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Sentencia CL-609-13 — Registro 3557

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, ajuste de salario mínimo; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al omitir pronunciarse sobre la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de mayo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de noviembre del dos mil trece, por el abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS, mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de apoderado de la CORPORACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. (CATSA); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, ajuste de salario mínimo y pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre de dos mil doce, por las señoras GUADALUPE FLORES GUTIÉRREZ, EDUVIGES ANTONIA COLINDRES COLINDRES, OFELIA ARTEAGA y JUANA DOMÍNGUEZ, todas mayores de edad, casadas, auxiliares de limpieza, hondureñas y de este domicilio, contra la CORPORACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. (CATSA), por medio de su Gerente Propietario, señor JOSÉ VICENTE BORJAS BOURDETH. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente falló declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la empresa Corporación de Asesoría Técnica y Servicios Administrativos S. de R.L. (CATSA), a pagar a cada una de las demandantes la cantidad de Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con Cuarenta y Tres Centavos (L.56,550.43), haciendo un gran total a pagar de Doscientos Veintiséis Mil Doscientos Un Lempira Con Setenta y Dos Centavos (L.226,201.72), por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, asimismo el reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que el presente fallo judicial adquiera el carácter de firme, declarando sin lugar la excepción perentoria de pago, sin costas.ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan que fueron contratadas por la empresa demandada en fecha 1 de junio del 2009, como auxiliares de limpieza, mediante contrato escrito, renovable anualmente siendo el último salario para todas la suma de L.6,357.00. Posteriormente, en fecha 29 de septiembre del 2012, fueron despedidas en forma verbal por el Gerente Propietario sin haberles cancelado los derechos laborales, sin motivo alguno siendo el despido injusto e ilegal.- 2.- La parte demandada, la CORPORACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. (CATSA), contestó dicha demanda manifestando que las demandantes fueron contratadas a través de contratos por tiempo determinado, el cual tiene estipulado la fecha de inicio y la de su terminación, tal como lo establece el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, además cuando se firmaron los contratos, las demandantes aceptaron la modalidad en la que estaban siendo contratadas.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de junio de dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la empresa Corporación de Asesoría Técnica y Servicios Administrativos S. de R.L. (CATSA), a pagar a cada una de las demandantes la cantidad de Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Con Cuarenta y Tres Centavos (L.56,550.43), por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, asimismo el reajuste al salario mínimo, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, hasta que el presente fallo judicial adquiera el carácter de firme, declarando sin lugar la excepción perentoria de pago, sin costas; bajo el criterio que en su momento existió un acuerdo de voluntades en cuanto a las condiciones de la contratación sinalagmática, es entendido que en materia de Derecho del Trabajo y, específicamente ante la suscripción de contratos de trabajo, no concurre dicha voluntad o consentimiento, ya que la desigualdad existente entre los sujetos de la relación laboral hace desplazar la voluntad del trabajador, por la necesidad de vender su fuerza de trabajo, por lo que éste suscribe cualquier tipo de contrato, aun contra sus intereses y derechos fundamentales, con tal de obtener un patrón de vida sostenible y es cuando emerge el Derecho del Trabajo con su paraguas tuitivo y anula de pleno derecho cualquier acto, contrato que disminuya derechos laborales constitucionales, como ser: la estabilidad laboral y su consecuente antigüedad, garantizados por normas de orden publico. Acotado todo lo anterior, se deja ver claramente una simulación de contrato de servicios por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, éste acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir la obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (fraude a la ley), por lo que la comprobación del despido directo se configura con la no renovación de su contratación. Coligiéndose de todo lo anterior que la relación de trabajo que los demandantes suscribieron en su momento es de carácter permanente, por lo que al momento de prescindir de sus servicios, se debió de aplicar lo establecido en los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo (Principio de Justificación), derivándose la ilegalidad del despido, por lo que procede el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir.- Para los efectos legales debe declararse sin lugar la excepción de pago, en vista que las demandantes solicitan el pago de sus prestaciones laborales y el supuesto pago que alega la parte demandada le ha hecho efectivo a las demandantes corresponde únicamente a un mes de salario y al pago de derechos adquiridos, situaciones que difieren entre si. Asimismo el salario que percibían las demandantes está por debajo del salario mínimo establecido por el Gobierno Central, procediendo el reajuste solicitado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio que las demandantes acreditaron que la labor para la cual fueron contratados son de carácter permanente dentro de la empresa, por su parte la demandada no acreditó que dicha labor ya no se continúa haciendo en la empresa.- 5.- Que mediante auto de fecha nueve de octubre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada VIRGINIA LIZETH CARDENAS GUTIERREZ, en su condición de apoderada de la CORPORACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. (CATSA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto de dos mil trece y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente por el plazo de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha diecinueve de noviembre del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS, en su condición de apoderado de la CORPORACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. (CATSA), formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de diciembre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado HECTOR ENRIQUE LAZO ZACAPA, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. El Impetrante formula el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: I. CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial el veintisiete de Agosto del año dos mil trece II. DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, ajuste de salario mínimo, derechos adeudados, salarios dejados de percibir q titulo de daños y perjuicios en virtud de despido verbal directo e injusto que promovieran las Señoras GUADALUPE FLORES GUTIERREZ, EDUVIGES ANTONIA COLINDRES COLINDRES OFELIA ARTEAGA y JUANA DOMÍNGUEZ, contra la Sociedad CORPORACION DE ASESORÍA TECNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.de R.L (CATSA) por medio de su Gerente Propietario Señor JOSE VICENTE BORJAS BOURDETH, Gerente Propietario.-III Exonerar a la Sociedad CORPORACION DE ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.de R.L (CATSA) por medio de su Gerente Propietario Señor JOSE VICENTE BORJAS BOURDETH, de los conceptos reclamados de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, ajuste de salario mínimo, derechos adeudados, salarios dejados de percibir q titulo de daños y perjuicios. IV.- CON COSTAS…”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al omitir pronunciarse sobre la excepción perentoria de pago opuesta por la parte demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. El planteamiento así esgrimido vuelve inestimable el recurso que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de junio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 609-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL