Sentencia CL-675-13 — Registro 3675
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo por despido directo e injustificado y pago de los salarios dejados de percibir;segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que este Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa como es la declaración de no reconocer los salarios adeudados. También omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción, opuesta por el apoderado de la parte demandada. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IV. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis dias del mes de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha ocho de enero del dos mil catorce, por el abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo por despido directo e injustificado y pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en distintas fechas, por los señores ALDO JOSUE ACOSTA LUQUE, casado, LETICIA MILAGRO GONZALEZ ANDRADE, soltera, JUAN VARELA GARCIA, casado, ERNESTINO FLORES GARCIA, soltero, MARIA EMILIA AMADOR RODRIGUEZ, soltera, SANTOS ARMANDO DURON MARTINEZ, soltero, JAIME LELIN SALVADOR GONZALEZ, casado, CARMEN ELENA SAHURI ANDINO, soltera, ROLANDO NECTALI RIVAS, casado, JOSE IVAN ARGUETA LOPEZ, casado, JOSE IVAN FLORES PAVON, soltero, MIGUEL ENRIQUE ANDINO FONSECA, soltero, JORGE ROBELO MEJIA ANDINO, soltero, JOSE RAFAEL MADRID PONCE, casado y ROSA ISELLA ELVIR ROJAS, soltera, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cuatro de octubre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha trece de agosto de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente declaro con lugar la demanda ordinaria laboral, condenando al Estado de Honduras a reintegrar a sus puestos de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones a los demandantes señores Aldo Josué Acosta Luque, Leticia Milagro González Andrade, Juan Varela García, Ernestino Flores García, María Emilia Amador Rodríguez, Santos Armando Durón Martínez, Jaime Lelin Salvador González, Carmen Elena Sahuri Andino, Rolando Nectalí Rivas, José Iván Argueta López, José Iván Flores Pavón, Miguel Enrique Andino Fonseca, Jorge Róbelo Mejía Andino, José Rafael Madrid Ponce, Rosa Isella Elvir Rodas, más los salarios dejados de percibir para cada uno, desde la fecha del despido hasta que sean debidamente reinstalados, asimismo declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral en cuanto a la pretensión de pago de salarios adeudados, en consecuencia se absolvió a la parte demandada de este único concepto, sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan que comenzaron la relación laboral en forma siguiente: Aldo Josué Acosta Luque, fecha de inicio 03 de mayo de 2010 devengando un salario mensual de L.15,000.00; Leticia Milagro González Andrade, fecha de inicio 01 de agosto de 2010, devengando un salario mensual de L.15,000.00; Juan Varela García, fecha de inicio 01 de octubre de 2010 devengando un salario mensual de L.7,400.00; Ernestino Flores García, fecha de inicio 01 de octubre de 2010, devengando un salario mensual de L.8,000.00; María Emilia Amador Rodríguez, fecha de inicio 01 de septiembre de 2010, devengando un salario mensual de L.7,000.00; Santos Armando Durón Martínez, fecha de inicio 01 de julio de 2011, devengando un salario mensual de L.7,000.20; Jaime Lelin Salvador Gonzalez, fecha de inicio 01 de agosto de 2010, devengando un salario mensual de L.9,999.90; Carmen Elena Sahuri Andino, fecha de inicio 01 de junio 2010, devengando un salario mensual de L.12,000.00; Rolando Nectali Rivas, fecha de inicio 03 de mayo de 2010, devengando un salario mensual de L.12,000.00; José Iván Argueta López, fecha de inicio 01 de octubre de 2010, devengando un salario mensual de L.10,000.00; José Iván Flores Pavón, fecha de inicio 01 de marzo de 2011, devengando un salario mensual de L.7,000.00; Miguel Enrique Andino Fonseca, fecha de inicio 01 de abril de 2010, devengando un salario mensual de L.7,000.00; Jorge Róbelo Mejía Andino, fecha de inicio 01 de abril 2010, devengando un salario mensual de L.7,000.00; José Rafael Madrid Ponce, fecha de inicio 01 de septiembre de 2010, devengando un salario mensual de L.15,000.00; Rosa Isella Elvir Rodas fecha de inicio 01 de septiembre de 2010, devengando un salario mensual de L.15,000.00; los ahora demandantes alegan que se desempeñaban en diferentes puestos de trabajo y que fueron despedidos en forma escrita, directa e injustificada, a excepción de los trabajadores José Iván Flores Pavón, Miguel Enrique Andino Fonseca y Jorge Róbelo Mejía Andino, quienes fueron despedidos en forma verbal. Argumenta la parte demandante que los despidos están al margen de lo establecido en las leyes, en flagrante violación a la normativa laboral, específicamente el artículo 117 del Código del Trabajo, ya que en la nota de despido no se señalan causas de las establecidas en la ley, pues no basta con señalar los fundamentos legales como lo ha hecho la demandada.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó la demanda manifestando que en la presente existe acumulación de procesos, el expediente número 0801-2012-0714 fue acumulado al expediente número 0801-2012-7049, por tal razón las demandas fueron contestadas separadamente. En ambas se acepta la relación laboral que los demandantes sostuvieron con la institución demandada, de igual forma se acepta la finalización de la relación laboral, no siendo un despido, ya que los demandantes ya conocían que su contrato de trabajo era por tiempo determinado y llegaría a su fin, en base a lo establecido en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, este tipo de contrato con respecto a los trabajadores Aldo Josué Acosta Luque, Leticia Milagro González Andrade, Juan Varela García, Ernestino Flores García, María Emilia Amador Rodríguez, José Iván Argueta López, José Iván Flores Pavón, Miguel Enrique Andino Fonseca y Jorge Róbelo Mejía Andino. Se alega la inexistencia de la relación laboral, en cuanto a los trabajadores Santos Armando Durón Martínez, Jaime Lelin Salvador González, Carmen Elena Sahuri Andino, Rolando Nectalí Rivas, José Rafael Madrid Ponce Y Rosa Isella Elvir Rojas. En el mismo escrito de contestación de demanda se aclara que únicamente con el trabajador Juan Varela García, operó el despido directo, por abandono de trabajo. Que en la audiencia primera de trámite opuso Excepción Perentoria de Prescripción, citando el artículo 864 del Código de Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha trece de agosto de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito, condenando a la parte demandada a reintegrar a sus puestos de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, a cada uno de los demandantes, más los salarios dejados de percibir para cada uno, desde la fecha del despido hasta que sean debidamente reinstalados, asimismo declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, en cuanto a la pretensión de pago de salarios adeudados, en consecuencia se absolvió a la parte demandada de este único concepto, sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin costas; bajo el criterio que el alegato de la parte demandada es abstracto, ya que indica que los demandantes estaban bajo una relación de trabajo por tiempo determinado y bajo el sistema de planillas, extremos que no se concretaron en juicio, pues la actividad probatoria de la parte demandada no fue suficiente, ya que las resoluciones ministeriales no constituyen contratos de trabajo por tiempo determinado, sino una justificación del gasto público, además los trabajadores bajo el sistema de jornal no son temporales, como ya se ha dicho en múltiples fallos judiciales. Por lo que al amparo de los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación de trabajo, que ilustran el Derecho de Trabajo, los trabajadores demandantes eran permanentes y necesariamente debe aplicarse el principio de justificación del despido al momento de prescindir unilateralmente de los servicios. En el escrito de contestación de demanda, esta parte niega la relación laboral con los demandantes Santos Armando Duron Martinez, Jaime Lelin Salvador Gonzalez, Carmen Elena Sahuri Andino, Rolando Nectali Rivas, José Rafael Madrid Ponce Y Rosa Isella Elvir Rojas, sin embargo se demostró en juicio lo contrario, tal como aparece de los autos, donde se presentan constancias de trabajo extendidas por la Sub-Gerente de Recursos Humanos de SOPTRAVI, en las cuales se indica la relación de trabajo, el inicio de la misma y el salario mensual que devenga el trabajador objeto de dicha constancia, las mismas notas de despido y diferente soporte documental donde se acredita el vínculo laboral, de la misma manera el reconocimiento judicial, por lo que dicho alegato es totalmente insustentable. Que para los efectos legales pertinentes y tomando en cuenta que las resoluciones ministeriales aportan elementos que difieren de los documentos presentados por la parte demandante, en cuanto a la fecha de inicio de la relación de trabajo y su salario, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 30 del Código del Trabajo, es decir la presunción a favor del trabajador, tomando como ciertos los hechos alegados por los trabajadores, por no haber prueba en contrario que determine lo solicitado por el trabajador, en vista que legalmente le corresponde al empleador facilitar toda la documentación necesaria a la autoridad.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cuatro de octubre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio que en la mayoría de las notas de despido, no se invoca causal justa de despido de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, otras se refieren al abandono de trabajo injustificado por más de tres días consecutivos o alternos en el término de un mes, pero no demostraron a la Judicatura haber seguido el procedimiento Reglamentario Interno previo al despido, pues no basta con señalar una causal cualquiera y el fundamento de derecho, es preciso que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se haya observado el procedimiento legal establecido. En cuanto a los despidos verbales sin causa justificada de los señores José Iván Flores Pavón, Miguel Enrique Andino Fonseca y Jorge Róbelo Mejía Andino, los mismos fueron acreditados mediante declaración del señor Felipe De Jesús López, quien contestó en sus dichos y afirmaciones y al ser repreguntado ratificó su deposición. Que la demandada en la audiencia primera de trámite opuso Excepción Perentoria de Prescripción, sin embargo únicamente hizo el anuncio de esta, citando el artículo 864 del Código de Trabajo, pero en ningún momento desarrolló el defecto material, de manera que su imprecisión dificulta al Juzgador hacer un pronunciamiento acorde, no obstante la Juez tratando de adivinar lo que pretendió exponer el excepcionista, se pronunció al respecto trayendo al caso las actas de agotamiento de la vía administrativa de todos y cada uno de los actores realizadas en tiempo y forma, quienes la acompañaron a su libelo como requisito exigido por el artículo 691 de la misma normativa laboral precitada, declarando sin lugar dicha prescripción.- 5.- Que mediante auto de fecha veintidos de noviembre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha ocho de enero del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de enero del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado, todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que el libelo casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. El abogado WALTER ALEJANDRO CARDONA COLINDRES, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CASA TOTALMENTE la sentencia definitiva recurrida de fecha l2de diciembre de 2013 dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, SEGUNDO declara SIN LUGAR la demanda laboral ordinaria para el REINTEGRO, con el reconocimiento de del pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme el fallo, promovida por los señoresALDO JOSUE ACOSTA LUQUE, LETICIA MILAGRO GONZALES ANDRADE, JUAN VARELA GARCIA, ERNESTINO FLORES GARCIA, MARIA EMILIA AMADOR RODRIGUEZ,, JAIME LELIN SALVADOR GONZALES, CARMEN ELENA SAHURI ANDINO, ROLANDO NECTALI RIVAS, JOSE IVAN ARGUETA LOPEZ, JOSE IVAN FLORES PAVON, MIGUEL ANDINO FONSECA, JORGE ROBELO MEJIA ANDINO, JOSE RAFAEL MADRID PONCE, ROSA ISELLA ELVIR ROJAS, contra elESTADO DE HONDURAS.-TERCERO: ABSOLVER de toda responsabilidad laboral proveniente de la relación de trabajo que tenía con los demandantes señores ALDO JOSUE ACOSTA LUQUE, LETICIA MILAGRO GONZALES ANDRADE, JUAN VARELA GARCIA, ERNESTINO FLORES GARCIA, MARIA EMILIA AMADOR RODRIGUEZ,, JAIME LELIN SALVADOR GONZALES, CARMEN ELENA SAHURI ANDINO, ROLANDO NECTALI RIVAS, JOSE IVAN ARGUETA LOPEZ, JOSE IVAN FLORES PAVON, MIGUEL ANDINO FONSECA, JORGE ROBELO MEJIA ANDINO, JOSE RAFAEL MADRID PONCE, ROSA ISELLA ELVIR ROJAS; CUARTO: Con costas y MANDA: que se devuelvan sus antecedentes al Tribunal de su procedencia con certificación de este fallo para los efectos legales consiguientes.-NOTIFIQUESE”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que este Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa como es la declaración de no reconocer los salarios adeudados. También omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción, opuesta por el apoderado de la parte demandada. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- IV. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los jueces de las instancias, para los efectos legales consiguientes y remitir certificación al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 675-13.
DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES
RECEPTORA ADSCRITA
SECRETARIA GENERAL