Sentencia CL-664-12 — Registro 3479
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que el patrono sea condenado en juicio al reintegro en iguales condiciones a las que desempeñaba, más las nuevas que existieren, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir;segunda instancia reformó parcialmente con lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Es criterio reiterado de Esta Honorable Corte, que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material; y, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y que todo acto que ejecuten fuera de la misma es nulo e implica responsabilidad.- 2) La sentencia omite pronunciarse sobre la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción y el Derecho para demandar opuesta por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, y simplemente expresa en la parte Dispositiva, numeral segundo del fallo: “confirmando en todos sus demás extremos el fallo en mención” no teniendo precisión y exhaustividad sobre lo que confirma, violando el rigor del contenido de las sentencias, las cuales deben atender los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa el fallo haciendo los pronunciamientos, cada uno, con la debida separación, resolviendo conforme a las normas aplicables al caso.- 3) En la parte Dispositiva, el fallo en su numeral primero, carece de precisión y exhaustividad al señalar sucinta y precariamente que “limita la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto para la contratación por la partida presupuestaría No. 121, o se autorice la creación de la plaza en propiedad” que no es exactamente una resolución conforme a las normas del Código del trabajo aplicables al reintegro al trabajo, y aun más, no se pronuncia sobre el derecho de la demandante a los salarios dejados de percibir; y al no ser el fallo congruente, claro, preciso y exhaustivo con las pretensión de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, viola el Código Procesal Civil.- 4) Por último, al analizar y estudiar la sentencia, su Fundamento de Derecho no es congruente con la parte Dispositiva, agravando más la situación de la actora al negarle el derecho de ejercitar la vía de apremio.- En aras de una justicia transparente deberá considerase esta solicitud de nulidad”.- II. Que si bien lo alegado por el peticionario no es claro y preciso en cuanto al señalamiento de que se quebrantaron las normas del procedimiento; también lo es, que revisado el fallo dictado por el ad-quem, evidentemente al reformar la sentencia definitiva de primera instancia, dicho Tribunal limita la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto o se autorice la creación de la plaza en propiedad, cuando dichas situaciones jurídicas no fueron alegadas por las partes ni objeto del debate y por ello su pronunciamiento resulta incongruente; además, si se reintegra a la demandante en su cargo es contradictorio que no goce de los derechos que la Constitución de la República y el Código del Trabajo le conceden, porque dicha reinstalación se basa precisamente en el derecho de estabilidad laboral.III. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IV. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio.- V. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley formalizados ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil doce, por el abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ y en fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, por el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, mayor de edad, casado, hondureño y de ese domicilio, en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); en relación a la demanda ordinaria laboral para que el patrono sea condenado en juicio al reintegro en iguales condiciones a las que desempeñaba, más las nuevas que existieren, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento del reintegro, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiocho de julio del año dos mil once, por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal de ese entonces, señor ANDRÉS ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, hondureño, Periodista y de este domicilio.- Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha veintisiete de julio del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente haber lugar, el recurso de apelación formulado por el Abogado Claudio Joaquín Rodríguez, en su condición de apoderado legal del demandado Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP); en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce en el procedimiento iniciado con la demanda Ordinaria Laboral que en su oportunidad le promoviera la señora Gracia Maria Valladares López, todos de generales conocidas en el proceso; en consecuencia se REFORMA el fallo en mención, en cuanto a declarar no ha lugar la imposición de costas de primera instancia; exonerando a la institución demandada del pago de las mismas; y limitando la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto para la contratación por la partida presupuestaria N°121-00, o se autorice la creación de la plaza en propiedad.- SEGUNDO: Confirmando en todos sus demás extremos el fallo en mención.- Sin costas en esta instancia por haberse pretendido parcialmente las pretensiones del recurrente.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que el siete de julio del año dos mil siete, comenzó a laborar con la institución mediante contratos sucesivos celebrados dos o más veces el mismo año, laborando en forma continua como Secretaria de la Secretaría de la Jefatura de esa oficina regional hasta el 8 de julio del año 2011, fecha en que fue despedida, que a veces le hacían firmar contratos de prestación de servicios profesionales y que los últimos que firmó del 10 de enero al 30 de junio del año 2011 fue contrato por tiempo definido, mismo que fue prorrogado tácitamente hasta el 8 de julio del año 2011, fecha en que se le comunicó verbalmente que no continuaría prestando sus servicios, que los contratos por ella firmados fueron para desarrollar labores permanentes o continuas, pues su naturaleza es permanente y continua dentro de la institución, que el 8 de julio del año 2011 al presentarse a su trabajo no le permitieron realizar sus actividades, por lo que solicitó la intervención de la autoridad del trabajo y el 15 de julio del año 2011 se presentaron ante la institución, en donde se les expresó que el contrato de trabajo había expirado el 30 de junio del año 2011, sin señalarle motivo o causal alguna.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que los contratos otorgados a la demandante fueron exclusivamente de servicios profesionales, que entre varios contratos tuvo interrupción de 3 meses, por lo cual nunca trabajó en forma continua, que la actividad por la que fue contratada fue de manera temporal porque los contratos tienen una fecha de terminación, pues no se encontraba dentro de la estructura presupuestaria de la institución, que tampoco le asiste el derecho que reclama pues en ningún momento solicitó la permanencia ante autoridad competente. En el escrito de contestación interpuso las excepciones perentorias de prescripción y derecho para demandar.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de reintegro, condenando a la institución a reintegrar a la demandante en el cargo que venía desempeñando al momento de la terminación de la relación laboral, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla con la reinstalación de la misma, declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción y falta de acción para demandar, con costas. Criterio: que si bien es cierto la demandada probó que la trabajadora firmó varios contratos por tiempo definido, no es menos cierto que la labor para la cual fue contratada la demandante es de naturaleza permanente y continua.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de julio del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la condena en costas de primera instancia y limitando la estabilidad laboral de la demandante a la existencia de presupuesto, confirmando los demás extremos.- 5.- Que mediante auto de fecha ocho de octubre del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por los abogados CLAUDIO JOAQUIN RODRIGUEZ HERNANDEZ actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ actuando en su condición de apoderado de la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso omitiéndose el traslado a los recurrentes, ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los autos para que los recurrentes comparecieran en el término de veinte días a formular por escrito sus demandas de casación.- 6.- Que en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ actuando en su condición de apoderado de la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha diez de enero del año dos mil doce, el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP).- 7.- Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha cuatro de enero del año dos mil trece, el abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, actuando en su condición de apoderado de la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte demandante, solicita nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, por lo siguiente: “Solicito nulidad de la sentencia proferida el 27 de julio de 2012 por ser evidente la violación de los artículos 206 No. 1), 207, 208 y 211 del Código Procesal Civil. Apoyo esta solicitud en las siguientes razones: 1) Es criterio reiterado de Esta Honorable Corte, que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material; y, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente les confiere la ley, y que todo acto que ejecuten fuera de la misma es nulo e implica responsabilidad.- 2) La sentencia omite pronunciarse sobre la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción y el Derecho para demandar opuesta por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, y simplemente expresa en la parte Dispositiva, numeral segundo del fallo: “confirmando en todos sus demás extremos el fallo en mención” no teniendo precisión y exhaustividad sobre lo que confirma, violando el rigor del contenido de las sentencias, las cuales deben atender los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa el fallo haciendo los pronunciamientos, cada uno, con la debida separación, resolviendo conforme a las normas aplicables al caso.- 3) En la parte Dispositiva, el fallo en su numeral primero, carece de precisión y exhaustividad al señalar sucinta y precariamente que “limita la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto para la contratación por la partida presupuestaría No. 121, o se autorice la creación de la plaza en propiedad” que no es exactamente una resolución conforme a las normas del Código del trabajo aplicables al reintegro al trabajo, y aun más, no se pronuncia sobre el derecho de la demandante a los salarios dejados de percibir; y al no ser el fallo congruente, claro, preciso y exhaustivo con las pretensión de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, viola el Código Procesal Civil.- 4) Por último, al analizar y estudiar la sentencia, su Fundamento de Derecho no es congruente con la parte Dispositiva, agravando más la situación de la actora al negarle el derecho de ejercitar la vía de apremio.- En aras de una justicia transparente deberá considerase esta solicitud de nulidad”.- II. Que si bien lo alegado por el peticionario no es claro y preciso en cuanto al señalamiento de que se quebrantaron las normas del procedimiento; también lo es, que revisado el fallo dictado por el ad-quem, evidentemente al reformar la sentencia definitiva de primera instancia, dicho Tribunal limita la estabilidad laboral de la trabajadora demandante a la existencia de presupuesto o se autorice la creación de la plaza en propiedad, cuando dichas situaciones jurídicas no fueron alegadas por las partes ni objeto del debate y por ello su pronunciamiento resulta incongruente; además, si se reintegra a la demandante en su cargo es contradictorio que no goce de los derechos que la Constitución de la República y el Código del Trabajo le conceden, porque dicha reinstalación se basa precisamente en el derecho de estabilidad laboral.III. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IV. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio.- V. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: PRIMERO: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha 27 de julio de 2012, visible a folios del 15 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 664-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL