones es que quería dejar claro ante la opinión pública, de que ella no era responsable de las identidades que estaban bajo su control y se las llevaron sin su permiso; 4) que los hechos ocurridos el 11 de octubre del 2012 de los cuales quedó evidenciado que la denuncia del extravió de las tarjetas de identidad era falso por lo que la demandante incurría en una causa proclive al despido, no obstante el patrono procedió a despedir a la trabajadora el 18 de diciembre del año 2012, mediante Acuerdo de fecha 11 de diciembre del año 2012, cuando ya le había prescrito el derecho de la acción disciplinaria.- 5.- Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintidós de enero de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, actuando en su condición de representante procesal de la señora ANARDA SINFOROSA LAINEZ MEDINA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, formula su primer y único motivo de casación de la manera siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva por interpretación errónea, ya que el sentenciador incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos contenida en los artículos 863 del Código del Trabajo relacionado con los artículos 16 numerales 6) y 7) , 17 numerales 1) y 2) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en relación con los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo, en infracción directa por interpretación errónea, ya que el sentenciador incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, al aplicar el artículo 863 del Código del Trabajo, y dejar de aplicar el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, artículo que debió aplicar por estar comprendido en la Ley del Registro Nacional de las Personas, que es la que rige para el personal de la Institución, en cuanto a que el término establecido en el artículo 863 referido, corre a partir de que el Directorio en su conjunto conoce de la investigación realizada. PRECEPTO AUTORIZANTE…… Este motivo está comprendido en el artículo 765, párrafo segundo del Código del Trabajo.”.III. Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que comete el defecto técnico de alegar al mismo tiempo infracción directa por interpretación errónea y error de hecho, modalidades de violación a la Ley distintas y con diferentes alcances jurídicos, que el Recurrente debió expresar en párrafos separados e independientes. Razón que hace no admisible el mismo.- IV. Que por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 727-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL