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Sentencia CL-548-13 — Registro 3905

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, pago de los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por despido directo, ilegal e injusto; segunda instancia revocó declarando con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV. En el sub júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal emita un fallo en donde se revoque el fallo impugnado y se confirme el de primer grado, como si se tratare del Tribunal de Segunda Instancia, cuando lo pertinente únicamente es pedir la anulación del fallo y establecer el fallo sustitutivo, es decir, la decisión que pretende se dicte por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, y a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de octubre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de octubre de dos mil trece, por el abogado SANTOS MAGDALENO ELVIR NÚÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor ALEJANDRO RIVERA BENÍTEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, pago de los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por despido directo, ilegal e injusto del que fue objeto el demandante y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de mayo de dos mil once, por el señor ALEJANDRO RIVERA BENÍTEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Procuraduría General de la República, representada por la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de noviembre del año dos mil once, así: a) REVOCAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por el Abogado ALEJANDRO RIVERA BENITEZ en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto condena al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República a pagar al trabajador Alejandro Rivera Benítez, el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS, a trasvés de la Procurara General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO de pagarle al trabajador ALEJANDRO RIVERA BENITEZ el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; c) CONFIRMANDO TOTALMENTE LOS NUMERALES PRIMERO Y CUARTO Y LA PARTE RELATIVA A LA CONDENA DE DERECHOS ADQUIRIDOS (décimo tercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendientes y reajuste de bonificación). SIN COSTAS…”; que el a quo en la parte resolutiva de su sentencia en el numeral primero declaró sin lugar el defecto procesal perentorio de prescripción opuesto por la apoderada legal sustituta del Estado de Honduras y sin costas en primera instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que según acuerdo N° 024-A-006 de fecha 30 de enero del año 2006, emitido por la Procuraduría General de la República fue nombrado en el cargo de Asistente del Despacho de la señora Procuradora General de la República anterior, devengando un sueldo mensual de L.45.000.00, labor que desempeñó con regularidad y responsabilidad; que mediante acuerdo N° PGR-017-10 del 29 de enero del año 2010, emitido por la actual Procuradora General de la República, se canceló el acuerdo de su nombramiento del cargo que desempeñaba el demandante, sin embargo al no establecer dicho acuerdo las justas causas de separación, la Procuraduría General de la República como patrona se hace acreedora a las sanciones económicas establecidas en los artículos 17 y 18 segundo párrafo del Código del Trabajo, y 129 de la Constitución de la República; que al momento de la cancelación le anunciaron verbalmente al demandante el pago total de sus derechos laborales, inclusive se le entregó copia del cálculo de prestaciones laborales por valor de L.364,774.58, suma que se le haría efectivo en los días subsiguientes, luego recibió una llamada de la Gerente de Recursos Humanos, para que fuera a retirar la suma convenida, posteriormente volvió a llamarlo para decirle que ya no llegara, con lo sucedido se comprende que la demandada había solicitado Dictamen Legal a la Secretaría de Trabajo, entendiendo que esperaba dicha opinión legal, misma que se dio recomendando el pago de las prestaciones laborales, por lo que no se puede aplicar el artículo 120 inciso f) reformado del Código del Trabajo, porque solo es aplicable cuando dicha jubilación es obligatoria, y en el caso del demandante al momento de su cancelación ya se encontraba jubilado desde el año 2002, siendo objeto de una jubilación voluntaria, sin embargo la Procuraduría no quiso honrar su compromiso, ofreciéndole solo los derechos adquiridos, situación que le motiva interponer la presente acción; que es importante dejar plenamente establecido, que la presente demanda ya había sido interpuesta ante este Tribunal, en fecha 11 de mayo de 2010, la que se registró bajo el No.00476-10, que en su momento contestó la señora Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado, la que a la vez opuso la “Excepción Dilatoria de Falta de Personalidad del Demandado” donde este juzgado en sentencia interlocutoria dictada en fecha 26 de enero de 2011, declaró CON LUGAR la que fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, conociendo en apelación, mediante sentencia interlocutoria de fecha 8 de mayo de 2011, en tal virtud de conformidad a lo que preceptúa el artículo 868 del Código del Trabajo el cual dice: “El termino prescripción se interrumpe” inciso a) “Por demanda o gestión ante la autoridad competente”, en ese orden al haberse promovido la demanda en fecha 11 de mayo de 2010, ante este Tribunal como autoridad competente, se interrumpió la prescripción, activándose nuevamente el término, a partir del 8 de mayo de 2011, fecha en que la Corte de Apelaciones del Trabajo, notificó en estrados a las partes dicha sentencia.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante estuvo laborando para la Procuraduría General de la República, desde el 30 de enero del año 2006, para ocupar el cargo de Asistente de la señora Procuradora General de la República, antes de ingresar a laborar con el Estado de Honduras, él ya estaba jubilado y suspendió su jubilación para poder ingresar nuevamente, siendo el demandante cancelado del cargo que ocupaba el 29 de enero del año 2010, por la actual Procuradora General de la República, e inmediatamente el demandante paso a su condición de jubilado, sin que por ello se considere que ha sufrido un despido injustificado, observándose que en la demanda de mérito se limita al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales eximiendo de esta manera a la demandada de acreditar la justa causa que tuvo para cancelarlo de su puesto, ya que no ha reclamado el emplazamiento para tales fines, asimismo, la demandada le ofreció al demandante el pago de sus derechos adquiridos por el tiempo que estuvo laborando, pero no aceptó los mismos; que si bien es cierto, se solicitó a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, una opinión en relación con la situación del demandante esta fue como consecuencia de la pretensión del demandante, habiendo opinado dicha Secretaría que el demandante si tiene derecho al pago de las prestaciones, opinión que no se comparte habida cuenta que no se tomó en consideración que él ya gozaba de una jubilación al momento de ser contratado por la entonces Procuradora General de la República, ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA y que al cesar en el cargo pasa a gozar nuevamente de esa jubilación, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 inciso f) del Código del Trabajo, no tiene derecho a las prestaciones reclamadas. En el escrito de contestación opuso el Defecto Procesal Perentorio de Prescripción, por haberle prescrito el derecho para demandar al amparo del artículo 867 del Código del Trabajo, al haber transcurrido más de dos meses contados a partir de la fecha en que el demandante interpuso su Reclamo Administrativo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de agotar el trámite administrativo para exigir el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, reclamo que instauro el 24 de febrero del año 2010 y la audiencia se llevó a cabo en fecha 15 de marzo del año 2010, teniendo el demandante a partir de esa fecha el término de dos meses para presentar su demanda, es decir, el término venció el 15 de mayo de 2010.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, dictó sentencia declarando sin lugar el defecto procesal perentorio de prescripción opuesto por la apoderada legal sustituta del Estado de Honduras, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por despido directo ilegal e injusto, promovida por el señor Alejandro Rivera Benítez, contra el Estado de Honduras, condenando al Estado de Honduras, al pago a favor del demandante de la suma de L.368,718.75, por los conceptos siguientes: preaviso L.112,500.00; auxilio de cesantía L.225,000.00; auxilio de cesantía proporcional L.318.75; décimo tercer mes L.3,870.00; decimocuarto mes proporcional L.26,370.00; vacaciones pendientes L.450.00; reajuste de bonificación L.210.00, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue despedido de su puesto de trabajo el 29 de enero del año 2010 y acudió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a interponer el reclamo administrativo en fecha 25 de febrero del año 2010, habiéndose agotado la vía administrativa el 15 de marzo del mismo año e introduciendo ante ese Juzgado demanda ordinaria laboral en fecha 11 de mayo del año 2010, a la cual se opuso por parte de la demandada una Excepción Dilatoria de Falta de Personalidad, por haberse intentado la demanda directamente contra la Procuraduría General de la República y no contra el Estado de Honduras, excepción que fue declarada CON LUGAR por ese mismo Juzgado en fecha 27 de enero del año 2011, sentencia interlocutoria que fue recurrida por el actor en tiempo y forma, habiendo la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta sección judicial, confirmado dicha sentencia en fecha 09 de mayo del año 2011, es así como el actor vuelve a entablar la demanda ante ese Despacho Judicial en fecha 11 de mayo del año 2011, dos días después de dictado el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, de donde se desprende que el demandante intento en tiempo y forma la demanda de mérito, de tal manera que la tramitación de la primera demanda registrada bajo numero 0476-2010, que paralizó temporalmente la acción, con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha 09 de mayo del año 2011, interrumpió la prescripción de la acción y la segunda demanda esta entablada en tiempo y forma, en consecuencia es procedente declarar SIN LUGAR el Defecto Procesal Perentorio de Prescripción, opuesto por la apoderada demandada; que nadie puede ser despedido de su puesto de trabajo, sino por las causas de separación indicadas en la norma laboral, siempre y cuando se haya seguido el procedimiento Reglamentario Interno y que la aplicación de la sanción este en concordancia con la falta cometida y en el presente caso la demandada no ha demostrado con ningún medio de prueba de los allegados al juicio, haber tenido motivo justa para proceder al despido del demandante; que en el caso de autos el demandante reclama el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, que es la controversia que se genera dado que el empleador, la Procuraduría General de la República, se niega a pagar las prestaciones laborales del actor, aduciendo que éste pasa inmediatamente a gozar del beneficio de jubilación, apreciación completamente errónea, por cuanto el demandante no está pasando a situación de jubilado en ese momento, él ya había adquirido ese beneficio mucho antes de ingresar a prestar sus servicios, derecho que tuvo que suspender ante el INJUPEMP, de tal manera que el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legalmente le corresponden al demandante por haber laborado 4 años consecutivos al servicio del Estado de Honduras, en igualdad de condiciones a cualquier otro empleado o funcionario con estatus de permanente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio de dos mil trece, dictó sentencia reformando la sentencia del a quo, en el sentido de revocar parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en consecuencia, declaró sin lugar la demanda promovida por el abogado Alejandro Rivera Benítez, en cuanto a dichos conceptos; revocando parcialmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia, en consecuencia, absolvió al Estado de Honduras, de pagarle al demandante los conceptos antes mencionados; confirmando totalmente los numerales primero y cuarto, y la parte relativa a la condena de derechos adquiridos (décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes y reajuste de bonificación), sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la Corte Suprema de Justicia anula la sentencia dictada por ese Tribunal, por considerar que debió de declararse con lugar los derechos adquiridos solicitados por el demandante en su demanda y condenados en la primera instancia, sin embargo también es cierto que ese Tribunal si concedió los derechos adquiridos al señor Alejandro Rivera Benítez, ya que conforme la sentencia anulada, únicamente reforma la sentencia de primera instancia en forma parcial, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, lógicamente la reforma es parcial porque dejo vigente (vivo) la parte que condena al pago de los derechos adquiridos, por considerar, al igual que la Corte Suprema de Justicia, que los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe de ser respetado y no vulnerado.- 5. Mediante auto de fecha nueve de septiembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SANTOS MAGDALENO ELVIR NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del señor ALEJANDRO RIVERA BENÍTEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha diez de octubre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado SANTOS MAGDALENO ELVIR NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del señor ALEJANDRO RIVERA BENÍTEZ, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de noviembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte de la abogada CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado SANTOS MAGDALENO ELVIR NUÑEZ, desarrolla su parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “…RESUELVE: 1.- CASAR DE MANERA PARCIAL EL FALLO RECURRIDO, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial el día martes treinta (30) de julio del dos mil trece, la que obra a folios 30, 31 y 32 de la segunda pieza, en consecuencia, 2) REVOCA el numeral 1) letras a) y b) de la sentencia recurrida, 2.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de noviembre de dos mil once, en cuanto a que DECLARA SIN LUGAR el DEFECTO PROCESAL PERENTORIO DE PRESCRIPCION opuesto por la apoderada Legal Sustituta del ESTADO DE HONDURAS por medio de la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de generales también conocidas; contra la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; promovido por el señor ALEJANDRO RIVERA BENITEZ de generales expresadas. 2.- Declara CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más el pago de salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos; por despido directo ilegal e injusto; promovida por el señor ALEJANDRO RIVERA BENITEZ contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 3.- CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, pagar al señor ALEJANDRO RIVERA BENITEZ, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps. 368.718.75) por los conceptos siguientes: Preaviso Lps. 112,500.00; Auxilio de Cesantía Lps. 225,000.00; Auxilio de cesantía proporcional, Lps. 318.75;Décimo Tercer Mes Proporcional, Lps. 3,870.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional, Lps. 26,370.00; Vacaciones pendientes, Lps. 450.00; Reajuste de Bonificación, Lps. 210.00;Mas el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia definitiva. 4.- CON COSTAS.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV. En el sub júdice, el Recurrente pretende que este Tribunal emita un fallo en donde se revoque el fallo impugnado y se confirme el de primer grado, como si se tratare del Tribunal de Segunda Instancia, cuando lo pertinente únicamente es pedir la anulación del fallo y establecer el fallo sustitutivo, es decir, la decisión que pretende se dicte por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, y a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha siete de octubre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 548-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL