Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-699-13 — Registro 3930

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro en igual o mejores condiciones de trabajo o en su defecto que se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales, pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó la sentencia declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Los requisitos de la demanda de casación, como reiteradamente lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce dias del mes de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, por el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de los señores NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO y OTROS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro en igual o mejores condiciones de trabajo o en su defecto que se haga efectivo el pago de las prestaciones sociales, pago de los salarios dejados de percibir, pago de los salarios adeudados en concepto de horas extras, días feriados laborados, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones, reajuste del Arancel del Profesional del Derecho y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de noviembre de dos mil doce, por el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de los señores NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO, DAYRON ELI PERDOMO HERNANDEZ, OSCAR ALBERTO MAYORQUIN ABREGO, BRYAN DAVID AMAYA MOLINA, JONATHAN JOSE AMAYA BARDALES, MIGUEL EDUARDO ROSA AVILA, LUIS FERNANDO RECINOS MARTINEZ, EDWIN JAVIER PERI CASTILLO, MILTON JOSUE GUZMAN ZAVALA, JIMMY GERARDO ARGUETA MANCHAME y JUAN CARLOS MORENO, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su Director Ejecutivo, señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Doctor en Traumatología y Ortopedia, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló: “FALLA: DECLARANDO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la representante judicial de la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, misma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA para el reintegro, pago de salarios dejados de percibir, en la demanda promovida por el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, en su condición de representante judicial de los señores: NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO, DAYRON ELI PERDOMO HERNANDEZ, OSCAR ALBERTO MAYORQUIN ABREGO, BRYAN DABID AMAYA MOLINA, JONATHAN JOSE AMAYA BARDALES, MIGUEL EDUARDO ROSA AVILA, LUIS FERNANDO RECINOS MARTINEZ, EDWUIN JAVIER PERI CASTILLO, MILTON JOSUE GUZMAN ZAVALA, JIMMY GERARDO ARGUETA MANCHAME, y JUAN CARLOS MORENO contra la entidad estatal INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su Director Ejecutivo, todos de generales conocidas en autos, consecuentemente se ABSUELVE a la demandada a reintegrar a los trabajadores a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenían al momento de producirse el despido y los beneficios causados durante la secuela del juicio así como del pago de los salarios dejados de percibir, SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con la institución demandada de la manera siguiente: NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, desde el 01 de mayo del 2012, en el cargo de Inspectora de Recursos Humanos; OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, desde el 01 abril del 2012, en el Cargo de Inspector de Recursos Humanos; MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO, desde el 01 de diciembre del 2011, en el Cargo de Guarda de Seguridad; DAYRON ELI PERDOMO HERNANDEZ, desde el 01 de mayo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; OSCAR ALBERTO MAYORQUIN ABREGO, desde el 01 mayo de 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; BRYAN DAVID AMAYA MOLINA, desde el 01 de mayo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; JONATHAN JOSE AMAYA BARDALES, desde el 01 de marzo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; MIGUEL EDUARDO ROSA AVILA, desde el 01 de mayo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; LUIS FERNANDO RECINOS MARTINEZ, desde el 01 de julio del 2011, en el cargo de Ayudante de Hospital; EDWUIN JAVIER PERI CASTILLO, desde el 25 de marzo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; MILTON JOSUE GUZMAN ZAVALA, desde el 01 de noviembre del 2011, en el cargo de Ayudante de Hospital; JIMMY GERARDO ARGUETA MANCHAME, desde el 01 de marzo del 2011, en el cargo de Ayudante de Hospital y JUAN CARLOS MORENO, desde el 02 de mayo del 2012, en el cargo de Ayudante de Hospital; que en fechas 31/08/2012, 01/09/2012 y 03/09/2012, la patronal les hizo llegar a los demandantes las respectivas notas de despido y que personalmente se les entregaron, manifestando expresamente la patronal según la carta de despido que se ha decidido dar por terminado la relación de trabajo que vinculaba a los demandantes con la misma, ya que en Consejo de Ministros se acordó mediante Decreto Ejecutivo PCM-29-2-2012 reducir los gastos del aparato Gubernamental, de lo cual se ha sorprendido grandemente pues al leer este decreto en su Párrafo QUINTO dice: Limites en la asignación de alimentos reducir en 50% por ciento el saldo en concepto de alimentos y bebidas para personas en todas las fuentes de financiamiento se Exceptúan SALUD, DEFENZA, TRABAJO Y SEGURIDAD, en lo que corresponde a guarderías, IHSS, UNA, BANASUPRO Y las instituciones destinadas a la atención de Menor y Jóvenes; por lo que se puede apreciar que exceptúan el UNA, IHSS, BANASUPRO, lo cual resulta irrisorio pues más bien este decreto está orientado a reducir gustos de altos dignatarios en concepto de viáticos, combustibles, comidas, etc., pero que se exceptúan la institución para la cual laboraban los demandantes, razón por la cual se acude a este honorable tribunal a hacer valer este derecho que les asiste a los demandantes, pues la causal que invocó la patronal no es una causal que se apega a derecho pues ya la Ley Sustantiva como lo es el Código del Trabajo en el artículo 111 en sus doce causales manifiesta expresamente cuales son las causales de despido o de terminación de una relación de trabajo y que en el presente caso no se observa esta normativa Jurídica.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que se opone a las pretensiones el hecho que los demandantes fueron separados de sus cargos en virtud del Decreto Ejecutivo No.PCM-29-2012, emitido por el Gobierno con vías a la reducción del gasto público; lo que los demandantes obvian es el hecho de que dicho Decreto Ejecutivo procura es reducir la crisis que es general y afecta a todos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral de mérito, en consecuencia, condenó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), a reintegrar a los señores Nancy Janina Hernández Domínguez, Omar Antonio Martínez Mencias, Misael Humberto Medina Galindo, Dayron Eli Perdomo Hernández, Oscar Alberto Mayorquin Abrego, Bryan David Amaya Molina, Jonathan José Amaya Bardales, Miguel Eduardo Rosa Ávila, Luis Fernando Recinos Martínez, Edwuin Javier Peri Castillo, Milton Josué Guzmán Zavala, Jimmy Gerardo Argueta Manchame y Juan Carlos Moreno, a los puestos de trabajo en igual o mejores condiciones que tenían al momento de producirse el despido y los beneficios causados durante la secuela del juicio, mas los salarios dejados de percibir por los demandantes, sin costas; bajo el criterio que no se puede desconocer el hecho de que entre las partes se suscribió un contrato generador de derechos y obligaciones reciprocas; que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos los cargos para el cual fueron contratados los demandantes son continuo en la institución demandada, y subsiste la actividad que le dio origen; que la institución demandada fundamenta su despido en el acuerdo ejecutivo 029-08-2012 y la Resolución de la Junta Directiva SOJD NO. 05-08-2012, pero esta disposición se refiere a nuevas contrataciones que daten después de la emisión de los mismos, y no a la aplicación retroactiva ya que al aplicarla a los demandantes después que la demandada a celebrado contratos con estos se vulneran los derechos Constitucionales, como ser el derecho a la estabilidad laboral, ya que en el presente caso los demandantes y la demandada habían celebrado contratos de trabajo por tiempo definido, y que los mismos se volvieron por tiempo indefinido desde el momento que subsiste la actividad que les dio origen, generando con ello derechos a los trabajadores que no le pueden ser quitados porque son Derechos Constitucionales; y en aplicación de la Primacía que tiene la Constitución de la República sobre cualquier ley, decreto, siempre tendrá la Primacía la Norma Constitucional, por todo lo anteriormente expuesto procede declarar con lugar la demanda con respecto al reintegro al trabajo de los demandantes; que la parte demandante reclama reajuste de salario del Arancel del Profesional del Derecho, que en relación a tal reclamo no procede el mismo en vista que dicho arancel no ha sido aprobado por el soberano Congreso Nacional, en tal razón no es ley y su aplicación no es obligatoria lo que significa que priva la voluntad de las partes al momento de celebrar el contrato, en cuanto al pago de horas extras la parte demandante no estableció cuantas horas reclamaba cuando las trabajado, lo que dificulta a este Tribunal el establecer si las trabajo y si las mismas se le debe por tal razón procede declarar sin lugar esa pretensión.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticinco de octubre de dos mil trece, dictó sentencia reformando la sentencia definitiva del a-quo, en el sentido de declarar sin lugar la demanda de mérito, en consecuencia, absolvió a la institución demandada a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenían al momento de producirse el despido y los beneficios causados durante la secuela del juicio así como del pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que del estudio minucioso del asunto que nos ocupa, es indudable que las partes intervinientes en el proceso, celebraron contratos especiales de prestación de servicios en sus diferentes cargos (inspector de recursos humanos, de vigilancia y de ayudante de hospital) pagados mediante planilla de contratos del Instituto tal y como consta en la cláusula cuarta de los contratos suscritos por las partes, así también consta que no han sido contratadas otras personas para desempeñar las labores que venían ejecutando los demandantes, de lo anterior, se concluye que la decisión de la demandada manifestada a través de su Director Ejecutivo, por medio del memorando No. 8125-DE-IHSS de fecha 17 de octubre de 2012, de no prórroga del contrato de los demandantes, relacionada con la terminación de la relación de trabajo no se origina en un evento enmarcado dentro de los supuestos enunciados en el artículo 112 del Código del Trabajo; sin embargo, dicha ruptura se ampara en la temporalidad del servicio contratado y la sujeción a la existencia de la estructura presupuestaria, todo ello pactado en el contrato, y la causa legal contenida en el decreto ejecutivo número PCM-029-2012, condición contractual con relación directa del artículo 111 numeral 1) del Código del Trabajo; pues este constituye ley de la República, consecuentemente es de observancia y aplicación obligatoria, que surte todos los efectos del caso, según los fines de su creación (Criterio sostenido por esta Alzada en los expedientes identificados con los números 10,091 y 10,104), por las razones de hecho y de derecho expuestas, resulta sin lugar a dudas, que la terminación del nexo jurídico ente los actores y el IHSS, están debidamente enmarcadas en ley; por consiguiente es procedente REFORMAR la sentencia que se conoce en apelación.- 5. Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de los señores NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO y OTROS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de los señores NANCY JANINA HERNANDEZ DOMINGUEZ, OMAR ANTONIO MARTINEZ MENCIAS, MISAEL HUMBERTO MEDINA GALINDO y OTROS, formalizando su demanda de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de marzo de dos mil catorce, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la abogada LISDA PAULA MADRID BRIZUELA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, en la forma que expone su demanda de casación lo hace en ausencia manifiesta de la técnica de este extraordinario recurso, debido a que el mismo no reúne ni cumple las exigencias y requisitos propios del artículo 769 del Código del Trabajo, ya que no se indica ni petitum, la causal o motivo, ni normas infringidas, entre otros; limitándose a realizar una expresión de agravios, como si se tratara de la segunda instancia, todo lo cual hace inadmisible el mismo.- III. Los requisitos de la demanda de casación, como reiteradamente lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el Recurso de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 699-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL