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Sentencia CL-513-12 — Registro 3272

Resumen

En primera instancia se declaro con lugar la Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios a las pactadas en contratos de trabajo por tiempo indefinido y contrato de trabajo por tiempo determinado, pago de los salarios dejados de percibir. En segunda instancia se declaro parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

“Del examen hecho al único motivo se colige lo siguiente: a) que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio; siendo que la naturaleza o carácter permanente o temporal de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, fue un hecho sometido a la controversia y por ende a las pruebas, por ello no cabe el ataque al fallo por esa vía; b) que el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva, requisito sine qua non para la prosperidad del mismo; y, c) en su explicación alude al articulo 111 numeral 1) del Código del Trabajo, sin haberlo indicado en la formulación, igual al final incluye un acápite intitulado “normas sustantivas violadas” donde se incluyen otras disposiciones.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de marzo de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, por la abogada ANA LOURDES LOPEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en igualdad de condiciones y salarios a las pactadas en contratos de trabajo por tiempo indefinido y contrato de trabajo por tiempo determinado, pago de los salarios dejados de percibir, pago de séptimo día, vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, sin perjuicio de cualquier otro derecho laboral y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha siete de enero de dos mil once, por los señores MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, casada, Enfermera, PETRONILA SANCHEZ, soltera, estudiante, BIBIANA MAGALY DE LEON LICONA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA, casada, Auxiliar de Aseo y RUDDY RICARDO SANCHEZ OCON, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en el Municipio de Omoa, Cortés; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, excepto el último, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General de ese entonces, señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que en su parte conducente, dice: “FALLA: Primero: Declarando parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en consecuencia se REFORMA la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de enero del presente año (2012), en la diligencias iniciadas con la demanda ordinaria promovida por los señores MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, PETRONILA SANCHEZ, BIBIANA MAGALY DE LEON LICONA, GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA y RUDDY RICARDO SANCHEZ OCON, contra la entidad jurídica EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), representada por el señor MAYNOR HUBERTO PINTO VALLE; misma que se contrae a I. Declarar sin lugar la demanda laboral de la referencia para el pago del séptimo día, en consecuencia absuelve de toda responsabilidad a la demandada por dicho concepto económico; II. Limitar la reinstalación de los señores MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, PETRONILA SÁNCHEZ, BIBIANA MAGALY DE LEÓN LICONA, GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA y RUDDY RICARDO SANCHEZ OCON en el puesto de auxiliares de servicios portuarios en iguales o mejores condiciones contractuales hasta en tanto existan las circunstancias que motivaron su contratación; III. Exonerar de costas de primera instancia.- Segundo: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos.- Tercero: SIN COSTAS…”; que el a quo en la parte resolutiva de su sentencia declaró Con Lugar la demanda ordinaria laboral colectiva para el reintegro al trabajo, pago de salarios estipulados y dejados de percibir desde la fecha del despido ilegal hasta que se ejecute la sentencia definitiva que determine la condena al reintegro, promovida por los señores MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, PETRONILA SÁNCHEZ, BIBIANA MAGALY DE LEÓN LICONA, GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA y RUDDY RICARDO SANCHEZ OCON, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), en consecuencia, Condenó a la empresa demandada a cumplir con las pretensiones siguientes: 1. Al reintegro al trabajo de los trabajadores demandantes en igualdad de condiciones a los puestos de trabajo pactados en los contratos de trabajo por tiempo indefinido, 2. Al pago del salario mínimo actual establecido por el Gobierno de la República, 3. Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de los despidos hasta la fecha en que de conformidad a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva y se haga efectivo el reintegro de los trabajadores demandantes.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada de la siguiente manera: MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, el 2 de marzo de 2006, por medio de contrato determinado como encargada de limpieza en Nominas y posteriormente por medio de contrato por tiempo indefinido en el cargo de Auxiliar de Servicios Portuarios en el Departamento de Nóminas en fecha 12 de enero de 2010; PETRONILA SANCHEZ, el 8 de enero de 2007, por medio de contrato determinado, como encargada de limpieza en U.P.P. y posteriormente por medio de contrato indefinido en el cargo de Auxiliar de Servicios Portuarios en la clínica y U.P.P. en fecha 12 de enero de 2010; BIBIANA MAGALY DE LEON LICONA, el 18 de octubre de 2008, por medio de contrato determinado, como Auxiliar de Servicios Portuarios en la Sección de Servicio Social y también habiendo firmado contrato por tiempo indefinido en el mismo cargo en fecha 12 de enero de 2010; GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA, el 11 de abril de 2007, por medio de contrato determinado, como encargada de limpieza en Mercadeo y habiendo firmado contrato por tiempo indefinido en el cargo de Auxiliar de Servicios Portuarios en Gerencia General en fecha 19 de enero de 2010 y RUDDY RICARDO SANCHEZ OCON, el 24 de julio de 2006, por medio de contrato determinado, en el cargo de Auxiliar de Servicios Portuarios en Operaciones de Carga y habiendo firmado contrato por tiempo indefinido en el mismo cargo, en fecha 12 de enero de 2010; que en fecha 9 de noviembre de 2010, los demandantes fueron despedidos de los puestos de trabajo, aduciendo el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Empresa Nacional Portuaria, mediante nota que a partir del 18 de noviembre del año 2010, se rescinden de los contratos de trabajo por tiempo determinado que firmaron con la demandada, con vigencia del 13 de octubre al 31 de diciembre de 2010, por razones de no contar con fondos suficientes por agotamiento de la partida presupuestaria, asignada a la contratación por tiempo determinado, situación que hace insostenible para la empresa el cumplimiento del artículo 20 del Código del Trabajo, en relación al salario como retribución del servicio prestado y basada además en la cláusula quinta numeral 2 del referido contrato; que dicha nota de despido es ilegal ya que no se fundamenta en los artículos 97, 98 y 112 del Código del Trabajo, dejando constancia que la labor que los demandantes desempeñaban son permanentes en la empresa, por lo que en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, aplica la permanencia y se reitera el respeto a los contratos de trabajo por tiempo indefinido que firmaron los demandantes con el representante legal de la empresa demandada; que la demandada coaccionó, presionó y obligó a que los demandantes firmaran una nota en la cual renunciaban a las condiciones contractuales establecidas en el contrato individual de trabajo que firmaron con la demandada en fecha 22 de abril de 2010, a cambio de continuar trabajando en la empresa, garantizándoles la empresa demandada que no iban hacer despedidos, lo que finalmente la empresa demandada incumplió, aprovechándose de la necesidad de trabajo de los demandantes, por lo que se considera que dicho documento de renuncia no es legal de conformidad al artículo 3 del Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que los demandantes firmaron múltiples y diversos contratos de trabajo por tiempo determinado, razón por la cual consideran que los servicios realizados tienen carácter permanente de conformidad al artículo 47 del Código de Trabajo, el cual establece una presunción de permanencia o continuidad, esta no hay que confundirla con la contratación por tiempo indefinido de los trabajadores generales o regulares estipuladas en la Cláusula Dos del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Nacional Portuaria y el Sindicato de Trabajadores (SITRAENP); que el artículo antes referido establece dos condiciones claves para determinar la naturaleza permanente o continua de los contratos celebrados por tiempo determinado: a) las labores, en el presente caso los demandantes han desempeñado labores diversas, siempre en la modalidad contractual por tiempo determinado, b) subsistencia de la causa que da origen al contrato, que el patrono requiere los servicios por tiempo determinado en vista de la necesidad que tiene de la realización de una labor determinada, los demandantes al realizar labores diversas interrumpe contractualmente el carácter permanente y continuo del contrato por tiempo indeterminado, pues si en un determinado de tiempo prestó sus servicios como lo señala el contrato y luego en otro contrato le señala otro servicio distinto al que venía dándose en la relación contractual, desaparece la causa que dio origen al contrato por tiempo determinado en el cual las labores pactadas han sido variables; que los demandantes aducen que se les ha hecho un despido ilegal e inaplicable, sin embargo en los contratos para prestar servicios por tiempo determinado y que suscribieron con la demandada, tenían conocimiento desde el mismo día en que suscribieron los mismos, de la existencia de la Cláusula Quinta del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, en la que aceptan bilateralmente como causas de cancelación del contrato y en todo caso si el contrato es bilateral puede darse por terminado por una u otra de las partes y en el caso de mérito la forma de terminación del mismo ya había sido pactada entre las partes.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito, condenando a la empresa demandada a cumplir con el reintegro al trabajo de los trabajadores demandantes en igualdad de condiciones a los puestos de trabajos pactados en los contratos de trabajo por tiempo indefinido, al pago del Séptimo Día, pago del salario mínimo actual establecido por el Gobierno de la República y al pago de los salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que consta de autos que la carta de rescisión de contrato notificada por el patrono a los trabajadores demandantes constituye una verdadera carta de despido injusto e ilegal por no estar amparado en causal legal alguna; que el artículo 113 párrafo segundo del Código del trabajo vigente faculta al trabajador despedido para demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que las que tenía al momento del despido; que es obligación ineludible del patrono cumplir con las obligaciones emanadas del contrato de trabajo y que son impuestas por el Código del Trabajo vigente como ser salarios y derechos adquiridos, estos últimos independientemente de si hubo o no justa causa para la terminación del contrato, constando de autos que la demandada no cumplió con su deber de pago de los derechos adquiridos en el presente juicio; que el artículo 112 del Código del Trabajo establece las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte cayendo por su peso que la causal invocada en la carta de despido notificada a los trabajadores demandantes, no se encuentra comprendida en ninguna disposición del Código del Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, dictó sentencia declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en consecuencia se reformó la sentencia de primera instancia, en el sentido de: I. Declarar sin lugar la demanda laboral de la referencia para el pago del séptimo día; absolviendo de toda responsabilidad a la demandada por dicho concepto económico; II. Limitar la reinstalación de los demandantes en el puesto de auxiliares de servicios portuarios en iguales o mejores condiciones contractuales hasta en tanto existan las circunstancias que motivaron su contratación; III. Exonerar de costas de primera instancia; confirmando la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que la demandada reconoce la existencia y terminación de las relaciones laborales para que los demandantes se desempeñaran como auxiliares de servicios portuarios, y que inicialmente fueron contratados para cubrir o sustituir temporalmente otros empleados, por incapacidades médicas, traslados temporales o vacaciones; que dicho vínculo laboral llegó a su finalización por decisión patronal, sustentándose en no contar con fondos suficientes por agotamiento de la Partida Presupuestaria asignada a la Contratación por tiempo determinado, sin embargo al practicarse el reconocimiento judicial propuesto como medio de prueba, del mismo resulta que la demandada ha efectuado nuevas contrataciones tanto en calidad de permanentes (48) como por tiempo determinado (138), situación fáctica que se contrapone a la razón que se señala en la comunicación de finalización de contrato como al argumento de defensa de la demandada de que la contratación de los demandantes obedeció a la necesidad de la prestación de dichos servicios en ese momento, en actividades de naturaleza permanente para el funcionamiento de la empresa, según lo dispone el artículo 47 del Código del Trabajo, pues de las pruebas aportadas y evacuadas en el proceso tampoco resultan elementos fácticos que lleven a concluir tal extremo; si bien la naturaleza de la labor desempeñada por los demandantes es de carácter permanente en razón de las actividades propias y necesarias para el funcionamiento de la empresa; es pretensión de los demandantes el pago del séptimo día, misma que es concedida por el Juzgador de Primera Instancia, lo que se contrapone al contenido del artículo 6 de la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer mes en concepto de Aguinaldo, pues si los trabajadores demandantes pactaron un salario mensual, se entiende que el concepto de séptimo día esta incluido en dicha retribución.- 5.- Mediante auto de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, este Alto Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ANA LOURDES LOPEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días, para que formulara su demanda de casación.- 6.- En fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, compareció ante éste Tribunal la abogada ANA LOURDES LOPEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha tres de diciembre de dos mil doce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha tres de enero de dos mil trece, el abogado MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de los señores MARIE ELIZABETH DAILY LOPEZ, PETRONILA SANCHEZ, BIBIANA MAGALY DE LEON LICONA, GLORIA JOSEFA FAJARDO RIVERA y RUDDY RICARDO SANCHEZ

OCON.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal Supremo se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la abogada ANA LOURDES LOPEZ MARTINEZ, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo. RECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1º, párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Resulta Honorable Corte, que el Juzgador infringe directamente la ley sustantiva citada al haberla ignorado, y no aplicarla siendo el caso de hacerlo. Honorable Corte, el Juzgador está en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan la crítica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que no se aplicó la norma sustantiva invocada, aun habiéndose acreditado plenamente que la relación laboral entre los demandantes y la institución demandada fue mediante contrato por tiempo determinado para realizar labores temporales de Auxiliares de Servicios Portuarios en diferentes Departamentos de la ENP, de acuerdo a las necesidades de la Institución demandada.- Honorable Corte, nuestro Código del Trabajo en el artículo 111 numeral 1) establece las causas de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes, como ser cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley, en este caso el Contrato que regia la relación laboral de los demandantes era por Tiempo Determinado, y desde que suscribieron los contratos tenían conocimiento de la existencia de la cláusula quinta del mismo, en la que aceptan como causa de cancelación del contrato, entre ellas, por disposición de la Empresa Nacional Portuaria, debiendo notificar con diez días o mas de anticipación, tal y como aconteció.- No es posible en estricto derecho reconocer permanencia en el cargo en esta modalidad de contratos, más aún cuando no existe la necesidad del servicio.- Condenar un reintegro en estas condiciones donde no existe despido de ninguna naturaleza, evidencia la infracción directa de la Ley sustantiva por falta de aplicación, dando lugar a la prosperidad del cargo y casar la sentencia anulando la proferida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula de fecha 31 de mayo del 2012, en cuanto declara con lugar la demanda de reintegro de los trabajadores y pago de derechos correspondiente al contrato por tiempo indefinido, que el presente caso no existió, mas salarios dejados de percibir. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Las normas sustantivas violadas se encuentran en los artículos 46 literal b) y 11 párrafo primero numeral 1) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 13 y 15 del Reglamento de Escalafón de la Empresa Nacional Portuaria”.- III.- Del examen hecho al único motivo se colige lo siguiente: a) que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio; siendo que la naturaleza o carácter permanente o temporal de los contratos de trabajo celebrados entre las partes, fue un hecho sometido a la controversia y por ende a las pruebas, por ello no cabe el ataque al fallo por esa vía; b) que el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva, requisito sine qua non para la prosperidad del mismo; y, c) en su explicación alude al articulo 111 numeral 1) del Código del Trabajo, sin haberlo indicado en la formulación, igual al final incluye un acápite intitulado “normas sustantivas violadas” donde se incluyen otras disposiciones.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR al recurso de casación que se ha hecho merito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 513-12.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL