Sentencia CL-652-13 — Registro 4134
Resumen
Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que revisada la sentencia impugnada de la misma se desprende que efectivamente se omite establecer la cantidad condenada y el importe de cada concepto, limitándose de esta forma a ser la condena meramente declarativa, lo cual deja un vacio que se debería de completar en la parte de ejecución, afectando el derecho de las partes, ya que de ese modo implicaría tener que someter a la revisión judicial lo que sobre el monto de la condena se deba dilucidar, faltándole con ello la precisión y claridad necesaria que como requisito se exige para este tipo de resoluciones."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha trece de enero del dos mil catorce, por el abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, en fecha tres de mayo de dos mil diez, por la señora MELIDA ARGUETA GUILLEN, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en el Municipio de San Sebastián, Comayagua, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, por medio de su Alcalde, señor DENIS SADI SANTOS SALINAS. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, reforma que en su parte conducente declara con lugar la demanda ordinaria laboral y condena al señor DENIS SADI SANTOS en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastián, Departamento de Comayagua, al pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, el pago de vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, decimocuarto mes causado y proporcional, reajuste al salario mínimo, sin costas; y el Tribunal a-quo en sentencia definitiva resolvió declarando sin lugar la demanda y absuelve al señor DENIS SADI SANTOS SALINAS, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, del pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, además declara con lugar la demanda para el pago de vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, decimocuarto mes causado y proporcional, reajuste salario mínimo y condena al señor DENIS SADI SANTOS SALINAS, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, a pagarle a la señora MELIDA ARGUETA GUILLEN la cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS, por los conceptos siguientes: vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifiesta que inicio su relación de trabajo con la institución demandada el día veintidós de octubre del año dos mil siete, desempeñándose en el puesto de Aseadora del Centro de Salud del Municipio de San Sebastián, Departamento de Comayagua, devengando un salario mensual de dos mil Lempiras. Posteriormente en fecha veintiséis de enero del dos mil diez, le informaron de manera verbal su despido, informándole que no seguiría trabajando en el centro de salud de esa comunidad, manifestándole el señor Alcalde que la alcaldía no podía sostener su contrato de trabajo, sin embargo al siguiente día estaba su reemplazo en el centro salud.- 2. La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, contestó dicha demanda manifestando que no es cierto que la señora Melida Argueta Guillen, tenga alguna relación laboral con la Alcaldía Municipal de San Sebastián. Que quien la despide es una Enfermera Auxiliar del Centro de Salud del Municipio de San Sebastián, por consiguiente su patrono es el Ministerio de Salud.- 3. El Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, en fecha veintiocho de junio de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda y absuelve al señor Denis Sadi Santos Salinas, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastian, Departamento de Comayagua, del pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, además declara con lugar la demanda para el pago de vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, decimocuarto mes causado y proporcional, reajuste salario mínimo y condena al señor Denis Sadi Santos Salinas, en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastian, Departamento de Comayagua, a pagarle a la señora Melida Argueta Guillen, la cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS, por los conceptos siguientes: vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante no acreditó que la Alcaldía del Municipio de San Sebastian la haya despedido en forma directa, ilegal e injusta. Que los medios de prueba son los instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla.- 4. La Corte de Apelaciones de Comayagua, en fecha diez de octubre de dos mil trece, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia venida en apelación declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condena al señor Denis Sadi Santos en su condición de Alcalde Municipal del Municipio de San Sebastián, Departamento de Comayagua, al pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, el pago de vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo causado y proporcional, décimo cuarto mes causado y proporcional, reajuste al salario mínimo, sin costas; bajo el criterio que la relación existente entre la demandante y el demandado era laboral, no una ayuda económica o subsidio como lo expone la parte demandada, ya que en todo caso la ayuda económica no requiere de contra prestación, y por el lado del subsidio, este debe fijarse dentro del presupuesto que comprende a la Alcaldía mencionada no bajo la emisión de cheques a favor de la trabajadora como es el caso de la prueba propuesta por el demandante, en los que efectivamente los cheques son librados por la Alcaldía Municipal para ser pagaderos al trabajador demandante; volviendo a la nulidad de pleno derecho que establecía el articulo 2 del Código del Trabajo, la Alcaldía de San Sebastián, trata de transmutar una relación laboral bajo los argumentos de subsidios o ayudas, actuaciones que efectivamente tergiversan los derechos que por disposición de la ley le corresponden al trabajador, como en el caso de los antecedentes.- 5. Que mediante auto de fecha catorce de noviembre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, en fecha diez de octubre de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6. Que en fecha trece de enero del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de apoderado de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, se declaro precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el abogado JOSE LUIS AREVALO SANDOVAL, en su condición de apoderado de la señora MELIDA ARGUETA GUILLEN, para contestar la demanda de casación planteada y prosígase con el tramite correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente al Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTO DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que con base en el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 número 1, dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que se ha solicitado nulidad subsidiaria argumentándose lo siguiente: “Que en el presente caso, el Ad-Quem falta a lo estipulado en los artículos 200 numerales 1), 2), 206 numerales 1) y 3), 208 y 209 del Código Procesal Civil, y Garantía del debido proceso, estipulado en la Constitución de la República, por ser obligación del Juzgador regir el contenido formal de sus sentencias en base a las disposiciones Legales establecidas en el Código Procesal Civil que manda que las sentencias deberán ser motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa la parte dispositiva o fallo, requisitos de los que carece la sentencia recurrida; y, la misma es incongruente pues no se tomaron en cuenta todos los medios de prueba admitidos y evacuados en su oportunidad y al establecer en uno de sus considerandos: “ante la posición del trabajador sobre la forma en que se termina su relación laboral con el patrono, es a este último a quien le correspondía acreditar que fue el trabajador quien terminada la relación laboral una vez que sin causa justa ha abandonado la labor, siendo así resulta procedente la admisibilidad de la demanda.”. Cuando en ningún momento ha sido pretensión de la parte demandada demostrar que la demandante abandonó sus labores, sino, el probar que la demandante nunca fue empleada de la misma, por lo que el Ad-quem se extralimita en sus funciones al querer imponer a la parte demandada, de qué forma tuvo que haber dirigido su contestación, pues la relación de los fundamentos de derecho y los antecedentes de hecho tiene un papel trascendente en el valor que tendrá la solución jurídica frente a las partes y por último el juzgador al momento de exponer el fallo omite totalmente la expresión de la cantidad condenada y asimismo olvida determinar exactamente el importe de cada concepto, limitándose de esta forma a ser su condena meramente declarativa, y no expresa las bases para efectuar dicha liquidación; razones por la cual solicito a este Honorable Tribunal, la anulación de la sentencia recurrida, por no haber sido dictada esta conforme a derecho ni las normas procesales. Por otra parte deseo señalar una nulidad que se deriva de una franca violación al artículo 713 del Código del Trabajo que nos señala: “Cuando las entidades de derecho público, Estado o Municipio o los establecimientos o empresas oficiales tengan que comparecer en estos juicios como demandantes, podrán asesorar al Representante del Ministerio Público, el Gerente, Administrador, Director o Jefe de Obras respectivo, interviniendo en el juicio para el efecto de proponer incidentes, presentar pruebas, alegar e interponer recursos. Cuando dichas entidades tengan que comparecer como demandadas, la demanda deberá notificarse al Representante del Ministerio Público del lugar en donde se siga el juicio y, además, al Gerente, Administrador, Director o Jefe de Obras respectivo, si en el lugar ejerce sus funciones oficiales, para el efecto de que pueda contribuir a la defensa de la entidad, interviniendo en el juicio de la misma forma prevista en el inciso anterior.” Y al hacer una revisión exhaustiva del expediente de mérito, nos encontramos ante la ausencia de este requisito esencial, al no aparecer consignada la notificación de la presente demanda al Ministerio Público y en específico al Secretario de Trabajo o su Representante, por lo cual según el artículo 212 del Código Procesal Civil en su numeral 4), por aplicación análoga del artículo 858 del Código del Trabajo, en relación al artículo 713 del mismo cuerpo legal, las actuaciones que en adelante se dieron, son nulas de pleno derecho por prescindir de las normas esenciales del procedimiento establecido en el Código de Trabajo para casos como el presente y similares.”.- VII. Que revisada la sentencia impugnada de la misma se desprende que efectivamente se omite establecer la cantidad condenada y el importe de cada concepto, limitándose de esta forma a ser la condena meramente declarativa, lo cual deja un vacio que se debería de completar en la parte de ejecución, afectando el derecho de las partes, ya que de ese modo implicaría tener que someter a la revisión judicial lo que sobre el monto de la condena se deba dilucidar, faltándole con ello la precisión y claridad necesaria que como requisito se exige para este tipo de resoluciones.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformado, 321 y 323 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 numeral 1), 208 y 931 del Código de Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha 10 octubre del 2013, visible a folios ocho (8) al once (11) de la segunda pieza.- Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de enero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 652-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL