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Sentencia CL-505-12 — Registro 3552

Resumen

demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto;segunda instancia reformo la sentencia declarando no ha lugar el recurso de apelación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En cuanto al primer cargo, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su estudio a fondo como ser: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.02-11, SL-09-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la causa o motivo del despido de los trabajadores es objeto del debate, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía; b) la norma que cita como sustantiva, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no ostenta esa calidad; y, c) el precepto autorizante no es claro ni preciso ya que el ordinal que indica el Recurrente, contiene la violación directa e indirecta debiendo especificar a cual de ellas se refiere"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que el Censor cita como normas sustantivas violadas los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, no ostentando las mismas tal carácter, requisito sine qua non para la prosperidad de este recurso y paso fundamental para la debida estructuración de un cargo en el mismo. Tal falencia presupone su inadmisión.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria por ley de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de junio de dos mil catorce.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de octubre del año dos mil doce, por el abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ LOPEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha cinco de diciembre del año dos mil diez, por los señores WILMER GONZALO TORRES VELASQUEZ, soltero y GONZALO TORRES AGUILAR, casado, ambos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ, en su condición de apoderado legal de la parte demandada; SEGUNDO: Declarando ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado RAFAEL ALBERTO CHIRINOS, en su condición de apoderado legal de la parte demandada; TERCERO: REFORMANDO la sentencia de fecha doce de Enero del presente año (2012), dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés; reforma que se contrae a: I.- Declara con lugar la condena en costas en primera instancia; CUARTO: CONFIRMANDO la sentencia en sus demás extremos; QUINTO: SIN COSTAS. en esta instancia por considerar que la parte demandada se encuentra obligada a utilizar todos los recursos una vez iniciada la acción”.ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción que fueron contratados verbalmente y por tiempo indefinido por el Centro de Salud de Puerto Cortés; el señor Wilmer Torres inició el 1 de marzo del 2005 y el señor Gonzalo Torres el 20 de marzo del 2005, según constancias extendidas por la Asistente de la Jefatura del área, desempeñándose como vigilantes, trabajando muchas veces jornadas mayores a las legales, días domingos y feriados sin pago de recargos de horas extras, que jamás han recibido vacaciones, aguinaldo, decimocuarto mes, tampoco se les pagaba el salario mínimo, mismos que fueron reconocidos mediante sentencia hasta el mes de agosto del año 2009, quedando pendiente los derechos causados hasta el 2010, que en el centro de salud donde laboraban les adeudaron el salario mínimo desde enero a septiembre del año 2010, teniendo que citar a la Doctora Nelly Hernández en su condición de Coordinadora Municipal de Salud, ante el Inspector de Trabajo ante quien compareció el 13 de octubre del año 2010, reconociendo que se les adeudaba los salarios reclamados por 9 meses, que no se les podía pagar y que tampoco podía decir que seguirían trabajando o no, por lo cual se dio por agotado el trámite administrativo, que anteriormente habían demandado al patrono por el reajuste del salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, decimocuarto mes, obteniendo sentencia favorable el 19 de agosto del 2009, en la cual el Estado fue condenado al pago de derecho reconocidos hasta agosto del 2009 y condenando en costas, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones el 30 de septiembre del año 2009, pero que hasta la fecha no se les han cancelado dichos derechos, por lo cual denunciaron ante la Fiscalía al Ministro de Salud por abuso de autoridad y por desobediencia a una orden judicial, pues la Procuradora desde diciembre el año 2009, comunicó que debía hacérseles efectivo dicho pago y que hasta la fecha la respuesta fue el no pago de esos salarios, hasta el 14 de octubre del 2010 en que se dieron por despedidos indirectamente, mediante nota dirigida a la Coordinadora Municipal de Salud del Centro de Salud de Puerto Cortés, documento entregado mediante un Inspector.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contestó dicha demanda señalando que la Secretaría de Salud en ningún momento ha contratado a los ahora demandantes, pues no es modalidad del Estado de Honduras contratar personal en forma verbal, que es la Empresa Nacional Portuaria quien cancela el salario de los actores, por lo que no existía subordinación ni sujeción a horarios de trabajo, por recibir los actores remuneración directamente de la Empresa Nacional Portuaria, que la demandada nunca ha pagado salario alguno a los ahora demandantes pues no dependían de la Secretaría de Salud.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha doce de enero del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto, condenando al demandado al pago de esos conceptos, sin costas. Criterio: el apoderado de la parte demandada no logró aportar pruebas concluyentes al debate, en descargo a la responsabilidad económica incumplida por su representado para con los demandantes, que esta plenamente acreditado que el Centro de Salud incumplió con su obligación de pago de salario a los trabajadores demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar con lugar la condena de costas en primera instancia, sin costas en segunda instancia, en virtud de considerar que la parte demandada se encuentra obligada a utilizar todos los recursos una vez iniciada la acción. Con el mismo criterio del Juez a-quo.- 5.- Que mediante auto de fecha trece de agosto del año dos mil doce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ LOPEZ actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha nueve de octubre del año dos mil doce, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ LOPEZ actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de noviembre del año dos mil doce, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado RAFAEL ALBERTO CHIRINOS ROBLES, apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado OSCAR ORLANDO MELENDEZ en su primer motivo de casación establece lo siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha veinticuatro de Mayo del año dos mil Doce, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional infracción directa de los artículos 2 numeral 2 del Código del Trabajo vigente, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1, 2, 116, 117, 118, 119 de la Ley General de la Administración Pública. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada por infracción directa es el artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. En relación a los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1, 2, 116, 117 y 118 y 119 de la Ley de la General de la Administración Publica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo”.- III. En cuanto al primer cargo, es pertinente anotar que se incurre en una serie de errores técnicos que impiden su estudio a fondo como ser: a) acusa la sentencia por infracción directa de la Ley cuando la misma tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (Ver sentencias expediente números SL.02-11, SL-09-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la causa o motivo del despido de los trabajadores es objeto del debate, por lo tanto forma parte de los hechos en controversia y del material probatorio, en consecuencia no es un hecho aceptado por las partes, en razón de lo anterior no procede el ataque a la sentencia del Tribunal Ad Quem por esa vía; b) la norma que cita como sustantiva, el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no ostenta esa calidad; y, c) el precepto autorizante no es claro ni preciso ya que el ordinal que indica el Recurrente, contiene la violación directa e indirecta debiendo especificar a cual de ellas se refiere.- IV. El Censor en su segundo motivo de casación expone lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19 y 20, ambos del Código del Trabajo por interpretación errónea que surge del error de hecho en la falta de apreciación de la prueba interrogatorio de partes que obra a folio 50-55, de la primera pieza de autos propuesta por la parte demandada de la primera pieza de auto y que singularizo, resultando ésta de la infracción de los artículos 738 y 739 también del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere a que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no apreció la prueba consistente en Interrogatorio de las partes propuesta por la parte demandada. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación esta comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo segundo del Código del Trabajo”.- V. El cargo en la forma expuesta no constituye una proposición jurídica completa, ya que el Censor cita como normas sustantivas violadas los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, no ostentando las mismas tal carácter, requisito sine qua non para la prosperidad de este recurso y paso fundamental para la debida estructuración de un cargo en el mismo. Tal falencia presupone su inadmisión.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de julio del dos mil catorce; certificación de la sentencia de fecha tres de junio del dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación número 505-12.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY