Sentencia CL-671-13 — Registro 4135
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el cumplimiento a lo que establece el arancel de salarios mínimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, se declare el reajuste de salarios y pagos de retroactivo y costas del juicio; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Impetrante comete el error técnico de proponer que esta Sala dicte el fallo como si se tratara de la segunda instancia, declarando con lugar la apelación y revocando el fallo del a-quo, cuando no es lo correcto, ya que luego de casar la sentencia censurada, constituido este tribunal en sede instancia se debe proferir la sentencia con todos sus pronunciamientos, condenando o absolviendo a la demandada y decidiendo la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la demandada; lo cual hace que el presente recurso se vuelva inestimable"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha trece de enero del dos mil catorce, por la abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), en relación a la demanda ordinaria laboral para el cumplimiento a lo que establece el arancel de salarios mínimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, se declare el reajuste de salarios y pagos de retroactivo y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha catorce de febrero del dos mil ocho, por la abogada ROSA ESTHER DIAZ MANCIAS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal de los señores EDGARDO VARELA PONCE y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA, ambos mayores de edad, casados, Ingenieros Civiles, hondureños y de este domicilio, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), por medio de su Representante Legal y Alcalde, señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ ARIAS. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintidós de julio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, y que en su parte conducente declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que se de cumplimiento a lo que establece el Arancel de Salarios Mínimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, así como el reajuste de salarios y pago de retroactivo, por lo que se condena a LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C), a lo siguiente: a) a la aplicación del Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras al salario y demás derechos de los señores demandantes EDGARDO VARELA PONCE Y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA a partir de dos años antes de haber interpuesto su reclamo en relación al reajuste ante la autoridad del trabajo competente en fecha diecinueve de diciembre del dos mil siete; b) el pago en forma retroactiva a los señores EDGARDO VARELA PONCE Y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA, en concepto de reajuste y nivelación de salario y demás derechos, a partir del diecinueve de diciembre del año dos mil cinco hasta el diecinueve de diciembre del año dos mil siete, lo que resulta la cantidad de setecientos cuarenta y tres mil doscientos dieciocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps.743,218.35), distribuidos así: Edgardo Varela Ponce: año 2005-2006 (19 de diciembre del 2005 al 24 de febrero del 2006, con el factor multiplicador es 2.00 sobre el salario mínimo que para ese periodo de Lps. 16,400.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps. 32,800.00, lo que da una cantidad de Lps. 60,080.00; AÑO 2006-2007 (del 25 de febrero del 2006 al 19 diciembre del 2007): Con el factor multiplicador es 2.00 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.35,600.00, lo que da un resultado de Lps.390,792.00, haciendo un total por pago retroactivo de reajuste la cantidad de Lps. 450,872.00; Gil Rolando Ordoñez Sevilla: AÑO 2005- 2006 (19 de diciembre del 2005 al 24 de febrero del 2006: Con el factor multiplicador es 1.60 sobre el salario mínimo que para ese periodo de Lps.16,400.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.26,240.00, lo que da una cantidad de Lps. 42,573.30; AÑO 2006-2007 (del 25 de febrero del 2006 al 19 diciembre del 2007): Con el factor multiplicador es 1.60 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.28,480.00, lo que da un resultado de Lps.249,773.05, haciendo un total por pago retroactivo de reajuste la cantidad de Lps. 292,346.35; c) El pago del reajuste y nivelación del salario y c) al pago del reajuste y nivelación del salario y demás derechos que corresponden cada uno de los señores demandantes desde la fecha 20 de diciembre del año 2007, hasta le fecha en que quede firme la presente sentencia definitiva y declarando parcialmente con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, opuesta por la apoderada de la parte demandada, en relación a los derechos que se reclaman anterior a la fecha 19 de diciembre del año 2005, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes Edgardo Varela Ponce y Gil Rolando Ordoñez Sevilla, manifiestan que ostentan el titulo de Ingenieros Civiles, laborando actualmente para la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) devengando un salario mensual actual de Lps. 21,035.00 y Lps. 18,000.00 respectivamente y desde el año 2004, pero que el Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras establece en su artículo 4.1.1, del capitulo IV, en sus categorías 1.6 y 2.0, reformado en febrero del año dos mil siete, que los salarios a devengar por mis representados deben ser los siguientes: para EDGARDO VARELA PONCE: Lps.37,500.00 que resulta de un salario mínimo de Lps.18,750.00 multiplicado por el factor de 2.00, según constancia extendida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y un salario promedio de Lps.43,750.00; y para GIL ROLANDO ORDOÑEZ SE VILLA Lps.30,000.00 que resulta de un salario Mínimo de Lps.18,750.00 multiplicado por el factor 1.6 según constancia extendida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, salarios estos que deberán devengar en la actualidad mis representados y con carácter de retroactivo; en atención a su puesto de trabajo, escala y categoría según arancel.- 2.- La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), contestó dicha demanda manifestando que lo reclamado por los demandantes EDGARDO VARELA PONCE y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA, en relación a lo que establece el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras es improcedente, al efecto el artículo 19 del Código del Trabajo dispone “contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejercer una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remuneración ...”, el mismo Código del Trabajo establece que “el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de el se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad...” por lo tanto no pueden estar exigiendo un pago mayor a lo pactado, caso contrario estaría modificando las condiciones que dieron origen a la relación laboral entre ambas partes; además el Arancel de Honorarios Mínimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, no tiene rango de Ley, puesto que el origen discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través de órgano competente (Congreso Nacional) y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la ley, razón suficiente para concluir que las disposiciones de dicho arancel no se encuentran dentro del ámbito legal ya que es una disposición de carácter general que no tiene rango de ley sino reglamentario y por lo tanto los demandantes no pueden reclamar la aplicación de dicho arancel ya que cuando fueron contratados en ningún momento se pronunciaron de no estar de acuerdo con el salario que se les estaba asignando.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de julio del dos mil trece, dictó sentencia definitiva y que en su parte conducente declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que se de cumplimiento a lo que establece el Arancel de Salarios Mínimos del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, así como el reajuste de salarios y pago de retroactivo, por lo que se condena a LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C), a lo siguiente: a) a la aplicación del Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras al salario y demás derechos de los señores demandantes EDGARDO VARELA PONCE Y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA a partir de dos años antes de haber interpuesto su reclamo en relación al reajuste ante la autoridad del trabajo competente en fecha diecinueve de diciembre del dos mil siete; b) el pago en forma retroactiva a los señores EDGARDO VARELA PONCE Y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA, en concepto de reajuste y nivelación de salario y demás derechos, a partir del diecinueve de diciembre del año dos mil cinco hasta el diecinueve de diciembre del año dos mil siete, lo que resulta la cantidad de setecientos cuarenta y tres mil doscientos dieciocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps.743,218.35), distribuidos así: Edgardo Varela Ponce: año 2005-2006 (19 de diciembre del 2005 al 24 de febrero del 2006, con el factor multiplicador es 2.00 sobre el salario mínimo que para ese periodo de Lps. 16,400.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps. 32,800.00, lo que da una cantidad de Lps. 60,080.00; AÑO 2006-2007 (del 25 de febrero del 2006 al 19 diciembre del 2007): Con el factor multiplicador es 2.00 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.35,600.00, lo que da un resultado de Lps.390,792.00, haciendo un total por pago retroactivo de reajuste la cantidad de Lps. 450,872.00; Gil Rolando Ordoñez Sevilla: AÑO 2005- 2006 (19 de diciembre del 2005 al 24 de febrero del 2006: Con el factor multiplicador es 1.60 sobre el salario mínimo que para ese periodo de Lps.16,400.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.26,240.00, lo que da una cantidad de Lps. 42,573.30; AÑO 2006-2007 (del 25 de febrero del 2006 al 19 diciembre del 2007): Con el factor multiplicador es 1.60 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.28,480.00, lo que da un resultado de Lps.249,773.05, haciendo un total por pago retroactivo de reajuste la cantidad de Lps. 292,346.35; c) El pago del reajuste y nivelación del salario; y, d) al pago del reajuste y nivelación del salario y demás derechos que corresponden cada uno de los señores demandantes desde la fecha 20 de diciembre del año 2007, hasta le fecha en que quede firme la presente sentencia definitiva y declarando parcialmente con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, opuesta por la apoderada de la parte demandada, en relación a los derechos que se reclaman anterior a la fecha 19 de diciembre del año 2005, sin costas; bajo el criterio que la libertad de contratación se limita por la ley al establecer salarios mínimos y salarios base en forma de estatutos profesionales a fin de garantizar al trabajador un salario justo acorde con sus necesidades y el esfuerzo laboral desempeñado, principios que informan el espíritu de la Legislación Laboral contenida en la Constitución de la República y el Código del Trabajo. Tan es así que el artículo 128 de la Constitución de la República numeral 5) cita textualmente: Que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, fijado periódicamente con intervención del Estado, los patronos y trabajadores suficiente para cubrir sus necesidades Igualmente se señalara un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectiva. Que la Asamblea General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras haciendo uso de la potestad reglamentaria que le confiere la Ley del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que constituye Ley de la República, aprobó el respectivo Arancel de Honorarios Mínimos Profesionales de este gremio, y que habiendo acreditado los señores demandantes que se encuentra inscritos en el Colegio Civiles de Honduras y que además conforme a la categoría, el cargo que desempeña y las funciones asignadas, se encuentran enmarcados en la Categoría IV con un factor multiplicador de 160 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps.28,48000 para el señor GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA y para el señor EDGARDO VARELA PONCE, el factor multiplicador es 2.00 sobre el salario mínimo que para esa fecha es de Lps.17,800.00, producto del cual resulta un salario mínimo mensual de Lps. 35,600.00, sumado a lo anterior también se acreditó que los señores demandantes no recibían por parte de la demandada su sueldo mensual ni sus demás de derechos de acuerdo a lo establecido en el Arancel del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, y al no haberlo percibido conforme lo ordena el Instrumento gremial, resulta procedente declarar con lugar la presente demanda. Que en relación a la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la apoderada de la parte demandada, se concluye que de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo en sus artículo 39 y 43, el reclamo para el pago de salarios prescriben en el término de dos (2) años, por lo que resulta procedente declarar con lugar parcialmente la excepción interpuesta.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre de dos mil trece dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia definitiva venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial. La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio. Esta ley prevalecerá sobre todas las demás disposiciones legales que se le opusieren, salvo el caso de leyes que establezcan mayores beneficios para los trabajadores. Sin embargo cuando el trabajador continúe bajo el servicio del mismo patrono, no prescribe la acción de los dos últimos años de salario.- 5.- Que mediante auto de fecha catorce de noviembre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, en su condición de apoderada de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta de septiembre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha trece de enero del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, en su condición de apoderada de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veinticuatro de febrero del dos mil catorce, se declaro precluído de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR, actuando en su condición de apoderada legal de los señores EDGARDO VARELA PONCE y GIL ROLANDO ORDOÑEZ SEVILLA, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente al Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- La abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, formula el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA:
- Declarando CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada DEISY SUYAPA BACA GARCIA, como Representante Procesal Apelante. III. REVOCANDO la Sentencia Definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha veintidós de Julio del año Dos Mil Trece, que corre agregada a (folios 107 al 115) en el numeral 1 incisos a, b y c 2).- CON COSTAS en esta Instancia”.- III.- El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Impetrante comete el error técnico de proponer que esta Sala dicte el fallo como si se tratara de la segunda instancia, declarando con lugar la apelación y revocando el fallo del a-quo, cuando no es lo correcto, ya que luego de casar la sentencia censurada, constituido este tribunal en sede instancia se debe proferir la sentencia con todos sus pronunciamientos, condenando o absolviendo a la demandada y decidiendo la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la demandada; lo cual hace que el presente recurso se vuelva inestimable.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la respectiva certificación, sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 671-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL