Sentencia CL-572-13 — Registro 3672
Resumen
demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el caso de mérito lo legal o justificado del despido notificado al demandante ha sido parte de la controversia y de la prueba, por ende no era viable el ataque al fallo impugnado por el concepto invocado; y, b) en la explicación del cargo hace referencia a normas no citadas como violadas, tal es el caso del artículo 113 del Código del Trabajo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al formular su ataque mediante interpretación errónea, error de hecho y falta de aplicación, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) su explicación ha sido formulada sin claridad y precisión; y, c) cita de forma incompleta el precepto autorizante al omitir el numeral del artículo 765 del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo.- VIII. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- IX. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis dias del mes de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de noviembre de dos mil trece, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMÍREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia respectiva en virtud de un despido directo e injustificado, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dos de julio de dos mil diez, por el señor HECTOR ALONSO GUIFARRO ORTIZ, mayor de edad, soltero, Bachiller en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor HÉCTOR ALONSO GUIFARRO ORTIZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) y CONDENÓ a la institución demandada a reintegrar al demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones mantenidas al momento de ejecutarse el despido y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia, más los derechos que se hayan producido en su ausencia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.), mediante contrato permanente desde el 1 de agosto del 2002, en el cargo de Auxiliar de Planillas en el Departamento de Personal; que en el mes de abril del año 2009 y como suele suceder, las personas que se presentan al Registro Nacional de las Personas a tramitar sus documentos, al no saber que hacer o con quién acudir preguntan al primer empleado que encuentran, fue precisamente, lo que aconteció con un señor llamado Juan Carlos García Padilla, quién se le acercó al demandante para preguntarle ¿cual era el trámite y requisitos para tramitar o solicitar su tarjeta de identidad?; y, como las funciones del demandante son estrictamente con el personal que labora para el R.N.P. y no en trámites, razón por la cual, le informó que la persona indicada para tramitar tarjetas de identidades era el señor Linauro Antonio Mejía, quién se desempeñaba como encargado de la emisión de solicitudes de tarjetas y al parecer del demandante su compañero sabía cuales eran los requisitos y los pasos a seguir; que a raíz de lo anteriormente expuesto, el demandante fue citado a una audiencia de descargo por el Departamento de Inspectoría, en fecha 6 de octubre del 2009, por el supuesto motivo de que al señor Juan Carlos García Padilla, se le había emitido una tarjeta de identidad, por parte del señor Linauro Antonio Mejía, aduciendo la patronal que a dicho señor el demandante lo había recomendado, extremo este que sirvió a la patronal para finalizar el contrato de trabajo del demandante y sin ninguna responsabilidad para el Registro Nacional de las Personas, que el despido que se le notificó al demandante, se considera ilegal e injusto, en virtud de haberse violentado el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que la patronal tenía un mes para hacerlo, pues los supuestos hechos sucedieron en el mes de abril del 2009, la audiencia de descargo se realizó el 6 de octubre del 2009 y el despido se produjo el 1 de marzo del 2010, motivo por el cual el despido notificado al demandante es extemporáneo.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que el demandante fue destituido de su cargo como Asistente de Planilla, dependiente del Departamento de Recursos Humanos del R.N.P. en este Distrito Central y sin responsabilidad alguna para la Institución, en virtud de la falta grave cometida por dicho empleado consistente la misma en haber recomendado y pedido el favor a su compañero de trabajo Linauro Antonio Mejía, de realizar el trámite de emisión de la Tarjeta de Identidad No.0106-1996-00019, que en la base de datos de Registro Civil, corresponde al nombre de Juan Carlos García Padilla, quien fue detenido en las Oficinas de Migración en el momento que tramitaba la emisión de su Pasaporte y, de acuerdo a lo informado por los medios de comunicación, esta persona es de nacionalidad Colombiana. Que la investigación de lo sucedido se realizó a petición del Ingeniero Alfredo Enrique Laínez, Jefe del Departamento de Identificación e Informática del Registro Nacional de las Personas, por lo que está debidamente probado con el acta de audiencia de descargo y demás documentación donde el empleado Linauro Antonio Mejía, acepta que dicho trámite lo realizó a petición del empleado Héctor Alonzo Guifarro Ortiz, sin embargo en su audiencia de descargo, el demandante niega haberle pedido dicho favor a su compañero de trabajo, pero en la audiencia de careo llevada a cabo entre estos dos empleados, el demandante aceptó la falta grave cometida por su persona; que de todos estos hechos ocurridos, hasta el 16 de febrero del 2010 tuvo conocimiento el Directorio de la Institución, que es por ley, en su pleno, la autoridad nominadora, en virtud de haberse enterado en esa sesión del informe de fecha 20 de octubre del año 2009, rendido por la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas, con lo que se comprueba en este caso, que el demandante no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la Institución, la Ley del Registro Nacional de las Personas y su Reglamento, el Código de Trabajo, por haber violentado las obligaciones y prohibiciones especiales que le incumben en razón del cargo que venía desempeñando el demandante.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Héctor Alonso Guifarro Ortiz, contra el Registro Nacional de las Personas, condenando a la institución demandada a reintegrar al demandante al puesto de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y más los derechos que se hayan producido en su ausencia; bajo el criterio que en el presente caso la institución demandada tuvo conocimiento de la irregularidad a través de los medios de comunicación escrita en el mes de mayo del año 2009, según notas que corren a folios 34 al 37 y el señor Jorge Arturo Reina, como Director General del Registro Nacional de las Personas, tuvo conocimiento de la falta en fecha 05 de junio del año 2009 (folio 38), la investigación del caso se inicia desde esa fecha y se procede a citar al actor para tomarle la respectiva audiencia de descargo efectuada en fecha 06 de octubre del año 2009 y el careo de los participantes se llevó a cabo en fecha 08 de octubre del mismo año; que en fecha 22 de octubre del año 2009, el informe N°33 IG-2009 de Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas fue notificado al Directorio, consta en la primera pagina de este informe que fue recibido en esa fecha, la firma de la persona que lo recibió es ilegible, pero cita el día, mes, año y hora de recibo, por lo tanto la autoridad nominadora tuvo conocimiento de dicho informe en el mismo mes de octubre del año 2009; que se realizó la investigación respectiva y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 863 del Código de Trabajo, el empleador solo tenía un mes para despedir al trabajador, o sea, hasta el 22 de noviembre del año 2009, y según se desprende del acuerdo de despido notificado al demandante este fue recibido en fecha 02 de marzo del año 2010, cuando había transcurrido un plazo de más de cuatro meses consecutivos, circunstancia que vuelve el despido ilegal al haber sido notificado de manera extemporánea, fuera de término legal, consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha quince de agosto de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el término de un mes que concede el Código del Trabajo para que el patrono despida con justa causa al trabajador, comenzara a correr cuando el patrono tenga conocimiento del hecho y en el presente caso, el señor Jorge Arturo Reina como Director del Registro Nacional de las Personas, tuvo conocimiento de la falta cometida por el demandante el cinco de junio de dos mil nueve (folio 38), por lo que se ejecutaron las investigaciones correspondientes y es hasta el 22 de octubre de 2009 que se emite el informe final, por lo que el término de un mes que tenía la institución demandada, vencía el 22 de noviembre de 2009 y es hasta el 2 de marzo de 2010 que se procede a efectuar el despido del demandante, es decir, más del mes que señala el Código del Trabajo para despedir al trabajador con justa causa, por lo que en el presente caso hay prescripción de la acción para despedir al demandante.- 5.- Mediante auto de fecha siete de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMÍREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha doce de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMÍREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de diciembre de dos mil trece, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del abogado ANIBAL ALEXANDER RODRIGUEZ CRUZ, en su condición de representante procesal del señor HECTOR ALONZO GUIFARRO ORTIZ, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en el primer motivo, alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 112 Letra L) relacionado con los artículos 97 numerales 1), 2), 3) y 13) del Código del Trabajo, estos relacionados con los artículos 16 numeral 7), 17 numerales 1), 2), 118 numerales 11), 17), 119, 121 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. PRECEPTO AUTORIZANTE……… Este motivo de casación está comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplico las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no está fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por el artículo 112 letra L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3) y 13) del Código Del Trabajo, estos relacionados con los artículos 1, 16 numeral 7), 17 numerales 1), 2) , 118 numerales 11), 17), 119, 121 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio: 1.- Que el demandante fue destituido del cargo de Asistente de Planilla, dependiente del Departamento de Recursos Humanos en éste Distrito Central, por el demandado o sea por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), sin responsabilidad para la Institución a partir del 01 de marzo del 2010, a través de un acuerdo número 020-2010 emitido en fecha 16 de febrero del año 2010. 2.- Que el Acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley Laboral tal como lo dispone el artículo 112 inciso L) relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3), 13) del Código del Trabajo. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la existencia de la acción de despido directo la doctrina y la Jurisprudencia Laboral establece que es obligación del Patrono Probar la justa causa del Despido , y así lo recoge el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, y es así que el patrono debe probar la causa que invoco y señalo concretamente en el Acuerdo de destitución, en el caso que nos ocupa el patrono probó la causa legal y justa en su acción en virtud de haberla invocado en el acuerdo de destitución en forma concreta ; en el acuerdo de destitución se indican los motivos que mi representada tuvo para destituir al demandante y que están plenamente probados en juicio; existen precedentes en los mismos términos dictados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. Al no aplicarse por la Corte Acusada las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 112 inciso L), relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3), 13) del Código del Trabajo, normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada , es evidente la violación alegada en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida el Impetrante que la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el caso de mérito lo legal o justificado del despido notificado al demandante ha sido parte de la controversia y de la prueba, por ende no era viable el ataque al fallo impugnado por el concepto invocado; y, b) en la explicación del cargo hace referencia a normas no citadas como violadas, tal es el caso del artículo 113 del Código del Trabajo.- IV. Que el Impetrante en su segundo motivo arguye: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional contenida en los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1), 2), 3) relacionado con el artículo 112 inciso L), 113 todos en relación con los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo, en infracción indirecta por falta de apreciación en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba aportados al juicio que a continuación singularizo: prueba documental contenida a Folios del 31 al 105, del expediente de Primera Instancia en relación con los demás medios de prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE……… Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE La Honorable Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia , como la Doctrina Laboral han señalado, que para establecer la falta de apreciación por error de hecho en la casación laboral, esta ocurre cuando el Juzgador deja de apreciar los medios de prueba aportados en tiempo y forma , que analizados e interpretados en conjunto con todas las pruebas allegadas a Juicio constituyen evidencia plena sobre los hechos sujetos a prueba en el proceso. En el caso que nos ocupa la corte sentenciadora dejo de apreciar e interpretar los medios de prueba singularizados en el presente motivo, y al excluir estos de la prueba, indujo a la misma a conclusiones equivocadas que trajo como resultado que la sentencia dictada sea contrario a la evidencia probatoria establecida en el juicio. La prueba documental singularizada y que está constituida por el informe rendido por la Inspectoría General de la Institución, por el Acta de audiencia de Descargo levantada al demandante, por el Acta de Careo y demás medios probatorios allegados al juicio, agregados a folios del 31 al 105 de la primera pieza evidencia plenamente en juicio que el patrono si tenía causal para despedir al demandante y que probar en el mismo, debido a que de la simple lectura del acuerdo de destitución relacionado se evidencia que el patrono si invoco hechos o motivos concretos que indujeran a la aplicación de las normas señaladas en el Acuerdo de destitución y que fueron probados en la secuela del juicio, así como los otros medios de prueba mencionados en este motivo. Este criterio ha privado a la jurisprudencia nacional en base a lo que señala la doctrina llevada a la práctica jurídica y el derecho positivo contenido en el código del trabajo esencialmente en lo que dispone los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1), 2), 3), 112 inciso L), 113 en relación con los artículos 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo. Estas pruebas en relación con las demás pruebas aportadas a juicio demuestran que si existió causa o motivo para la destitución, en tanto está plenamente probada la destitución en juicio. Esta prueba documental evidencia que la corte Sentenciadora al no apreciar los medios de prueba aportados al juicio en tiempo y forma, y que dejan plena evidencia de la aplicación de la Ley por parte del Patrono al ejecutar la destitución, condujo a la corte sentenciadora a violar indirectamente a través de las normas procesales y generales relacionados en violación de medio al no aplicar lo que disponen los artículos 738 y 739 en relación con los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1), 2), 3), 112 inciso L), 113 todos del Código del Trabajo, las normas sustantivas de orden nacional invocadas en el presente motivo. Siendo que los medios de prueba relacionados, al ser analizados e interpretados en conjunto con los otros medios de prueba conducen a evidenciar en juicio sin duda alguna la existencia de un despido justificado y sin responsabilidad para mi Representada, y es así que se violentan las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos mencionados anteriormente en violación de medio por vía indirecta por violación de las normas procesales contenidas en los artículos 738, 739 y norma general del articulo 113 todos del Código del Trabajo. Como repito, además de los otros medios de prueba como ser testifical, mediante la cual se probó que el demandante su puesto de trabajo lo tenía en el Edificio Villatoro, Boulevard Morazán, quinto piso, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y se traslado con la persona hasta el lugar donde se extienden las Tarjetas de Identidad, situado en el Edificio que está a la par del IMPREMA frente a BANCATLAN, o sea que existe una distancia grande entre el uno y el otro, y lo que es más grave y que le ocasiona perjuicios graves al País, es que al señor que el demandante ayudó fue detenido en las Oficinas de Migración siendo de nacionalidad Colombiana, o sea usó una Tarjeta de Identidad de un Hondureño”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca como violados, entre otros, el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, norma que no ostenta la condición de sustantiva; b) olvida el Impetrante que para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal ad quem haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, al haber atacado toda la prueba aportada al proceso hace que la infracción alegada no prospere ya que la Corte recurrida realizó el análisis del material probatorio singularizado; c) hace referencia a la prueba testifical, la cual no es reglada y por lo tanto improcedente su ataque mediante este recurso extraordinario; y, d) formula alegatos propios de instancia.- VI. Que el Censor en su tercer motivo alega: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva por interpretación errónea, ya que el sentenciador incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos contenida en los artículos 863 del Código del Trabajo relacionado con los artículos 16 numerales 6) y 7), 17 numerales 1) y 2) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en relación con los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo, en infracción directa por interpretación errónea, ya que el sentenciador incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, al aplicar el artículo 863 del Código del Trabajo, y dejar de aplicar el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, artículo que debió aplicar por estar comprendido en la Ley del Registro Nacional de las Personas, que es la que rige para el personal de la Institución, en cuanto a que el término establecido en el artículo 863 referido, corre a partir de que el Directorio en su conjunto conoce de la investigación realizada. PRECEPTO AUTORIZANTE………… Este motivo está comprendido en el artículo 765, párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORNA SIGUIENTE La Honorable Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia como la Doctrina Laboral han señalado, que para establecer la interpretación errónea, esta ocurre cuando el Juzgador incurre en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, e interpreta de manera errónea la ley, dejando de apreciar lo que establece claramente la norma aplicable al caso concreto. En el caso que nos ocupa la corte sentenciadora hizo una interpretación errónea al dejar de aplicar lo que establece el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, que establece “ATRIBUCIONES CONJUNTAS. Son Atribuciones Conjuntas del Director y los Subdirectores las siguientes:...7) Nombrar, contratar, ascender, trasladar, sancionar y cancelar al personal de la Institución”.- La Corte Sentenciadora al aplicar el artículo 863 del Código del Trabajo, debió de tomar el inicio del término establecido en dicho artículo, el día siguiente en que el Directorio en su conjunto conoció de la investigación realizada a la demandante, dándole aplicación al mismo criterio que ha sostenido en varias Sentencias que le ha dictado al Registro Nacional de las Personas, que los 30 días comienzan a correr una vez que el Directorio en su conjunto conocen de la Investigación que se le levanto al demandante; en éste caso, el Directorio conoció de la investigación el día 16 de febrero del 2010 y resolvió destituir al demandante a partir del 01 de marzo del 2010, por lo que solo habían transcurrido desde aquella fecha a ésta última 13 días, por lo que el Demandante fue despedido de su trabajo dentro del término que establece el artículo 863 del Código del Trabajo; y no como lo mal interpretó. Por lo que llegó a conclusiones equivocadas que trajo como resultado el agravio a mi representado; debió tomar en cuenta el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas. La prueba de mero derecho singularizada y que está constituida por el artículo 863 del Código del Trabajo relacionado con el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas y a la vez relacionados con los artículos 738, 739 Y 858 del Código del Trabajo y que debió ser interpretado de manera correcta por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo, pero que no fue así, evidencia plenamente en juicio que el patrono si destituyó al demandante dentro del término que establecen los artículos relacionados en la forma descrita anteriormente, debido a que de la simple lectura de los artículos de la mencionada Ley se evidencia que el patrono si despidió al demandante dentro del término que establece la ley, y que invocó en los hechos y razones en que se apoya la defensa, motivos concretos que indujeran a la aplicación de las normas señaladas. Es así que se violentan las normas sustantivas invocadas y contenidas en los artículos 863 del código del Trabajo, relacionado con el artículo 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, relacionados con los artículos 738 y 739 del código del trabajo, en violación de medio por interpretación errónea por error de hecho, y por violación de las normas procesales contenidas en los artículos 738, 739 del Código del Trabajo. Asimismo, la Corte Sentenciadora en otros juicios a manejado el criterio que he plasmado en el presente motivo de casación, me refiero a una de esas Sentencias Definitivas, como ser la de fecha 30 octubre 2009 dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, por Demanda interpuesta por el señor GERMAN GENARO AVILA AMADOR contra mi Representado, la cual se me Certificó con el Número 5037-4 con fecha 03 de noviembre del 2009; asimismo, ese mismo criterio han sostenido las Jueces de primera instancia en otros juicios y que he presentado sendas Sentencias para efectos de ilustración y de que no se olvide el criterio que se ha venido sosteniendo. En consecuencia de lo anteriormente expuesto es evidente que procede se case totalmente la Sentencia Definitiva recurrida, en los presentes motivos de Casación”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega formas distintas de violar la Ley al formular su ataque mediante interpretación errónea, error de hecho y falta de aplicación, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) su explicación ha sido formulada sin claridad y precisión; y, c) cita de forma incompleta el precepto autorizante al omitir el numeral del artículo 765 del Código de Trabajo en que encuentra comprendido el cargo.- VIII. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- IX. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 572-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL