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Sentencia CL-632-12 — Registro 3184

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al solicitar el quebrantamiento total de una sentencia que debió ser parcial, pues omite pronunciarse sobre el Incidente de Tachas, el cual es favorable a la parte demandada. El defecto antes indicado impide que este Tribunal pueda orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

TE

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinitiún dias del mes de enero de dos mil catorce.-

VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, por el abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad denominada AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil once, por el señor MARVIN RENIERI RIVERA ANDINO, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración Aduanera, hondureño y de este domicilio, en contra de la sociedad denominada AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración, señor JOSE GUADALUPE CRUZ ARTEAGA, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por el señor MARVIN RENIERI RIVERA ANDINO, contra la AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V., en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y los salarios dejados de percibir; en consecuencia, CONDENÓ a la demandada a pagar al demandante la cantidad de L.254,982.07, por los conceptos de: preaviso: L.28,000.00; auxilio de cesantía: L.210,000.00; auxilio de cesantía proporcional: L.5,250.00; vacaciones proporcionales: L.3,250.04; aguinaldo proporcional: L.4,632.00; decimocuarto mes proporcional: L.2,000.00; salario adeudado: L.1,600.00; y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva; asimismo, declaró con lugar el incidente de tachas, contra la declaración de Lidia Angelina Andino Guerra, opuesta por el apoderado demandado, sin costas.-

ANTECEDENTES DE HECHO.-

1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 5 de enero de 1996, en el puesto de tramitador de Aduanas; que después de más de 15 años de laborar con la demandada, en pláticas con el Gerente Administrativo a principios del mes de marzo de 2011, le expresó verbalmente que era su deseo independizarme a futuro en actividades aduaneras, ya que desde el año 2007 se había constituido como comerciante individual y se había capacitado para ello, solicitándole que en consideración a los años trabajados se le reconocieran las correspondientes prestaciones laborales al demandante, sin embargo la reacción fue de malestar, al extremo de expresarle en forma grosera que lo que quería el demandante era llevarse los clientes de la Agencia Aduanera, asumiendo una actitud fría, distante e indiferente para con el demandante desde esa fecha; posteriormente se suscitaron algunos hechos, que sin previo aviso en fecha 21 de marzo del 2010, se le comunicó mediante nota al demandante que tenía que irse de vacaciones en forma obligatoria, llevándose la desagradable sorpresa que al retornar a sus laborales el demandante, todos los archivos de la computadora personal asignada para el desempeño de sus laborales habían sido borrados y desaparecidos, al igual que el control de archivos de registro de clientes, archivos de trámite realizados, archivos de coordinación, archivos de dirección, contactos, todo había desaparecido, bloqueando los archivos de navieras y quitándole en general el servicio de Internet sin ninguna explicación; que dichos hechos fueron narrados en la nota de fecha 19 de mayo de 2011, entregada en fecha 20 de ese mismo mes y año, mediante el Inspector de Trabajo al representante patronal, en donde el demandante se dio por despedido indirectamente.-

2.- La parte demandada, la AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V., contestó dicha demanda señalando que la demandada no recibió personalmente la notificación de despido indirecto ya que le fue notificada a un compañero de trabajo sin pretender el demandante legitimar la notificación defectuosa, posteriormente teniendo conocimiento la demandada de la acción del trabajador se aclara que la misma ya esta prescrita, ya que las fechas que establece el demandante en la nota de despido son de fecha 21 de marzo de 2010 y notificó supuestamente el despido indirecto en fecha 19 de mayo de 2011, habiendo transcurrido más de un año desde que se dieron los hechos, y de acuerdo a lo que establece el artículo 865 del Código del Trabajo el trabajador solo tiene 30 días para darse por despedido de forma indirecta; que fue el mismo demandante quién solicito por escrito que se le suspendiera la clave asignada, acción ésta que la demandada no ejecutó; que de la simple lectura de la supuesta nota de despido indirecto se desprende que no existe causal para dar por terminado el contrato de trabajo de acuerdo a lo que establece el artículo 114 del Código del Trabajo.-

3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando a la demandada a pagar al demandante la cantidad de L.254,982.07, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado, salarios dejados de percibir; declarando con lugar el incidente de tachas, contra la declaración de Lidia Angelina Andino Guerra, opuesta por el apoderado demandado, sin costas; bajo el criterio que el demandando le quitó todas las facultades que mantenía el demandante hasta el 21 de marzo del 2010, como coordinador de operaciones, que el demandante con su número de usuario hacia gestiones en dos aduanas en Puerto Cortés y Toncontin, solicitándose que solamente gestionara en Toncontin, pero solo utilizaba dos usuarios con registro 11857 y 14171, que habiendo cambiado la clave del usuario 11675 este no podía acceder al sistema SARA, perdiendo todo contacto de los clientes que le había asignado el demandado; que si bien es cierto la información contenida en la computadora asignada al demandante es propiedad de la demandada, pero siendo la herramienta de trabajo que utilizaba el demandante para desempeñar su trabajo al haber cambiado la clave no le permitió desempeñar su trabajo tal y como se requería, y que habiendo el demandado retirado la solicitud para la cancelación de usuario del demandante en la agencia con este acto afecta al demandante para que pueda laborar con cualquier otra empresa aduanera o independizarse, acción que denota mala fe contra su ex empleado; que en relación al incidente de tachas opuesto por el apoderado demandado contra la declaración de Lidia Angelina Andino Guerra y habiendo la testigo aceptado la relación marital que se tuvo es procedente declarar con lugar el incidente de tachas.-

4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de junio de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que en materia laboral en base al principio de la continuidad de la relación laboral, lo que debe imperar en ella es la intención de que la relación laboral se mantenga, mientras no surjan circunstancias que la hagan imposible de sostener; ya que proceder así equivale a buscar la estabilidad laboral, principio inspirador de todo ordenamiento laboral, y en el presente caso, el representante procesal de la parte demandada no desvirtuó las causas que motivaron al trabajador para darse por despedido en forma indirecta, que lo impulsaron a dar por terminada la relación laboral al impedírsele realizar sus labores en la forma como lo venía haciendo desde hacia aproximadamente cerca de quince años, ya que ingresó a laborar con la demandada en el año 1996; que en la audiencia de alegaciones de segunda instancia, el representante procesal de la parte demandada solicita se decrete la nulidad de la sentencia porque la Juez no se pronuncia respecto a la prescripción y al revisar las diligencias de primera instancia, en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha 16 de septiembre del 2011 cuando la Juez Aquo le pregunta si va aclarar, corregir, enmendar su contestación de demanda y hacer denuncia de defectos procesales, contestó que no, por consiguiente no se puede hacer ningún pronunciamiento sobre la prescripción que solicita y si bien la interpuso como un hecho alegado en el escrito de contestación, dentro del proceso no aportó ninguna prueba encaminada a acreditar ese hecho alegado.-

5.- Mediante auto de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, de generales ya establecidas, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad denominada AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.-

6.- En fecha veintisiete de noviembre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad denominada AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA, S.A. de C.V., formalizando su demanda y exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria de la sentencia, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha tres de diciembre de dos mil doce, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho; por lo que, en proveído de fecha once de enero de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado HENRY MAURICIO CARDENAS, apoderado de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.

7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.-

II.- El abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE la Sentencia definitiva recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial de fecha cinco (5) de Junio de dos mil doce (2012).- SEGUNDO: DECLARA PROCEDENTE LA PRESCRIPCION POR VIA DE ALEGACION OPUESTA POR EL APODERADO DEMANDADO.- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales derechos adquiridos, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, por supuesto despido indirecto legal justificado y notificado; que promoviera el señor MARVIN RENIERI RIVERA ANDINO contra la sociedad denominada AGENCIA NAVIERA Y ADUANERA ARTEAGA, S. A. conocida también al público y empleados como AGENCIA ADUANERA ARTEAGA representada por su Presidente del Consejo de Administración, el señor JOSE GUADALUPE CRUZ ARTEAGA.- CUARTO: ABSOLVER a la AGENCIA NAVIERA Y ADUANERA ARTEAGA, S. A. conocida también al público y empleados como AGENCIA ADUANERA ARTEAGA representada por su Presidente del Consejo de Administración, el señor JOSE GUADALUPE CRUZ ARTEAGA, del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales derechos adquiridos, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, por supuesto despido indirecto legal justificado y notificado. QUINTO: CON COSTAS”.-

III.- El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que esta corte de casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al solicitar el quebrantamiento total de una sentencia que debió ser parcial, pues omite pronunciarse sobre el Incidente de Tachas, el cual es favorable a la parte demandada. El defecto antes indicado impide que este Tribunal pueda orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.-

IV.- El Censor olvida que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que no hayan sido sometidas expresamente al conocimiento de este Tribunal, por ende el defecto técnico anteriormente relacionados vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.-

V.- El Impetrante de forma subsidiaria solicita además, nulidad subsidiaria esgrimiendo lo siguiente: “Solicito la Nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del trabajo de fecha cinco (05) de Junio de dos mil doce (2012) por no estar apegada la misma a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal civil. Esta Corte Suprema de Justicia ha sostenido el criterio que la sentencias emitidas por el Ad Quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia que se confirma, por lo que deberá existir congruencia entre lo alegado entre la parte demandante y la contestación de la parte demanda, digo esto Señores Magistrados por que la Corte de Apelaciones al momento de emitir su fallo incurre en dos causas de nulidad de su sentencia: 1.- En primer lugar relaciona que en la audiencia de Alegaciones de segunda instancia, el representante procesal de la parte demandada solicita se decrete la nulidad de la sentencia porque la Juez no se pronuncia respecto a la prescripción y al revisar las diligencias de primera instancia, en la audiencia primera de tramite celebrada en fecha 16 de septiembre del 2011 cuando EL JUEZ AQUO LE PREGUNTA SI VA ACLARAR, CORREGIR, ENMENDAR SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y HACER DENUNCIA DE DEFECTOS PROCESALES, a lo que se contesta que NO, por consiguiente no puede haber ningún pronunciamiento sobre la prescripción que solicita y si bien la interpuso como un hecho alegado en el escrito de contestación dentro del proceso no aporto ninguna prueba encaminada a acreditar ese hecho alegado. En razón de la anterior interpretación elaborada por la corte recurrida cabe señalar que el código del Trabajo en su Articulo 706, párrafo Segundo expresamente establece que en el proceso laboral a la parte demandante le comprende exclusivamente el derecho de aclarar, corregir o enmendar el escrito de Demanda dentro de la audiencia primera de tramite y si así ocurriere, podrá la parte Demandada contestarla en el acto o solicitar que se señale nueva audiencia, en tal sentido resulta totalmente improcedente e ilegal que se pretenda manipular el proceso Laboral de forma antojadiza pues en tal sentido estaríamos ante un nueva Legislación laboral no emitida por el poder Legislativo quien seria en todo caso el órgano competente para tal supuesto, por consiguiente en aplicación del Articulo 3 del mismo Código del trabajo vigente es nulo ipso jure esta actuación por la tergiversación del presente código.- Debiendo enfatizar al respecto que el código procesal Civil en su artículo 5 si bien es cierto preceptúa el principio de igualdad, no es menos cierto que dicho principio claramente expone que las partes son iguales en el proceso, teniendo los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades, en función de la posición procesal que ocupen y resulta ser como es evidente de autos nuestra posición procesal en la presente litis es Justa e inequívocamente la de PARTE PROCESAL DEMANDADA, Junto con todos los derechos, obligaciones y garantías que ya estable el ordenamiento Jurídico Hondureño a cada parte en el proceso, en tal sentido para concluir en esta parte de la presente nulidad me permito hacer referencia a lo establecido en el articulo 3 del Código procesal civil de Honduras el cual señala que todas las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano Jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. 2.- La corte de Apelaciones del trabajo expresa de forma literal en esta sentencia en su considerando (5) que no puede hacer ningún pronunciamiento respecto a la prescripción solicitada por la parte demandada y si bien la interpuso como un hecho alegado en el escrito de Contestación, dentro del proceso no aporto ninguna prueba encaminada a acreditar este hecho alegado. A la anterior apreciación señalo que el código del trabajo en su articulo 710 expresa literalmente que el demandado deberá proponer en la contestación de la demanda, o en la primera audiencia de tramite, todas las excepciones que crea tener a su favor.- indicándole al Juez que deberá de decidir las dilatorias en dicha audiencia, si el asunto fuere de puro derecho y si las excepciones fueren perentorias las mismas serán decididas en la sentencia definitiva; pudiendo concluir del anterior cuerpo legal que el código del trabajo ya indica a la parte demandada en que momento procesal deberá de interponer las excepciones que estime oportunas. En razón del anterior párrafo el Código procesal civil para los efectos de supletoriedad pertinentes señala en su articulo 447 que el contenido de la audiencia preliminar servirá para permitir el saneamiento de los defectos procesales denunciados en la contestación de la demanda, señalando en el articulo 449 de este mismo código Procesal civil que los defectos procesales son ‘alegados por las partes”. Si la Corte de Apelaciones del Trabajo hubiera efectuado un análisis minucioso del as probatorio practicado en el proceso ante el Juzgado de Primera instancia se hubiera percatado del documento Notificación de Despido Indirecto que obra a folio 15 y 16 de los autos, medio de prueba este que aporta al proceso contundentemente la acreditación de la prescripción opuesta por vía de Alegación. La sentencia recurrida no es clara, precisa y congruente al no decidir sobre todos los puntos litigiosos por lo que procede declarar su nulidad”.-

VI.- Que en cuanto a la nulidad subsidiaria solicitada por la parte demandada, fundamentada la misma en la carencia de congruencia de la sentencia impugnada en razón de no existir pronunciamiento sobre el alegato de prescripción expuesto en la contestación de la demanda, del estudio del expediente se desprende que el apoderado de la parte demandada no ha opuesto en el momento procesal oportuno la excepción perentoria de prescripción ni aportado elementos probatorio en relación a la misma tal como consta a folios 28 al 31 del expediente de primera instancia, tal situación determina la no existencia de pronunciamiento alguno sobre tal situación en la sentencia impugnada. Además, no observa este Tribunal que se haya violentado, en el caso de mérito, el debido proceso ni el derecho de defensa de las partes.-

VII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierra el recurso de casación que nos ocupa y declarar sin lugar la nulidad solicitada.-

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 632-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

Martínez

Paz Haslam

Arita