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Sentencia CL-60-13 — Registro 3607

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede en la forma expuesta resulta inadmisible por la razón siguiente: la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador encuentra en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. En el sub- júdice, la Impetrante se limita a transcribir las consideraciones de la sentencia impugnada y citar literalmente el artículo 117 del Código del Trabajo, pero sin explicar y demostrar en que ha consistido su violación, por otro lado transcribe e indica que la disposición interpretada erróneamente es el artículo 118 párrafo segundo del mismo cuerpo legal, señalada en relación en la formulación del motivo, pero que igualmente la Censora no demuestra de que manera fue infringida y que relación guarda con la disposición indicada como violada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) la disposición señalada como infringida comprende varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, los cuales debieron ser precisadas; b) en la explicación del motivo se omite la disposición que en concepto de la Censora, debió aplicarse debidamente; y, c) se realizan alegatos de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de mayo de dos mil trece, por la abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de noviembre de dos mil once, por la señora KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS, mayor de edad, soltera, Técnica en Redes, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al Trabajo y demás derechos promovida por la señora KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; 2) CONDENAR a EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a reintegrar a su puesto de trabajo a la señora KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS, por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 29 de octubre de 2006, desempeñándose funcionalmente como Oficinista de la Dirección General de Transporte; que el 30 de junio de 2011, fue despedida de su puesto de trabajo en forma directa y absolutamente injustificada, en la cual en la notificación de despido no se detalla en que consistió la falta o motivo que justifique legalmente tal determinación, sino que la demandada se limitó a invocar preceptos jurídicos consignados en el Código del Trabajo que bajo ninguna circunstancia aplican al caso concreto, pues tal determinación se efectuó prescindiendo del procedimiento y en total inobservancia de los derechos laborales que amparan a la demandante.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no es cierto que la demandada haya despedido a la demandante, ya que solamente se le notificó que su contrato por tiempo limitado había llegado a su fin, amparándose en la resolución N°369 de fecha 1 de julio de 2010, en la que esta nombrada para realizar trabajos temporales en la Dirección General de Transporte, tal como lo exigen las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingreso y Egresos de la República, específicamente en el artículo 66 que establece que los trabajadores nombrados por jornal no se les clasificará como permanente para ningún efecto, por lo que en aplicación de estas Disposiciones Normativas se deduce que no concede más derechos que los consignados literalmente en los mismos, asimismo en lo que disponen los artículos 46 inciso b) y 111 numeral 1) del Código de Trabajo, disposición jurídica que faculta a la autoridad administrativa para dar por terminada la referida relación contractual, por lo que no era necesario invocarle ninguna causal justa o injusta por no tratarse de ningún despido de los establecidos en el artículo 112 del Código del Trabajo como así lo pretende hacer ver la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando a la demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden, sin costas; bajo el criterio que el despido del cual fue objeto la demandante es ilegal y por ende injusto, al habérsele violentado derechos fundamentales que le otorga la Constitución de la República como ser el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, el Convenio No.111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa laboral en sus artículos 112 y 117.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandante interpuso demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo por despido directo, ilegal e injusto, contra el Estado de Honduras y la parte demandada al contestar la demanda, en los hechos y omisiones acepta parcialmente por ser cierto que la demandante sostuvo una relación contractual por tiempo limitado con Soptravi, mediante el sistema de pago por planilla o jornal, asimismo acepta que se le notificó que su contrato por tiempo limitado había llegado a su fin, fundamentándose para terminar con la misma que dicha relación contractual entre ambas partes, era por tiempo determinado, se rechaza el hecho de que existen otras personas en la función que esta ejecutaba en la Secretaría, pretendiendo hacerle ver al Tribunal que fue despedida sin justa causa, lo cual no es cierto por considerar que la relación que tenía con la demandada era de empleada contratada bajo la modalidad de planilla o jornal.- 5.- Mediante auto de fecha seis de marzo de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha siete de mayo de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintidós de julio de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada NOLVIA MARINA ESCOBAR PAGUADA expone un primer motivo en la forma siguiente: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA del articulo II7 del Código del Trabajo en relación con el artículo II8 párrafo segundo del mismo cuerpo legal y I7 del Código Civil, Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero ordinal Iº- del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INTERPRETACION ERRONEA.- El Artículo II7 del Código del Trabajo preceptúa: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar causas o motivos distintos.” El precitado artículo II8 prescribe: “El trabajador culpable de no haber dado el preaviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, quedará obligado a pagar al patrono una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponda al término de preaviso. En caso de que el patrono sea el culpable quedará obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso. El sombreado es nuestro. El Artículo I7 del Código Civil dispone: “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador. En el caso que nos ocupa la Corte Acusada haciendo suyo el fallo de primera Instancia, manifiesta en los siguientes considerandos: CONSIDERANDO (8)..., ante lo que cabe hace mención que el no habérsele señalado a la señora demandante en su nota de despido la justa causa legal que tu tuvo la parte demandada para despedirlo, hace que el despido se vuelve injusto e ilegal, al habérsele violentado el artículo II7 del Código del Trabajo, ya que de conformidad con dicha disposición la parte que termina unilateralmente el Contrato de trabajo debe comunicarle a la otra el motivo que tuvo para dicha terminación, y se entiende que hay violación de dicha norma al no establecer la causal o el motivo que dio origen a la separación de la trabajadora demandante. CONSIDERANDO (9): Que por lo anteriormente expuesto este tribunal es de la opinión que el despido de que fue objeto la señora KENIA MELISSA GARCIA GRANADOS es ilegal y por ende injusto al habérsele violentado.... Y la normativa laboral en sus artículos II2 y II7, por lo que es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda y ordenar el reintegro a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se le adeuden desde la fecha del despido hasta la fecha de su reintegro. De la lectura y análisis de los Considerandos antes relacionados se observa, que la Corte Acusada invocando una violación del artículo II7 e interpretando de manera errónea el párrafo segundo del artículo II8 ambos del referido Código del trabajo, impuso al demandado una sanción distinta a la establecida en la ley. La cual de conformidad a lo que establece el referido artículo II8 en su párrafo segundo únicamente obliga al patrono culpable de no haber dado el preaviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso. La violación se produce cuando se interpreta erróneamente una norma, que si bien es cierto es aplicable al caso, la misma no consulta su verdadero sentido. Razón por la cual la interpretación errónea que la Corte Acusada realiza de las referidas normas, obliga a que se case la sentencia en el presente motivo”.- III. Que el cargo que antecede en la forma expuesta resulta inadmisible por la razón siguiente: la interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador encuentra en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. En el sub- júdice, la Impetrante se limita a transcribir las consideraciones de la sentencia impugnada y citar literalmente el artículo 117 del Código del Trabajo, pero sin explicar y demostrar en que ha consistido su violación, por otro lado transcribe e indica que la disposición interpretada erróneamente es el artículo 118 párrafo segundo del mismo cuerpo legal, señalada en relación en la formulación del motivo, pero que igualmente la Censora no demuestra de que manera fue infringida y que relación guarda con la disposición indicada como violada.- IV. Que en el segundo motivo se esgrime: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva por aplicación indebida del artículo II3 del Código de Trabajo en relación con el artículo II2 de la misma ley. Precepto autorizante: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 765 párrafo primero ordinal Iº- del Código de Trabajo. CONCEPTO DE VIOLACION.- La violación se produce cuando se deja de aplicar la norma que lo regula, o a contrario sensus se aplica una norma a un hecho inexistente. Situación que a continuación explico: En el caso que nos ocupa mi representado al momento de prescindir de los servicios de la demandante, lo hizo en razón de haber llegado a su término la relación contractual.- Actuando con responsabilidad al haberle ofrecido el pago de sus prestaciones y otros, extremo que fue suficientemente acreditado en la primera pieza de autos.- No existió el hecho que mi representado inculpara a la demandante de haber incurrido en alguna de las causales contenidas en el articulo II2 del Código del Trabajo, ya que no dio motivo para ello.- Lógicamente si la demandante se hubiese encontrado comprendida en algunas de dichas causales, no le hubiese ofrecido el pago de prestaciones y otros, dado que tal normativa faculta al patrono a dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. En atención al precepto utilizado por el Juzgador para dictar su fallo, revisaremos lo que los precitados artículos textualizan: Artículo II2: “Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a) El engaño del trabajador..., b) Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos...” etc.- Artículo II3 “La terminación del contrato, conforme a una de las causales enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva...”.- De conformidad a lo preceptuado en este último artículo, si este fuese el caso, la demandante gozaba del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo con el objeto que probase la justa causa en que se fundó el despido.- Sin embargo tal derecho no le asistía, en razón de no haberle invocado ninguna de las causales establecidas en el artículo II2 del Código del trabajo tantas veces referido. Extremo éste ratificado por la misma Corte Acusada cuando refiere en su fallo, específicamente en el CONSIDERANDO (2): Que a folio 4 de la primera pieza de autos consta la nota del 30 de junio del 20II dirigida a la demandante y firmada por el Lic. Santos Ramón Oviedo Flores, Sub-Gerente de recursos Humanos y donde se le informa que a partir de esta fecha, esta Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, transporte y Vivienda, ha decidido prescindir de sus servicios profesionales. Para lo cual le comunico, que una vez haya cumplido con el requisito de obtener su respectivo finiquito por parte de Auditoría interna de esta Secretaría, se le hará efectivo el pago de sus Prestaciones laborales. Concluyéndose de lo anterior, que la aplicación del artículo II2 y II3 del Código del Trabajo es indebida.- Por lo que procede se case la sentencia en el presente motivo.”.- V. Que el cargo antes expuesto resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) la disposición señalada como infringida comprende varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, los cuales debieron ser precisadas; b) en la explicación del motivo se omite la disposición que en concepto de la Censora, debió aplicarse debidamente; y, c) se realizan alegatos de instancia.VI. Que por lo antes expuesto el recurso de merito resulta inestimable en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c) 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los jueces de las instancias, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 60-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL