Sentencia CL-555-13 — Registro 3554
Resumen
demanda ordinaria laboral de reinstalación a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios;segunda instancia confirmo con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" En cuanto al cargo en estudio, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su conocimiento a fondo como ser: acusa la sentencia por infracción directa de la Ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y siendo que en el presente caso, las causas de terminación del contrato y sus efectos son parte de la controversia suscitada del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal ad quem por la vía invocada"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Tegucigalpa, M.D.C., diez de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintidós de octubre de dos mil trece, por el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral de reinstalación a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir en virtud de despido ilegal e injusto y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de noviembre de dos mil once, por las señoras VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE y SARA ESTHER MATAMOROS CHAVEZ, ambas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del Fondo Vial, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE y SARA ESTHER MATAMOROS CHAVEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, en consecuencia, CONDENÓ al Estado de Honduras, a reintegrar a las demandantes a los puestos de trabajo por lo menos en las mismas condiciones a las que tenía al momento de su despido, más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeuden desde el momento de su despido hasta la fecha de sus reintegros, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con el Fondo Vial, de la manera siguiente: VANESSA JEAMILETH CASTELLANOS VALLE, el 12 de febrero de 2007, desempeñando a la fecha del despido, 17 de junio de 2011, el cargo de Asistente Financiero y Presupuesto; y, SARA ESTHER MATAMOROS CHAVEZ, el 1 de noviembre de 2007, desempeñando a la fecha de despido, 30 de junio de 2011, el cargo de Asistente Contable; que el Director del Fondo Vial haciendo una aplicación poco ortodoxa del artículo 120 del Código de Trabajo, pretende poner fin a la relación laboral con las demandantes, comunicándoles que se les reconocerá el Derecho a la Cesantía, en la que admite al mismo tiempo que la terminación de contrato de trabajo no es por causa imputable a las demandantes; es decir que el patrono, no obstante tales circunstancias se estima obligado solamente al pago del auxilio de cesantía, omitiendo reconocer que en tales casos, o sea cuando no existe justa causa para el despido, procede además de este derecho, las indemnizaciones previstas en el artículo 113 del Código de Trabajo, mismas que las demandantes no están demandando sino la reinstalación de los puestos de trabajo, ya que no han incurrido en ninguna de las causales consignadas en el artículo 112 del mismo cuerpo legal; resultando evidente la ilegalidad y arbitrariedad en que ha incurrido el Director Ejecutivo del Fondo Vial al dar por terminado los contratos de trabajo de las demandantes sin fundamento ni causa legal alguna y por ello procede la reinstalación solicitada.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Fondo Vial, contestó dicha demanda señalando que se rechazó lo manifestado por las demandantes con respecto a los alegatos mediante los cuales las mismas pretenden sorprender al juzgador del caso en su análisis, en virtud de que la cancelación de la relación laboral de las actoras se realizó obedeciendo a las disposiciones legales contenidas en los artículos 12 inciso d) reformado de la Ley de Fondo Vial; 21 inciso e) del Reglamento General de la Ley del Fondo Vial, que dichas disposiciones legales en relación a lo que establece el artículo 120 reformado mediante Decreto 150-2008 del Código del Trabajo que señala: “Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado por alguna de las causas previstas en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador o según se regula en este artículo por retiro voluntario o por fallecimiento del trabajador, el patrono deberá PAGARLE a este un AUXILIO DE CESANTIA de acuerdo con las reglas siguientes: a)... b)... ,c)..., d) En ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de veinticinco (25) meses)…”, de donde se desprende que la institución demandada en obediencia a las leyes y de acuerdo al Contrato suscrito por las partes y no de forma ortodoxa como manifiestan las actoras, pone fin a dicha relación laboral.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras Vanessa Jeamileth Castellanos Valle y Sara Esther Matamoros Chávez, contra el Estado de Honduras, condenando al demandado a reintegrar a las demandantes a los puestos de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se les adeuden, sin costas; bajo el criterio que el contrato de trabajo debe de ejecutarse de buena fe, sin que sea permitida la sorpresa entre los contratantes, de modo que con toda lealtad debe de expresarse por uno de ellos al otro cuales son los motivos determinantes de una extinción unilateral y esa manifestación se debe hacer en el momento que se efectúa la terminación del contrato, por lo tanto peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción del convenio se aduzca por cualquiera de las partes, razones, hechos o motivos que justifiquen esa terminación unilateral o que en juicio se invoquen unas nuevas, no alegadas en el momento de provocarse la ruptura, como ha sucedido en el caso de autos, en que la demandada no le indica a las demandantes en la nota de despido ninguna de las causales de despido permitidas por la Ley contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, todo lo anterior en violación a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de julio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con el objeto del proceso, se entiende que la pretensión o petición se dirige al Juzgador (Juez) frente a otra persona y la resistencia en este caso es la oposición a la pretensión y son los supuestos de hechos de lo que las partes pretenden derivar una consecuencia jurídica, es el ámbito dentro de las cuales se fijan los términos del debate y al demandado no se le admitirán otros motivos de oposición a la demanda que los únicos alegados en su momento para justificar el despido y como se aprecia en las notas de despidos dirigidas para las demandantes y que llevaron a este proceso no puede probarse su justificación porque sencillamente, como se aprecia en las mencionadas notas que se les notificaron a las demandantes, no se expresan en ninguna forma, las causas del despido y que son permitidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que existe violación a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo.- 5.- Mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha veintidós de octubre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diez de diciembre de dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado ALFREDO ERNESTO PONCE SIERKE, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ERAZO, en su único motivo de casación expone los siguiente: “acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Infracción directa por falta de aplicación de los artículos 111 numeral 1 del Código del Trabajo en relación con el artículo 12 inciso d) de la Ley del Fondo Vial y 21 inciso e) del reglamento General de la Ley de Fondo Vial. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1°, párrafo primero del Código del Trabajo.”.- III. En cuanto al cargo en estudio, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su conocimiento a fondo como ser: acusa la sentencia por infracción directa de la Ley, cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y siendo que en el presente caso, las causas de terminación del contrato y sus efectos son parte de la controversia suscitada del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal ad quem por la vía invocada.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de julio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha diez de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 555-13.
DORIS SUYAPA FIGUEROA VALLADARES
RECEPTORA ADSCRITA
SECRETARIA GENERAL