Sentencia CL-601-13 — Registro 3651
Resumen
demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, pago de salarios caídos; segunda instancia confirmó con lugar la demnda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce dias del mes de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de noviembre de dos mil trece, por el abogado CARLOS R. MEJÍA PINEDA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto, pago de salarios caídos y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha cuatro de febrero de dos mil once, por el señor ROGER GUILLERMO CRUZ AGUILAR, mayor de edad, soltero, Mecánico, hondureño y con domicilio en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, contra la Sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A., por medio de su Gerente General, señora JENNIFER DANELL MCNAB THOMPSON, mayor de edad, casada, Ejecutiva de Negocios, hondureña y del domicilio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil trece, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ROGER GUILLERMO CRUZ AGUILAR, contra la Sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A.; CONDENÓ a la sociedad demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.550,270.00, que resulta de: a) preaviso 2 meses L.58,333.34; b) auxilio de cesantía 15 meses L.437,503.50; c) auxilio de cesantía proporcional 13.08 días L.12,720.00; d) vacaciones proporcionales 8.72 días L.7,268.57; e) decimotercer mes proporcional 28.18 días L.23,472.40; f) decimocuarto mes proporcionales 13.16 días L.10,972.30; declaró SIN LUGAR la excepción perentoria de pago y SIN LUGAR el reclamo de la suma de L.6,664.00 por ocho días de salario; asimismo, CONDENÓ a la empresa demandada a pagar al demandante, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme el presente fallo, con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que en fecha 1 de julio de 1995, fue contratado verbalmente y por tiempo indefinido por la sociedad demandada, como Jefe Mecánico y como Jefe de Máquinas en las embarcaciones de la demandada denominadas “TROPICAL”, “GALAXY II” y “GALAXY WAVE”; que en fecha 8 de diciembre de 2010, la empresa demandada despidió en forma directa y verbal al demandante y sin indicarle el motivo de la terminación; que el demandante se comunicó con el dueño de la empresa demandada, preguntándole sobre el motivo del despido, limitándose a decirle que era porque las cosas no estaban muy bien y que no se preocupara que la empresa le iba a cancelar todos sus derechos, sin embargo, cuando comparecieron ante la Procuraduría de Trabajo de esa ciudad en fecha 13 de diciembre del 2010, el apoderado de la empresa salió con otra cosa, diciendo que según la planilla el demandante aparecía que comenzó a trabajar partir del 31 de octubre de 2008, lo cual es una vil mentira ya que el demandante no tiene poder de manipular la contabilidad de la empresa o de ponerse él mismo en las planillas, especialmente en lo que se refiere a las contabilidades o planillas OFF-ON, que se maneja para cuestiones tributarias y de lo cual se ofrecerá prueba en caso de ser necesario y que en base a ello solamente le ofreció en concepto de prestaciones la cantidad de L.155,734.56, los cuales lógicamente no aceptó por no ser lo que le corresponde por los más de 15 años que laboró fielmente para la empresa demandada, situación injusta que ha motivado la presentación de esta demanda a fin de que sean amparados sus derechos y que la empresa demandada sea condenada a pagarle las prestaciones que conforme a derecho le corresponden al demandante.- 2.- La parte demandada, la sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A., contestó dicha demanda señalando que el demandante inició a prestar los servicios profesionales para la demandada en el año 2001, pero dichos servicios no estaban regulados por el Código del Trabajo, posteriormente adquirió el carácter de empleado permanente y se pactó con el demandante un pago de L.15,000.00, de manera mensual en concepto de salario; que en el mes de diciembre del año 2010, se determinó la finalización de la relación de trabajo con el demandante y se procedió a la elaboración del cálculo de prestaciones laborales por el tiempo que este formó parte de las planillas de empleados permanentes de la demandada, resultando de dicho cálculo la cantidad de L.361,947.08 y considerando lo elevado del mismo, se procedió a buscar un arreglo extrajudicial de pago con el ahora demandante, en consecuencia se decidió de común acuerdo pagar esa cantidad antes descrita en seis (6) pagos, todos por cantidades iguales a L.60,324.51, mismos que empezarían a correr a partir del mes de febrero del año 2011 y finalizarían en el mes de julio del mismo año, a lo que las partes aceptaron y firmaron un documento donde se establecía todo lo pactado en señal de conformidad y validez tal y como se demuestra con el documento adjunto; llegado el día pactado en el aludido arreglo extrajudicial, para llevar a cabo el primer pago el demandante no se hizo presente, por lo que extrañados esperaron hasta el segundo pago para ver si se hacía presente al lugar determinado y como tampoco se pudo concretar también ese segundo pago por la misma razón que no se concretó el primero, la demandada procedió a consignar todos y cada uno de los pagos en las fechas propuestas, hasta cubrir la obligación social pactada, para no ser sorprendidos con una demanda de incumplimiento de un acuerdo legal de pago de prestaciones laborales, tal y como lo está haciendo ahora el demandante, quedando registrada dicha consignación bajo el número 016-2011 de ese Juzgado de Letras Departamental; en el escrito de contestación opuso la excepción perentoria de pago argumentando que conforme con el dato que arrojó el cálculo de prestaciones laborales del ahora demandante y pactadas que fueron las fechas y las cantidades de pago a efecto de honrar esa obligación social, se procedió al levantamiento de un documento con todo ese contenido con el propósito de darle realce y validez a dicho acuerdo, para lo cual, las partes firmaron conforme en señal de aceptación, sin embargo, todos los pagos se tuvieron que hacer en el despacho judicial bajo la figura de la consignación.- 3.- El Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en fecha siete de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Roger Guillermo Cruz Aguilar, contra la Sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A.; condenó a la sociedad demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.550,270.00, que resulta de preaviso 2 meses, auxilio de cesantía 15 meses, auxilio de cesantía proporcional 13.08 días, vacaciones proporcionales 8.72 días, decimotercer mes proporcional 28.18 días, decimocuarto mes proporcionales 13.16 días; declaró sin lugar la excepción perentoria de pago y sin lugar el reclamo de la suma de L.6,664.00 por ocho días de salario; asimismo, condenó a la empresa demandada a pagar al demandante a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que el Código del Trabajo en su artículo 29, establece que: “La existencia del contrato escrito exigido por este código es imputable al patrono.- El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita alguno de sus requisitos hará presumir en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador sin perjuicio de prueba en contrario”, y en el caso de autos la parte demandada no produjo contrato alguno para contraprobar lo alegado por el demandante, por lo que existe la presunción de veracidad a favor del trabajador respecto de las condiciones de trabajo alegadas, esto es en lo que se refiere a su fecha de inicio, pues la parte demandada alega en su contestación que fue en el 2001, sin embargo, presenta medios de prueba testifical pretendiendo probar que fue en el 2006 o 2007, siendo contradictorio con su propia contestación donde establece que fue en el 2001, es decir, cambiando el objeto del debate en el debate mismo, además de que el testigo Saúl Arias, propuesto por la parte demandada, admite conocer al actor en el trabajo desde 1994-1995, y en la misma constancia extendida por la empresa demandada a favor del demandante el 28 de septiembre del 2009 establece en forma clara que el demandante trabaja desde hace muchos años, para la empresa; siendo además procedente la aplicación del artículo 18 del Código del Trabajo respecto de la aplicación de los Principios Generales del Derecho de Trabajo tales como In dubio Pro Operario, en caso de duda se debe favorecer al trabajador, por lo que en relación con el artículo 29 del citado Código, se concluye que la fecha de inicio fue la indicada por el trabajador en la demanda, es decir, 1 de julio de 1995, así como que su salario era L.25,000.00; que el artículo 379 del Código del Trabajo establece que “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente”, y en caso de autos la parte demandada opone excepción de pago pero no presenta ningún documento firmado entre el demandante y la empresa demandada estableciendo un arreglo extrajudicial o acuerdo de pago, sino que presenta unos documentos que denomina finiquitos que no tienen nada que ver con la empresa demandada.- 4.- La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha doce de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la sentencia del a-quo, sin costas; bajo el criterio que el propio patrono reconoció que despidió a dicho trabajador y manifestó que no estaba en la obligación de indicar la causal de despido, lo cual es contrario a ley y por ende no alegar dicha causal al contestar el libelo, no aportó prueba alguna para probar la justificación del despido, por lo tanto siendo este último injustificado, procede la condena al pago de no solo los derechos adquiridos, sino también de las prestaciones laborales y como ya se dijo también de los salarios caídos, por otra parte, los mismos deben de calcularse desde la fecha en que el a-quo estimó que inició la relación laboral, aplicando directamente la presunción del in dubio pro operario establecida en el artículo 30 del Código que rige la materia, pues no existe contrato de trabajo lo que es en perjuicio del patrono, pues es quien tiene la obligación de elaborarlo, asimismo, la parte demandada no fijó específicamente el día, mes y año en que a su criterio inició tal relación de trabajo y de las pruebas aportadas indicaron varias, como ser en el acta de conciliación ante el Ministerio del Trabajo fijan como inicio en octubre del año dos mil ocho, los testigos relacionaron el año dos mil siete, según el medio de prueba de inspección se indica el año del dos mil seis y que conste no se tuvo el cuidado de inspeccionar libros o documentos, sino referir el dicho de un testigo, por tal razón bien hizo el a-quo en aplicar la presunción de prueba en torno a la fecha indicada por el trabajador, desestimando a su vez el agravio de que se dejaron de tomar testigos propuestos por la parte demandada, por que como expuso el apoderado legal de la parte actora, tal reclamo no se realizó oportunamente, es decir en la audiencia de alegaciones en primera instancia.- 5.- Mediante auto de fecha nueve de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS R. MEJÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la Sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A., contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha quince de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado CARLOS R. MEJÍA PINEDA, en su condición de representante procesal de la Sociedad SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY S.A., formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado CARLOS R. MEJÍA PINEDA y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado CLEVE C. BODDEN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que la demanda casacional en este ámbito requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado CARLOS R. MEJÍA PINEDA, desarrolla el alcance de la impugnación ó sea el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “PIDO: CASAR la sentencia en la parte dispositiva anteriormente transcrita, anulándola totalmente… FALLA: CASAR la sentencia recurrida, en consecuencia: I DECLARAR SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral que para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales por despido directo e injusto y pago de salarios caídos y costos del juicio, promoviera el trabajador ROGER GUILLERMO CRUZ AGUILAR de generales expresadas contra la empresa SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATIÓN COMPANY S.A. II ABSOLVER en el presente juicio de toda responsabilidad a la empresa SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATIÓN COMPANY S.A. III DECLARAR con lugar la Excepción perentoria de PAGO propuesta por la empresa SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATIÓN COMPANY S.A. CON COSTAS.”.- III. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma totalmente defectuosa ya que solicita la casación total del fallo, cuando el mismo contiene pronunciamientos que le son favorables a la parte demandada en lo que respecta a que se le absuelve del pago de ocho días de salario, por ello el Recurrente debió haber solicitado dicha casación de forma parcial. Tal falencia en la demanda de casación impide a este Tribunal orientar su actividad.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 601-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL