Sentencia CL-697-13 — Registro 3653
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales por despido injusto y salarios caídos; segunda instancia reforma declarando a lugar la demanda y sin lugar los salarios dejados de percibir.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante solicita el quebrantamiento total de la sentencia impugnada que ha prohijado la de primera instancia, cuando esta tiene pronunciamientos a favor en cuanto al pago de derechos adquiridos, por ende el petitum debió ser en forma parcial no total."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce dias del mes de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de enero del dos mil catorce, por el abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de las señoras MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA y ALMA GARCIA VASQUEZ, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales por despido injusto y salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cuatro de marzo del dos mil trece, por las señoras MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA y ALMA GARCIA VASQUEZ, ambas mayores de edad, casadas, hondureñas y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, contra la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR), por medio de su Gerente General, señor OSMEL EFRAIN SALGADO VASQUEZ. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha nueve de septiembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, reforma que en su parte conducente dice: ”FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada el nueve de Septiembre del dos mil trece (09/09/13) por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, relacionada con la demanda promovida por las señoras: MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA Y ALMA GARCIA VASQUEZ contra la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS también conocida como “HONDUCOR” a través de su Gerente General, todos de generales relacionadas en los autos, REFORMA que se contrae a: 1.) DECLARAR SIN LUGAR la demanda de merito para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir; por tanto se ABSUELVE a la demandada por dichos conceptos; 2.) Fijar a favor de MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA la suma de DOCE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.12,043.66); y, a favor: de ALMA GARCIA VASQUEZ, el monto de TRECE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.13,203.68) que corresponden a los valores fijados en la primera instancia en concepto de derechos adquiridos. SEGUNDO: CONFIRMANDO la mencionada sentencia en los demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por considerarse que el recurrente tuvo motivos racionales y legales para litigar”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan que iniciaron sus relaciones laborales con la demandada así: MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA, el 1 de junio del año 1983 como Cartera, con un salario mensual de L.9,840.00; y, ALMA GARCIA VASQUEZ, el 1 de marzo del año 1980 como Cartera, con un salario mensual de L.9,450.00. Posteriormente ambas fueron despedidas en fecha 7 de febrero del año 2013 y en las notas de despido se les dice que habían incurrido en faltas que daban lugar a la terminación de sus contratos de trabajos. Siguen manifestando que fueron despedidas en forma extemporánea ya que de conformidad con el artículo 863 del Código del Trabajo, los derechos y las acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria. Si en la carta de despido se les dice que la empresa conoció de las faltas que cometieron el 7 de enero del 2013 y se les despide el 7 de febrero del 2013, por lo tanto sus despidos son injustos.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, contestó dicha demanda manifestando que en fecha 7 de enero del 2013, en el Centro de Clasificación Postal de Toncontín, la Oficina de Operaciones y la Inspectoría Postal practicó de manera sorpresiva una verificación de sellos postales a todos los envíos procedentes de la Administración Postal de San Pedro Sula con destino a los Estados Unidos de Norte América, para lo cual se levantó la respectiva acta de los hallazgos encontrados; esta verificación se llevó a cabo porque se tenía sospechas que varios empleados de San Pedro Sula estaban enviando paquetes fuera del país sin pagar el precio conforme a la tarifa establecida por HONDUCOR, además le cobraban al cliente el precio normal conforme a la tarifa, sin embargo, al momento de pegarle los sellos postales a dichos paquetes le pegaban o adherían menos sellos postales, o le adherían sellos postales ya usados es decir que ya habían sido utilizados, lo anterior estaba causando un gran perjuicio a la economía de la Empresa, encontrando que las demandantes MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA Y ALMA GARCIA VASQUEZ, eran dos de los empleados que estaban cometiendo faltas muy graves en su trabajo, procediendo a imponerles la sanción conforme al Reglamento Interno de Trabajo, posterior a la audiencia de descargo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de septiembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, en consecuencia condenó a la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, a pagarle a la señora María Esthela Castellanos Rivera, la cantidad de Trescientos Veintidós Mil Tres Lempiras Con Sesenta y Seis Centavos, y a la señora Alma García Velásquez, la cantidad de Trescientos Once Mil Setenta Y Ocho Lempiras Con Setenta Y Ocho Centavos, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, más a titulo de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el mes calendario se compone de treinta días y que ese plazo se cumplió el 5 de febrero del 2013, por lo que el patrono debió haber despedido a las demandantes el 5 de febrero del 2013, fecha esta en la que se cumplían los treinta días que señala la ley para despedir o aplicar una sanción disciplinaria. Que en vista de lo anterior, al patrono le prescribió la acción y el derecho para despedir las demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, dictó sentencia reformando la dictada por el a-quo, en consecuencia declaró sin lugar la demanda de mérito para el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, absolviendo a la demandada por dichos conceptos; fijando, a favor de María Esthela Castellanos Rivera, la suma de Doce Mil Cuarenta y Tres Lempiras Con Sesenta y Seis Centavos (L.12,043.66) y a favor de Alma García Vásquez, el monto de Trece Mil Doscientos Tres Lempiras Con Setenta y Ocho Centavos (L.13,203.68), que corresponden a los valores fijados en la primera instancia en concepto de derechos adquiridos, confirmando la mencionada sentencia en los demás extremos y sin costas; bajo el criterio que las trabajadoras reconocieron su participación en los hechos por los cuales la patronal puso fin al vinculo laboral, conducta que no puede considerarse ajustada a la buena fe que debe prevalecer en la relación de trabajo y que desde luego causa un perjuicio económico a la institución demandada y a la vez se pierde la confianza depositada para el manejo de valores; en base a lo antes expuesto y observándose que HONDUCOR siguió el procedimiento en la normativa interna vigente, dentro del tiempo que establece la Ley, pues de acuerdo al artículo 863 del Código del Trabajo el empleador tiene un mes para ejercitar su potestad disciplinaria e imponer la sanción que corresponda, plazo que inició a contabilizarse a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que generaron y terminaron con el despido de las demandantes (7 de enero del 2013); plazo que según el artículo 124.4 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria, se computa de fecha a fecha, finalizando el 7 de febrero del 2013 y no como lo computó el a-quo; razones por las cuales resultan atendibles los argumentos del recurrente.- 5.- Que mediante auto de fecha veintidós de noviembre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de apoderado de las señoras MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA y ALMA GARCIA VASQUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de apoderado de las señoras MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA y ALMA GARCIA VASQUEZ, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de marzo del año dos mil catorce, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado JUAN FRANCISCO GUZMAN SALINAS, para contestar la demanda de casación planteada y ordenó proseguir con el trámite correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. El abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO:CASA TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha VIERNES DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE mediante la cual se REFORMA la Sentencia Definitiva pronunciada en primera instancia por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE; que motiva el presente recurso de casación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: DECLARA: CON LUGAR LA “DEMANDA LABORAL ORDINARIA DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES POR DESPIDO INJUSTO. PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES PROPOCIONALES. SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUICIO. TRAMITE. QUE SE NOTIFIQUE ESTA DEMANDA AL PROCURADOR REGIONAL DEL TRABAJO. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS PARA ACREDITAR HABER AGOTADO EL TRAMITE GUBERNATIVO. EXHORTO. PODER”. Promovida por las trabajadoras contra la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, a través de su representante legal, señor OSMEL EFRAIN SALGADO VASQUEZ, de generales anteriormente expresadas. TERCERO: CONDENA A LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS a través de su representante legal, señor OSMEL EFRAIN SALGADO VASQUEZ, de generales expresadas. a pagar a las trabajadoras MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA, y ALMA GARCIA VASQUEZ, de generales anteriormente expresadas sus PRESTACIONES SOCIALES POR DESPIDO INJUSTO. PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MES PROPOCIONALES. Así: MARIA ESTHELA CASTELLANOS RIVERA la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS, (LPS. 322,003.66) misma que se desglosa de la manera siguiente: Preaviso: 2 meses LPS. 22,960.00; Auxilio de Cesantía: 25 meses 750 días LPS. 287,000.00; Vacaciones proporcionales 13.61 días LPS. 5,208.14; aguinaldo proporcional: 2.92 días LPS.957.765; décimo cuarto mes proporcional: LPS. 5,877.76. ALMA GARCIA VELASQUEZ: TRECIENTOS ONCE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS.311,078.78) misma que se desglosa de la manera siguiente: Preaviso: 2 meses LPS. 22,050.00; Auxilio de Cesantía: 25 meses 750 días LPS. 275,625.00; Vacaciones proporcionales 18.61 días LPS. 6,639.18; aguinaldo proporcional: 35 días LPS.919.80; décimo cuarto mes proporcional: 17.92 días, LPS. 5,644.80; más a titulo de daños y perjuicios a pagarles, los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato individual de trabajo; hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria respectiva. SIN COSTAS.Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales procedentes. NOTIFIQUESE.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante solicita el quebrantamiento total de la sentencia impugnada que ha prohijado la de primera instancia, cuando esta tiene pronunciamientos a favor en cuanto al pago de derechos adquiridos, por ende el petitum debió ser en forma parcial no total.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 697-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL