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Sentencia CL-591-12 — Registro 3240

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, pago de los respectivos incrementos salariales y demás derechos que se produzcan; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Pero es el caso que este Tribunal suficientes veces ha explicado que la infracción directa de la Ley procede cuando un hecho es aceptado por las partes y reconocido por el juzgador y se deja de aplicar la norma que lo regula, además se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso la terminación del contrato es parte de la controversia suscitada, por lo tanto forma parte de los hechos en litigio del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de febrero de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, por el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, pago de los respectivos incrementos salariales y demás derechos que se produzcan, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de agosto de dos mil once, por el señor CESAR EMMANUEL PAVON MENDOZA, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL, por medio de su Director Ejecutivo señor HUGO ALFREDO ARDON SORIANO, mayor de edad, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por el señor CESAR EMMANUEL PAVON MENDOZA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL; en consecuencia, CONDENÓ al Estado de Honduras a reintegrar al demandante por lo menos como Auxiliar Administrativo I, en las Oficinas del Fondo Vial de la ciudad de Tegucigalpa y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrado el demandante, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 1 de junio de 2007, inicialmente como vigilante y posteriormente como Auxiliar Administrativo I; que mediante nota de fecha 30 de junio de 2011, se le notificó al demandante que a partir de esa misma fecha se da por rescindido el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, invocando el demandado como supuesta causa legal lo dispuesto en el artículo 120 del Código del Trabajo; que la nota mediante la cual se da por terminado el contrato individual de trabajo, no señala la razón o motivo de su cancelación y tampoco expresa los fundamentos legales ni causa alguna de las que señalan los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL, contestó dicha demanda señalando que se debe observar que la institución del Fondo Vial es una entidad desconcentrada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de duración indefinida, de interés público y dentro de los límites de la Ley del Fondo Vial, con independencia administrativa, técnica y financiera, cuya dirección y administración está a cargo del Director Ejecutivo del Fondo Vial, quien dentro de sus atribuciones y funciones tiene las de “…Nombrar al personal del Fondo Vial, suspenderlo o removerlo cuando hubiere razón justificada de conformidad con las normas que regulan al personal de la Administración Pública…” lo cual sin duda alguna fue legitima y justifica la acción de dar por terminada la relación laboral que el demandante mantenía con el demandado, desvirtuando con ello la pretensión reclamada, atendiéndose a las disposiciones legales contenidas en los artículos 12 inciso d) reformado de la Ley de Fondo Vial y 21 inciso e) del Reglamento General de la Ley del Fondo Vial.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando al Estado de Honduras a reintegrar al demandante por lo menos como Auxiliar Administrativo I, en las Oficinas del Fondo Vial de la ciudad de Tegucigalpa y al pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandada al momento de notificarle el despido acepta en forma tácita que es un despido ilegal e injusto al comprometerse a pagarle sus prestaciones laborales; que si bien es cierto ella tiene las facultad de nombrar, suspender y remover el personal del Fondo Vial de acuerdo con la Ley pero que en la notificación del despido solamente señala que el despido es injustificado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo de dos mil doce, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas presentadas por las partes y evacuadas en su oportunidad a folios 27 consta el contrato por servicios determinados, servicios de vigilancia a las instalaciones del FONDO VIAL, celebrado entre las partes, FONDO VIAL representado por el señor RAMIRO ADALID CHACON y el señor CESAR EMMANUEL PAVON MENDOZA, y en la cláusula XII, terminación del contrato por conveniencia, claramente establece que el FONDO VIAL a su conveniencia puede en cualquier momento dar por terminada los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, mediante la comunicación escrita al contratista (Cesar Emmanuel Pavon Mendoza), indicando los motivos de la terminación, pero en la nota de despido no se señala ninguna causal legal de las enmarcadas en el artículo 112 del Código del Trabajo para dar por terminado el contrato de trabajo entre las partes tal como se indica los determinados por la ley; que en la misma nota de despido, se le reconocen todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales para el trabajador reconociendo tácitamente que el despido es ilegal e injustificado.- 5.- Mediante auto de fecha tres de septiembre de dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del FONDO VIAL, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación.- 7.- En fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha seis de noviembre de dos mil doce, el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal del señor CESAR EMMANUEL PAVON MENDOZA.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, formula su único motivo de casación de la siguiente manera: “acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 111 numeral 1, del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 inciso d) de la Ley del Fondo Vial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo”.- III.- Pero es el caso que este Tribunal suficientes veces ha explicado que la infracción directa de la Ley procede cuando un hecho es aceptado por las partes y reconocido por el juzgador y se deja de aplicar la norma que lo regula, además se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números (SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso la terminación del contrato es parte de la controversia suscitada, por lo tanto forma parte de los hechos en litigio del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 591-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL