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Sentencia CL-680-13 — Registro 3928

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de los salarios dejados de percibir, reajuste del salario mínimo, pago de días feriados y las costas del juicio;segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el Impetrante omite consignar los requisitos establecidos en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos la designación de las partes, la indicación de la sentencia impugnada, la relación de los hechos del litigio y la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal de Casación. Al prescindirse de esos requisitos, entre ellos el alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de las omisiones indicadas este Tribunal se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitres dias del mes de septiembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha trece de enero de dos mil catorce, por el abogado JOSÉ EMETERIO RODAS PAVÓN, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la PUPUSERÍA LAS CHAMPAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de los salarios dejados de percibir, reajuste del salario mínimo, pago de días feriados y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil trece, por la señora CLARA MELISSA PINEDA PINEDA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra la PUPUSERÍA LAS CHAMPAS, por medio de su Gerente Propietaria, señora MARIA PINEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de octubre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Clara Melissa Pineda Pineda, contra la Pupusería Las Champas, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes adeudado, decimocuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo y a los salarios dejados de percibir, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.78,675.68, por dichos conceptos de preaviso y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con arreglo a derecho quede firme la sentencia definitiva, declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de 3 días de feriados, en consecuencia, absolvió a la demandada del pago por dicho concepto, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a prestar los servicios con la demandada en fecha 16 de agosto de 2009, mediante contrato verbal en el puesto de Atención al Cliente; que en los últimos seis meses devengó un salario mensual de L.4,500.00, salario considerado inferior al salario mínimo que es de L.6,338.80 según Acuerdo No. STSS-001-2012, razón por la cual solicita el reajuste salarial de los últimos 2 años; que en fecha 8 de noviembre de 2012, la señora Elsy Leonor Ferrera Hernández, despidió verbalmente a la demandante al decirle que ya no se presentara a trabajar porque las ventas estaban bajas, sin indicarle cuando debía regresar o si no debía regresar nunca más, ante tal situación, el 12 de noviembre de 2012, la demandante solicitó que el Inspector del Trabajo constatara el despido verbal, ilegal e injusto del que fue víctima, haciéndose presente en ese mismo día en el centro de trabajo denominado Pupusería Las Champas donde los atendió la señora Ferrera Hernández en su condición de encargada de la Pupusería, quien manifestó que “por órdenes de la señora MARIA PINEDA RODRIGUEZ en su condición de Propietaria de la Pupusería, ya no se presentara a laborar porque las ventas estaban muy bajas y están arreglando la calle y por eso se le dijo que no viniera ya que no se estaba vendiendo nada”; que el despido verbal fue ilegal e injusto por cuanto no se origina en una causa justa de las estipuladas en el artículo 112 en relación con el artículo 117 del Código del Trabajo, al no existir causal y no habérsele despedido correctamente, ante dos testigos, como ordena este último artículo, el empleador no puede alegar causa diferente a la manifestada, que en este caso son las ventas bajas, violentando los derechos laborales y constitucionales, el empleador deviene obligado a pagarle a la demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, el reajuste salarial de los últimos dos años y los días feriados que laboró, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo con la demandada.- 2.- La parte demandada, la PUPUSERIA LAS CHAMPAS, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que a la demandante se le haya despedido y pagado menor al salario minino, lo que acontece es que fue un arreglo entre la demandada y la demandante, que del salario minino que ella iba a percibir era hacer uso de dos tiempos de comida a L.40.00 que equivale a L.80.00 diarios de alimentación y que eso es por 26 días que ella trabajaba en el mes que equivale a L.2,080.00 mensuales y le hacía entrega de L.4,500.00 en efectivo, con eso da L.6,580.00 mensuales es decir que más bien sobrepasaba el salario mínimo; que la demandada no le había dado facultades a la señora Elsy Leonor Ferrera Hernández, para que despidiera alguna de las empleadas como quedó acreditado también en la audiencia de conciliación en el Ministerio del Trabajo y que más bien el apoderado de la demandada en dicha audiencia le manifestó que la demandada iba hacer caso omiso del tiempo que ella no se había presentado a trabajar para que regresara otra vez, pero la demandante se negó hacerlo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Clara Melissa Pineda Pineda, contra la Pupusería Las Champas, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes adeudado, decimocuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo y a los salarios dejados de percibir, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.78,675.68 por dichos conceptos, declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago de 3 días de feriados, en consecuencia, absolvió a la demandada del pago por dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio ese Tribunal es de la opinión que si bien es cierto la Gerente propietaria en forma directa no despidió a la demandante pero si lo hizo la persona que administraba el negocio cuando no se encontraba su propietaria tal y como se refleja en la constatación del despido verbal, cuando Elsy Leonor Ferrera Hernández manifestó que con autorización de la propietaria del negocio le comunicó a la demandante que no regresara a laborar, en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito; que la demandante también solicita en su demanda el pago de la cantidad L.19,328.72 en concepto de reajuste de salario mínimo pero consta en autos que la demandada pagaba a la demandante salario en especie, por lo que es procedente declarar sin lugar el reajuste del salario en la cantidad reclamada autorizando el pago en concepto de reajuste de salario mínimo en la cantidad de L.5,002.05; la demandante también reclama la cantidad de L.745.35 en concepto de pago de feriados, pero consta en autos que el salario que recibía la demandante era mensual en donde se incluía los días feriados y no acreditó que feriados había laborado y no se le había pagado, en consecuencia, es procedente declarar sin lugar el pago de días feriados laboradas y no pagados; que la demandante también solicitó en su demanda el pago de vacaciones adeudadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo adeudado, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes adeudado, decimocuarto mes proporcional, y reajuste de salario mínimo los cuales a criterio de este Tribunal, es procedente declararlos con lugar, en virtud de ser derechos adquiridos de todo trabajador, debiendo hacerse el cálculo en base a los datos que fueron acreditados en juicio.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha nueve de octubre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que el criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador y en el presente caso, la señora María Pineda Rodríguez, en su condición de Gerente Propietaria al contestar la demanda acepta que existió una relación laboral entre su empresa y el demandante; que a folio ocho se encuentra el acta levantada por la Inspectoría del Trabajo, en la cual la señora Elsy Leonor Ferrera Hernández, en su condición de encargada del Negocio Pupusería Las Champas, le manifestó a dicho inspector, que efectivamente de manera verbal, le manifestó a la demandante que la señora María Pineda Rodríguez, en su condición de propietaria, le había dicho que ya no se presentara a trabajar porque las ventas estaban bajas; que la parte demandada en ningún momento aportó pruebas en juicio que desvirtuaran lo aseverado por la parte demandante, por lo que este Tribunal estima que esta debidamente acreditado en juicio el despido verbal de la demandante, por lo que la motivación y resolución dictada por el a-quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSÉ EMETERIO RODAS PAVÓN, en su condición de representante procesal de la PUPUSERÍA LAS CHAMPAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha trece de enero de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado JOSÉ EMETERIO RODAS PAVÓN, en su condición de representante procesal de la PUPUSERÍA LAS CHAMPAS, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la señora CLARA MELISSA PINEDA PINEDA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, el Impetrante omite consignar los requisitos establecidos en el artículo 769 del Código del Trabajo, entre ellos la designación de las partes, la indicación de la sentencia impugnada, la relación de los hechos del litigio y la declaración del alcance de su impugnación, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal de Casación. Al prescindirse de esos requisitos, entre ellos el alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de las omisiones indicadas este Tribunal se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- III. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 680-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL