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Sentencia CL-543-13 — Registro 3683

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios; segunda instancia reformo y declaró sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en este cargo la Impetrante no formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) que los dos literales del artículo 113 del Código del Trabajo no deben invocarse al mismo tiempo, ya que resultarían excluyentes entre si, porque uno comprende el derecho opcional al reintegro y el otro al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por terminación injustificada del contrato de trabajo; b) no deja claro si la supuesta violación por vía indirecta es producto de un error de hecho o de derecho, requisito necesario según el artículo 769 inciso b) del Código del Trabajo; y, c) alude a la infracción indirecta por errónea apreciación del medio de prueba documental, pero en su explicación arguye que hubo falta de apreciación de la misma.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que esta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que por su medio se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el único motivo de casación expuesto adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional de fondo solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar el presente recurso"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

SALA LABORAL – CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de agosto de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de octubre del año dos mil trece, por la abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada de la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, especial condena en costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce, por la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA, mayor de edad, soltera, Médico Cirujano, hondureña y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de agosto del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha once de junio del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha once de junio de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1) y 2) de la sentencia apelada los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, especial condena en costas, salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios promovida por la Abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID en su condición de apoderada de la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República; 2) ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, de toda responsabilidad laboral proveniente del presente juicio.- 3..- CONFIRMAR el numeral 3) de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS ADEUDADOS, ESPECIAL CONDENA EN COSTAS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovido por la Abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID en su condición de apoderada de la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República.- Sin costas en esta instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició a laborar en la Secretaría de Salud Pública en el mes de junio del año 2011, mediante contrato por tiempo determinado con vigencia al mes de diciembre del año 2011, asignada al Hospital San Felipe, que al vencimiento de su contrato continuó laborando en el Hospital San Felipe, realizando su trabajo en forma normal, es decir, cumpliendo a cabalidad su jornada de trabajo que era de lunes a viernes de las siete de la mañana a la una de la tarde y bajo la correspondiente subordinación, laborando de manera ininterrumpida hasta el mes de junio del año 2012; consigna que durante el periodo comprendido del mes de enero al mes de junio del año 2012 (6 meses), no recibió pago alguno, no obstante, cumplió con las funciones asignadas bajo la correspondiente subordinación, dependencia y horario de trabajo, aún cuando no se firmó contrato posterior, esto porque las autoridades del Hospital San Felipe aseguraban que tarde o temprano se firmaría el mismo, pero esto nunca ocurrió.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Salud, contestó dicha demanda señalando que rechaza el contenido del hecho segundo de la demanda, en virtud de que la Doctora Karla Patricia Rivera Barahona, si en realidad siguió laborando para la institución después de haber finalizado el término de su último contrato el 31 de diciembre de 2011, esto fue por pura liberalidad de la demandante y no porque existe la celebración de un nuevo contrato de Servicios Profesionales firmado, lo que exime a la institución de cualquier responsabilidad; que no estaba obligado a prorrogar el Contrato que finalizó el 31 de diciembre del 2011, pues ya lo expresa así el Contrato en su Cláusula tercera que a la letra dice: “Este contrato no será prorrogable” razón por la cual no estaba obligado a prorrogarlo durante el primer semestre del año 2012, por lo cual no existe ninguna responsabilidad, ya que la demandante aceptó y consintió el plazo por el cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud se obligó a contratar, fuera del tiempo señalado en el contrato ya es decisión y por voluntad de la demandante; pues el hecho que ella haya permanecido laborando como supuestamente señala, no obliga a la Secretaría de Estado a contratarla ni reconocerle derecho alguno.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de junio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos, condenando al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización del contrato hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria, sin costas. Criterio: que al no haber existido ningún tipo de contrato durante el tiempo en que la demandante siguió laborando, es decir del 2 de enero del 2012 al 30 de junio del 2012, tal como se acredita con la constancia de fecha 27 de diciembre del 2012, extendida por el Jefe de Sala de Medicina Interna de Mujeres del Hospital General San Felipe y ante la presunción de que toda relación laboral debe de estar regida por contrato de trabajo, se tiene que la relación laboral que existió entre las partes que intervienen en el presente juicio, fue por motivo indefinido y que la misma finalizó el 30 de junio del 2012, por lo que la parte demandada debió haberle comunicado a la demandante la decisión unilateral y al no haberlo hecho se violentó lo preceptuado en el artículo 117 del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar sin lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados y salarios dejados de percibir, absolviendo al demandado del pago de estos conceptos, confirmando el resto de la sentencia, sin costas. Criterio: que ha quedado acreditado en el proceso, que a las partes les unió un contrato de servicios profesionales, ya que la prestación del servicio profesional solamente podrá realizarse por quien tenga un título profesional reconocido por la ley y que esté debidamente colegiado, siendo estos profesionales, los que podrán celebrar contratos de esta naturaleza y la materia sobre la que verse, deberá estar necesariamente relacionada con aquella para la que ha sido autorizado, es decir que la demandante fue contratada para ejercer como médico general en el Hospital General San Felipe, cargo que solo pueden desempeñar los profesionales de la medicina; por lo que la demandante era una empleada temporal y no tenía mas obligaciones que las que se generaron del mismo contrato.- 5.- Que mediante auto de fecha nueve de septiembre del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, actuando en su condición de apoderada de la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha nueve de octubre del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, actuando en su condición de apoderada de la señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado RENE VALLE PADILLA, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada ELSA MARINA DOMINGUEZ DEL CID, en el único motivo de casación expresa: “Acuso a la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden Nacional por infracción indirecta proveniente de la errónea apreciación del medio de prueba documental que obra a folios que obra a folio 53, 54 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, y 80. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden violada está contenida en el artículo 113 interpretado párrafos segundo y tercero literales a) y b) en relación al artículo 60 párrafo primero del Código del trabajo; 17 inciso e). REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA. La prueba de jada de apreciar en este motivo es: DOCUMENTAL: Consiste en: 1) Constancia en folio 43 firmada por el Dr. Rubén Antúnez jefe de la Doctora Karla Patricia Rivera Barahona. 2) Oficio N° 1920 médicos por Contratos. 3) Oficio N° 0099 del 2012 firmado por el Dr. Arnaldo Zelaya Rodríguez es el Director General del Hospital San Felipe. 4) Folio N° 57 firmado por el Abogado Raúl Matamoros Bertot. 5) Folio N° 58. 6) Folio N° 59. 7) Folio N° 60. 8) Folio N° 61. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del código del trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal Ad Quem al momento de proferir el fallo objeto de este recurso ha cometido falta de apreciación de la prueba documental aportada al proceso, la que la empujado a quitar una sentencia que infringe o indirectamente a la norma sustantiva laboral supra señalada. La errónea apreciación proviene de cómo se valoró la prueba presentad por la Señora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA porque es inconcebible señores Magistrados que una persona que es médico vaya instalarse a un Hospital sin la aceptación y sin las instrucciones de los Jefes de Sala y sin reportar la tarjeta de asistencia como prueba que se encuentra en la demanda del Juzgado del trabajo el desorden en que trabaja el ministerio de Salud es el único responsable de esta situación que trabajan los médicos sin los tramites respectivos pero con la ubicación en dichos hospitales y responsabilidad que si fuera contrario sería la Doctora KARLA PATRICIA RIVERA BARAHONA la responsable de cualquier cosa que la pasara a cualquier paciente para eso sí sería responsable pero para cobrar sus salarios y reclamar sus derechos no tiene ninguna facultad mejor dicho trabajo de regalo al Estado, sirvió al Estado, sirvió a los enfermos y el estado desorganizado que es lo que palpa no se hace responsable de los derechos que a ella como trabajadora le asisten, que peligroso es jugar en esta forma que el Estado no se responsabiliza de los derechos que prestan los médicos en sus Hospitales siendo una función del estado la salud y que fácil hayan evadir la responsabilidad cuando el tiempo que ellos han prestado sus servicios le permitieron la entrada la dieron el derecho y la establecieron en su plaza, además es inconcebible como piensa la Procuradora ETEHEL SUYAPA DERAS ENAMORADA que el Estado no es responsable del sueldo y derechos de estos trabajadores en una función tan sagrada como lo es la salud en donde se hacen el esfuerzo por salvar vidas. La Corte de Apelaciones cometió el error de no apreciar la prueba presentada y darle el valor que realmente tiene.”.- III. Que en este cargo la Impetrante no formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) que los dos literales del artículo 113 del Código del Trabajo no deben invocarse al mismo tiempo, ya que resultarían excluyentes entre si, porque uno comprende el derecho opcional al reintegro y el otro al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por terminación injustificada del contrato de trabajo; b) no deja claro si la supuesta violación por vía indirecta es producto de un error de hecho o de derecho, requisito necesario según el artículo 769 inciso b) del Código del Trabajo; y, c) alude a la infracción indirecta por errónea apreciación del medio de prueba documental, pero en su explicación arguye que hubo falta de apreciación de la misma.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que esta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que por su medio se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el único motivo de casación expuesto adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional de fondo solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar el presente recurso.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de septiembre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha doce de agosto del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 543-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL