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Sentencia CL-580-13 — Registro 3601

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, salarios dejados de percibir;segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación la Impetrante incurrió en los defectos que lo hacen inadmisible, a saber: a) cita como norma sustantiva laboral de orden nacional violada, el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, olvidando que esa disposición no ostenta ese carácter; b) no indica si la infracción indirecta de la ley alegada proviene de error de hecho o de derecho; y, c) por un lado sostiene que la prueba fue apreciada y valorada erróneamente y por otro, alega que esa misma prueba no fue apreciada, lo cual es contradictorio ya que una misma prueba no puede ser valorada erróneamente y a la vez, dejada de apreciar.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el o los cargos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1) del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación expuesto adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, por la abogada MARTHA BARAHONA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, salarios dejados de percibir, vacaciones y demás derechos laborales que correspondan a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de reajuste del salario en forma retroactiva en base a igualdad de funciones, y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cinco de octubre de dos mil doce, por el señor ANTONIO ALEXANDER FLORES ZELAYA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ANTONIO ALEXANDER FLORES ZELAYA, en contra del ESTADO DE HONDURAS; CONDENANDO al demandado a reintegrar al demandante a la plaza de Asesor Legal de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda, al pago de los salarios dejados de percibir ajustado al pago mínimo de la escala en donde se encuentra la plaza de Asesor Legal, desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia del demandante, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en fecha 17 de septiembre de 2007, desempeñando el puesto funcional de Asesor Legal; que mediante nota de fecha 28 de junio del 2012, el demandante fue notificado de la decisión tomada por la demandada de dar por terminada la relación laboral que los unía, por lo que dicho despido no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 112 del Código del Trabajo que establece cuales son las causas por las cuales puede ser despedido un trabajador con causa justa y al no invocar ninguna de ellas vuelve el despido injusto e ilegal, violatorio de la Constitución de la República, en sus artículos 127, 129 y 134, en relación a que todo ciudadano tiene derecho a un empleo y a gozar de la estabilidad en su puesto de trabajo; que es importante señalar que el puesto de Asesor Legal que el demandante desempeñaba, continua existiendo después del despido, conservando las mismas funciones, tal es el caso que se han nombrado a otras personas en el puesto en referencia, siendo un acto discriminatorio dicho despido, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo efectivamente una relación de servicios por períodos limitados y determinados con la demandada, mediante el sistema denominado Jornal o Pago por Planillas, en el puesto de Supervisor de Trabajadores, tal y como consta en la Resolución Ministerial emitida por la autoridad nominadora, forma de contratación temporal de trabajo que se encuentra comprendido dentro de los Contratos Individuales que señala el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, que autoriza a todo patrono a realizar contrataciones por tiempo limitado, por otra parte se rechaza también lo manifestado por el demandante en cuanto a la nominación del puesto de trabajo que dice haber desempeñado como Asesor legal, así como la supuesta fecha que establece como inicio de la relación laboral y el salario mensual que aduce haber devengado, pues es característica de este tipo de relación contractual denominada por Jornal o Pago por Planillas a no establecer salarios fijos o mensuales, sino que por ser esta modalidad por tiempo determinado, es un salario diario conforme al mes calendario o a los días laborados, a tal efecto será el demandante que deberá probar en juicio lo declarado sobre dichos extremos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Antonio Alexander Flores Zelaya, en contra del Estado de Honduras; condenó al demandado a reintegrar al demandante a la plaza de Asesor Legal de la Dirección General de Carreteras de Soptravi, al pago de los salarios dejados de percibir ajustado al pago mínimo de la escala en donde se encuentra la plaza de Asesor Legal, desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia del demandante, sin costas; bajo el criterio que el demandado ha aportado al proceso copia debidamente autenticada de la Resolución Número 617 que contiene la Planilla J-18, a través de la cual se contrata al demandante como “SUPERVISOR” por el período comprendido del 28 de septiembre al 31 de octubre del año 2007; por otra parte cuando la juzgadora examinó el expediente de personal del demandante, no encontró información que demostrara que a partir del 31 de octubre del año 2007, el trabajador fue contratado en forma continua para laborar para SOPTRAVI, no obstante, por la facultad que le otorga al Juez Laboral el artículo 30 del Código del Trabajo, la juzgadora presume que la relación desde octubre del año 2007, continuó, presunción que se basa en la prueba DOCUMENTAL que consta a folios 23 en adelante, que se refiere a distintos documentos de escritos de contestación de demandas presentadas por el Estado de Honduras, en las cuales, la Procuradora General de la República, delega el Poder con que actúa en la persona del demandante, también aparecen otros documentos que acreditan actuaciones realizadas por el demandante desde el año 2010, en representación de la Dirección Legal de SOPTRAVI, además de la nota misma de rompimiento de la relación laboral, en la cual la Sub-Gerente de Recursos Humanos de Soptravi, ofrece al demandante el pago de las prestaciones laborales y demás derechos adquiridos; que como consecuencia del análisis anterior, es evidente que el demandante a pesar de haber sido contratado como SUPERVISOR, desde el inicio de la relación laboral se desempeñó como Asesor Legal en la Dirección Legal, por lo tanto la relación laboral fue de carácter indefinido y al momento de producirse el despido del trabajador, SOPTRAVI no dio cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 112 y 117 del Código el Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que ese Tribunal en reiterados fallos ha dejado establecido que la modalidad de jornal no implica que se haya celebrado contrato por tiempo determinado, sino que debe considerarse a estos trabajadores como permanentes en sus puestos, por lo que el demandante ha probado en juicio el despido directo que alega fue objeto; que tal como se desprende de la nota de despido, el Estado de Honduras decidió prescindir de los servicios profesionales del demandante sin señalar causa justa de despido y además acepta pagarle sus prestaciones e indemnizaciones laborales, previo a cumplir con ciertos requisitos que son de obligatoria presentación, lo cual vuelve injusto e ilegal el despido.- 5.- Mediante auto de fecha siete de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada MARTHA BARAHONA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada MARTHA BARAHONA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de diciembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del señor ANTONIO ALEXANDER FLORES, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada MARTHA BARAHONA, en su único motivo sostiene: “Infracción indirecta de los artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; 3 inciso m) de la Ley de Servicio Civil; 9 numeral 14, y 13 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 67, 85, y 91 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2012, contenido en el Decreto 255-2011, por la apreciación y valoración errónea del medio de prueba Documentales: 1) Planilla No.J-18 Resolución Ministerial No.617 que corre a folio 118; 2) Nota de SOPTRAVI de fecha 20 de febrero del 2013 en respuesta a los Oficios No.JLDFM-203-2013 y No.JLTFM-838-2013 Numeral 1 al Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que corre a folio 122; en, que sin duda alguna si se hubiere apreciado y valorado la prueba mencionada otro hubiere sido el destino de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo.”.- III. Que el cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que en su formulación la Impetrante incurrió en los defectos que lo hacen inadmisible, a saber: a) cita como norma sustantiva laboral de orden nacional violada, el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, olvidando que esa disposición no ostenta ese carácter; b) no indica si la infracción indirecta de la ley alegada proviene de error de hecho o de derecho; y, c) por un lado sostiene que la prueba fue apreciada y valorada erróneamente y por otro, alega que esa misma prueba no fue apreciada, lo cual es contradictorio ya que una misma prueba no puede ser valorada erróneamente y a la vez, dejada de apreciar.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el o los cargos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1) del Código del Trabajo, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación expuesto adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 580-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL