Sentencia CL-668-12 — Registro 3285
Resumen
En primera instancia se declaro ha lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales que por ley corresponden, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio. En segunda instancia se confirmo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea del medio de prueba número uno documentos públicos literal f), aportada por la parte Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre BANCO ATLANTIDA, S.A. y el Sindicato de Trabajadores del mismo, visibles a folios 87 vuelto, 88 y 89 de la primera pieza de autos, lo que produjo la violación de los artículos 112 literales d), e) y l) del Código de Trabajo, en relación con el 97 numerales 1) y 2) del mismo Código y 61 del Reglamento Interno de Trabajo de Banco Atlántida, S.A….IV.- Que el cargo resulta inestimable en razón que por las mismas razones en que se ha desestimado el anterior motivo, el error de hecho no procede sino en los casos en que el mismo resulta manifiesto o evidente, situación que no acontece en el caso de autos, donde el Juzgador estimo la procedencia de la acción, ya que la demandada despidió a la demandante sin seguir el procedimiento reglamentario y convencional, estimando a su vez, ser drástica tal determinación.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en razón de lo siguiente: el Juzgador de Instancia tiene autonomía en la apreciación del material probatorio allegado al proceso formando libremente su convencimiento de acuerdo a las regla de la sana critica y con aquella que le de mayor certidumbre, por lo cual, la infracción indirecta de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, requiere que el mismo resulte evidente o manifiesto y pugne contra la valoración de la prueba en su conjunto, situación que no se aprecia en el caso de autos.”
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez de marzo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de diciembre del año dos mil doce, por el abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, actuando en su condición de apoderado del BANCO ATLANTIDA, S.A.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales que por ley corresponden, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de enero del dos mil once, por la señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra el BANCO ATLANTIDA, S.A., por medio de su Vicepresidente Ejecutivo, señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR, mayor de edad, casado banquero, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha doce de junio del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que CONFIRMO la sentencia dictada en fecha diecisiete de abril del dos mil doce, por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ, contra BANCO ATLANTIDA S.A., a través de su vicepresidente Ejecutivo señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR, en cuanto a la pretensión de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, excepto del concepto de reajuste de bonificación.- SEGUNDO: CONDENAR a BANCO ATLANTIDA S.A., a través de su vicepresidente Ejecutivo señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR a pagar a favor de la señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 50,177.48, Auxilio de Cesantía Lps. 275,976.14, Auxilio de Cesantía Proporcional: lps. 3,696.40, Aguinaldo Proporcional Lps. 16,506.98, Décimo cuarto Mes Proporcional lps. 7,191.53, reajuste de vacaciones Lps. 23,156.73, haciendo un total de: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que adquiera el carácter de firme la sentencia definitiva conforme a las normas procesales laborales.- TERCERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, promovida por la señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ, contra BANCO ATLANTIDA S.A., a través de su Vicepresidente Ejecutivo señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR, en cuanto a la pretensión de pago de reajuste de bonificación, en consecuencia ABSUELVE de pagar este único concepto al BANCO ATLANTIDA S.A., a traes de su Vicepresidente Ejecutivo señor GUSTAVO GONZALO OVIEDO TOVAR.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante en el escrito de su acción manifiesta que inició su relación laboral el 27 de septiembre de 1999, en el cargo de Oficial de Agencia II, mediante nota de fecha 19 de noviembre del 2010, fue despedida de manera ilegal e injustificada, manifestándole que la cancelación obedece al haber incurrido en falta grave, al gestionar la emisión de una chequera a favor de la cliente ELSY CAROLINA PEREZ y haber proporcionado información falsa respecto a ello, entregando cheques posteriormente a un tercero, obviando los procedimientos internos establecidos por el Banco, sirviendo de fundamento legal los artículos 44, 47, 54, 59 del Reglamento Interno de Trabajo, 92 numeral 9 y 112 letras d), e), l) en relación con el 97 numerales 1) y 2) del Código del Trabajo, siendo la causal alegada no esta ajustada a la realidad ya que al emitir la chequera se siguió con el procedimiento estipulado y que se autorizo a un tercero para el retiro de la chequera con previa autorización que tuvo a la vista, violentándole los derechos al trabajador ya que no se siguió el procedimiento establecido y no respetando lo establecido en el contrato colectivo, sufrió hostigamiento y represalias en virtud que de manera arbitraria se le suspendieron el goce de vacaciones que por derecho le correspondían, amparándose que no podía gozarlas hasta que se aclarara el problema administrativo, realizando el despido en los días siguientes, por lo que el 22 de noviembre del 2010, acudió a la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un acuerdo conciliatorio el cual no se llevó a cabo y se continuó con el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, el BANCO ATLANTIDA, S.A., contestó dicha demanda señalando que el despido realizado es legal ya que se le dio su derecho de defensa, la falta cometida por la trabajadora no solo perjudica a la institución si no también a sus clientes al obviar procedimientos establecidos, ya que la misma demandante de su puño y letra expresa no recordar si solicito identificación a la supuesta cliente que acudió a pedir la chequera, ya que solo la puede retirar la dueña de la misma o un tercero que tenga firma autorizada, violentando todo procedimiento, órdenes e instrucciones que el Banco le diera.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la empresa al pago de Trescientos Setenta y Seis Mil Setecientos Cuatro Lempiras con Setenta y Seis Centavos (L.376,704.76), en concepto de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional y reajuste de vacaciones, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que adquiera el carácter de firme la sentencia definitiva conforme a las normas procesales laborales y declaró sin lugar al demanda en cuanto el pago de reajuste de bonificación, absolviendo a la demandada al pago por dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que aunque la trabajadora actuó en contra de los ordenamientos establecidos por la institución, el Banco no siguió el procedimiento establecido para su sanción ya que no se llevó a cabo audiencia de descargo alegando que era empleada de confianza no establecido su puesto en el contrato colectivo vigente en tal categoría, por lo tanto se realizó un despido ilegal e injusto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de junio del dos mil doce, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del A-quo y sin costas; bajo el criterio que no se probó que se siguiera el procedimiento de acuerdo a lo establecido en las normas internas, violentándole el derecho de defensa y siendo un despido ilegal por no haber cumplido las formalidades del mismo, de igual manera no se probó haber tenido motivos para tomar una sanción tan drástica como ser el despido.- 5.- Que mediante auto de fecha ocho de octubre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, actuando en su condición de apoderado del BANCO ATLANTIDA, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha seis de diciembre del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR, actuando en su condición de apoderado del BANCO ATLANTIDA, S.A., formalizando su demanda con dos motivos de casación y solicitando en la misma nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido y por formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, haciéndolo en fecha nueve de enero del dos mil trece la abogada SAIDA PATRICIA ZELAYA SOLER, actuando en su condición de apoderada de la señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el abogado CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR formula un primer motivo en la forma siguiente: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea del medio de prueba documental aportado por ambas partes y que se refiere a la Nota de fecha 19 de Noviembre del 2010, visibles a folios 7, 8, 148 y 149 de la primera pieza de autos, lo que produjo la violación del artículo 117 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 97 numerales 1) y 2) y 112 literales d), e) y 1) del mismo Código. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LAS SUSTANTIVAS: Las normas procesales son los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero (1), párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte de Apelaciones del Trabajo argumenta en su Considerando (4) de la sentencia impugnada, que mediante nota que corre agregada a folio 07 y 08 de la primera pieza del expediente, la demandada comunicó a la trabajadora demandante, que se había decidido ponerle fin a partir del 19 de Noviembre del 2010 a la relación laboral que les había vinculado sin responsabilidad de su parte, señalando en tal considerando que se ha sostenido por parte de los Tribunales de Trabajo, que al trabajador le corresponde demostrar la existencia de la terminación unilateral e injusta del Contrato de Trabajo, y al empleador el deber de probar las justas causas que le ocasionaron para darlo por terminado, agrega que el artículo 117 del Código de Trabajo estipula que: “La parte que termina unilateralmente el Contrato de Trabajo, debe dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte, con la expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación... Después no podrá alegar válida mente causales o motivos distintos”, y al respecto en sentencias emitidas por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia se ha sostenido” Que en el Contrato de Trabajo debe privar la buena fe, desde el momento que se inicia, hasta aquel en que termina y pugna con esa buena fe el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes a dicho Contrato, no se comunique concretamente a la otra, los motivos o causas que la movieron a tomar tal decisión, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando la que se supone agraviada ocurre ante ella demandando en juicio sus derechos”; sobre tal exposición cabe mencionar que el representante procesal de la parte demandada hace referencia a la no aplicación del Contrato Colectivo en que se excluye a los trabajadores de confianza, lo cual hace en la Audiencia primera de Trámite del Juzgado de primera instancia y en la Audiencia de Alegaciones celebrada ante esa Corte, sin embargo aprecia dicho Tribunal que de la lectura de la nota de despido, la patronal no hace referencia a la categoría de puesto de confianza de la trabajadora demandante, por lo que tal relación es improcedente. Es importante señalar Honorables Magistrados que en la Nota de Despido de fecha 19 de Noviembre del 2010, entregada a la Señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ, por parte del representante Patronal, se mencionan las causales de despido, sirviendo de fundamento el artículo 112 literales d), e), y 1), está última en relación con el artículo 97 numerales 1) y 2), todos del Código de Trabajo, al haber incurrido en falta grave al gestionar la emisión de una chequera a favor de la cliente Elsy Carolina Pérez, proporcionar información falsa respecto a ella y entregar posteriormente los cheques a un tercero, no observando los procedimientos internos establecidos por el Banco lo cual consta a folios 7, 8, 148 y 149 de la primera pieza, por lo que resulta evidente que dicha Corte ha confundido y por ello ha incurrido en un error de hecho, lo relacionado a la aplicación o no del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente entre Banco Atlántida S.A. y su Sindicato de Trabajadores, que fuera alegado por la demandante en el hecho tercero de su demanda, en cuanto al procedimiento establecido en el Contrato Colectivo sobre la celebración de una audiencia de descargos, lo cual la demandada rechazó y por ello se convirtió en una cuestión controvertida, es decir parte de los hechos en debate. El señalamiento de ser una empleada de confianza no es una situación que tenga que ver con la nota de despido, porque tampoco encierra por si sola una causa o motivo para dar por terminada la relación de trabajo, sino como antes se señaló forma parte de la tesis que no le era aplicable dicha Contratación Colectiva, como la demandante lo sostiene en su demanda, por lo que se ha violado el artículo 117 del Código de Trabajo, ya que dicha disposición es clara en obligar a la parte que termina la relación de trabajo a dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte, con la expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, lo cual se ha cumplido en el presente caso, conforme consta en la nota de despido que se ha relacionado, en tal virtud no menciona causal de despido adicional que pugne con la buena fe.”.- II.- Que el cargo en la forma expuesta resulta inadmisible en razón de lo siguiente: el Juzgador de Instancia tiene autonomía en la apreciación del material probatorio allegado al proceso formando libremente su convencimiento de acuerdo a las regla de la sana critica y con aquella que le de mayor certidumbre, por lo cual, la infracción indirecta de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, requiere que el mismo resulte evidente o manifiesto y pugne contra la valoración de la prueba en su conjunto, situación que no se aprecia en el caso de autos.- III.- Que en el segundo motivo se esgrime: “Ser la sentencia violatoria de Ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho en la apreciación errónea del medio de prueba número uno documentos públicos literal f), aportada por la parte Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre BANCO ATLANTIDA, S.A. y el Sindicato de Trabajadores del mismo, visibles a folios 87 vuelto, 88 y 89 de la primera pieza de autos, lo que produjo la violación de los artículos 112 literales d), e) y l) del Código de Trabajo, en relación con el 97 numerales 1) y 2) del mismo Código y 61 del Reglamento Interno de Trabajo de Banco Atlántida, S.A. NORMAS PROCESALES OUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LAS SUSTANTIVAS: Las normas procesales son los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero (1), párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte de Apelaciones del Trabajo argumenta en su Considerando (5) de la sentencia impugnada y señala: “Que la cláusula 45 del contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre Banco Atlántida, S.A. y el Sindicato de trabajadores de Banco Atlántida, establece el procedimiento de Quejas y Reclamos conflictos individuales, mediante la cual es el procedimiento que se sigue en caso de problemas de conflictos individuales de trabajo que puedan dar lugar a la aplicación de sanciones o al despido de trabajadores y las peticiones, quejas y reclamos que estos presenten, antes de acudir a las autoridades competentes y de igual manera el artículo 61 del reglamento interno de trabajo del Banco Atlántida, S.A., regula en iguales términos la forma de atender y resolver los problemas o conflictos individuales y en ninguna de las disposiciones legales mencionadas se indica que a las personas que ocupan el cargo de “Oficial de Agencia II”, no se le seguirá ese procedimiento; en el caso de autos el representante procesal de la parte demandada no aportó ningún medio probatorio mediante el cual acreditase que a la trabajadora se le siguió el procedimiento que las normas internas de la Institución han acordado y al violentársele el derecho de una adecuada defensa, convierte en el despido un acto ILEGAL por no haber cumplido la formalidad en las normas citadas, porque no se acreditó fehacientemente que los motivos invocados hagan acreedora a la trabajadora a la sanción tan drástica como lo es el despido a una empleada que no se le siguió el procedimiento para hacerlo “. Sin embargo, es fácil de apreciar el error de hecho en que incurrió el ad-quem al haber apreciado de forma errónea la cláusula cuarenta y cinco (45) del Contrato Colectivo(Ver Folios 87 vuelto, 88 y 89 de la primera pieza), como el artículo 61 del reglamento interno de trabajo (Ver folio 58 de la primera pieza), ya que en las mismas no se establece un procedimiento para la aplicación de sanciones o despido de trabajadores, sino los relativos a problemas y conflictos individuales que surjan de los mismos o sea las peticiones, quejas y reclamos de los trabajadores antes de acudir a las autoridades competentes, es decir que es el trabajador afectado el que debe presentar por escrito su queja o reclamo (Ver folio 88 de la primera pieza) en tal procedimiento y no el patrono, a la cual se le debe dar el trámite que en dicha normativa se establece, basta la lectura de dichas disposiciones para constatar ese error manifiesto del Juzgador en la apreciación y valoración de dicho medio probatorio, el cual resulta evidente y ha determinado una conclusión errada con respecto a un procedimiento que no es para una audiencia de descargos, como lo afirma equivocadamente dicho tribunal y por ello ha infringido lo dispuesto en el artículo 112 literales d), e) y 1) del Código de Trabajo, en relación con el 97 numerales 1) y 2) del mismo Código; estando íntimamente ligado la cláusula cuarenta y cinco (45) del Contrato Colectivo, con el Artículo 61 del reglamento interno de trabajo (Ver folio 58 de la pieza principal). Mediante nota que corre agregada a folio 07 de la primera pieza del expediente, consta que la demandada comunicó a la trabajadora demandante, que se había decidido ponerle fin a partir del 19 de Noviembre del 2010 a la relación laboral que les había vinculado sin responsabilidad de su parte, sosteniéndose por parte de los Tribunales de Trabajo que al trabajador le corresponde demostrar la existencia de la terminación unilateral e injusta del Contrato de Trabajo, y al empleador el deber de probar las justas causas que le ocasionaron para darlo por terminado, agregando que además el artículo 117 del Código de Trabajo estipula que: “La parte que termina unilateralmente e! Contrato de Trabajo, debe dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte, con la expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación... Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos” , y al respecto en sentencias emitidas por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “ Que en el Contrato de Trabajo debe privar la buena fe, desde el momento que se inicia, hasta aquel en que termina y pugna con esa buena fe el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes a dicho Contrato, no se comuniquen concretamente a la otra, los motivos o causas que la movieron a tornar tal decisión, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando la que se supone agraviada ocurre ante ella demandando en juicio sus derechos”, por lo que el representante procesal de la parte demandada hace referencia a la no aplicación del Contrato Colectivo en que se excluye a los Trabajadores de confianza, lo cual hace en la Audiencia primera de Trámite del Juzgado de primera instancia y en la Audiencia de Alegaciones celebrada ante esa Corte, sin embargo aprecia dicho Tribunal que de la lectura de la nota de despido, la patronal no hace referencia a la categoría de puesto de confianza de la trabajadora demandante, por lo que tal relación es improcedente, ya que como se manifestó la condición de trabajadora de confianza de la demandante, nace a raíz de que en el hecho tercero del escruto de demanda, la apoderada demandante menciona que no se aplicó el procedimiento establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo mencionado, y es cuando el apoderado demandando a raíz de ello señala que la demandante por ser administradora, supervisora o encargada de sucursal, ostenta condición de trabajador de confianza, en consecuencia está excluida de la aplicación del Contrato Colectivo, no siendo además aplicable dicha cláusula por si, ya que es el trabajador quien tiene la iniciativa para su aplicación. Es importante señalar Honorables Magistrados que en la Nota de Despido de fecha 19 de Noviembre del 2010, entregada a la Señora JACINTA VICTORIA CASTRO MARTINEZ, por parte del representante Patronal, se mencionan las causales de despido, sirviendo de fundamento el artículo 112 literales d), e), y 1), está última en relación con el artículo 97 numerales 1) y 2), todos del Código de Trabajo, al haber incurrido en falta grave al gestionar la emisión de una chequera a favor de la cliente Elsy Carolina Perez, proporcionar información falsa respecto a ella y entregar posteriormente los cheques a un tercero, no observando los procedimientos internos establecidos por el Banco, lo cual puede constatarse en los documentos que constan a folios 7, 8, 148 y 149 de la primera pieza; por lo que resulta evidente que dicha Corte ha confundido y por ello ha incurrido en un error de hecho, lo relacionado a la aplicación o no del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente entre Banco Atlántida S.A. y su Sindicato de Trabajadores, que fuera alegado por la demandante en el hecho tercero de su demanda, en cuanto al procedimiento establecido en el Contrato de Colectivo sobre una audiencia de descargos, lo cual la demandada rechazó y por ello se convirtió en una cuestión controvertida, es decir parte de los hechos en debate. El señalamiento de ser una empleada de confianza no es una situación que tenga que ver con la nota de despido, porque tampoco encierra por si sola una causa o motivo para dar por terminada la relación de trabajo, sino como antes se señaló forma parte de la tesis que no le era aplicable dicha Contratación Colectiva, como la demandante lo sostiene en su demanda, por lo que se ha violado el artículo 117 del Código de Trabajo, ya que dicha disposición es clara en obligar a la parte que termina la relación de trabajo a dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte, con la expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación, lo cual se ha cumplido en el presente caso, conforme consta en la nota de despido que se ha relacionado.”.- IV.- Que el cargo resulta inestimable en razón que por las mismas razones en que se ha desestimado el anterior motivo, el error de hecho no procede sino en los casos en que el mismo resulta manifiesto o evidente, situación que no acontece en el caso de autos, donde el Juzgador estimo la procedencia de la acción, ya que la demandada despidió a la demandante sin seguir el procedimiento reglamentario y convencional, estimando a su vez, ser drástica tal determinación.- V.- Que se solicita nulidad subsidiaria de la sentencia impugnad en la forma siguiente: “Se pide Honorables Magistrados, de forma subsidiaría,, la nulidad de la sentencia recurrida, con base a lo siguiente: 1.-En su sentencia la Corte de segunda instancia utiliza como fundamentos de derecho los artículos 184, 187, 192 y 420 del Código de Procedimientos Civiles, el cual a la fecha de emisión de dicho fallo ya estaban derogados por la vigencia del Código procesal Civil. 2.- La Corte de Apelaciones del Trabajo confirmé e hizo. suyo el fallo del A-Quo donde en su CONSIDERANDO SEXTO sostiene lo siguiente: “...Extremos que avalan el indebido actuar de la demandante en relación a las políticas internas de la Institución demandada, resumiéndose en una falta grave. cometida por la demandante; cabe aclarar que el empleador además de aplicar la sanción pertinente por incumplimiento contractual de los trabadores, también deberá de percatarse que al momento de aplicar La sanción, deberá de observar los procedimientos reglamentarios o convencionales instaurados para cada caso...” y en su CONSIDERANDO SEPTIMO señala: “De lo anterior se puede deducir que si bien La parte actora omitió, por error u olvido, seguir los pasos a cabalidad y de acuerdo a las medidas implementadas por su empleador, para autorizar la solicitud y entrega de una chequera, también es cierto que dicho empleador al momento de prescindir de los servicios de la demandante, obvio apegarse a los procedimientos establecidos en las disposiciones internas que ellos mismos han instaurado y permitido en las negociaciones colectivas. Es decir que debieron celebrar audiencia de descargos con la presencia de personeros del Sindicato y además seguir el procedimiento establecido en la cláusula 45 supra mencionada del Contrato Colectivo, extremos que no están acreditados en autos”; de todo lo anterior podemos advertir que la Juzgadora incurre en contradicción al señalar por un lado que existió causa justificada de despido y por otro, que el mismo es violatorio del procedimiento establecido en una normativa, de la cual basta su simple lectura para advertir que la misma tiene referencia a las quejas y reclamos de los trabajadores (cláusula 45 del Contrato Colectivo anteriormente mencionado, y 61 del Reglamento Interno de trabajo) y no al procedimiento previo a la imposición de medidas disciplinarias o despido que se aplique a los mismos y que tampoco regula ninguna audiencia de descargo como erróneamente se afirma. También dicha Corte recurrida aduce en la parte final de su considerando (5) que la acción impuesta a la demandante fue de carácter drástico, cuestión no sometida a la controversia por parte de la demandante y apreciada de oficio por dicho tribunal violentando el debido proceso y el derecho. de defensa de mi representada. Por lo anterior y con base a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto al artículo 858 del Código de Trabajo las. Sentencias deben ser claras, precisas, motivadas y congruentes, en éste caso en particular los fallos de primera y segunda instancia son contradictorios al sostener por un lado que existió causa justificada del despido y por otro, que el mismo no cumplió con los procedimientos establecidos; también porque se sostiene la drasticidad de tal medida, sin que ello fuera objeto de litigio, lo cual presupone su incongruencia. En base a lo anterior éste Honorable Tribunal debe proceder anular el fallo recurrido, para que a su vez se enmiende lo resuelto.”.- VI.- Que lo expuesto resulta improcedente en razón de lo siguiente: a) sobre la invocación de normas del Código de Procedimientos Civiles en la sentencia impugnada, resulta ser un lapsus calami del Tribunal de Instancia, que no afecta el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes, ya que además el ad quem también citó las correspondientes al Código Procesal Civil; b) en cuanto a la contradicción en que incurre el fallo de primera instancia, hecho suyo por la Corte recurrida, si bien existe falta de claridad en esas ideas, lo cierto es que el ad quem en su fallo aclara esos criterios y no existe la contradicción alegada; y, c) en lo relativo a la falta de congruencia al aducirse que la sanción impuesta a la demandante fue de carácter drástica, por no haber sido sometida a la controversia, se aprecia de la lectura del escrito de la demanda, en el hecho tercero del capítulo HECHOS Y OMISIONES, que la demandante aduce que laboró once años con la demandada, que siempre se desempeñó de la mejor manera y en forma eficiente observando buena conducta y la diligencia debida y que en su expediente laboral no existen amonestaciones y mucho menos faltas, lo cual deriva que si fue sometido al debate lo relacionado con la proporcionalidad de la terminación de la relación laboral.- VII.- Que el recurso de mérito resulta inestimable en las pretensiones que encierran los dos motivos expuestos e improcedente la nulidad subsidiara solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 668-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL