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Sentencia CL-519-13 — Registro 17841

Resumen

Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el restablecimiento de un derecho afectado, INFOP, sin tener una cuota fija de deducción y aun más importante, ha venido entregando todo el salario de los demandantes a la Cooperativa COMIL, dejando su remuneración salarial en cero.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. veintitrés de septiembre de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diez de octubre de dos mil trece, por el abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores ERCILIA TEREZA MATUTE LÓPEZ y DANIEL ALFONSO SALGADO MENCÍA, en relación a la demanda ordinaria laboral para el restablecimiento de un derecho afectado, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de julio de dos mil doce, por el abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de los señores ERCILIA TEREZA MATUTE LÓPEZ, Perito Mercantil y Contador Público y DANIEL ALFONSO SALGADO MENCÍA, Técnico en Fotomecánica, ambos mayores de edad, casados, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su representante legal de ese entonces, señor DAVID CHAVEZ MADISON, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de julio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de mayo de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Ercilia Tereza Matute y Daniel Alfonso Salgado Mencía, contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP); absolviendo a la institución demandada de restablecer un derecho supuestamente afectado a los demandantes, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que actualmente trabajan en el Instituto Nacional de Formación Profesional “INFOP y contrajeron durante el año 2008, una obligación civil a favor de la Cooperativa Mixta INFOP Limitada “COMIL”, en virtud de un préstamo ordinario por las aportaciones que tenían en la cooperativa, sin embargo no se les entregaron los documentos que acreditan la celebración y contenido íntegro de los contratos suscritos, acompañado del plan de pagos o de cualquier otro documento donde se formalice la prestación del servicio, asimismo debido a que en el Contrato Colectivo de Trabajo del “INFOP”, existe una cláusula en la cual se le permite a la institución deducir previo a una autorización por escrito de los trabajadores, una cuota de su salario para efectuar los pagos de los préstamos a favor de la Cooperativa “COMIL”, pero es de gran importancia mencionar que a partir de la fecha de cada préstamo, el INFOP, sin tener una cuota fija de deducción y aun más importante, sin contar con una resolución judicial de embargo salarial emitida por un juzgado competente, ha venido entregando todo el salario de los demandantes a la Cooperativa COMIL, dejando su remuneración salarial en cero, esto a pesar de los muchos esfuerzos que los demandantes han efectuado para encontrar una solución viable al problema, ya que inclusive se ha desautorizado formalmente por escrito al “INFOP”, para que continúe deduciendo arbitrariamente todo el sueldo de los demandantes, por tal motivo el “INFOP”, ha estado actuando en mala forma por mucho tiempo, debido a la presiones que la Junta Directiva de la Cooperativa “COMIL” para lucrarse indebidamente a costa de sus cooperativistas y por ende de las familias de estos; que los demandantes no niegan la existencia de una deuda para con la Cooperativa COMIL, ni mucho menos pretenden evadir la deuda contraída, por el contrario, tal y como consta en el Testimonio de la Escritura Pública No.154 de Acta Notarial levantado por el notario Mario Aquiles, los demandantes han solicitado a la Directiva de la Cooperativa, información de los estados de cuentas, para así poder honrar su deuda, pero nunca fueron escuchados, por lo que este asunto lo está conociendo la autoridad competente “IHDECOOP”.- 2. La parte demandada, INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que únicamente hace deducciones que el trabajador autoriza y en el presente caso son obligaciones que los demandantes adquirieron con la Cooperativa, por ende si se ha efectuado alguna deducción se ha hecho de conformidad a la Cláusula 73, antes cláusula 71 del Contrato Colectivo y porque el trabajador autorizó las deducciones, en tal sentido no es un conflicto de la institución como tal, sino un conflicto entre el trabajador y la cooperativa, ya que son compromisos económicos que los trabajadores adquirieron con la cooperativa, autorizando a la institución les hicieran las deducciones del salario que devengan mensualmente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Ercilia Tereza Matute López y Daniel Alfonso Salgado Mencía, contra el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP); absolviendo a la institución demandada de restablecer un derecho supuestamente afectado a los demandantes, sin costas; bajo el criterio que en el caso que se conoce los demandantes aseguran que la Cooperativa “COMIL” del INFOP, les está practicando deducciones que ellos no han autorizado, sin embargo la Ley de Cooperativas señala que estas Instituciones Financieras tienen como objetivo la creación de fondos con la aportación de todos los asociados o agremiados a la Cooperativa, se forma con la aportación de todos los empleados o particulares según el caso, que deseen formar parte de la misma, cuya finalidad principal es la de ahorro del afiliado y de ese fondo poder facilitar préstamos de toda naturaleza a sus socios o cooperativistas, el pago de los mismos se realiza a través de planillas mensuales; que en el presente caso podemos claramente observar que la Cooperativa “COMIL”, mediante la resolución del Comité de Crédito, les aprobó a los demandantes un préstamo por valor de L.500.000.00 a cada uno de ellos, que deben pagar en cuotas de L.9,500.00 mensuales en un plazo de 120 meses y en el mismo documento los actores autorizan al Departamento Administrativo del INFOP, para que mensualmente les deduzcan de su sueldo, consintiendo la forma de pago del préstamo facilitado a los demandantes, de tal manera que la retención o deducción efectuada por INFOP al sueldo que devengan los demandantes, fue legalmente autorizada por los demandantes, no es arbitraria como lo exteriorizan en su escrito de demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de julio de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que mediante las pruebas presentadas por las partes, se ha constado que los demandantes como empleados permanentes del INFOP, contrajeron en el año 2008 una obligación civil a favor de la COOPERATIVA MIXTA INFOP LIMITADA “COMIL” en virtud de un préstamo por la cantidad de L.500.000.00 cada uno de ellos y que serian cancelados mediante lo que dispone el contrato colectivo de trabajo del INFOP y en la cual existe una cláusula que permite a la institución deducir, previa autorización por escrito de los trabajadores, una cuota de L.9,500.00 mensuales de sus salarios para efectuar los pagos de los prestamos a favor de la Cooperativa COMIL, respectivamente, en un plazo de 120 meses; que conforme el sueldo devengado por ellos se les deduce las aportaciones a la Cooperativa del INFOP, el Seguro Social, cuota sindical, cuota del INJUPEMP, deducción del Impuesto Sobre la Renta, cuota de un fondo especial y otras deducciones; que en todas las instituciones del Estado, empresas privadas, existen estas deducciones que son legales y en el presente caso el INFOP ha actuado conforme a la ley y no ha existido abuso de autoridad y no ha existido problema viable que resolver con los demandantes, ya que no deduce arbitrariamente todo el sueldo de ellos y como se expreso anteriormente todas las deducciones hechas han sido conforme a la Ley y conforme la cláusula 73 del Contrato Colectivo, autorizadas por los propios demandantes, por lo consiguiente no es un conflicto de la institución sino entre ellos y la Cooperativa.- 5.- Mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de representante procesal de los señores ERCILIA TEREZA MATUTE LÓPEZ y DANIEL ALFONSO SALGADO MENCÍA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diez de octubre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, en su condición de representante procesal de los señores ERCILIA TEREZA MATUTE LÓPEZ y DANIEL ALFONSO SALGADO MENCÍA, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta de octubre de dos mil trece, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado RAÚL DAVID AGUIRIANO GALÁN, desarrolla su parte petitoria de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: 1.-CASA TOTALMENTE EL RECURSO DE CASACION, interpuesto por el Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN, Apoderado de la parte demandante.-2.-ANULA TOTALMENTE la sentencia definitiva dictada por LA CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, de fecha jueves dieciocho de julio del año dos mil trece, en la Demanda Ordinaria Laboral para el Restablecimiento de un Derecho Afectado por el Instituto Nacional de Formación Profesional “INFOP”. En la cual se exige la aceptación en forma individualizada de los escritos que desautorizan al INFOP, institución estatal que les ha aplicado deducciones de su salario a favor de la Cooperativa “COMIL” mismas que lesionan el derecho constitucional y laboral que a ellos les asiste,.3.- CONDENADO A LA INSTITUCION DEMANDADA CON COSTAS en esta instancia, asimismo fundamentado en el artículo 324 de la Constitución Nacional de la República de Honduras, se hace solidario de las costas reclamadas al Director Ejecutivo de la Institución Abogado DAVID GUILLERMO CHÁVEZ MADISON, por haber infringido la ley en perjuicio de sus trabajadores.-Y MANDA: Que en esta misma fecha se tengan por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y que una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito a la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, con la Certificación de estilo para los efectos legales pertinentes.-Redacto los Magistrados de LA SALA DE LO LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-Y con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia.-Firmando para constancia los señores Magistrados y el Secretario del Despacho que da fe.-NOTIFIQUESE...”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión.- IV. En el sub júdice, el recurrente aún cuando en la exposición del recurso contiene el acápite “DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION”, ha omitido el mismo, ya que se limita a pedir la anulación del fallo recurrido, sin establecer la sentencia sustitutiva, es decir, la decisión que pretende se dicte por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente y a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer el motivo de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de octubre del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 519-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL