Sentencia CL-632-13 — Registro 3603
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido injustificado y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir;segunda instancia confirmó con lugar la excepción de prescripción
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que del examen al motivo venido en casación se colige lo siguiente: no explica el Recurrente en el desarrollo del cargo de que manera ha sido infringido el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado en la formulación del cargo como violado por el concepto de infracción indirecta por error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que en la explicación del motivo alude a una situación jurídica diferente como es la prescripción consignada en el artículo 864 del Código de Trabajo, lo cual le resta claridad y precisión; además de realizar alegatos de instancia en relación a esta ultima situación jurídica. Todo lo cual hace que el cargo de mérito sea inadmisible.- IV. Razones por la cuales resulta propio desestimar la pretensión que encierra este único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de diciembre de dos mil trece, por el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ANDRES HENRIQUEZ TEJEDA, HILARIO MELGAR, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALLADARES y OTROS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido injustificado y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, por los señores LUIS ANDRES HENRIQUEZ TEJEDA, HILARIO MELGAR, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ VALLADARES, LUIS MAGUIN BARAHONA, FRANKLIN ALEXIS ZUNIGA AGUIRRE, KARLA VANESA RIVERA MOLINA, JULIO RODRIGUEZ, CLAUDIA LIZETH RAUDALES CASTRO, ANASTACIO ANDRES RODAS, INMER ABEL GODOY HERNANDEZ, JONATAN ALBERTO RODRIGUEZ, SERGIO DENIS AMADOR HERNANDEZ, RAMON EXEQUIEL AMADOR HERNANDEZ, CARLOS ROBERTO ESCALANTE PASTRANA, GUSTAVO ALVARADO, JUAN JOSE ROQUE FERNANDEZ, GERMAN EDGARDO ALMENDAREZ HERNANDEZ, ADRIANA LETICIA VELASQUEZ LOPEZ, JOSE MARIA RAMIREZ, JOSE IZAGUIRRE BAQUEDANO, JONATTAN MAURICIO IZAGUIRRE ARRIAGA, MIGUEL ALCIDES TURCIOS ALMENDARES, MARCO ANTONIO AMADOR SIERRA, WALTER JOVANNY BAQUEDANO CORRALES, DANIEL CANTOR BONILLA, AURORA SUYAPA ZEPEDA SALGADO, JUAN JOSE TURCIOS SANCHEZ y MIGUEL TURCIOS SARAVIA, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de junio de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la EXCEPCION DE PRESCRIPCION opuesta por la representante procesal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por los señores LUIS ANDRES HENRIQUEZ TEJEDA, HILARIO MELGAR, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALLADARES y OTROS, contra el ESTADO DE HONDURAS; en consecuencia ABSOLVIÓ a la parte demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar para la demandada bajo la modalidad de jornal, de la siguiente manera: Luis Andrés Henríquez Tejeda, el 17 de marzo de 2010; Hilario Melgar, el 17 de marzo de 2010; Marco Antonio Rodríguez Valladares, el 17 de marzo de 2010; Luis Maguin Barahona, el 17 de marzo de 2010; Franklin Alexis Zuniga Aguirre, el 1 de noviembre de 2011; Karla Vanesa Rivera Molina, el 17 de marzo de 2010; Julio Rodríguez, el 17 de marzo de 2010; Claudia Lizeth Raudales Castro, el 1 de agosto de 2010; Anastacio Andrés Rodas, el 17 de marzo de 2010; Inmer Abel Godoy Hernández, el 1 de noviembre de 2011; Jonatan Alberto Rodríguez, el 1 de junio de 2010; Sergio Denis Amador Hernández, el 17 de marzo de 2010; Ramón Exequiel Amador Hernández, el 17 de marzo de 2010; Carlos Roberto Escalante Pastrana, el 1 de septiembre de 2011; Gustavo Alvarado, el 1 de septiembre de 2011; Juan José Roque Fernández, el 2 de mayo de 2011; Germán Edgardo Almendares Hernández, Adriana Leticia Velásquez López y José María Ramírez, el 17 de marzo de 2010; José Izaguirre Baquedano, el 17 de marzo de 2010; Jonattan Mauricio Izaguirre Arriaga, el 17 de marzo de 2010; Miguel Alcides Turcios Almendares, el 17 de marzo de 2010; Marco Antonio Amador Sierra, el 17 de marzo de 2010; Walter Jovanny Baquedano Corrales, el 17 de marzo de 2010; Daniel Cantor Bonilla, el 17 de marzo de 2010; Aurora Suyapa Zepeda Salgado, el 1 de septiembre de 2010; Juan José Turcios Sánchez, el 1 de septiembre de 2010 y Miguel Turcios Saravia, el 17 de marzo de 2010; que en fecha 15 de mayo del año 2012, fueron despedidos los demandantes sin justificación alguna, decisión que les fue comunicada de forma verbal por el Director General de Carreteras, argumentando que no existe presupuesto para el pago de sus salarios; que nuestro Código de Trabajo, ya establece en el artículo 112 las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, sin embargo, al no existir ninguna de ellas, hace que el despido se vuelva ilegal e injusto, violentándose con ello el derecho a la Estabilidad Laboral que la Constitución de la República nos garantiza en el artículo 129; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que la relación laboral entre los demandantes y SOPTRAVI, era por tiempo determinado, tal como lo caracteriza la contratación de personal bajo la modalidad de Jornal, la cual era mediante Resoluciones Ministeriales en las que ya se establecía la fecha de inicio y terminación de la relación laboral y no mediante Acuerdo Ministerial como se sustenta cuando un empleado es contratado de forma indefinida, gozando este de un estatus de empleado permanente dentro de la Secretaría de Estado, no siendo el caso este de los ahora demandantes los cuales fueron contratados con la última Resolución Ministerial número 244, en que se constata que los ahora demandantes fueron contratados para trabajar por dos períodos en un proyecto determinado, períodos que comprendían: el primero, del 02 de enero al 31 de enero del 2012 y el segundo comprendía del 02 de abril al 30 de abril del 2012, proyectando ambos períodos una vigencia de 59 días, pudiéndose apreciar que entre un período y otro para contratar a los ahora demandantes existió una vacante de dos meses, por lo que no pueden ser considerados en sus derechos como empleados permanentes, al haber sido contratados los demandantes bajo la normativa de lo que establece el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que dice: “El contrato individual de trabajo puede ser: a..; b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación”, por lo que el reclamo formulado por los demandantes debe ser declarado improcedente por no asistirles el mismo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diez de junio de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representante procesal sustituta del Estado de Honduras, asimismo, declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro promovida por los señores Luis Andrés Henríquez Tejeda, Hilario Melgar, Marco Antonio Rodríguez Valladares y otros, contra el Estado de Honduras; absolviendo a la parte demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que los demandantes antes de agotar la vía administrativa en los términos anteriormente expresados, el 25 de junio solicitaron la intervención de la autoridad administrativa, para constar un despido verbal a pesar que en forma anticipada sabían que la relación de trabajo concluía el 30 de abril del año 2012, puesto que la resolución 244 de la Planilla J-94 así lo dejó estipulado, en consecuencia es a partir de esta fecha en que empezaba a correr el término para agotar la vía administrativa como requisito previo para presentar la demanda, sin embargo, a sabiendas que la relación laboral había concluido el 30 de abril del año 2012, inexplicablemente recurrieron solicitando la constatación de un despido, mientras tanto, el término para reclamar administrativamente por el supuesto despido se encontraba en curso, por lo tanto, cuando cada uno de los demandantes instaura la solicitud de agotamiento de la vía administrativa el plazo ya había prescrito, por lo tanto cuando recurre a la instancia judicial, la demanda es presentada fuera del término establecido por la ley; que habiendo la juzgadora concluido que la acción de la parte demandante se encuentra prescrita, resulta inútil hacer pronunciamiento sobre el fondo del juicio, en consecuencia resulta procedente declarar sin lugar la presente demanda en cuanto al reintegro y al pago de los salarios dejados de percibir solicitado por la parte demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que consta de autos que los demandantes fueron contratados en el Proyecto de Mantenimiento de Bulevares del Departamento de Francisco Morazán por períodos de 59 días, finalizando el último contrato el 30 de abril del año 2012; y, a petición de los demandantes, en fecha 25 de junio del año 2012 la Inspectora del Trabajo levantó acta en Soptravi, específicamente en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, con el objeto de constar que los demandantes había sido despedidos el 15 de mayo del año 2012, cuando de las pruebas presentadas se había acreditado que los demandantes fueron cancelados a partir del 30 de abril del año 2012 e interpusieron su demanda hasta el 27 de agosto del año 2012; que el efecto de la interrupción de la prescripción, es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra; que por las razones antes expuestas es procedente declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por el apoderado legal de la parte demandada.- 5.- Mediante auto de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ANDRES HENRIQUEZ TEJEDA, HILARIO MELGAR, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALLADARES y OTROS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el plazo de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha tres de diciembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ANDRES HENRIQUEZ TEJEDA, HILARIO MELGAR, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VALLADARES y OTROS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de enero de dos mil catorce, la abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en su condición de representante procesal de la parte demandada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, en su único motivo de casación establece lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación errónea de las pruebas de: A) DOCUMENTAL PUBLICA admitida a la parte demandante, los cuales corren agregados del folio numero diez (10) al folio numero cincuenta (50), y del folio doscientos setenta y cinco (275) al folio numero doscientos setenta y nueve (279) de la primera pieza de autos, B) LIBRAMIENTO DE OFICIO admitida a la parte demandante, y cuya practica se encuentra agregada del folio doscientos noventa y seis (296) al folio numero trescientos sesenta (360) de la pieza de primera instancia. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO A LA VIOLACION DE LAS SUSTANTIVAS. Son los artículos 738, 739 y 864 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA En la doctrina laboral de casación sostiene en estos casos según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consiste en lo siguiente: 1.- Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. 2.- Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3. Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva.- 4.-el error de hecho expresado debe ser manifiesto; o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no ha sido demostrado o al contrario se de por probado un hecho que esta plenamente demostrado en el juicio. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN Las pruebas que fueron apreciadas de forma errónea por el Tribunal de Alzada, son las siguientes: A) DOCUMENTAL PUBLICA admitida a la parte demandante, los cuales corren agregados del folio numero diez (10) al folio numero cincuenta (50), y del folio doscientos setenta y cinco (275) al folio numero doscientos setenta y nueve (279) de la primera pieza de autos, B) LIBRAMIENTO DE OFICIO admitida a la parte demandante, y cuya practica se encuentra agregada del folio doscientos noventa y seis (296) al folio numero trescientos sesenta (360) de la pieza de primera instancia, misma en la cual se constataron los siguientes extremos: a) Se acredito de forma fehaciente que mis representados, en fecha veinticinco de junio del año dos mil doce, comparecieron ante la Inspectoría General del Trabajo a solicitar los servicios de un Inspector de Trabajo, que constara la existencia del despido verbal de que fueron objeto en fecha quince de mayo del año dos mil doce, por parte del Ingeniero Walter Noé Maldonado, en su condición de Director General de Carreteras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), lo cual corresponde a una de las formas en que se interrumpe la prescripción, por tratarse de que en el caso que nos ocupa, mis representados comparecieron ante autoridad competente a efecto de realizar una gestión previa, consistente en la constatación de un despido verbal de que fueron objeto, en fecha quince de mayo del año dos mil doce, fecha a partir de la cual debió computarse el término de dos (2) meses a que alude el artículo 864 del Código de Trabajo, y no así, a partir del treint6a de abril del año dos mil doce, a que alude el Ad-quem (ver considerando tres), que mis representados fueron cancelados, pues, en el caso de autos, la relación laboral de mis patrocinados con la Institución demandada era de forma permanente y continua desde el diecisiete de marzo del año dos mil diez, según se observa en la constancia de fecha treinta de marzo del año dos mil doce, extendida por el Señor Carlos Roberto Amador, en su condición de Jefe del departamento Camino por mano de obra, y que se encuentra agregada desde el folio numero doscientos setenta y cinco, al folio doscientos setenta y nueve de la pieza de primera instancia, continuando esta relación mas allá de la fecha indicada en el documento a que el Ad-quem, se refiere en el considerando tercera de la sentencia impugnada, según se demostró con la documentación que se encuentra agregada del folio numero doscientos noventa y seis, hasta el folio numero trescientos sesenta de la pieza de primera instancia, donde se demuestra que mis representados recibieron su ultimo pago en fecha dieciocho de junio del año dos mil doce, con lo cual, queda demostrado que la relación que ellos mantenían con la Institución demandada, no concluyo el treinta de abril del año dos mil doce, fecha en que refiere el Tribunal de Alzada, que mis clientes fueron cancelados, sin que conste en autos, que la parte demandada, haya acreditado documentos que demuestren que en efecto existieron las cancelaciones referidas en el considerando numero tres de la sentencia impugnada, por lo tanto, mis representados comparecieron en tiempo y forma a hacer el reclamo correspondiente.- Por las razones expresadas, procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia recurrida en este motivo”.- III. Que del examen al motivo venido en casación se colige lo siguiente: no explica el Recurrente en el desarrollo del cargo de que manera ha sido infringido el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado en la formulación del cargo como violado por el concepto de infracción indirecta por error de hecho en la apreciación de la prueba, ya que en la explicación del motivo alude a una situación jurídica diferente como es la prescripción consignada en el artículo 864 del Código de Trabajo, lo cual le resta claridad y precisión; además de realizar alegatos de instancia en relación a esta ultima situación jurídica. Todo lo cual hace que el cargo de mérito sea inadmisible.- IV. Razones por la cuales resulta propio desestimar la pretensión que encierra este único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación que se ha hecho merito en su único motivo. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 632-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL