Sentencia CL-620-12 — Registro 3241
Resumen
En segunda instancia se declaro ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se reformo la sentencia definitiva en las diligencias iniciadas con la demanda laboral declarándola sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
“ Que revisado el fallo dictado por el ad-quem, es evidente que los pronunciamientos realizados por dicho Tribunal no son claros y precisos para establecer que puntos de la sentencia de primera instancia fueron o no modificados, como determinar si se declaraba con o sin lugar la demanda en los conceptos reclamados por el demandante, específicamente la determinación de los montos de condena por prestaciones laborales, tomando en consideración que la parte demandada realizó una consignación por un valor superior al establecido en la sentencia (ver folios 148-151 de la primera pieza de autos), igualmente debió realizar un pronunciamiento particular sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada.- III.- Que en virtud del principio de Congruencia Procesal debe existir en las resoluciones judiciales, la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez; quedando entendido que el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial”.- IV.- En el tópico de las resoluciones judiciales es elemental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso, explica a los involucrados porqué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); y, 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ello se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar; quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales, quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- V.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de febrero de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de noviembre del dos mil doce, por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortès, en su condición de apoderado del señor SERVIO TULIO ALVARENGA CALIDONIO; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de ajuste de salario en base a ley, pago del plan de retiro o jubilación, salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco de diciembre del dos mil doce, por el señor SERVIO TULIO ALVARENGA CALIDONIO, mayor de edad, soltero, Doctor en Microbiología, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortès, en contra de la empresa mercantil denominada STANDARD FRUIT DE HONDURAS, S.A., conocida también como STANFRUSA, por medio de su representante, señor RICHARD WAYNE TOMAN, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, canadiense y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de julio del dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veintisiete de abril del dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Abogada CONCEPCION SUAZO DE BURGOS, en su condición de la apoderada legal de la demandada; SEGUNDO: Declarando no ha lugar el recurso de apelación por adhesión por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de apoderado legal de la parte actora; TERCERO: REFORMANDO la sentencia definitiva dictada en Audiencia publica de fecha veintisiete de abril del presente año (2012), por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortès, en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por el señor SERVIO TULIO ALVARENGA demanda de quien señala como su patrono, la empresa STANDARS FRUIT DE HONDURAS S.A., conocida también como STANFRUSA, a través de su representante legal el señor RICHARD WAYNE TOMAN, todos de generales expresadas en el preámbulo del presente fallo, reforma que se contrae a: I.- Declara SIN LUGAR, la demanda promovido por SERVIO TULIO ALVARENGA demanda de quien señala como su patrono, la empresa STANDARS FRUIT DE HONDURAS S.A., conocida también como STANFRUSA, para el pago de ajuste de salario, pago correspondiente al cien por ciento 100% del plan de jubilación o retiro, y pago de salarios dejados de percibir; III.- Fijar como monto total de condena la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L 467,779.48) que corresponde a los conceptos de prestaciones laborales establecidos por la juez A-quo, pero en las cantidades que a continuación se detallan: preaviso: L72,224.02, auxilio de cesantía: L 325,008.08, auxilio de cesantía proporcional: L 21,366.27, vacaciones proporcionales 26,224.20, catorceavo mes proporcional; L 10,747.62; CUARTO: CONFIRMAR la referida sentencia en todos sus demás extremos; QUINTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que comenzó a laborar en fecha 7 de octubre de 1998, en el cargo de Asesor Técnico en el ramo de laboratorio y análisis, iniciando por contrato de dos meses el cual fue renovado en varias ocasiones, siendo sus labores de naturaleza permanente y continuas; el día 23 de abril del 2006 se le asignó el cargo de Administrador de Programas; desde principios del año 2009 ha estado insistiendo con el Gerente Gubernamental y Asuntos Legales para que hiciera el ajuste de salario y aumentos e incrementos conforme lo ordena la Ley del Estatuto de Microbiólogos y Químicos Clínicos en Honduras, expresándole que él no tenia facultad para solucionar su caso que lo iba a discutir con su jefe en los Estados Unidos de América; con fecha 6 de octubre del 2011, su jefe inmediato señor JOSE SALVADOR AGUILAR comunicó que iban a cerrar o suprimir la oficina de proyectos especiales que funcionaban en la ciudad de San Pedro Sula, que mandaría a su asistente a recoger todo el equipo, maquinaria e instrumentos de trabajo e inventarios, para trasladarlo a La Ceiba, Atlántida, expresándole que se le pagaría su salarios y pago de prestaciones sociales de acuerdo a ley, ya que se cerraba por razones administrativas y económicas; el día 2 de noviembre del 2011, se le comunicó vía teléfono que quedaba terminado el contrato de trabajo a partir del 5 de noviembre del 2011, pagándole el salario del mes de octubre de 2011 y no así las prestaciones sociales, salario adeudado de los cinco días del mes de noviembre del dos mil once, ajuste de salario conforme a ley, el 17 de octubre hubo feriado por lo que el dieciocho acudió a las oficinas regionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para que por medio de un Inspector se constatara que las oficinas de dicha empresa no existen, el 10 de noviembre del 2011 la abogada de la empresa consignó cheque en el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, argumentando la situación económica de la empresa, no siendo aceptado el monto ya que no está ajustado a lo que por derecho le corresponde.- 2.- La parte demandada, STANDARS FRUIT DE HONDURAS S.A., conocida también como STANFRUSA, contestó dicha demanda señalando que se le había hecho el pago anteriormente de las prestaciones por el tiempo del 7 de octubre de 1998 al 31 de marzo del 2002, extendiéndose el finiquito respectivo, estando conforme con el pago de lo contrario tenia dos meses para su reclamo. Luego comenzó a trabajar como Administrador de un Programa en las oficinas de San Pedro Sula, departamento de Cortès, debido a la situación económica la empresa se vio en la necesidad de cerrar las oficinas en que el demandante trabajaba, en cuanto al ajuste salarial se le pagaba mas de lo que se indicaba en ese estatuto, en cuanto al plan de retiro el mismo debe hacer la solicitud para realizar los trámites correspondientes, no tiene responsabilidad la empresa. Se interpuso excepción perentoria de prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de abril del dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de mérito y condenando a la empresa al pago de L.2,338.731.25, mas a titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, pago del 100% del plan de retiro y parcialmente con lugar la excepción de prescripción y sin costas; bajo el criterio que la causa que alega la empresa de ser reestructuración de personal, no resulta enmarcada en el ordenamiento legal, por lo que es injusto y procedente el resarcimiento de daños y perjuicios, siendo que la relación laboral fue continua sin interrupción se toma como fecha de antigüedad desde el 7 de octubre de 1998.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecinueve de julio del dos mil doce, dictó sentencia reformando la emitida por el A quo; bajo el criterio que la relación de trabajo fue interrumpida haciéndole saber la terminación y haciendo efectivo el pago de sus derechos laborales, iniciando una nueva a partir del 2 de abril del 2002, como se probó en el juicio y de igual manera de buena fe la empresa consignó el pago de los derechos laborales que no fueron aceptadas por el demandante porque no estaban conforme, en cuanto al plan de jubilación se probó que es por parte del demandante que se solicita la devolución no teniendo responsabilidad la empresa.- 5.- Que mediante auto de fecha veinte de septiembre del dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado del señor SERVIO TULIO ALVARENGA CALIDONIO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintitrés de noviembre del dos mil doce, compareció ante este Tribunal de Justicia, el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, actuando en su condición de apoderado del señor SERVIO TULIO ALVARENGA CALIDONIO, formalizando su demanda con tres motivos de casación y solicitando nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por formalizado el recurso de casación por parte del Recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de enero del dos mil doce, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido y dejado de utilizar por la abogada CONCEPCION SUAZO DE BURGOS, para contestar la demanda de casación planteada y ordeno proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en el escrito donde formaliza el recurso solicita se declare la nulidad del fallo recurrido, bajo la siguiente argumentación: “En defensa de los derechos del trabajador reclamante se solicita que se invalide o anule la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortas el 19 de Julio del 2012, por carecer de motivación y además la Corte no indica con claridad y precisión que hechos motivaron su convencimiento, además al reformar la Sentencia impugnada, en la parte resolutiva debió de haberse establecido que pronunciamientos se revocan y cuales se confirman, ya que las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, asimismo la Corte sentenciadora reforma la Sentencia y en su lugar declara sin lugar la demanda promovida por el reclamante contra la demandada, pero al mismo tiempo dice que fija como monto de la condenada la cantidad de Lps.467,779.48 y proceda a desglosar dicha cantidad, ignorando de dónde sacó dicho monto ya que no hace alusión en los hechos probados el monto de dicha condena, ya que no fue objeto de juicio, resulta contraproducente que al declarar sin lugar la demanda que promovió mi Patrocinado, pero acto seguido fija un monto de la condena, resolución este que es incoherente y violatoria al Artículo 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, siendo evidente que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley y todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e Implica responsabilidad, por lo que solicito que se decrete la nulidad de la Sentencia Impugnada por carecer de motivación legal, no ser congruente con las pretensiones deducidas por las partes y que la parte resolutiva es contradictoria, pues los pronunciamientos hechos por el Ad-quen se repelen mutuamente.”.- II.- Que revisado el fallo dictado por el ad-quem, es evidente que los pronunciamientos realizados por dicho Tribunal no son claros y precisos para establecer que puntos de la sentencia de primera instancia fueron o no modificados, como determinar si se declaraba con o sin lugar la demanda en los conceptos reclamados por el demandante, específicamente la determinación de los montos de condena por prestaciones laborales, tomando en consideración que la parte demandada realizó una consignación por un valor superior al establecido en la sentencia (ver folios 148-151 de la primera pieza de autos), igualmente debió realizar un pronunciamiento particular sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada.- III.- Que en virtud del principio de Congruencia Procesal debe existir en las resoluciones judiciales, la concordancia existente entre el pedimento planteado por las partes y la decisión que de tal pedido desprende el juez; quedando entendido que el juez no puede modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. Es decir, debe existir una adecuación “entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial”.- IV.- En el tópico de las resoluciones judiciales es elemental lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones, a saber: 1. Interna: en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso, explica a los involucrados porqué se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); y, 2. Externa: dirigida a terceros no involucrados, pero sí interesados en el proceso (evidencia a la comunidad o a un tercero, que la autoridad o el juez ha tomado una decisión basado en ciertos hechos construidos con pruebas suficientes. Con ello se manifiesta la imparcialidad de quien resuelve y su apego a la ley.). La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. No hay que confundir motivar con fundamentar; quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales, quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- V.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 19 de julio del 2012, visible a folios 26 al 31 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de febrero del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 620-12.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL