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Sentencia CL-672-12 — Registro 3480

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios;segunda instancia revoca declarando sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que solicita la casación total del fallo, cuando el mismo le es favorable a la parte demandante, en lo que respecta a la condena al pago de los derechos adquiridos, por ello el Recurrente debió haber solicitado dicha casación de forma parcial. Tal falencia en la demanda de casación impide a este Tribunal orientar su actividad.- IV.- Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que luego de analizar dicha petición, se llega a las siguientes conclusiones: a) que el ad-quem al resolver el recurso de apelación no ha violentado el principio de reformatio in pejus, toda vez que quien apeló de la sentencia definitiva dictada por el a-quo, fue la parte demandada y no el demandante, debiéndose recordar que inclusive el artículo 765 numeral 2) del Código del Trabajo, contempla dicha situación como causal o motivo del recurso, en los casos en que el fallo contenga decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta; b) que sobre la condena de los derechos adquiridos, los mismos fueron incluidos en la aclaración de la sentencia definitiva, mediante resolución proferida el 17 de agosto del 2012, visible a folios 29 al 32 de la segunda pieza; c) sobre la denuncia de sectarismo e indisposición contra uno de los magistrados integrantes de la Corte recurrida, tal situación debió ser advertida oportunamente, inclusive la ley le faculta recusarlo; y, d) no se advierte ninguna situación que pudiera afectar el derecho a la defensa y el debido proceso. Por lo anteriormente señalado, no procede la nulidad absoluta solicitada.- VII.- Que por las razones expuestas, procede declarar no ha lugar al recurso de casación y sin lugar la solicitud de nulidad subsidiaria"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece días del mes de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de enero del dos mil trece, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en Santa Rosa, Departamento de Copán, en su condición de apoderado del señor JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injusto y el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, condena en costas, promovida ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha diecisiete de diciembre del dos mil diez, por el señor JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, mayor de edad, casado, pintor automotriz, hondureño y con domicilio en Santa Rosa, Copán, contra la empresa GRUPO SAN RAFAEL, S.A. DE C.V., por medio de su representante legal, señor EDGAR RAFAEL RAMIREZ ROSA. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiséis de julio del dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, que falló REVOCANDO la sentencia definitiva de fecha diecinueve de abril del dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Copán, y que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: REVOCA LA SENTENCIA DEFINITIVA LABORAL de primera instancia proferida por el Juez Primero de Letras Seccional de Copán, el día diecinueve (19) de abril del año dos mil doce (2012), por no estar arreglada a derecho; TERCERO: DECLARA NO HA LUGAR a la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, contra la Sociedad mercantil “GRUPO SAN RANFAEL, S.A. de C.V.; CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS en esta instancia al apelado señor JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA.” .- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación laboral con la empresa demandada en fecha once de abril del dos mil siete, como entregador de los productos de abarrotaría que solicitaban algunos clientes en los sectores de los Departamentos de Copán, Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque y la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Que el día nueve de octubre del dos mil diez, el demandante recibió una llamada de su jefe inmediato señor OLVIN VILLEDA, para que se presentara a la oficina de la señora AURA LARA, Inspectora de la Empresa, estando presente la señora REYNA URREA, Jefe de personal del GRUPO SAN RAFAEL S.A. DE C.V., y se le manifestó que se estaba retomando el problema de un faltante por la cantidad de cuatro mil veintiséis Lempiras (L.4,026.00) de los productos que él entregó a los clientes que según informe estaban designados como pulpería Oswaldo y otra, el demandante ya había entregado el dinero y factura de las cuales no tenía reporte de la Empresa, por esa situación le manifestaron que a él le correspondía reclamar el faltante a los clientes que les adeudaban y no habían cancelado esas facturas. Que al adjudicarle una pérdida de cuatro mil veintiséis lempiras se resistió a aceptar este faltante, pero ellos con sus amenazas le intimidaron, le dijeron que estaba en las puertas de la cárcel y que de inmediato iban a llamar a la Fiscalía para que fuera puesto ante las autoridades policiales y ser remitido a los juzgados para que le entablaran la acción penal correspondiente, que si no firmaba la renuncia que elaboraron los señores OLVIN VILLEDA, REYNA URREA Y AURA LARA ese era el paso a seguir por la Empresa, por lo que tuvo que firmar esa renuncia, ahora viéndose en libertad y fuera de la presión a la que le sometieron en aquel momento los empleados de la Empresa GRUPO SAN RAFAEL S.A. DE C.V., para que firmara la renuncia de sus derechos que por Ley le corresponden acude ante la Autoridad Judicial.- 2.- La parte demandada, empresa GRUPO SAN RAFAEL S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que el demandante ha tergiversado los hechos a su antojo y conveniencia, al extremo que la antigüedad laboral que alega no es verdad, ya que como consta en el respectivo Contrato Individual de Trabajo el inició la relación laboral el doce de marzo del dos mil ocho, asimismo no corresponde a la verdad el salario promedio devengado en los últimos seis meses. En fecha nueve de octubre del año dos mil diez, el demandante presentó una renuncia a la relación laboral que mantenía con GRUPO SAN RAFAEL S.A. DE C.V., acto unilateral que no requiere se ejecute ante una autoridad si no que constituye un derecho del empleado dar por terminada la relación laboral con su patrono, lo que ocurrió en este caso.- 3.-El Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha diecinueve de abril del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENÓ a la empresa GRUPO SAN RAFAEL S. A. DE C.V., al pago de la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.39,870.74), desglosados de la siguiente manera: Preaviso: Catorce mil lempiras L. 14,000.00, Auxilio de cesantía: Catorce mil lempiras L.14,000.00, Auxilio de Cesantía proporcional: Tres mil setecientos trece lempiras con ochenta y tres centavos L.3,713.83, Vacaciones proporcionales: Mil ochocientos cincuenta y seis lempiras con noventa y un centavos L.1,856.91, Treceavo mes del año proporcional: Cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras L.4,650.00, Catorceavo mes del año proporcional: Mil seiscientos cincuenta lempiras L.1,650.00, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha en quede firme dicha sentencia. CON COSTAS; bajo el criterio que hubo un despido directo por medio de intimidación o coacción en contra del trabajador, aun cuando haya sido el trabajador el que interpuso la renuncia como pretende hacerlo saber la señora Aura Lara Romero, quien señala que el trabajador interpuso la renuncia, pero si lo hizo fue a raíz de una coacción realizada por los empleados y superiores del trabajador antes mencionado considerando que este acto es nulo, pues implicó renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social otorga a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera; teniéndose en cuenta en este sentido las actas que levantó el inspector del trabajo al ser puesto en conocimiento por parte del trabajador, que se personaran a la empresa patronal ya que se le estaban realizando coacciones, las cuales quedaron establecidas por el inspector del trabajo, teniendo el informe en razón de sus atribuciones plena validez, ya que no se demostró posteriormente en forma evidente la inexactitud, falsedad o parcialidad de las actuaciones realizadas por el Inspector de Trabajo, mediante las actas levantadas en la empresa de trabajo y consistente en las declaraciones llevadas a cabo por los empleados Olvin Villeda, Reina Urrea y en especial por la señora Aura Lara quien es auditora de la empresa patronal, que menciona que si el trabajador no cancelaba el faltante de dinero que se le estaba atribuyendo iban a realizar las denuncias e investigaciones correspondientes en materia penal a lo cual el trabajador de alguna manera se sintió intimidado.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintiséis de julio del año dos mil doce, dictó sentencia REVOCANDO la sentencia definitiva dictada por el Tribunal A-Quo, con costas; bajo el criterio que es falso que el demandante JOSÉ CAYETANO CUESTAS ARRIAGA hubiera estado laborando desde el once de abril del año dos mil siete, para la empresa “GRUPO SAN RAFAEL, S.A. de C.V.”, siendo lo correcto que inició sus labores para dicha sociedad el día doce de marzo del año dos mil ocho; no consta acreditado en autos la coacción, amenazas o las maquinaciones insidiosas por la vía administrativa, civil o penal, que dice sufrió el demandante, para decir que su consentimiento está viciado por violencia, intimidación o dolo. Ojo: AGREGAR LO RELATIVO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CONSIGNADOS EN LA ACLARACION DE LA SENTENCIA.- 5.- Que mediante auto de fecha ocho de octubre del dos mil doce, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en su condición de apoderado del señor JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa, Copán, de fecha veintiséis de julio del dos mil doce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha tres de enero del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., de generales y condición ya expresados, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y pidiendo la nulidad subsidiaria del fallo, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinte de febrero del dos mil trece, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado NELSON OVIDEO LARA ERAZO, para contestar la demanda de casación planteada y se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el abogado ADALBERTO AQUILES REYES O. desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Casar totalmente la Sentencia recurrida y en consecuencia declara CON LUGAR, La Demanda Laboral promovida por el Señor JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, quien es mayor de edad, casado, Motorista, Hondureño y vecino de la Ciudad de Santa Rosa de Copán, contra la Empresa GRUPO SAN RAFAEL, S.A. DE C.V, representada por el Señor EDGAR RAFAEL RAMIREZ ROSA, quien es mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, Hondureño, vecino del Municipio de San Pedro, Departamento de Copán, y en consecuencia la CONDENA, a la Empresa demandada a pagar al demandante JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 39,870.74), desglosados de la siguiente manera: Preaviso catorce mil lempiras L.14.000.00, Auxilio de cesantía catorce mil lempiras L.14,000.00; Auxilio de Cesantía proporcional tres mil setecientos trece lempiras con ochenta y tres centavos L.3,713.83; vacaciones proporcionales mil ochocientos cincuenta y seis lempiras con noventa y un centavos L. 1856.91; treceavo mes del año proporcional cuatro mil seiscientos cincuenta lempiras L.4,650.00; catorceavo mes del año proporcional mil seiscientos cincuenta lempiras L. 1,650.00, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha en que quede firma dicha sentencia.- CON COSTAS.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que solicita la casación total del fallo, cuando el mismo le es favorable a la parte demandante, en lo que respecta a la condena al pago de los derechos adquiridos, por ello el Recurrente debió haber solicitado dicha casación de forma parcial. Tal falencia en la demanda de casación impide a este Tribunal orientar su actividad.- IV.- Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que el Recurrente solicita nulidad subsidiaria aduciendo lo siguiente: “Conforme lo explicado en el motivo anterior, la Honorable Corte de Apelaciones recurrida, ha procedido a dictar una Sentencia que vuelve más gravosa la situación de la parte que compareció ante el Tribunal Ad-Quem, como apelado del fallo de Primera instancia, al desconocerle los derechos reconocidos por el Juez A-Quo, al Revocarla totalmente la Sentencia Definitiva Laboral y declarar NO HA LUGAR, a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones Laborales por despido Directo e Injusto y el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, promovida por JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, contra la Sociedad Mercantil GRUPO SAN RAFAEL, S.A. DE C.V., se condena en costas en esta instancia al apelado JOSE CAYETANO CUESTAS ARRIAGA, por lo que de conformidad con los artículos 3, 5, 6, 16, 22, 211, 212 No.6, 213 No.1, 214 No.2, 215 No.5 del Código Procesal Civil; 9, 10, 11, 12, 1589 y 1596 del Código Civil, 90 y 321 de la Constitución de la República; lo cual resulta evidente que la Sentencia Definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones Impugnada no se encuentra dictada de conformidad a derecho y se violenta el principio de REFORMATIO IN PEJUS y a la personalidad del Recurso de Apelación, excediéndose en la facultad que tenia dicho Tribunal de pronunciarse en forma excesiva de poder, contra el fallo de primera instancia, al negar: a) Los derechos adquiridos de mi representado; b) Al violentar los requisitos de la Sentencia consignada en el artículo 208 No2 del Código Procesal Civil: c) Además Honorable Corte Suprema de Justicia, del Magistrado Presidente y Ponente Don Rodrigo Humberto Giron, en ningún momento espero un fallo imparcial a favor de mis representados, por que a través de su sectarismo e indisposición, he tenido que denunciarlo ante la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales, por no haber estado presente en la audiencia de juzgamiento de el presente expediente, tal como lo acredito con la Certificación que se acompaña No. 0401-2012-00014, la cual fue desestimada porque en ningún momento se ordenó en la investigación realizada la declaración de los Magistrados propietarios de la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Abogados ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ Y CARLOS ROBERTO CALIX HERNANDEZ.-” .- VI.- Que luego de analizar dicha petición, se llega a las siguientes conclusiones: a) que el ad-quem al resolver el recurso de apelación no ha violentado el principio de reformatio in pejus, toda vez que quien apeló de la sentencia definitiva dictada por el a-quo, fue la parte demandada y no el demandante, debiéndose recordar que inclusive el artículo 765 numeral 2) del Código del Trabajo, contempla dicha situación como causal o motivo del recurso, en los casos en que el fallo contenga decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquélla en cuyo favor se surtió la consulta; b) que sobre la condena de los derechos adquiridos, los mismos fueron incluidos en la aclaración de la sentencia definitiva, mediante resolución proferida el 17 de agosto del 2012, visible a folios 29 al 32 de la segunda pieza; c) sobre la denuncia de sectarismo e indisposición contra uno de los magistrados integrantes de la Corte recurrida, tal situación debió ser advertida oportunamente, inclusive la ley le faculta recusarlo; y, d) no se advierte ninguna situación que pudiera afectar el derecho a la defensa y el debido proceso. Por lo anteriormente señalado, no procede la nulidad absoluta solicitada.- VII.- Que por las razones expuestas, procede declarar no ha lugar al recurso de casación y sin lugar la solicitud de nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) Declara SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 672-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL