Sentencia CL-522-13 — Registro 3634
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido sin seguir el procedimiento legal y sin ninguna causa justificada y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Pero es el caso que el motivo de casación antes expuesto no constituye una proposición jurídica completa en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) la Impugnante alega dos formas distintas de violar la ley: infracción indirecta e interpretación errónea, modalidades de violación que se contraponen entre si y que no pueden alegarse en un mismo cargo; y, b) la imprecisión del tipo de violación hace que el precepto autorizante no cumpla su cometido en encuadrar el tipo de violación alegada por la Infirmante. En consecuencia es procedente desestimar este primer motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintidós de julio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de octubre de dos mil trece, por la abogada TULA HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor ERICK ALEXANDER HERRERA MATUTE; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido sin seguir el procedimiento legal y sin ninguna causa justificada y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con arreglo a derecho quede reintegrado el demandante en el puesto de trabajo y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce de septiembre de dos mil doce, por el señor ERICK ALEXANDER HERRERA MATUTE, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ERICK ALEXANDER HERRERA MATUTE, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) y ABSOLVIÓ a la demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 2 de febrero de 2001, desempeñándose en el cargo de Trabajador I de la UNAH, en el momento del despido estaba asignado al área de transporte, desempeñándose como recolector de basura; que el demandante se desempeñaba como Conserje en el Departamento de Pre Intervención del Gasto durante nueve meses y después lo trasladaron al Departamento de Mantenimiento, luego se le otorgaron sus vacaciones y al regresar de estas lo trasladaron en contra de su voluntad al Departamento de Transporte en recolección de basura, lo que aparte de ir en contra de la voluntad también va en contra de la cláusula 25 y 29 del Contrato Colectivo vigente, cuyo cambio afectó la salud del demandante, siendo diagnosticado con depresión laboral; que en el período comprendido del 20 de abril al 19 de mayo del año 2012, el demandante se encontraba incapacitado, pero desconocía los términos que tiene plasmada la Ley del Seguro Social y no sabía que debía refrendar las incapacidades porque nadie le explicó absolutamente nada en dicha institución ni en el trabajo; que el demandante presentó la incapacidad tanto al IHSS como al patrono, quien no quiso aceptarla y por el contrario, a sabiendas que el demandante tenía un documento que acredita la incapacidad, de manera injusta la demandada procedió a levantarle una acta alegando que el demandante abandonó el trabajo, lo que no es cierto, ya que dicho sea de paso el procedimiento para levantar actas en la UNAH no existe, porque no está así contemplado en el Contrato Colectivo, ni en la Ley Orgánica de la UNAH, además de lo anterior que no hay un reglamento interno de trabajo que la demandada pudiera aplicar, por lo tanto de manera injusta la demandada procedió a despedir al demandante el 16 de mayo del año 2012, entregándole la nota de despido, argumentando en la misma el abandono de trabajo por parte del demandante, lo cual no es cierto, porque en honor a la verdad es que el demandante se encontraba enfermo e incapacitado por facultativo, siendo una situación de fuerza mayor por ser ajena a la voluntad del demandante.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que al demandante se le canceló de su puesto como Trabajador I dependiente del Departamento de Servicios Generales de la UNAH, en virtud de que faltó a su trabajo los días 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de abril de 2012 sin permiso de la demandada y sin justificación o certificación de incapacidad debidamente acreditada; que el demandante quiere sorprender a la judicatura manifestando que desconocía los términos establecidos en la Ley del Seguro Social para el refrendo de las incapacidades, en primer lugar, nadie puede alegar ignorancia de la ley, y para el presente caso, el artículo 10 del Reglamento para la extensión de certificado de incapacidad temporal laboral claramente establece el procedimiento y los términos a seguir para la ratificación o refrendo de una incapacidad, en segundo lugar, no es la primera incapacidad que se le extiende al demandante, ya que en reiteradas ocasiones en años anteriores se le habían extendido varias incapacidades, para las cuales si cumplió con el procedimiento establecido, en todo caso, de ser cierto que el demandante contaba con una incapacidad extendida a su favor, este en ningún momento la acreditó ante el patrono e incluso manifestó en el acta de defensa que el médico tratante no le extendió una incapacidad; que la demandada ha sido suficientemente tolerante con el demandante, pues este era reincidente en conductas iguales, es decir, que era costumbre que se ausentara de su puesto de trabajo sin permiso o incapacidad alguna, y es debido a dichas conductas que la demandada ya lo había sancionado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Erick Alexander Herrera Matute, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en consecuencia, absolvió a la demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que el despido del demandante se produjo por haberse ausentado de su trabajo sin causa justificada y no porque el patrono no haya querido aceptar la supuesta incapacidad médica por no contar con el refrendo del IHSS, porque de conformidad a la secuencia cronológica de las fechas en las cuales se dieron los hechos relevantes de la situación sometida a la consideración judicial, resulta que cuando al trabajador se le dio la oportunidad de defenderse el día 11 de mayo del 2012, no poseía ninguna incapacidad médica que justificara el abandono a su trabajo y fue esa y no otra la situación que el patrono valoró como justificativa del despido, en consecuencia, el despido del demandante fue legal y justo, lo cual motiva declarar sin lugar la presente demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de julio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandada para acreditar la justa causa del despido alegó al juicio prueba Documental e Inspección Ocular, consistente en los reportes de entradas y salidas de la institución donde consta las inasistencias del demandante a su centro de trabajo; que la falta grave está debidamente acreditada, ya que si bien es cierto enfermarse y asistir a tratamiento médico es un derecho humano reconocido universalmente, también es cierto que las mismas normas determinan derechos y obligaciones para patronos y trabajadores, en este caso el trabajador estaba obligado, en primer lugar, a notificar su incapacidad a la institución donde presta sus servicios de manera provisional el mismo día de su inasistencia y, en segundo lugar, a realizar el trámite de refrendo de la incapacidad ante el IHSS, de manera que el despido se ejecutó bajo la existencia de justa causa de las establecidas previamente en la Ley, debidamente comprobada.- 5.- Mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del señor ERICK ALEXANDER HERRERA MATUTE, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha diez de octubre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del señor ERICK ALEXANDER HERRERA MATUTE, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JORGE LUIS PÉREZ BURGOS, en su condición de representante procesal de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la abogada TULA HERNANDEZ formula su primer motivo de casación de la siguiente manera: “Acuso “La sentencia recurrida de fecha diecisiete de Julio del año dos mil trece” en su totalidad, de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta, por interpretación errónea del artículo 95 numeral 6 del Código del Trabajo que señala: Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 6) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratarlos de palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad.- El articulo 96 numeral 9, 11 y 12 del Código del Trabajo señala: Se prohíbe a los patronos: 9) Ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de estos; 11) Imponer a los trabajadores penas o sanciones que no hayan sido autorizadas por las leyes o reglamentos vigentes, y, 12) Exigir la realización de trabajos que ponen en peligro la salud o la vida del trabajador cuando dicha condición no esté expresamente convenida.- estas disposiciones en relación con el artículo 113 del Código del Trabajo interpretado, que dice: La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el articulo anterior, surte efectos desde que patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, los salarios que este abría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva.- El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato, para que le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que hace referencia la primera parte de este articulo; y, b) Si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido, injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho.- Esta violación fue realizada o materializada por parte de la Corte Sentenciadora, Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, donde confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán. PRECEPTO AUTORIZANTE. EL presente motivo invocado se subsume en el Artículo 765 numeral 1º párrafo primero del Código del Trabajo, que dice: Son causales de casación: 1º.- Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por…/., o interpretación errónea. PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO.- La norma sustantiva de orden nacional vigente o precepto legal sustantivo de orden nacional, que se estima violado es el artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9, 11 y 12, 410, en relación al articulo 113 párrafo tercero literal b) todos del Código del Trabajo, en estrecha relación con las clausula 1,2, 11, 12, 18 y 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la UNAH y el SITRAUNAH, consecuentemente por interpretación errónea de norma sustantiva de orden nacional y por contravenir el principio de razonabilidad y de proporcionalidad. CONCEPTO DE LA INFRACCION.- De acuerdo al artículo 769 numeral 5 literal a) del Código del Trabajo, se establece que el concepto de la infracción se centra en la interpretación errónea de norma sustantiva de orden nacional contenida en artículo 95 numeral 6 y articulo 96 numeral 9, 11 y 12, 410, en relación al articulo 113 párrafo tercero literal b) todos del Código del Trabajo, en estrecha relación con las clausula 1, 2, 11, 12, 18 y 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre la UNAH y el SITRAUNAH, por interpretación errónea de norma sustantiva de orden nacional relacionada con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.- III. Pero es el caso que el motivo de casación antes expuesto no constituye una proposición jurídica completa en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) la Impugnante alega dos formas distintas de violar la ley: infracción indirecta e interpretación errónea, modalidades de violación que se contraponen entre si y que no pueden alegarse en un mismo cargo; y, b) la imprecisión del tipo de violación hace que el precepto autorizante no cumpla su cometido en encuadrar el tipo de violación alegada por la Infirmante. En consecuencia es procedente desestimar este primer motivo de casación.- IV. La Recurrente establece su segundo motivo de casación de la siguiente manera: “Acuso “La sentencia recurrida de fecha diecisiete de Julio del año dos mil trece” en su totalidad por ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional e infringir indirectamente el ordenamiento jurídico nacional, por lo que debe ser anulada, por error de hecho en la indebida apreciación de la prueba con lo que dejó de apreciar el contenido de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- Esta violación se produce por apreciación errónea de la prueba documental presentada por la demandada, consistente en la copia autenticada de la GACETA del 11 de Febrero del 2005 que corre a folio 16 vuelto y 17 frente de la primera pieza de autos, mediante la cual la Corto sentenciadora aprecia erróneamente de hecho, dicha prueba documental en el sentido de que no apreció en su conjunto la exposición del artículo número 10 del reglamento para la extensión de certificado de incapacidad temporal, por cuanto dejó de apreciar el párrafo segundo del ya citado artículo 10 del reglamento para la extensión de certificado de incapacidad temporal que corre a folio 17 frente de la primera pieza de autos y con ello se produce la apreciación errónea del contenido de los articulo 738 y 739 del Código del Trabajo y por ende violación de derechos de primera y segunda generación en perjuicio del demandante, por la apreciación errónea de la prueba documental, en relación al articulo 113 del Código del Trabajo en su párrafo tercero literal b). PRECEPTO AUTORIZANTE. Se fundamenta este motivo en el Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, que dice: Son causales de casación: 1°.- Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por apreciación errónea de la prueba o.../. Esta violación se da por haber incurrido el sentenciador en error de hecho que aparece de manifestó en los autos. Cuando al Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán dictó sentencia confirmando la sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, incurrió en la violación de ley sustantiva de orden nacional por error de hecho en la indebida apreciación de la prueba con lo que dejó de apreciar el contenido de los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo, y lo explico así: La determinación del patrono de despedir al trabajador demandante y con quien a contendido, no encuentra causa que le justifique su accionar en el hecho de que el trabajador haya faltado a su trabajo sin causa justificada, este hecho no fue probado en forma fehaciente y el tribunal sentenciador no quiso apreciarlo así, en el caso de los articulo 738 y 739 del Código del Trabajo que refiere a la obligación del Juez sentenciador de observar el contenido de los mismos para proferir su fallo, por lo que se colige que de acuerdo al espíritu la normativa contiende con ella lo que el patrono hizo, y no solo eso sino que despidió al trabajador sin seguir ningún procedimiento del ya establecido de antemano en la ley y en los principios, por lo que la Corte Sentenciadora debió apreciar que a las normas nacionales señaladas como violadas no corresponde su verdadero espíritu para el cual fue creada por el legislador, violando la norma sustantiva por error de hecho en la indebida apreciación de la prueba con lo que dejó de apreciar el contenido de los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO.- La norma sustantiva de orden nacional vigente violada por apreciación errónea de prueba, es el contenido en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación al articulo 113 párrafo tercero literal b) del mismo Código del Trabajo vigente, por error de hecho”.- V. Pero es el caso que el motivo de casación antes expuesto, al igual que el anterior cargo, no constituye una proposición jurídica completa en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) alega dos formas distintas de violar la ley: por falta de apreciación y apreciación errónea, modalidades de violación que se contraponen entre si y que no pueden alegarse en un mismo cargo; y, b) las normas señaladas como infringidas, artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan la característica de ser sustantivas, requisito indispensable para la prosperidad del cargo. En consecuencia es procedente desestimar este segundo motivo de casación.- VI. Por las razones anteriormente expuestas es procedente desestimar el recurso de casación en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de agosto del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintidós de julio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 522-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL