Sentencia CL-604-13 — Registro 3954
Resumen
Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, declaratoria de ilegal e injusto, reconocimiento a la antigüedad y permanencia en el cargo; segunda instancia confirmo con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"III. Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: “Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley”. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A su vez, para que la sentencia sea casada por el expresado concepto, es necesario que la prueba en este caso mal apreciada sea tal, que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir, que se trate de una prueba esencial que incida en forma definitiva sobre la decisión de la litis.- IV. Dicho lo anterior, analizado del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el cargo que antecede no resulta admisible, en primer lugar porque dentro de las normas que cita como violadas señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, norma que no ostenta el carácter sustantivo requerido en este recurso extraordinario de casación; y en segundo lugar, porque como ya se dijo anteriormente, la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma y que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, advirtiendo este tribunal que si se analizó la prueba en su conjunto valorando la prueba atendiendo las reglas de la sana crítica, del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeciòn a la tarifa elgal de pruebas. La relación de trabajo se propició de manera interina, con base a lo establecido en el artículo 108 del Código del Trabajo, por lo cual la estabilidad laboral de un trabajador en estas condiciones, se encuentra supeditada al retorno o no del empleado regular o permanente al cual sustituye temporalmente, como en el caso de autos se ha demostrado que la empleada sustituida fue cancelada de su puesto de trabajo y el interino continuó laborando en dicho cargo, adquiriendo éste todos los derechos de un empleado permanente, por lo que procede la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo.- V. En lo atinente a la apreciación de los medios instructorio, tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete dias del mes octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de noviembre del año dos mil trece, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, declaratoria de ilegal e injusto, reconocimiento a la antigüedad y permanencia en el cargo, su estabilidad laboral, caso contrario se condene al reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir con sus respectivos aumentos de salario en ausencia, pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones y su bono, demás beneficios que se concedan en su ausencia, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha veinticinco de enero del año dos mil trece, por el señor LUIS NAHUN GARCIA GUERRA, mayor de edad, soltero, hondureño, Bachiller en Ciencias y Letras y con domicilio en Arizona, Departamento de Atlántida, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director de ese entonces, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil trece, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de agosto del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA LA JUSTIFICACION DE UN DESPIDO.- DECLARATORIA DE ILEGAL E INJUSTO..- RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO.- SU ESTABILIDAD LABORAL, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO AL CARGO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES.- A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR CON SUS RESPECTIVOS AUMENTOS DE SALARIO EN AUSENCIA.- PAGO DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO.- VACACIONES Y SU BONO.- Y DEMAS BENEFICIOS QUE SE CONCEDAN, COSTAS Demanda promovida por el señor, LUIS NAHUN GARCIA GUERRA de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia. 2.- CONDENAR AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) al reintegro del trabajador demandante señor LUIS NAHUN GARCIA GUERRA, ASI COMO TAMBIÉN AL PAGO DEL DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES, BONOS DE TRABAJO Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES. Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR CON SUS RESPECTIVOS AUMENTOS DE SALARIO DECRETADOS EN AUSENCIA DEL TRABAJADOR, DESDE LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO HASTA QUE SE CUMPLA CON LA REINSTALACIÓN EN SU PUESTO DE TRABAJO. 3.- CONDENAR A LA PARTE DEMANDADA REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) al pago de costas procesales.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con el demandado, según acuerdo No.149-2011-1, en el cargo de Escribiente del Registro Civil Municipal, Arizona, Departamento de Atlántida, nombrado según el acuerdo en forma interina, en sustitución de la señora Leila Graciela Chávez Rodríguez, a quien el Directorio le otorgó permiso sin goce de sueldo por el período comprendido del 1 de noviembre del 2011 al 31 de octubre del 2012; que fue despedido mediante oficio DRH-4531-2012, el cual recibió el 21 de noviembre del 2012, en el cual le manifestaban que su nombramiento interino venció el 31 de octubre del 2012, que no se ha recibido comunicación alguna que indique prórroga de su nombramiento, por lo que su asistencia a las oficinas es inapropiada, acción de personal injusta pues a la titular de la plaza se le venció el permiso y no regresó a ocupar su cargo y habiendo quedado vacante el cargo, le asiste el derecho a ocupar la titularidad, ya que en la nota de despido no se estableció causa ni motivo, por lo cual es violatorio de los derechos que la Constitución y demás leyes le otorgan, que el demandado contrató a otra persona para ocupar el cargo.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que rechaza todos los hechos alegados por la parte demandante, ya que en fecha uno de noviembre del año dos mil doce, la señora Leyla Graciela Chávez Rodríguez, solicitó se le cancelara del puesto que ocupaba permanentemente dentro de la institución, nombrando a la ciudadana Evelin Roxana Zavala Alberto, mediante acuerdo 207-2012, de manera interina del tres de diciembre del año dos mil doce al treinta y uno de mayo del año dos mil trece, en cumplimiento a lo resuelto en la sesión ordinaria celebrada por el directorio el día doce de noviembre del año dos mil doce, razón por la cual el Jefe de Recursos Humanos, solamente le hizo el recordatorio de que su contrato había terminado.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha trece de agosto del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para la justificación de un despido, reconocimiento a la antigüedad y permanencia en el cargo, condenando al demandado al reintegro del demandante a su puesto de trabajo, mas el pago de los salarios dejados de percibir, con costas. Criterio: que la actividad que realizaba el demandante era permanente y continua dentro de la institución demandada, por lo tanto se consideraran celebrados por tiempo indefinido y siendo que la titular de la plaza, solicitó su cancelación, recayendo en el demandante el derecho a laborar en dicha plaza como titular en forma permanente y continua.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Mismo criterio del Juez A-Quo.- 5. Que mediante auto de fecha nueve de octubre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones La Ceiba, Departamento de Atlántida de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el plazo de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha doce de noviembre del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, actuando en su condición de apoderado del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del recurrente, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil trece, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el juzgador haya podido incurrir o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en el único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional contenida en los artículos 46 letra b) , 100, 106 párrafo primero y 108 todos en relación con los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo, 16 numerales 1), 6) y 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas en infracción indirecta por falta de apreciación en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba aportados a juicio que a continuación singularizo: prueba documentos Públicos contenida a Folios del 37 al 49 del expediente de Primera Instancia relacionados en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE……………… Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS SUST1TIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas violadas de orden nacional, están contenidas en los artículos 46 letra b), 100 numeral 9), 106 párrafo primero, 108 relacionados con los artículos 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo; artículo 16 numerales 1), 6) y 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas.”.- III. Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: “Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley”. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A su vez, para que la sentencia sea casada por el expresado concepto, es necesario que la prueba en este caso mal apreciada sea tal, que su existencia o inexistencia altere radicalmente el sentido de la sentencia acusada, es decir, que se trate de una prueba esencial que incida en forma definitiva sobre la decisión de la litis.- IV. Dicho lo anterior, analizado del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el cargo que antecede no resulta admisible, en primer lugar porque dentro de las normas que cita como violadas señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, norma que no ostenta el carácter sustantivo requerido en este recurso extraordinario de casación; y en segundo lugar, porque como ya se dijo anteriormente, la infracción indirecta por error de hecho implica conclusiones contrarias a lo establecido en el juicio, por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma y que aparezca manifiesta y ostensiblemente en el proceso, lo cual no ocurre en el presente caso, advirtiendo este tribunal que si se analizó la prueba en su conjunto valorando la prueba atendiendo las reglas de la sana crítica, del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeciòn a la tarifa elgal de pruebas. La relación de trabajo se propició de manera interina, con base a lo establecido en el artículo 108 del Código del Trabajo, por lo cual la estabilidad laboral de un trabajador en estas condiciones, se encuentra supeditada al retorno o no del empleado regular o permanente al cual sustituye temporalmente, como en el caso de autos se ha demostrado que la empleada sustituida fue cancelada de su puesto de trabajo y el interino continuó laborando en dicho cargo, adquiriendo éste todos los derechos de un empleado permanente, por lo que procede la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo.- V. En lo atinente a la apreciación de los medios instructorio, tanto la doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 604-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL